Hace unos pocos días se publicó el informe anual de la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación, una organización independiente creada bajo la coordinación conjunta del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud para garantizar un monitoreo y sistema de alerta adecuados sobre futuros peligros globales de tipo biológico. Fue lanzada formalmente en 2018 en respuesta a las recomendaciones del Secretario General de Naciones Unidas luego de los brotes del virus Ébola que azotaron gran parte de África Occidental entre 2014 y 2016 y que dejaron en evidencia la fragilidad global ante la posible emergencia de una cepa viral aún más letal.
El informe anual de la JVMP causó un gran revuelo por los vaticinios y advertencias generales que comunicó a la comunidad internacional. Asegura que la posibilidad de tener un gran brote pandémico producto de un patógeno respiratorio es muy real y que las cifras de muertes a nivel global bien pueden alcanzar entre 50 y 80 millones de víctimas. La funesta conclusión del informe ante este escenario posible y probable es que el mundo, lisa y llanamente, no se encuentra en absoluto preparado para una contingencia de esta magnitud.
Se recomiendan a posteriori múltiples medidas de urgente implementación para que el nivel de preparación comience a elevarse y se apela a que los líderes globales asuman sus responsabilidades nacionales e internacionales ante los riesgos de un nuevo evento pandémico de escala global. El listado de recomendaciones incluye: el aumento de las sumas destinadas a los planes de prevención y contención; la comunión de esfuerzos vía organizaciones regionales y suprarregionales como garantes de la supervisión y coordinación de las tareas; la advertencia a los organismos internacionales de crédito – FMI, Banco Mundial, etc.- de que deben estar prestos a financiar políticas de contención en tiempos mínimos y, asimismo, de que integren estos escenarios a sus esquemas de prospección en tanto un cataclismo del tipo ejemplificado implicaría una destrucción del 5% de la economía mundial; la exhortación a que fundaciones, ONGs y campañas de filantropía global aumenten las sumas invertidas en programas de desarrollo sanitario; la promoción de la rápida colaboración científica mediante el intercambio de secuencias de genomas en aras de la investigación y el rápido desarrollo de medidas de contención; la procuración de medidas que garanticen el rápido aumento en la producción de vacunas y antivirales; y, por supuesto, un mayor involucramiento de las Naciones Unidas como máximo organismo coordinador.
En Argentina son varias las dependencias que entenderían en la intervención del estado nacional ante la aparición de alguna amenaza de tipo infecciosa. La Secretaría de Protección Civil es responsable, por ejemplo, en “la implementación de las acciones tendientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la población ante desastres de origen natural o producidos por el hombre, coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción”.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, por otro lado, es el agente del Ministerio de Salud encargado de la prevención, diagnóstico, investigación y tratamiento de enfermedades toxo-infecciosas y participa, asimismo, en la elaboración y control de calidad de inmunobiológicos, en la coordinación de programas sanitarios y en la realización de estudios epidemiológicos.
Y las Fuerzas Armadas Argentinas, por su parte, son también un factor crítico ante coyunturas de la naturaleza expuesta. Para empezar, las Unidades Militares de Respuesta a la Emergencia (UMRE) constituyen la respuesta primaria de las Fuerzas Armadas ante fenómenos climáticos y sociales adversos que sobrepasan las capacidades ordinarias de las agencias civiles. Son en total 13 UMREs de las cuales once pertenecen al Ejército (compuestas por elementos del arma de ingenieros, esencialmente) y dos a la Armada, mientras que cuentan con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea para todo la asistencia logística que necesiten. Han tenido cierto protagonismo recientemente participando, por ejemplo, en las tareas de contención del fuego en el Amazonas y, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, han recibido en los últimos años equipamiento a estrenar, como ser: dos camiones cisterna, doce grupos electrógenos, cinco equipos potabilizadores de gran capacidad, cinco cocinas de alto rendimiento, ocho camiones volcadores, seis centros de evacuación temporarios y veinte pontones neumáticos.
Más concretamente, el Ejército Argentino cuenta con la Compañía de Ingenieros QBN (químico, biológico y nuclear) y Apoyo a la Emergencia 601 para lidiar con catástrofes naturales o antrópicas. Es la única unidad de su tipo en el país y cuenta con capacidades para hacer frente, según el Ministerio de Defensa, “a una respuesta organizada en materia de descontaminación alcanzando las 114 personas y 12 vehículos por hora con 4 estaciones de descontaminación”.
Sin embargo, el alerta de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación incluye también esta importantísima advertencia: se indica que los países deben diseñar sistemas sólidos con responsables de rango nacional que supervisen los programas nacionales esenciales para contener y responder eficazmente ante una emergencia, y que se debe garantizar el entrenamiento y preparación integral en todos los frentes internos mediante simulacros y políticas públicas nacionales coordinadas verticalmente. Léase, lo que en nuestro país siempre se conoció como ley o sistema de movilización nacional y de lo que carecemos hasta el día de la fecha desde la sanción de la ley de Defensa Nacional en 1988. Si bien susodicha ley ordenaba la elaboración de una nueva ley de movilización nacional en el plazo de 365 días, el incumplimiento sigue vigente hoy día y Argentina carece de un instrumento único y crítico para hacer frente a cualquier tipo de catástrofe en todos los frentes de su realidad interna. Sólo un sistema como el que crearía esta normativa podría lidiar orgánicamente no sólo con las tareas de prevención, entrenamiento, alistamiento y lucha contra una situación del tipo de brote pandémico como aquí puntualmente advierte la OMS, sino que también permitiría la respuesta integral del conjunto del sistema económico, productivo, científico-tecnológico y psicosocial argentino para atravesar la tremenda realidad que puede significar un estado de cuarentena y riesgo de contagio masivo, por ejemplo. Crearía, también, las bases para la reconstrucción armónica del potencial nacional atendiendo apropiadamente tanto las necesidades materiales como humanas de toda etapa posterior a un shock nacional.
Ante las falencias que aún muestra la normativa nacional y el peligro de descoordinación y falta de preparación a que estamos expuestos, quedará a futuras autoridades del gobierno nacional y del área defensa en particular tomar nota de los riesgos biológicos que enfrenta el mundo, la facilidad y rapidez con que pueden esparcirse y afianzar, consecuentemente, todos los mecanismos y sistemas imprescindibles para salvaguardar la población nacional y coadyuvar, en todo cuanto nos sea posible, a otros países con focos críticos de infección necesitados de cuánta ayuda el mundo esté dispuesto a ofrecerles.
