Venezuela. Cascos de Colores: ¿Un Capítulo de la Primavera Gaucha?

Por Eduardo Trombetta
Licenciado en Políticas Públicas y miembro del CEDIR (Centro de Estudios para la Defensa y la Integración Regional)

Buenos Aires, 15 de Mayo 2017.

La situación actual de división entre gobierno y oposición en Venezuela parece irreconciliable; cualquier acto institucional del gobierno —desde la liberación de presos políticos hasta un llamado a elecciones—, y cualquier tipo de demandas —sobre la situación socioeconómica y de derechos humanos por parte de la oposición— recibe una respuesta de discurso enlatado y vacío.

Si solamente fuera una dialéctica que no encuentra los puntos constructivos de una transición o negociación razonable, en tal caso, formaría parte del juego natural de las sociedades democráticas o pluralistas.

Desafortunadamente, las noticias no dan cuenta de que estemos ante una pugna que pueda resolverse por medios exclusivamente políticos, ni locales, ni internacionales.

Hay demasiados elementos que llevan a pensar, que en un futuro cercano, el país latinoamericano puede entrar en un estado de cosas cercano a los conocidos como “estado fallido” o de “guerra civil”.

En estas líneas se describe uno de los peores escenarios posibles, según se han acumulado factores de riesgo que pueden hacer pensar que se encamina en esas direcciones.

Sobreestimado o no, el enlace entre petróleo y estabilidad no solamente describe la incidencia de la caída del precio del petróleo como uno de los factores desencadenantes de la crisis socioeconómica, que no puede quedar totalmente explicada por ese factor. Otros países Latinoamericanos tienen economías cuyo ingreso de divisas está sesgado por un commodity: Argentina, la soja; Chile, el cobre; Bolivia, el gas. Sin embargo la centralidad de una exportación no conlleva un grado de dependencia tal, que por la baja de su precio internacional, precipite una caída tan grande y sostenida en el tiempo de los estándares socio económicos.

Venezuela es un jugador importante en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), el secretario general ha expresado en enero de 2017 durante su vista Caracas que: “Venezuela tiene una altísima responsabilidad para garantizar un buen funcionamiento del mercado petrolero”.

Pese a los auspicios de la OPEP, el tema hoy en Venezuela no pasa solamente por el nivel de su productividad y la importancia que tiene al momento de la regulación del precio internacional del barril de crudo, tampoco hay en la superficie del conflicto una discusión que transcurra por la re estatización de la compañía de bandera PDVSA. Por el contrario, las noticias dan cuenta de que la intención del presidente Maduro es la de vender a China y Rusia una mayor cantidad de activos de las que las empresas de esas potencias ya poseen en el complejo petrolero venezolano. De manera que la intención de mayor privatización de PDVSA debería interpretarse como una extranjerización, que a su vez pueda funcionar como escape al futuro de la administración actual. Esto es, poner en manos de los principales competidores de EEUU la segunda reserva comprobada de oro negro.

Curiosamente, la oposición no lleva la bandera del manejo de PDVSA dentro de sus reclamos populares, aunque es cierto que el anuncio de la venta de un 10% de la principal estatal petrolera provocó el polémico fallo que cesó las funciones del Parlamento. La decisión debía pasar por la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato desde hace más de un año. Pero la bandera popular opositora no es la “re nacionalización de PDVSA”.

Asimismo, ya no resulta razonable hablar de oficialismo y oposición como dos bloques que bajo un liderazgo único puedan dar cuenta del comportamiento de las facciones, que al día de hoy se van insinuando como nuevos actores del conflicto. Dicho de otra manera, no se trata solamente de que la administración Maduro esté frente a una oposición que solamente quiere arrebatarle el manejo de la petrolera. Las pancartas y carteles que portan los manifestantes no hacen alusión a la cuestión de la mayor empresa estatal, considerada la base de la “economía” venezolana.

Las señales que se sienten con mayor inquietud y movilizan a la población –además de la grave caída de los estándares socioeconómicos, en parte fruto de las sanciones estadounidenses, en parte por la ineficiencia de la administración Maduro— están enmarcadas en la escalada de violencia, que tanto en las marchas de protesta como fuera de éstas, se dispensan oficialismo y oposición, representando una marejada de “modelo” y “contra modelo”, sin solución de continuidad.

El sector militar empieza a mostrar señales de división, considerando tanto militares en actividad como retirados y la evolución probable de estas facciones es la polarización en tres grupos: oficialistas, rebeldes y posiblemente un espectro que se autodenomine neutral y no participe de acciones directas. Ya en 2016 Henry Ramos Allup, el presidente de la Asamblea Nacional declaraba: “el mando militar venezolano advirtió a Nicolás Maduro y a los líderes del chavismo que los militares no asumirían el costo de la represión contra el pueblo en manifestaciones políticas ni en saqueos”.

En la oposición política, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), si bien resulta la agrupación más visible, no llega a aglutinar el total de los partidos o sectores de oposición. La MUD estaría integrada por todas las organizaciones políticas de lucha democrática que tengan representación parlamentaria numerosa. Un organismo de dirección político-operativo que estaría integrado por nueve organizaciones: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Avanzada Progresista, Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo”.

Ejemplo del posible manejo complejo y necesariamente compartido de de la MUD son las declaraciones del dirigente nacional de Alianza Bravo Pueblo, Carlos Blanco, “a la Mesa de la Unidad Democrática hay que estremecerla si de verdad queremos reencontrarnos con el pueblo y su confianza, es hora de rectificaciones profundas, no de simples pintorreadas para aparentar que se cambia lo que se pretenda que siga igual”

En la hipótesis de una escalada del conflicto (violencia política organizada con uso de armas de fuego y atentados) se supondrá una división también en por lo menos tres sectores, (aunque como partido político ninguno reivindique la lucha armada): los que apoyen la protesta continua y desestabilización por todos los medios, los que adhieran a una solución política como único medio de resolución y los que prefieran esperar que el proceso avance en el tiempo, ya que la elecciones de 2018 pueden ser una oportunidad para establecer el cambio de gobierno.

Si así fueran las cosas, debemos agregar otras —no menos inquietantes— actuaciones de ambos bandos; por un lado, los llamados “colectivos” y, por el otro, una serie de grupos, por ahora, que se caracterizan por los colores de los cascos que utilizan en sus actividades de protesta.

Está bien documentado que hay colectivos de varias clases, los que solamente son líderes sociales que buscan mejoras sociales en sus barrios o localidades; otros, de perfil más militante de apoyo y nexo con el gobierno que buscan ganar la mayor adhesión de la población al gobierno; y otros “colectivos” (que hacen las veces de guardia civil o policía), lo que incluye que transitan armados y producen detenciones y enfrentamientos con narcotraficantes del menudeo y personas que cometen delitos menores, como una fuerza de orden público parapolicial.

Respecto de ellos, un reciente informe de la CIA alerta sobre la posibilidad de que se transformen en futuras fuerzas paramilitares de acción directa, refiriéndose elípticamente al peligro que representan esos colectivos armados; como el destino en manos equivocadas de un flujo de armas que dice la CIA existe en ese país.

Sea como fuere, la proyección de grupos armados de resistencia, en caso de golpe blando, pérdida de elecciones u otra causa que determine la salida de Maduro del poder, y la consecuente asunción de un opositor “contra modelo”, entraña el riesgo de que esos grupos ampliados en número y capacidades puedan devenir en una resistencia que sería posteriormente calificada de “terrorista”.

Claro está que dentro de este peor escenario, ya estamos viendo noticias de asesinatos políticos —como el del dirigente chileno de izquierda Alejandro Chico— y, por otra parte, sucesos lamentables como el asesinato de familiares de la oposición y ataques de los “colectivos” paramilitares a residencias de clase alta y media alta.

Así las cosas, de continuar la escalada, es probable que cierta parte de la oposición decida la formación de autodefensas, en la medida en que las agresiones aumenten y sientan cada vez más amenazados sus intereses y su seguridad personal.

Además, hay informaciones y datos muy preocupantes por un lado acerca de los llamados “cascos blancos” (organización no vinculada oficialmente a los Cascos Blancos de la ONU) y por el otro, la novedad de las agrupaciones con cascos de colores, que son, los colores de la bandera venezolana, cascos rojos, amarillos y azules o tricolores.

La organización “cascos blancos” que cumple un rol humanitario, si bien está en principio públicamente financiada por la oposición, además de realizar acciones de ayuda y salvaguarda a los manifestantes que se ven afectados por la represión gubernamental, son un enlace para la provisión de materiales para los cascos abanderados; provisión de máscaras antigases, medicinas, radiotransmisores y todo elemento útil para solventar la logística de las protestas; material que de manera abierta es enviado desde los EEUU por ciudadanos venezolanos que residen en ese país.

La proyección predictiva de estos grupos de cascos blancos y abanderados, es que en caso de que el uso de armas de fuego por parte de algunas de las agrupaciones que se infiltran en los procedimientos de represión, elementos de los primeros también respondan aumentando sus capacidades tanto defensivas como ofensivas.

Todo ello puede configurar un escenario fragmentario de acciones puntales de vandalismo colectivo, territorios aislados o con auto gobierno, la interrupción permanente de vías de accesos a pueblos o la misma Caracas, la falta de suministro de agua y energía, dentro de un espacio de información cada vez más reducido de lo que por ahora hay, pese a las restricciones de transmisión y filtros que ya existen sobre los acontecimientos.

En este hipotético escenario, aumentarían las corrientes migratorias de los pobladores de menores recursos, por lo menos hacia Colombia y Brasil, lo que llevaría a una vigilancia y control mayor de esos países de los corredores fronterizos, proceso que de manera incipiente ya está enderezado y es preocupación de ambos gobiernos que están en estado de alerta. Estos movimientos son también para Venezuela una posible infiltración, sobre todo desde Colombia, de elementos desestabilizadores. La desmovilización de las FARC en Colombia encontraría un correlato en la crisis venezolana, claro que no necesariamente lineal.

En tal caso, de manera agregada, la participación de potencias europeas puede deslizarse debido al conflicto que Venezuela mantiene con Guyana. Venezuela, ocupó la isla de Anacoco, que según el tratado de 1899 es compartida por los dos países, pero Venezuela la ocupó militarmente en 1968. Y en 2013, cuando el barco estadounidense Anadarko hacia exploración sísmica en la plataforma marina, Venezuela capturó la embarcación.

La participación de los EEUU en el conflicto, puede resumirse a sus acciones de inteligencia, las sanciones, los arrestos bajo cargos de narcotráfico de familiares de funcionarios del gobierno venezolano, el pedido de sectores del Congreso Estadounidense de mayores sanciones y embargo de armas, la acusación por ahora declarativa de los vínculos del vicepresidente venezolano con el terrorismo islámico, y su solicitud de llevar el asunto de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Dónde en el día de hoy (17-5-2017), Nikki Haley comento en rueda de prensa “La comunidad internacional necesita decir ‘respeten los derechos humanos de su pueblo’ o esto irá en la dirección que hemos visto en otros países “Ya hemos estado en esta situación en Siria, con Corea del Norte, con Sudán del Sur, con Burundi, con Myanmar”. Esta instancia comenzada en la organización Internacional, se realizó a puertas cerradas, cosa que no parece agregar mucha esperanza, toda vez que agrega mayor opacidad al proceso, y ya queda muy claro que la opinión pública no mira con buenos ojos las negociaciones multilaterales donde se juega la vida de las personas.

Por su parte, el PARLASUR no tiene mucha influencia y está programada la realización de una audiencia pública en Caracas (no se comprende muy bien con que objeto), mientras que la salida de Venezuela de la OEA, sería efectiva en 24 meses, lo que dura ese proceso. Claro está que la OEA no ha sido muy colaborativa con el proceso, por lo menos, en lo que hace a los dichos de su Secretario General que ha calificado al presidente Maduro de “asesino”.

Finalmente, si el asunto es tomado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si se decide una intervención (probablemente de una coalición, ya que sería bastante improbable una decisión del CSNU) y si “el chavismo” decide el camino de la resistencia, estaríamos entonces, probablemente, inaugurando el capítulo latinoamericano de la IIIWW, (sea de guerra fría, asimétrica, de 4ta generación o una variante y combinación de ellas) y en esa instancia se desconoce qué ayuda pueda recibir la resistencia chavista, de países como Bolivia, Nicaragua, el Salvador y Cuba que por ahora sostienen un discurso consonante con el del socialismo del siglo XXI. Como tampoco es predecible el apoyo exterior que recibirían los grupos que desplacen al chavismo del poder, si es que esto sucediera.

Hay mucho en juego en este conflicto y los procesos de integración son largos y sinuosos, pero el sacrificio de cualquier pueblo solamente vale la pena si el bienestar, el progreso y la paz son el resultado consecutivo inmediato de la resolución de las crisis, caso contrario, como hasta ahora, nada hay que justifique más de 50 años de hambre y desigualdad en los países que fueron intervenidos, ni en aquellos en que las democracias no lograron el dominio de la justicia social.