Los medios han dejado trascender que en algunos círculos relevantes se ha evaluado la posibilidad de fusionar los Ministerios de Defensa y Seguridad. Al respecto, caben algunas reflexiones, partiendo de la base de que la defensa es una función establecida en la Constitución Nacional que pensaron los constitucionalistas originarios y refirmaron los reformadores de 1994.
Es posible pensar en algunas ventajas, como una armonización de las iniciativas interagenciales en tareas que se pueden definir desde un órgano central. Desde el punto de vista político, presenta la ventaja de que la población, castigada por la inseguridad, podría ver un reforzamiento de la seguridad ciudadana con medios militares.
Sin embargo, es necesario evaluar otros aspectos políticos de peso. En primer lugar, la entidad resultante combinaría recursos financieros por casi 191 mil millones de pesos, más del 8% del presupuesto nacional. Sería uno de los ministerios con mayor concentración de recursos después de Trabajo y Seguridad Social. En los hechos significa un crecimiento burocrático monumental, parecido a los entes soviéticos, más que una moderna racionalización del Estado.
Es llamativo el modo de razonar de funcionarios que habitualmente declaman toma de decisiones racionales. La investigación ha demostrado que la racionalidad en las decisiones políticas está fuertemente influenciada por factores ideológicos, emocionales y personales. Demasiado se ha hablado del desarrollo de la política del kirchnerismo y su fuerte sesgo antidefensa para repetirlas aquí. La idea de racionalidad de la disciplina organizacional indica que ante un problema se plantean posibles soluciones y, con objetividad, se elige la que soluciona el asunto con mayor eficiencia. Varios autores demostraron que esto no siempre sucede así.
Justificación
La justificación de la medida es la necesidad de disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, las funciones de ambos ministerios son diferentes y, a menos que sea una fusión simbólica en los puestos más altos, cualquier intento por unificar áreas tan disímiles implicaría un aumento de los gastos para desarrollar una nueva reingeniería institucional. Además, en el contexto estratégico, que es el ámbito donde debe evaluarse la defensa, no hay un criterio fuerte que justifique la fusión, más allá de lo presupuestario.
En un momento crítico de la seguridad ciudadana, donde las soluciones deben ser perentorias, la creación de esta nueva organización llevaría mucho tiempo. Generaría problemas a los actores de coordinación básica, en áreas dispersas geográficamente, con procedimientos burocráticos distintos y con plantas de personal cualitativamente diferentes. Un proceso como este exige un período de planificación y ejecución de por sí muy extenso, a menos que se quieran repetir las improvisaciones de la administración anterior. Al mismo tiempo, se generarían potentes resistencias de ambas burocracias ministeriales y grupos sindicales.
Las demandas sociales de seguridad y defensa son de muy diferente naturaleza. La demanda de seguridad se manifiesta en el corto plazo y tiene que ver con la supervivencia de los individuos. La demanda de defensa, mucho más difusa, hace a la supervivencia del Estado, se manifiesta en el mediano y largo plazo. En la competencia de agendas, la más perentoria arrastrará a la estructural, se perderá así presupuesto para las tareas de defensa y se correrá el riesgo de la transformación de las Fuerzas Armadas en guardias nacionales, sin medios disuasivos. Este peligro se viene denunciado desde hace décadas, que elementos de las Fuerzas Armadas sean reubicados junto a las fuerzas de seguridad. Este es el modelo del Comando Sur de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la concentración de todo el poder físico del Estado en una sola cabeza puede ser riesgosa políticamente. Frente a cualquier reclamo corporativo, no se contará con un backup al que acudir como último recurso. Basta recordar los sucesos de Córdoba con la huelga de la policía provincial y el daño ocasionado no sólo a la gente sino también a la institucionalidad y la política.
Si bien la iniciativa puede tener buena recepción en la opinión pública, la separación entre Defensa y Seguridad ha regido desde 1988, generando modelos de organización y decisión completamente separados. La fusión pone en duda la identidad de cada uno, explícitamente diferenciados en el marco jurídico vigente, producto de un profundo consenso legislativo en el inicio de la era democrática. Unificar los ministerios no va a cambiar esta separación si no se cambian las leyes. El Partido Radical, miembro de la alianza de gobierno, que ha sido uno de los fundadores de la tajante separación entre Defensa y Seguridad, seguramente hará oír su voz para evitarlo.
Política exterior
No hay antecedentes de ningún país de la envergadura de Argentina que haya resignado cubrir la función defensa a través de una organización ministerial. Desde el punto de vista de las relaciones entre Estados, afectará severamente la representación argentina, en tanto en muchas oportunidades deberá interactuar con ministros de otros países un funcionario con rango de secretario. Ello derivará en que los países envíen funcionarios de segundo nivel a interactuar con nosotros.
Asimismo, implica suponer que la guerra es una situación de nula probabilidad de ocurrencia, en un contexto internacional que muestra exactamente lo contrario, la guerra se extiende como nunca. En un momento de alta incertidumbre, el reequilibrio entre las grandes potencias implica un posible involucramiento de medios militares. Se lesionará, en consecuencia, la envergadura estratégica y el prestigio remanente que el mundo sigue reconociendo a Argentina, en espera de una recuperación de sus capacidades materiales.
La actual competencia interhegemónica involucra el acceso a los recursos naturales y a los bienes comunes globales, aspectos en los que la Argentina tiene una importante participación, que debería ser correspondida con capacidades militares acordes. Como ha dicho alguna vez el ex ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, hay que tener un sistema de defensa fuerte para, en algún momento crucial de la historia, poder decir que no.
Finalmente, desde el sentido común puede vislumbrarse que fusionar ministerios no implicará en sí mismo ninguna reducción. Será más fácil, por el contrario, racionalizar las unidades por separado, eliminar el inmenso aparato burocrático heredado, con secretarías y subsecretarías creadas con criterios clientelísticos. Recordamos al pasar algunas oficinas de Defensa donde se gastaron millones de dólares para recorrer festivales de cine. No hay una superposición de funciones que amerite una fusión y desde hace décadas el empleo de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas tiene una identidad diferente.
El autor es doctor en Ciencia Política (USAL), magíster en Ciencias del Estado (Ucema). Licenciado en Ciencia Política (UBA), licenciado en Estrategia y Organización (IESE). Profesor de la Universidad del CEMA y de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESGC).
El articulo presente esgrime razones de peso y omite aspecto de mayor importancia. El concepto Político y Defensa de un País que se aprecia en lo formal de soberano, aspecto que dejar de ser fáctico o plausible le presupuesto mencionado. La cuestión Política que desde el 14 de junio de 1982 se encuentra pendiente de resolución; en razón del presupuesto jurídico y real en la comunidad de naciones; es si ARGENTINA posee un ENEMIGO EXTERNO. Definido éste, pues es aquél que diagramado en un tiempo y espacio histórico establece y da sustancia a un Proyecto de Nacional o de Nación; se puede acceder a la conformación de una DOCTRINA e INTELIGENCIA militar que permita potenciarse así mismo o mejor de los casos; que su Pueblo posea parámetros aceptables de sobrevivencia. Luego nos lleva a indagar sobre los SISTEMAS DE ARMAS,Pues bien, fusionar Seguridad con Defensa es desde lo político DESARTICULAR la nación desde su frente interno, pues uno busca identificar el ENEMIGO EXTERNO y el Pueblo desde el concepto de Seguridad NO LO ES¡ Estos conceptos surgen de la clara exposición jurídica y militar del Amigo-Enemigo que nunca debe ser trasladado a lo “interior”, salvo que se desee una guerra civil. Es tan claro el proceder de la actual administración, que todo refuerzo en la idea conlleva connivencia con el enemigo externo y no cuestiones simplistas de presupuesto o funcionalidad.
Totalmente de acuerdo con lo expuesto.
Es llamativo como la clase política muere en la coyuntura, sin vislumbrar una idea de largo plazo…