Brasil: Las Fuerzas Armadas actuarán contra el crimen organizado

Brasilia, 06/05/2017 – El ejército actuará de manera integrada dentro de los esfuerzos del gobierno de Brasil para luchar contra el crimen organizado en el país. La información fue transmitida por el ministro de Defensa, Raul Jungmann, hoy en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial. De acuerdo a Jungmann, solamente con integración e inteligencia será posible desmontar las bandas instaladas en el país.

Plan de seguridad

Raul Jungmann participó en dos reuniones en el Palacio Presidencial para abordar las directrices encaminadas del plan de seguridad piloto a aplicarse en Río de Janeiro. Por la mañana, Jungmann se encontró con los ministros Sergio Etchegoyen (Oficina de Seguridad Institucional); Torquato Jardim (Justicia y Ciudadanía) y Eliseu Padilha (Casa Civil), y el gobernador de Río, Luiz Fernando Pie Grande, el vicegobernador Francisco Dornelles; y el alcalde de Río, Marcelo Crivela.

Por la tarde, la reunión se amplió y tomó el liderazgo del presidente Michel Temer. Después de las reuniones, los ministros Jungmann, Etchegoyen y Torquato concedieron una rueda de prensa. Según el jefe de la GSI, en conversaciones mantenidas en los últimos meses la preparación del plan se centró en tres objetivos: la lucha contra el homicidio, el feminicidio; la modernización del sistema penitenciario y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

“Hoy aquí tratamos a la lucha contra el crimen organizado”, anticipó el ministro Etchegoyen.

Los ministros dijeron que el gobierno ha estado trabajando en varios frentes y que no habrá solución “pirotécnica” para combatir a las bandas criminales. Según él, el trabajo se llevará a cabo en el contexto de la seguridad pública y el desarrollo social. Lo importante es que la Unión podra a disposición del gobierno de Río de Janeiro lo necesario para abordar el problema de la seguridad.

Jungmann explicó que por ello es posible llevar a cabo acciones para garantizar el orden público (GLO), por ejemplo, para desmantelar cierta facción o articulación de criminales en ciertas áreas de la capital del estado. Además, las Fuerzas Armadas continuarán con la Operación Agatha siempre guiados por el factor sorpresa.

“Hoy aquí tratamos la lucha contra el crimen organizado,” dijo el Ministro Etchegoyen

En otro frente, según el ministro, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) está llevando operaciones con el fin de reforzar la vigilancia del espacio aéreo en la región fronteriza de Brasil con Bolivia y Paraguay. El objetivo es frenar vuelos irregulares que pueden ser vinculados a delitos como el tráfico de drogas.

Según ha contado, las aeronaves que penetren en el espacio aéreo brasileño fuera de la ruta establecida serán obligados a aterrizar o si hay desobediencia, serán abatidos.

Participaran los aviones de combate A-29 Super Tucano, H-60 ​​Halcón Negro y helicopteros AH-2, aviones de reconocimiento E-99 y R-35A RA-1 y los aviones dirigidos por control remoto (ARP) RQ- 450.

Las operaciones deben continuar hasta el final del año e incluirán la instalación temporal de cámaras móviles en las ciudades cerca de la frontera, como Chapecó (SC) y Corumbá (MS); el fortalecimiento de las actividades aéreas sobre la base de la Fuerza Aérea de Brasil; y el desplazamiento de aviones militares a ciudades como Cascavel (PR) Foz de Iguazú (PR) y Dourados (MS). En todas estas ciudades, habrá fuerzas para promover la seguridad de los equipos y aviones.

Países vecinos

Los ministros también dijeron que el gobierno brasileño está en contacto con los países vecinos para que tengan participación en la lucha contra los grupos criminales. Según los informes, funcionarios de Brasil y Colombia se reunieron dos veces – una en Manaus y una en Bogotá – para abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad.

Lo mismo debería suceder con los gobiernos de Perú y Bolivia en las próximas semanas. Jungmann y Etchegoyen informaron que el año pasado en Brasilia, realizaron una reunión con las autoridades de los países del Cono Sur, movilizando a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el desarrollo de un plan nacional de seguridad pública.