Autoridades de colombia efectuaron una operación para interceptar una aeronave ilegal en el espacio aéreo del municipio López de Micay, en el departamento del Cauca, el pasado 8 de agosto. El sistema de vigilancia y defensa aérea de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) detectó tres aeronaves ilegales, dos en el Caribe que finalmente no ingresaron al espacio aéreo nacional, y un avión monomotor tipo Cessna 210, que fue identificado como vuelo ilegal.
La aeronave no tenía identificación ni ruta de vuelo, y viajaba a 200 pies, una altura considerada peligrosa para este tipo de vehículos que deben volar a 3.000 pies en condiciones normales. Además, omitió las advertencias y llamados de seguridad que se realizan en estos casos. La aeronave tenía capacidad para transportar aproximadamente 700 kilogramos de alcaloides.
“En primera instancia, se determinó que se trataba de la violación de la soberanía aérea de Colombia y se clasificó como una aeronave sospechosa. Cuando se confirmó que no tenía matrícula y no había intención de comunicación, se estableció que se trataba de una aeronave hostil. En ese momento se activó el protocolo de seguridad para realizar la interdicción”, explicó el Coronel Jorge Saavedra, director de Defensa Aérea de la FAC.
Proceso de interdicción aérea
Colombia está suscrita con el Gobierno de los Estados Unidos a un Acuerdo de Negación de Puente Aéreo (ABD por sus siglas en inglés), convenio de interceptación aérea que fortalece la capacidad del Gobierno colombiano para eliminar el tráfico ilícito aéreo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La prioridad de este programa es lograr la interceptación de aeronaves sospechosas y hostiles, y obligarlas a aterrizar para que los organismos competentes tomen las medidas necesarias. El Convenio ABD establece tres fases, para evitar la pérdida de vidas inocentes en el aire o en tierra:
1). Rastreo y monitoreo de aeronaves sospechosas de estar involucradas en tráfico ilícito. En esta fase se intenta establecer comunicación por radio y/o señales visuales con el vehículo para ordenarle que aterrice en un lugar asignado como adecuado para su aterrizaje seguro.
2). Utilización de disparos de advertencia con balas trazadoras, con previa autorización del comandante de la FAC. Al mismo tiempo, se continúa intentando establecer comunicación con la aeronave.
3). Disparo de armas contra la aeronave interceptada en aire o tierra si no responde a la comunicación. La meta de esta fase es inutilizar a la aeronave para forzar su aterrizaje, y si está en tierra impedir su despegue.
“Es imprescindible llevar a cabo el procedimiento al pie de la letra, sin omitir ninguna de las fases, para garantizar la seguridad de la aviación civil y evitar errores operacionales”, explicó el Mayor de la FAC Álvaro Moreno Aranzales, oficial a cargo de la misión en López de Micay. “Utilizamos el uso gradual de la fuerza para conservar la vida, pues es una prioridad. En este caso el procedimiento se realizó en una playa donde la aeronave aterrizó. Al no responder a nuestros llamados fue necesario inutilizarla”.
La playa donde aterrizó de manera ilegal la aeronave está inhabitada, como la mayor parte del territorio de López de Micay. El lugar cuenta con cerca de 13.000 habitantes, un número pequeño si se tiene en cuenta su tamaño, 3.241 kilómetros cuadrados de superficie.
“Las playas del pacífico colombiano son muy amplias y las organizaciones delincuenciales han establecido sitios para el aterrizaje, pretendiendo violar el espacio aéreo, aunque el aterrizaje en arena suponga una alta peligrosidad a bordo de un Cessna 210”, aseguró el Cnel. Saavedra. “Por experiencia conocemos los lugares que son utilizados para el tráfico de drogas, por lo tanto están sujetos a vigilancia especial por parte de las unidades de detección aérea y terrestre”.
La intervención se realizó a través del Centro de Comando y Control de la FAC, que desplegó aeronaves de alerta temprana y vigilancia, para el reconocimiento e interdicción desde varios comandos aéreos de combate. Para el desarrollo de la operación se utilizó un avión de inteligencia SR-560, pilotado por el May. Moreno, un avión de combate AC-47, conocido como el Fantasma, y dos aeronaves A-29 Super Tucano.
Blindados contra el narcotráfico
De acuerdo con la FAC, hacia el 2003 se presentaban un promedio de 700 vuelos ilegales al año. Hoy el espacio aéreo está completamente libre de este tipo de incidentes, pues las que tienen intención de violar la soberanía son neutralizadas. En 2017 se han presentado tres intentos de violación del espacio aéreo, incluyendo el neutralizado en López de Micay, pero siempre han sido detectados e interceptados.
“Hoy podemos asegurar que el 100 por ciento del espacio aéreo colombiano está protegido por la FAC”, aseguró el Cnel. Saavedra. “Con nuestro sistema de alerta y detección temprana, más el fortalecimiento de nuestras capacidades todos estos años, podemos garantizar que no hay narcotráfico vía aérea en Colombia”. Para lograr este resultado, Colombia ha fortalecido su inteligencia y ha establecido alianzas con todos los países de la región para mantener la ayuda mutua y garantizar la estabilidad del espacio aéreo.
“El principal reto que plantea el narcotráfico es su mutación diaria. Como se trata de un delito transnacional es importante estar conectados entre naciones y anticiparnos a las acciones que los delincuentes piensen hacer”, agregó el Cnel. Saavedra. “Hemos detectado casos de aeronaves tipo ultra livianas o vehículos aéreos no tripulados, pero su capacidad de carga es mínima, 1 o 2 kilos, y han sido dados de baja. El reto mayor está en el mar, porque en ese medio la capacidad de carga es muy superior, 10 toneladas, y la detección es más compleja en el entorno marítimo”, finalizó.
