Colombia prorroga la prohibición al porte de armas durante el 2021

El presidente Iván Duque mediante decreto 1808 de 31 de diciembre de 2020, extiende por un año más, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2021, el decreto 2409 (del 30 de diciembre de 2019) por el cual se prohíbe el porte de armas de fuego en Colombia, argumentando que el monopolio de las mismas debe estar en manos del estado y que dicha medida estadísticamente muestra una disminución de homicidios precisamente con este tipo de armas.

En efecto y mediante el artículo primero, se prórroga la medida de suspensión de los permisos para el porte en todo el territorio nacional, de acuerdo a los términos y condiciones enunciadas en el Decreto 2409 y en consecuencia las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, continuarán adoptando dichas medidas hasta el 31 de diciembre del presente 2021.

Dura realidad:

Pero la percepción de la realidad en materia de seguridad por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas (a pesar de los esfuerzos de autoridades locales y Fuerza Pública), y ven en dicho decreto una medida opuesta a esa realidad con la cual el gobierno pretende esconder que un altísimo porcentaje de los homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal, (el 91% de las decomisadas, siendo de hecho muchas de ellas alquiladas por organizaciones que prestan ese servicio), comercio que crece debido a los vacios jurídicos y penales que afectan el accionar policial con lo cual el ciudadano de bien apegado a la ley queda en estado de indefensión tanto física como jurídicamente.

La lentitud por parte del estado en la reforma a la justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los trámites, ha generado un aumento en la necesidad –por parte de la población- de solicitar la tenencia o el porte de un arma legal, pero que y por las trabas impuestas por las sucesivas restricciones (desde el 2016), no le dejan salidas diferentes a hacerlo de manera ilegal con el fin de protegerse y defenderse, incentivando con ello un auge del mercado negro lo que redunda en un aumento de la inseguridad, generando a su vez otros escenarios como la conformación de grupos ilegales de seguridad, reeditando así hechos del pasado (violentos y sangrientos) afectado así y aún más el delicado estado del tejido social del país.

Por otro lado y si bien es cierto que el gobierno tiene puesta en la mira las zonas rurales que son el foco de violencia debido al auge de los cultivos de narcóticos y a su comercialización por parte de los Grupos Armados Organizados -y reincidentes- (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), es también un hecho que la inseguridad se mantiene en gran parte de las principales poblaciones (capitales e intermedias), del país a pesar de la implementación de planes de seguridad (PISCC) por parte de Alcaldías y Gobernaciones, que por sí solos no son suficientes para garantizar los niveles de convivencia y seguridad ciudadana que demanda en la actualidad la población colombiana, niveles que desafortunadamente no han mejorado de manera ostensible aún con la aplicación de la nueva política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, expedida por el gobierno colombiano a finales del 2019.

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