En estos cuarenta años de democracia la defensa nacional ha sido irrefutablemente relegada. Primero, como reacción ante el gobierno dictatorial que la antecedió. Después por imperio de una ideología tan absurda como excepcional. Finalmente, por haber otras prioridades en el marco de famélicos recursos y elefantiásicos gastos fiscales. Decimos ‘absurda y excepcional’ porque una rápida panóptica muestra que sea de izquierda o derecha, de arriba o abajo, a la defensa no la margina nadie en este planeta.
Nuestra nación tiene un programa escrito en 1853. Es el Preámbulo de la Constitución. Expone seis objetivos. Uno de ellos, la defensa común. Han pasado 170 años y todos están relativamente incumplidos. Son las asignaturas que nos llevamos a marzo. Lo peor es que no sabemos de qué año.
Más grave aún, se discute por caso si uno de los objetos del Preámbulo – “afianzar la justicia” – requiere un poder autónomo como lo establece la ley fundamental o habría que devenirlo en oficina administrativa del Ejecutivo. También se pone bajo análisis si existiendo paz regional necesitamos fuerzas armadas, apuntando a un desopilante desarme unilateral, tan incondicional como inédito en la historia contemporánea.
La defensa es condición necesaria, aunque no suficiente para que la Argentina disfrute de paz interior, promueva el bienestar general y asegure los beneficios de la libertad a sus habitantes, para decirlo con las palabras del Preámbulo. La defensa no es agresiva, sino disuasiva de la eventual ofensa. Preparándose para una buena defensa se evita el conflicto abierto. Diferendos, desde llevaderos hasta los de alta tensión, siempre existieron y existirán. Las tiranteces son consustanciales a la vida de los Estados. Cualesquier período histórico, en cualquier latitud y tiempo prueba que el desenvolvimiento de los estados va desde serios entredichos hasta conflagraciones.
Es hora de volver a tener defensa nacional. La defensa también está en el radar del cambio ineludible. Comienza por el principio: la recuperación del salario militar con el doble fin de jerarquizar a los miembros de las fuerzas y de retenerlos para la defensa. Hoy, personal excelente y costosamente formado es atraído por fuerzas de seguridad o la actividad privada como resultado de la degradación remunerativa que experimenta. Otra área clave es la ley de Personal Militar. Rige un decreto ley de 1971 que reclama actualización. Hay elevado consenso político para esa actualización, pero asimismo se producen inexplicables dilaciones. Igualmente, la defensa reclama una moderna ley de Reservas, inclusive para atender emergencias, catástrofes y otros desafíos. Es menester ampliar la competencia de las Fuerzas Armadas en materia de agresiones externas ya que el mundo actual exhibe incontrovertiblemente que las amenazas no son sólo de Estados extranjeros. Debe volverse, en última instancia, a la ley original sancionada con consenso casi unánime en tiempos del Dr. Alfonsín, derogándose el decreto, ideológico y limitante, de Néstor Kirchner. Se deben restaurar las capacidades en tierra, aire y aguas. Blindados para el Ejército, en acuerdo con Brasil para incorporar trabajo argentino al Guaraní. Para la defensa aérea, ante el ridículo veto británico pasados 41 años de la guerra, habrá que negociar con los EEUU para que el F-16 venga con su sistema de armas. Las opciones son varias, algunas geopolíticamente complejas. Sea con Francia o con Alemania, debemos restablecer la capacidad submarina – obviamente, con paulatina transferencia tecnológica – y controlar el Mar Argentino incluyendo hasta la milla 350 y comprometiéndonos para la protección del ecosistema en alta mar, es decir en el océano abierto. Este resguardo de los espacios marítimos inexorablemente necesita poder de patrullaje con asistencia aérea y monitoreo terrestre. Con Brasil ya es momento de instalar el Estado Mayor Combinado. Quizás sirva de modelo estimulante cómo los países escandinavos acaban de unificar sus fuerzas aéreas.
Para el reequipamiento, el FONDEF es un buen instrumento que deberá reforzase en materia de recursos y controlarse para que no se asignen partidas provenientes de él que no sean estrictamente para reponer capacidades militares.
Los ejercicios con fuerzas de países aliados y amigos son una inmejorable oportunidad para la camaradería, para el entrenamiento y hasta para la diplomacia militar, un auxiliar inesperado para la política exterior. Integrar las misiones de paz de la ONU es un honor para nuestras fuerzas y para el país entero.
La conjuntez llegó para quedarse. La tendencia irreversible es hacia una gran fuerza para la defensa que articule a sus diversas ramas, abarcando las áreas cibernéticas y aeroespaciales.
Asimismo, hay que encarar una estrategia de mediano/largo plazo para ensamblar la defensa del Atlántico Sur. El formato podría ser el Organización del Tratado del Atlántico Sur- OTAS. Por supuesto, incluyendo a las Guayanas y a la ribera occidental del África, con el preeminente papel que deberá tener Sudáfrica. Igualmente, el polo logístico Ushuaia debe erigirse como una política de Estado, sobre todo buscando que sea el pórtico hacia y desde la Antártida.
Un párrafo especial exige el trato con Uruguay. Con el país oriental del Río de la Plata habrá que hacer todos los esfuerzos para profundizar la integración en todas las áreas, desde las llamadas comunidades fronterizas – a lo largo del río Uruguay y también en casos como Zárate-Carmelo- hasta un convenio para la ampliación y utilización del puerto de Montevideo. La inversión cuantiosa que deberíamos asignar para el canal Magdalena podría orientarse hacia Montevideo como puerto biestatal. Somos conscientes de dos asuntos al plantear esto: que es menester una ‘revolución’ mental para remover prejuicios y y resabios que vienen de lo más hondo de la historia de disputas rioplatenses y que nuestra macroeconomía deberá estabilizarse con una perspectiva de 30/50 años o, mejor, para siempre. Porque con esta inestabilidad de nuestra enflaquecida economía – que hace agua por todos lados – no hay ni defensa que recupere sus capacidades, ni OTAS, ni acuerdo con Uruguay ni nada estratégico. Apenas podremos seguir de parche en parche y obrando indignamente como pordioseros internacionales. No habrá ninguna posibilidad de ser un país próspero – hoy debemos decir que salga de pobre y de errabundo en el plano internacional – sin defensa nacional. Por eso, la defensa también está en la mira del cambio.
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El canal Magdalena es estrategico,
Es evidente, la historica posicion uruguaya con la Argentina
no podemos ser inocentes o ignorantes
La defensa es una obligación del Estado Nacional impuesta por la Constitución, los gobiernos omitieron su cumplimiento actuando deficientemente por negligencia o por simple ignorancia.