El 27 de febrero a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa de Chile rechazo enfáticamente las acusaciones realizadas por Amnistía Internacional publicadas en su último informe en el cual afirma que el Ejército de Chile hirió deliberadamente a manifestantes durante las manifestaciones que afectaron al país trasandino el pasado mes de octubre.
Las autoridades han indicado que la acusación es “absolutamente falsa, que constituye una imputación inaceptable y que carece de fundamentos que la justifiquen”.
El comunicado indica que las Fuerzas Armadas durante los 9 días que duró el Estado de Sitio, por mandato el presidente de la República, actuaron para restaurar el orden público protegiendo a los chilenos como a la propiedad e infraestructuras críticas, frente a una ola de vandalismo y violencia que afectaron al país.
La actuación de las Fuerza Armadas estuvo ajustada a las normas y proporcionalidad en el uso de la fuerza por medio de los principios de necesidad y gradualidad correspondientes, ejerciendo el derecho a la propia defensa y la de terceros.
Frente a situaciones particulares y fuera del margen de la Ley los tribunales civiles son los encargados de establecer las responsabilidades por medio de las investigaciones correspondientes con la colaboración de las instituciones involucradas para determinar la culpabilidad y sanciones pertinentes.
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