Fuentes cercanas a Carabineros de Chile en Santiago aseguraron a ZONA MILITAR, bajo condición de anonimidad, que entre un 30 y un 35 por ciento de los funcionarios de la policía uniformada chilena está sufriendo del síndrome conocido como Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), en diferentes grados, producto de situaciones en donde los policías fueron objeto de agresiones violentas, con peligro para su integridad física y vida.
Aunque la policía chilena está desde la década pasada enfrentando creciente criminalidad, con una dotación de funcionarios inferior a la necesaria en el país -60 mil policías en país con 19 millones de habitantes-, ello se complicó aún más desde octubre pasado, cuando comenzó una ola de desobediencia civil y protestas violentas que no ha arreciado.
Ese escenario, caracterizado por violencia contra la fuerza pública, saqueo de comercio y destrucción de infraestructura pública y privada- estaría impactado significativamente la salud mental, la moral y el desempeño de muchos funcionarios policiales. Uno de sus efectos, con el TEPT siendo un factor en muchos, es el abuso de la violencia física y el empleo de medios fuera de protocolos contra manifestantes por parte de los policías, con resultados lamentables que incluyen víctimas fatales, así traumas oculares con pérdida de visión y otros daños a la integridad física de las personas, por impacto de granadas lacrimógenas y balas de goma usadas en forma indebida, entre otros hechos. Otros efectos negativos son el creciente número de suicidios y solicitudes de retiro de los funcionarios.
TEPT
El TEPT –también conocido por su sigla en inglés PSTD- sería causado por la reiterada y sostenida emisión de alto nivel de hormonas de estrés que suprimen la actividad hipotalámica, como resultado de una sobre-reactiva respuesta a la Adrenalina, es un desorden mental, previamente denominado “neurosis de combate”. Fue reconocido como condición tras la 2da. Guerra Mundial y mejor identificado y definido en los 1970s, como resultado de la Guerra de Vietnam. Lo sufren soldados que han estado en la línea de combate durante guerras, y también civiles expuestos a la violencia en guerras u otro tipo de evento traumático con peligro para integridad física y la vida.
Uno de los efectos del TEPT es el debilitamiento del Hipocampo, estructura del cerebro que es parte del sistema límbico, región cortical que regula los estímulos, las emociones, el aprendizaje y la memoria. La persona afectada tiene dificultades para experimentar y controlar sus emociones, en tanto que el deterioro de memoria dificulta distinguir pasado de presente. Lo último, combinado con una hipersensibilidad al estímulo, hace que volver experimentar temor haga revivir la situación que provocó el trauma, y que volver a estar en la misma situación sea peor. La persona afectada vive recordando las situaciones traumáticas que ha vivido, sufre ansiedad, dificultad para dormir, pensamientos negativos obsesivos, irritabilidad, impulsividad y eventualmente inclinación al suicidio. Una mayor predisposición hacia el consumo de droga y alcohol es otra característica.
De acuerdo a archivos internos de Carabineros, que fueron filtrados en octubre del 2019, y citados recientemente por el semanario The Clinic de Santiago, durante los últimos años ha habido un aumento substancial y sostenido de la tasa de suicidios entre los funcionarios de Carabineros, siendo en el 2016 la segunda causa de muerte de personal en servicio activo. En el 2014 esa tasa fue de 10,34 en un universo de 58 mil carabineros, pero en los años 2016 y 2017 escaló a 12,07 y 13,79, respectivamente. La tasa de suicidios dentro de la policía uniformada chilena en realidad dobla la estadística de suicidios que ocurren entre la población del país. Carabineros también registra problemas de consumo de alcohol, con efectos negativos en el desempeño de los policías y en la convivencia dentro de las unidades.
Con la excepción de América Latina y África, la tasa de homicidios ha decrecido hoy en la mayor parte del mundo, aunque en muchos países eso no significa que haya menos criminalidad con empleo de violencia contra las personas, sino que esta produce menos resultados fatales. En esencia, el trabajo del funcionario policial es hoy mucho más peligroso y desgastador que hace algunas décadas. Debe enfrentar a poderosas organizaciones de crimen organizado, que no se resignarán a dejar que sus lucrativas actividades ilegales sean interrumpidas por los agentes de la ley, y que están dispuestas a usar violencia extrema para impedirlo, así como numerosa criminalidad menor no menos dispuesta a recurrir a la violencia. Y, además, también debe enfrentar la creciente focalización contra la policía, incluyendo empleo de violencia contra sus funcionarios y amenazas contra las familias de estos, del descontento de sectores del público respecto del Estado.
Según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge durante el 2018, dado a conocer a principios del 2019, los casos de reacción violenta del público contra funcionarios policiales en el Reino Unido aumentaron tras el milenio, con el 95 por ciento de los policías en servicio activo habiendo sido objeto de situaciones violentas que incluyeron ataques del público. La situación se agravó con los recortes de personal policial aplicados durante el gobierno del ex Primer Ministro Conservador David Cameron (2010-2016), que dieron como resultado un aumento de los crímenes violentos en la vía pública, especialmente con uso de arma blanca. Como resultado de ello, el 20 por ciento de los miembros de las fuerzas de policía del R.U. sufre de TEPT, pero apenas un tercio de ellos tiene conciencia de padecer esa condición. De acuerdo a lo que consigna el estudio, los funcionarios afectados por TEPT pueden tener problemas de juicio al tomar decisiones durante su desempeño, que pueden ir desde no actuar frente a situaciones que exigen una intervención policial a actuar con excesivo uso de la fuerza.
Según la doctora Jess Miller, quien condujo la investigación de la Universidad de Cambridge, los resultados de esta han ido por primera vez al fondo de “la dura experiencia actual del policía que ha visto y sido expuesto a mucho en su trabajo”. Explica que “se trata de una crisis que es tanto clínica como de gestión de un servicio público, porque la incidencia de TEPT entre los policías británicos es cinco veces más alta que entre el conjunto de la población del Reino Unido”. “Las exigencias del trabajo policial hoy no pueden ser enfrentadas con estoicismo. Los policías son sometidos a experiencias traumáticas, pero no tienen suficiente tiempo para hacer una pausa y, con la ayuda necesaria, procesar lo ocurrido para superarlo y reponerse, porque están presionados para seguir trabajando”, agrega Miller. Estudios realizados en los EE.UU. han arrojado resultados similares, respecto de la alta incidencia de TEPT entre funcionarios policiales.
El Caso de Carabineros
En Chile desde 1990, cuando se restableció la institucionalidad democrática, el Cuerpo de Carabineros experimentó una expansión de su planta de personal, que pasó de contar con 27.000 funcionarios uniformados a sumar hoy cerca de 60.000. Sin embargo, aunque el notorio aumento de la criminalidad violenta durante las últimas tres décadas impulsó ese incremento, incrementando la planta funcionaria a más del doble, la verdad es que se quedó atrás. Aun sumando los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), una organización policial civil de carácter judicial, Chile presenta una densidad policial de 320 funcionarios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de países como la Argentina y Uruguay, que cuentan cada uno con 550 funcionarios policiales por cada 100.000 habitantes. Carabineros no tiene hoy personal ni medios materiales suficientes para cubrir sus funciones, como evidenció la decisión, tomada por el gobierno a principios del 2019, de recurrir al apoyo de las FF.AA. para estrechar el control sobre la frontera norte, por donde ingresan a Chile drogas y armas, en un tráfico ligado al crimen organizado tanto local como internacional.
Pero el aumento de la planta funcionaria de Carabineros, que como se ha dicho no fue suficiente en lo numérico, no fue acompañado paralelamente por un estudio y revisión de las políticas de reclutamiento y selección del nuevo personal, de su formación técnico-profesional y de la carrera policial del personal subordinado. Así como los salarios no garantizan el interés por ingresar al escalafón de subordinados de los mejores y más idóneos, su combinación con una no muy acabada formación y el prospecto de una no tan estimulante carrera hace también difícil retener a los mejores elementos. Y entre los que se han quedado se ha producido una mayor propensión a la corrupción, tanto en lo referente a defraudar o echar mano a recursos institucionales como también a involucrarse con grupos criminales.
Chile se ufanó por muchos años respecto de la incorruptibilidad de su policía uniformada. Muchos extranjeros compartían esa visión, incluyendo gente de otros países, que destacan que en Chile no se podían “arreglar” las infracciones de tránsito directamente con el policía, mediante un generoso “donativo” en efectivo. Pero, aunque todavía hay muchos carabineros que no aceptan dinero en ese tipo de circunstancias, la verdad es que hoy la policía uniformada chilena registra entre sus filas niveles de corrupción inéditos. La evidencia más notoria es el conjunto de casos de defraudación y apropiación indebida de fondos institucionales, denominado “Pacogate” *, revelado en el 2017; por un monto cercano a los 29 mil millones de pesos chilenos (entre 36 y 42 millones de dólares estadounidenses, según variaciones del cambio), que tiene a más de 130 funcionarios policiales y civiles –incluidos dos generales directores y una ex subsecretaría de Carabineros- sometidos hoy a proceso judicial.
La revelación de las situaciones de malversación de fondos institucionales ha sido aprovechada por sectores, aparentemente de izquierda con inclinaciones anarquistas, que generalizando acusaciones por delitos cometidos en realidad por muy pocos funcionarios policiales, en los últimos años han desarrollado una campaña sistemática de denigración y desprestigio de Carabineros, por medio de las redes sociales. El objetivo de dicha campaña, que busca instalar la idea de que las atribuciones de Carabineros no son legítimas y en consecuencia sus funcionarios no deben ser respetados y obedecidos, ha tenido un éxito relativo entre sectores desafectados de la sociedad chilena, que se sienten marginados y maltratados por el Estado y ven a la policía como su imagen visible. En el escenario actual de violencia callejera que registra Chile, esos sectores han llegado al extremo de atacar civiles, a quienes presumieron como carabineros sólo por llevar cabello corto, y también a amenazar a las familias de los policías, incluyendo a sus hijos en los colegios.
Pero el “Pacogate” en realidad puso en evidencia un notable abandono de deberes, por parte de las autoridades políticas del Estado, que al no fiscalizar los gastos de Carabineros hicieron posible las situaciones de fraude y apropiación indebida. Dicho control debió haberse reforzado desde el 2011, cuando el Cuerpo de Carabineros fue traspasado desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Muy al contrario, se dieron situaciones como el adelanto de fondos para contratar, pagar salarios, vestir y equipar a 10.000 nuevos funcionarios sin que, empleando las atribuciones que les confiere la ley, las autoridades políticas verificarán las contrataciones de nuevos policías y la ejecución de los gastos asociados a su incorporación.
Pero, junto a la sistemática abdicación de responsabilidad de las autoridades superiores del Estado, durante las últimas tres décadas las actividades criminales en Chile también han experimentado un proceso de crecimiento y desarrollo. Hasta 1992 el narcotráfico estuvo enfocado y concentrado en la distribución y venta local de Marihuana, en tanto que la oferta y consumo de Cocaína eran marginales, con Chile siendo esencialmente un corredor en la ruta de esa substancia hacia el mercado europeo. Peso ese año Carabineros y la PDI dieron un golpe demoledor al suministro de Marihuana, que hizo desaparecer la Cannabis por completo del mercado local. Desesperados por atender a su clientela y mantener el negocio, los traficantes y sus expendedores recurrieron a la Cocaína, ofreciendo Crack y Pasta Base como sustituto de la Marihuana. La demanda y uso en Chile de la Cocaína y sus derivados escaló a partir de entonces, en un proceso que hoy tiene a Chile a la cabeza del ranking de consumo en América del Sur.
La consolidación de Chile como gran consumidor de Cocaína ha ido de la mano con el establecimiento de poderosas organizaciones de crimen organizado que, junto con dedicarse al tráfico y distribución de la substancia, también tiene lazos y relaciones de cooperación con otras áreas de criminalidad, dentro y fuera del país. Esto último se ha visto reflejado en el hecho de que hoy Chile también es el corredor por donde pasa la mayor parte de la Cocaína destinada a Europa. Se trata de organizaciones criminales poderosas, que disponen de elementos fuertemente armados y capacidad económica para comprar autoridades políticas, policías y funcionarios judiciales. Instalan sus centros de operaciones en áreas suburbanas marginales en que predomina la pobreza y donde, para ganar la lealtad y cooperación de sus habitantes, estas organizaciones recurren al expediente de cubrir la ausencia de la acción del Estado, proveyendo ayuda financiera para la compra de alimentos y medicinas.
En consecuencia, Carabineros viene enfrentando tanto una escalada del crimen organizado como a una creciente criminalidad menor violenta, desde hace décadas, con personal que es numéricamente insuficiente, que no es adecuadamente preparado –el curso de formación policial para el personal subordinado, que en muchos países tiene una extensión de dos años, sólo dura 11 meses en Chile- ni debidamente equipado y remunerado. Para cumplir más adecuadamente sus funciones y enfrentar mejor los niveles de criminalidad prevalentes hoy en Chile, el Cuerpo de Carabineros necesita una revisión de sus criterios de reclutamiento y formación de personal. En esa línea, también debe revisar las políticas de retención de personal de Carabineros, que en el 2019 registró la renuncia de 650 funcionarios; y también la estructura de la carrera policial y su escala de salarios. También se crear instancias sólidas de apoyo a los funcionarios cuya salud mental sea afectada por su exposición a situaciones de violencia, incluyendo la alta tasa de suicidios que, se dice, existiría entre los carabineros.
Las dotaciones policiales son en general insuficientes para enfrentar situaciones de disturbios y, mientras desde diciembre se ha venido adquiriendo más equipamiento para carabineros, también se ha reincorporado parte del personal que había dejado la fuerza en los últimos años. también se ha estado preparando a las FF.AA., tanto para asumir la protección de la infraestructura crítica, liberando a Carabineros de esa tarea; como también para reforzar los dispositivos antidisturbios. En esa línea, se está tramitando un proyecto de ley que permitirá recurrir a los militares en las situaciones mencionadas, sin que requiera de una declaración de Estado de Sitio. Pero lo anterior no resolverá la necesidad de aumentar la planta de funcionarios uniformados de Carabineros, al menos a 80 mil (incremento de 33%) e idealmente a 90 mil policías (incremento de 50%), con el fin de reforzar toda la gama de funciones que cumple la fuerza. Todo el proceso debería involucrar a las autoridades civiles encargadas de la seguridad, que deben asumir plenamente sus responsabilidades, tanto respecto de la seguridad pública como de las capacidades y desempeño del Cuerpo de Carabineros.
*“Paco” ha sido por generaciones el denominativo que se aplica en Chile a la policía uniformada. Habría originalmente aludido a los funcionarios de calle de las antiguas policías municipales, absorbidas con la creación de Carabineros en 1920s. Aunque muchos civiles lo creen un insulto y lo utilizan como tal, la verdad es que muchos funcionarios de carabineros lo emplean coloquialmente para referirse a sí mismos.
