En el marco del debate sobre el reciente proyecto de ley que busca reformar la Ley de Seguridad Interior en Argentina, el Ministro de Defensa, Luis Petri, compareció en el día de ayer ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. El proyecto ha generado controversia, en especial por los “nuevos roles” que se proponen para las Fuerzas Armadas. Durante su intervención, Petri intentó justificar la necesidad de esta reforma, argumentando que los conflictos modernos son “híbridos y asimétricos”, lo que, según él, demanda una actualización del marco normativo en defensa y seguridad.
Sin embargo, la idea de modificación de la norma presentada por el ministro, por como esta, resulta endeble. Si lo que se pretende es una modernización de cara a “nuevas amenazas”, no se deben abandonar las estructuras tradicionales, sino integrar nuevos dominios y mecanismos que complementen las capacidades existentes. Lo que las Fuerzas Armadas argentinas requieren es una modernización que se enfoque en capacidades (algo tabú para todos los signos políticos a esta altura), no una transformación que no garantice continuidad ni estabilidad a largo plazo.
Las potencias occidentales, a las cuales Argentina busca acercarse, no han transformado radicalmente sus estructuras militares para enfrentar estas amenazas. En cambio, han avanzado en modernizaciones que les han añadido capacidades, sin desviar a sus fuerzas armadas de su misión principal. Claro, estamos hablando de potencias, con fondos voluminosos que le permiten mayor soltura para pensar en distintos roles y distintos dominios. En contraste, el proyecto de ley en discusión parece impulsar a las Fuerzas Armadas argentinas hacia funciones que tradicionalmente han sido responsabilidad de las fuerzas de seguridad, como acciones antidisturbios, control poblacional, cordones de seguridad, retenes y la aprehensión en flagrancia. Todo en un contexto en donde el dinero no abunda.
Este enfoque genera preocupación, especialmente en un país que atraviesa una crisis económica constante y donde las Fuerzas Armadas aún rascan la olla para mantener su racionamiento y poder operar. Si se les asignan más misiones y se les exige adiestrarse en nuevas áreas, el riesgo es que se destinen recursos ya limitados a tareas de seguridad interior, dejando aún menos para equipamiento y preparación para la Defensa Nacional, que debería ser su prioridad. Armas o manteca.
La Argentina ha sido un ejemplo paradigmático de cómo las crisis recurrentes pueden hacer que las políticas públicas se vuelvan pendulares, oscilando entre extremos para satisfacer necesidades coyunturales o responder a las presiones políticas del momento. Esto se refleja claramente en la política de defensa, donde las decisiones de “prepo” rara vez permiten alcanzar consensos mínimos en un ámbito tan estratégico. La pregunta es: ¿quién garantiza que estas nuevas políticas no serán revertidas cuando cambie el gobierno? El péndulo de la política argentina es implacable y no deja espacio para la estabilidad en un ámbito que por naturaleza es estratégico. En el medio de esta “grieta doctrinaria”… el personal militar.
El cambio propuesto a la Ley de Seguridad Interior parece responder más a una demanda de seguridad ciudadana que a una necesidad estratégica en defensa. Las políticas oficiales, a menudo desconectadas de la realidad de los cuarteles (y esto aplica para cualquier signo político) no siempre (man)tienen en cuenta la verdadera vocación del soldado, que podría verse afectada por una eventual “policialización” de su perfil. Es un dilema que la política argentina aún no ha resuelto: ¿cómo se puede pedir a las Fuerzas Armadas que asuman roles que no les son propios sin impactar su esencia?
Algo que cargan las fuerzas armadas desde hace tiempo es consolidarse en parches donde otros organismos del Estado no funcionan o son frágiles… ¿el problema de seguridad no estará en la poca fortaleza de las políticas aplicadas para los organismos de seguridad locales, provinciales y federales? ¿Es la ultima ratio del Estado la solución a los problemas de otras agendas? ¿Y si probamos con mejorar (y transformar, porque no?) a las fuerzas de seguridad? ¿Y si los problemas que son “híbridos” los manejamos con fuerzas de seguridad intermedias o las atacamos con alguna agencia nueva?
El péndulo de la política de defensa en Argentina no es solo un símbolo de inestabilidad, sino también de peligro. Se alimenta de una narrativa coyuntural impulsada por aplaudidores, medios que dependen de la dádiva oficial, y hoy en día, por neo-influencers que muestran más amor al calor del poder que a las propias fuerzas. Es esencial recordar que los gobiernos van y vienen, pero las Fuerzas Armadas perduran. Los responsables de la política de defensa deben gestionar con una visión que trascienda lo inmediato, respetando y valorando la vocación del militar, que es, en última instancia, la de servir como tal.
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Macro y Milanga son el inicio de un cambio de signo. No busquen la perfección. Esperen cambios. No van a ser los que cada uno quiere o cree pero que algo cambie. La inercia desarmada nos llevaba a la renuncia de soberanía en todo.
Llevamos más de 20 años pensando que las FFAA son nuestro enemigo y por eso las marginaron….Quién va a defender la Soberanía entonces?
Empecemos por esclarecer que hechos afectan nuestra soberanía nacional y en función de ello, generemos los instrumentos para consolidar lo existente y modificar lo modificable.
Personalmente creo que el hecho mas destacable que atenta contra nuestros derechos soberanos es la depredación que buques pesqueros realizan a partir de la milla 200, sector sobre el cual nuestro país no puede aplicar jurisdicción nacional, pero sí actuar como autoridad de control en el sector por aplicación de la normativa existente en las Naciones Unidas por ser Argentina un Estado ribereño.
La depredación del mar no es solo un problema nacional del país sino también de la comunidad internacional y en este caso particular, el accionar del conglomerados de buques extranjeros que realizan pesca indiscriminada que afecta claramente nuestra plataforma marítima con jurisdicción nacional.
Cuando hablamos de Políticas de Defensa no nos podemos referir sólo al equipamiento y capacitación militar de las Fuerzas Armadas, sino fundamentalmente a Políticas de Estado de un amplio abanico cuyo objetivo principal, es la protección de los derechos del país en todos los ámbitos y entre ellos, la protección de nuestros recursos naturales. Y en este punto, es esencial que nuestro país logre acuerdos con los gobiernos que otorgaron su bandera a esas empresas pesqueras, para que los mismos dicten normas de respeto a los acuerdos internacionales sobre el derecho del mar, a las cuales deberán someterse y sobre los cuales nuestro país podría actuar como autoridad de control por delegación de facultades.