Extraído de Ámbito.
El Gobierno nacional apunta a profundizar la “conjuntez” para optimizar el gasto en el sector castrense. Defensa pasará el peine fino en busca de superposiciones o redundancias en las distintas actividades de las Fuerzas Armadas para fusionarlas en un solo programa, tarea que estará bajo el control y supervisión del teniente general Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto. El ahorro (o ajuste en la versión económica ortodoxa) no afectará la operatividad de las fuerzas, confían en Defensa. Con esta primera decisión Julio Martínez, titular de Defensa, responderá la instrucción presidencial impartida al Gabinete de ministros de presentar al menos 10 iniciativas para reducir el gasto en sus respectivas áreas con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración.
Una de las áreas identificadas es la gestión de las obras sociales. La administración Kirchner unificó el servicio social castrense, creó el IOSFA fusionando los organismos que tenía cada fuerza. El Ejército y Gendarmería estaban a cargo del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE); la Marina y Prefectura bajo la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA); y la aeronáutica militar por la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA). Entre los beneficios de aquella medida se apuntaba “la racionalización de los gastos y optimización del modelo de gestión, a través del funcionamiento de una estructura de administración central y regional”. Es aquí donde persisten pujas centradas en sectores del management del ex IOSE, revelaron fuentes del ministerio.
El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, tiene dos brasas ardientes: llevar a cabo la reducción de personal militar y restringir al mínimo las salidas y comisiones al exterior de los uniformados. Ya se había comunicado a los cuatro jefes militares de la aplicación de la ley con respecto al cese y pase a retiro de quienes hayan llegado al plazo que marca la normativa (35 años de servicio). La guadaña a los traslados extranjeros no llegará al itinerario de la fragata Libertad para 2017, se habla de 14 puertos. El navío escuela con su recorrido de 2016 que incluyó Gran Bretaña, varios puertos de los Estados Unidos y la Unión Europea es parte de la política exterior de “volver al mundo” que pregona Macri. Sí habrá lupa a despliegues de efectivos al interior del país que generan gasto en logística y viáticos. Por caso, la movilización de aeronaves de la Fuerza Aérea en el marco de misiones de apoyo al Operativo Fronteras (lucha antinarco, contrabando y otros delitos trasnacionales), responsabilidad del Ministerio de Seguridad. En 2009 la Fuerza Aérea inauguró una base contigua al aeropuerto de Resistencia, dotada de un radar de largo alcance, se eligió esa ubicación en el Chaco para proyectar el control aéreo al espacio de la frontera norte. Sin explicación, el emplazamiento nunca se habilitó como base permanente. Se utiliza sólo en “misión de despliegue” con traslado temporario de máquinas (Pucará, Tucano, Fightinghawks A4-AR) según lo disponga el mandamás de la aeronáutica militar. Las aeronaves retornan a sus bases originales al término del operativo. La movilización obliga a Defensa o Seguridad (dependiendo quién financie la operación) a erogar fondos por viáticos y soporte logístico de los aviones. El emplazamiento tiene hangares, un centro de operaciones, alojamiento para pilotos y personal técnico.
Otro nicho sujeto al cuentahílos es el abastecimiento antártico. Territorio de Walter Ceballos, secretario de Logística y Coordinación de Emergencias, el sector tiene altibajos burocráticos que impactan en la obtención en tiempo y forma de los pertrechos y enseres destinados a las bases. El desconocimiento de la normativa y los procesos administrativos obligan a la oficina de legales del ministerio a intervenir con correcciones frecuentes.
La Casa Rosada había enviado señales claras al mundo castrense sobre control de gastos y optimización de programas. El 21 de diciembre, a poco de la Nochebuena, el jefe del Ejército, teniente general Diego Suñer, expuso a Macri la situación del arma y sus necesidades de equipamiento. Al término, el Presidente pidió ahorro. “Si hemos esperado ya 35 años para renovar equipamiento podemos hacerlo un año más”, contestó el general Suñer. Reveló una faceta (“repentismo”, diría el argot de la política) que moderó la imagen de soldado rígido percibida hasta ése momento por la audiencia. Una semana antes, el 14 de diciembre, Macri escuchó área por área, con el ministro Martínez a la cabeza, las proyecciones de Defensa para 2017. Asistieron, -y expusieron-, todos los funcionarios jerarquizados del Ministerio, también oyentes de estanques ajenos; Paola Di Chiaro, subsecretaria de Asuntos Globales de la jefatura de Gabinete. Cuando llegó el turno de Ércole Felippa, presidente de la estatal Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) Macri dejó en claro el objetivo de hacer eficiente el gasto público corrigiendo programas improductivos. “Ercole, la empresa tiene que fabricar y vender, aunque sean caramelos, pero hay que vender”, dijo, mordaz, el Presidente. Se decidió concentrar el esfuerzo sólo en la línea de producción del Pampa. Capitalizar el programa para fabricar a lo largo de 2017, ocho máquinas de la versión o serie II y tres del modelo más avanzado, el Pampa III. El cliente, otro bolsillo del Estado: la Fuerza Aérea.
