La Defensa Nacional que supimos conseguir o la necesidad de mirar hacia el futuro

“Oh, ¿y ahora?: ¿Quién Podrá defendernos?” Rezaban las atribuladas victimas que dando lugar a la llegada del Chapulín Colorado. En materia de defensa, Argentina se caracteriza por tener excelentes recursos humanos que hacen lo posible por mantener operativos a los componentes que la componen para cumplir con la misión principal establecida en la Constitución, pero esos esfuerzos resultan insuficientes ya que se reconoce internacionalmente que no contamos con una fuerza capaz de enfrentar las exigencias del campo de batalla actual (https://ukdefencejournal.org.uk/argentina-ceased-capable-military-force/, 6/9/2017).

El deterioro de las capacidades necesarias para cumplir con lo establecido por la ley de defensa Nro. 23.554 es producto del exceso de debate, de políticas de defensa que orientaron las exiguas capacidades a funciones secundarias, una pobre lectura de la realidad internacional, y el desinterés político por asignar los recursos necesarios para cumplir con aquello que la ley dispone. Bajo el argumento por el cual “la defensa no da votos”, se ha justificado un virtual estado de inacción de las pasadas administraciones. Sin embargo nada más alejado de la realidad: el voto militar importa como demuestra el “termómetro” antártico donde Macri obtuvo el 60% de los votos.

En la intelectualidad hay quienes defienden esta situación de inanición presupuestaria y de extensión “ad eternun” del debate amparados en un consenso inamovible construido a finales de los años ochenta del Siglo XX., manteniendo un status quo improductivo anclado en el pasado con una foto estática, siguiendo el principio de no innovar.

Esa situación rebela dos cuestiones, la primera es que no confían en la construcción política lograda en materia de control civil de las Fuerzas Armadas, temiendo que nuevas funciones lo debilite.  El segundo es que no están dispuestos a modificar su mirada de la condición del militar en la República Argentina, ellos no son prioridad para la política pública.

Propuesta para los defensores del status quo: si en vez de discutir la ley eliminamos el decreto reglamentario 727/2006 y lo reemplazamos por uno que mantenga el espíritu de la ley, pero que se adapte a las necesidades internacionales del país en un mundo multipolar, podremos pasar a discutir políticas de defensa funcionales con la Argentina de los próximos 30 años donde las presiones externas van a aumentar sobre el país. No hacerlo es hipotecar la riqueza y el bienestar de la generación de argentinos que están naciendo hoy.

Para ello tenemos que remover la mentalidad de “fabricas recuperadas” que llegó al mundo militar desde el Ministerio de Defensa bajo el constructo “progresista” de los intelectuales del consenso quienes planteaban el enfoque de “capacidades recuperadas” que sin embargo nunca recuperaron funcionalidad en el plano militar, pero que hábilmente disfrazaron de desarrollo y defensa.

La actual situación militar nos brinda una oportunidad única en materia de política pública. Al existir poco y nada que recuperar, el liderazgo político tiene la chance de construir capacidades y discutir sus funciones acordes a las necesidades estratégicas del país a partir de fines de la primera mitad del Siglo XXI. En este sentido la defensa del 2030, comienza en el 2018.

Existen dos poderosas razones para hacerlo desde el punto de vista político.  Primero, este tema es un espacio vacante para quien decida “hacer aquello que hay que hacer”. Quien lo haga se asegurará un legado que no pasará desapercibido. Sin embargo, si el largo plazo no resulta muy atractivo, la perspectiva de profesionalización y modernización militar puede resultar en un interesante atractivo a la hora de definir el sufragio al interior de ese amplio conjunto de ciudadanos conocidos como el “voto militar”, el cual no es cautivo, y que coincide con una configuración política del país que representa una mayor modernidad, junto con los sectores medios de la sociedad. Segundo, todo político enfrenta la posibilidad de ser Comandante en Jefe de las FF.AA.: y como tal tiene la responsabilidad de mantener a nuestro país y sus intereses seguros en lo inmediato y en el futuro. No asignar los recursos necesarios para cumplir con la misión principal se roza en algún punto con su desempeño como tal y los deberes que se establecen en la Constitución, entre ellos aquel que señala la obligación de “proveer a la defensa común” para nosotros y nuestra posteridad.  Subcontratar la protección del espacio aéreo a otro actor estatal como puede ocurrir con el evento del G-20, aunque sea a un Estado amigo y se lo quiera presentar como un éxito de la cooperación, revela ausencia de capacidades y vulnerabilidades que son inaceptables para un país de las dimensiones de Argentina.

En lo inmediato, por nuestra posición geográfica y las buenas relaciones vecinales no tenemos una amenaza externa interestatal que nos afecte de forma directa, aunque sí hemos aceptado cierto grado de cercenamiento territorial frente a la ocupación de nuestro espacio territorial en el Atlántico Sur, aun cuando declamamos nuestros derechos irrenunciables en todos los foros disponibles, pero carecemos de la capacidad para defenderlos. Si esa es la foto actual, la que se configura a futuro puede ser aún peor.

A finales de la primera mitad del presente siglo Argentina enfrentará al menos cinco cuestiones complejas en materia de defensa. 1) El reposicionamiento territorial interestal en relación a la Antártida; 2) la capacidad de anular la infraestructura considerada estratégica mediante el uso del ciberespacio; 3) los efectos del cambio climático sobre el territorio nacional y sobre otros actores, lo cual puede llevar a redistribuciones territoriales impensadas en el momento, y un eventual incremento de tensiones internacionales 4) el peso de los escenarios urbanos en misiones de estabilización y mantenimiento de la paz y finalmente, 5) una conflagración en el Asia Pacífico con consecuencias militares sobre el país como resultado de la existencia de infraestructura dual parte del complejo militar misilístico de una potencia extranjera.  Estos escenarios pueden estar plenamente presentes en tan solo tres períodos presidenciales .

En el corto plazo necesitamos hacer reingeniería institucional a los efectos de tener un instrumento militar que cumpla con la función principal en el largo plazo. Con el flanco norte cubierto, relativamente estables territorialmente y sin esperar ningún agresión en el sur, se podría traspasar parte de la capacidad humana existente en el Ejército a la Gendarmería a los efectos de que cumplan con la misión que preocupa a una porción importante del país, a la vez que protegen su integridad fronteriza y territorial. Actualmente esa fuerza es la primera línea de defensa de nuestro país. En cierto sentido los gendarmes ven “más acción” que cualquier unidad militar actual. ¿Cuánto más seguras tendríamos nuestras fronteras si pasamos parte de los 42.000 hombres del EA a una fuerza de 18.000 que necesita refuerzos, no reclutas? Discutir esto es un poco más operativo que la consabida división entre seguridad y defensa.

Ahora bien, los componentes restantes  deberán ser entrenados en dos funciones centrales: primero defensa del territorio bajo condiciones climáticas extremadamente adversas dotándolos de las capacidades necesarias para desempeñarse adecuadamente. Segundo, resulta necesario preparar a los distintos componentes de las fuerzas de operaciones especiales para múltiples escenarios entre ellos lidiar con situaciones donde puedan verse intereses o connacionales afectados en ultramar y tener presente que sí volvemos a ser contribuyentes en operaciones de paz, las mismas se van a desarrollar en entornos urbanos densamente poblados como señalan los informes de Naciones Unidas. Las dinámicas urbanas deberían ser un foco de atención de nuestra futura terrestre.

En lo inmediato el país se encuentra literalmente abierto en dos frentes: el marítimo y el aéreo. Ambos espacios, junto con el ultraterrestre son centrales en la funcionalidad futura del país. Allí habría que generar aquello que se llama capacidad antiacceso y denegación de área. Saber quién nos sobrevuela (radares), tener cierta capacidad de interceptación cuando aparecen irrupciones hostiles, cumplir acabadamente con la logística de las tareas de amplio espectro como los desastres naturales que demandará recomponer la aviación de transporte, y la capacidad de helicópteros pesados, que permitan movilizar recursos de un punto al otro del país, es una prioridad. Esto se deberá construir de manera escalonada, pero con el objetivo de cerrar las brechas de vulnerabilidad que se están conformando sobre los intereses del país. la denegación del espacio marítimo, tanto en superficie como submarino es vital y la Armada, tiene que proteger las líneas de comunicación naval y defender a distancia la integridad territorial, manteniendo la conectividad con la Isla Grande de tierra del Fuego y con nuestras bases en la Antártida. 10 años sin el Almirante Irizar demostró a las voluntades opuestas que no tenemos un interés real en retener nuestra soberanía antártica, es una situación conveniente de revertir.

Finalmente se necesita de un cibercomando efectivo que pueda conducir operaciones tanto de intrusión en sistemas de potenciales oponentes como defenderse de aquellos que quieran afectar los nuestros. La ciberdefensa será un componente más de la ciberseguridad del país. En lo inmediato hay que estudiar como iremos conectando nuestros sistemas de armas a los efectos de empezar a prepararnos para la llamada “batalla multidominio”

Existe mucho para hacer en este campo. Las decisiones que tomemos hoy en esta política pública ayudará a resguardar el bienestar y la seguridad de los Argentinos de los próximos años. Dejar de debatir lo obvio se ha transformado en una necesidad para un país con la escases de recursos, pero con amplias responsabilidades como las enumeradas.