A un año de la asunción del presidente Javier Milei, la política de defensa, en su nivel más elemental de formulación de políticas para el empleo del instrumento militar, vuelve a estar sumida en un debate que parecía resuelto. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas propias de las fuerzas de seguridad regresa como tema de agenda en los despachos del Edificio Libertador, buscando responder a requerimientos y planteamientos que parecen estar alejados tanto de la realidad de la problemática como del estado actual de las FF.AA. de la República Argentina.
Actualmente, y durante casi 40 años, el denominado “Consenso Básico” en materia de política de defensa ha regido el área. Este lineamiento principal surgió de tres leyes rectoras (Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional), junto con leyes complementarias que no fueron debidamente reglamentadas por el Poder Ejecutivo (como la “Ley de Reestructuración de las FF.AA.“). Estas normas han servido para la formulación de planes, directivas y decretos reglamentarios que establecieron una tajante división de tareas y áreas de acción diferenciadas entre militares y fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la realidad muestra que, a lo largo de la última década, el Consenso Básico se ha debilitado debido a la incapacidad del Estado Nacional para articular políticas públicas que atiendan cuestiones del ámbito de la seguridad interior. Esto ha llevado a la implementación de parches y medidas improvisadas. La tentación de emplear el instrumento militar en tareas y misiones de seguridad interior no ha sido exclusiva de un solo partido político, ya que han abundado declaraciones y acciones al respecto desde ambos lados del espectro político.
Sin profundizar en análisis históricos, la actual gestión al frente del Edificio Libertador, subordinada a los lineamientos emanados del Ministerio de Seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional, está reconfigurando las misiones del instrumento militar. Todo esto ocurre mientras aún no se vislumbra la publicación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que permita ordenar el discurso de los actores involucrados.
En los últimos meses, se ha observado cómo se recurre a términos como “narcoterrorismo” o “terrorismo” sin antes definir, como debe hacerse en cualquier política pública seria, cuál es el problema, su alcance y cómo abordarlo. La solución rápida, y a menudo demagógica, que se presenta en el arco político es emplear a los militares en tareas propias de las fuerzas de seguridad, como el patrullaje de fronteras o el control de caminos y accesos, entre otros ejemplos.
La última novedad, surgida de reportes en diversos medios nacionales, indica que el presidente Milei, en uso de sus facultades ejecutivas, busca avanzar en el involucramiento del instrumento militar en cuestiones del ámbito de la seguridad interior a través de un decreto. Nuevamente, esto ocurre sin definir cuál es el problema y apelando únicamente a una sobreadjetivación. Lo más grave es que esta decisión se toma sin considerar, en primer lugar, el estado actual del instrumento militar tras más de 40 años de desinversión. En segundo lugar, no se cuenta con un marco jurídico claro que garantice a los uniformados la necesaria protección en el desempeño de esta nueva función que el Comandante en Jefe busca encomendarles. Y, tercero, sin dimensionar el impacto que esto tendría en la formación y preparación de los militares para su función principal.
La cuestión es tan importante y grave que se ha convertido en uno de los principales motivos del abismo que separa al presidente Milei de su vicepresidenta, quien se ha mostrado abierta y tajantemente en contra de esta decisión.
Involucrar a los militares en cuestiones de seguridad interior no es una solución mágica. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para emplear sus capacidades de forma limitada, sino para aplicar el uso total de la violencia legítima que un Estado despliega para defender sus intereses nacionales.
Por último, dejando el debate abierto, ¿no sería más lógico primero reequipar a las fuerzas de seguridad mediante un plan concreto y realista, además de fortalecer a las fuerzas federales para que cumplan las misiones y tareas para las que fueron creadas? Solo si todo eso fallara, sería razonable contemplar el uso de las FF.AA. en apoyo, siguiendo los lineamientos establecidos por las leyes y decretos nacionales vigentes. Como ya se expresó, los militares no son una solución mágica para resolver los problemas que otras agencias del Estado Nacional, provincial o municipal no han querido, no han podido o no han sabido resolver, y que no solo han estado limitado a cuestiones de seguridad.
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