*Por Cathy Saumeth C.
El presidente Iván Duque mediante el decreto 2362 extiende por un año más entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2019 la prohibición del porte de armas en Colombia argumentando que el monopolio de las mismas debe estar en manos del estado y que dicha medida estadísticamente muestra una disminución de homicidios precisamente con este tipo de armas (de fuego).
Pero la percepción de la realidad en materia de seguridad por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas, y ven en dicho decreto una medida tibia con la cual el gobierno pretende esconder una realidad y es la de que un altísimo porcentaje de los homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal, (el 91% de las decomisadas, siendo de hecho muchas de ellas alquiladas a organizaciones que prestan ese servicio), comercio que crece debido a los vacios jurídicos y penales que afectan el accionar policial con lo cual el ciudadano de bien, apegado a la ley queda en estado de indefensión tanto física como jurídicamente.
La lentitud por parte del estado en la reforma a la justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los tramites, han hecho que los carteles de la rama judicial faciliten una puerta giratoria con la cual se le den “garantías” a la criminalidad, orillando a la ciudadanía de tal manera que crezca la fuerte convicción de armarse, pero que y por las trabas impuestas por el decreto 2362, no quedan salidas diferentes a hacerlo de manera ilegal con el fin de protegerse y defenderse, incentivando con ello un auge del mercado negro lo que redundaría en un aumento de la inseguridad generando otros escenarios como la conformación de grupos ilegales de seguridad (conformados por residentes o contratados por estos), reeditando así hechos del pasado, violentos, sangrientos, producto de la impotencia ante la inoperancia del estado que en su momento no invertío en garantizarles seguridad a sus ciudadanos lo que conllevo a buscar soluciones que en afectarán aún más el delicado estado del tejido social del país.
De manera que el decreto se convierte en un paño de agua tibia que no soluciona de raíz los problemas de seguridad que aquejan a la población. Si bien es cierto que el gobierno tiene puesto en la mira las zonas rurales que son el foco de violencia y que a su vez son de donde proviene la gran ola de desplazamiento a la ciudad, cultivo para las oficinas de sicariato y microtráfico, no puede ignorarse que la inseguridad está en aumento en las principales poblaciones (capitales e intermedias) del país a pesar de que los planes de seguridad implementados por Alcaldías y por la Policía Nacional vengan cumpliendo con sus objetivos pero a ritmos entendidos por la población como muy lentos y sin los resultados esperados ya que la inseguridad y la violencia que ella genera son percibidos como crecientes, responsabilizando al Estado y a unas falencias de la justicia no corregidas.
Esperemos entonces que -y por esta vez- el proyecto para la reforma a la justicia propuesto por el nuevo gobierno colombiano, sea aprobado, implementado y apoyado y no que quede en intenciones fallidas o dando pobrísimos resultados como los de sus predecesores.
*Cathy Saumeth C, es Psicóloga y especialista en Psicología Clínica
