En el marco de las históricas tensiones entre China y Taiwán, Pekín ha vuelto a sancionar a empresas de los EE.UU. por la venta de armamento a las Fuerzas Armadas de Taiwán, alegando una violación del principio de “Una sola China”. Con décadas de conflicto y tensiones acumuladas, el año pasado marcó el fin de un estatuto o consenso que mantenía a Taiwán bajo la política de “Una China, Dos Sistemas“. Cabe destacar que esta política nunca fue plenamente aceptada por los gobiernos taiwaneses ni por su sociedad.
En este contexto, el conflicto entre ambos territorios se ha ido recrudeciendo, mientras Estados Unidos ha reafirmado su apoyo y compromiso con la isla. A lo largo de los años, Washington ha demostrado su alianza con Taiwán mediante la aprobación de paquetes de venta de armas. Esto se sustenta en el Acta de Relaciones con Taiwán de 1979, que obliga a Estados Unidos a proporcionar a la isla los medios necesarios para defenderse, a pesar de la ausencia de vínculos diplomáticos formales entre ambos.
Desde la perspectiva de China, las sanciones impuestas por su gobierno son plenamente razonables, dado que consideran estas ventas de armamento como una violación de su soberanía, de su Ley contra Sanciones Extranjeras y del Comunicado Conjunto de 1982 firmado con Estados Unidos. En comunicados oficiales, el portavoz Mao Ning ha expresado la preocupación de China ante lo que considera una socavación de sus políticas e intereses nacionales.
Como parte de este panorama, Estados Unidos ha aprobado constantemente paquetes millonarios de apoyo a Taiwán, autorizando ventas de armas para reforzar sus fuerzas armadas. El gobierno chino, en respuesta, ha sancionado no solo a las empresas involucradas, sino también a sus representantes. Estas sanciones suelen incluir el congelamiento de activos de las empresas afectadas y la prohibición de entrada al país para sus directivos.
Ejemplos destacados de estas sanciones incluyen las impuestas en 2019, tras el anuncio del plan estadounidense de venta de armas por 2,22 mil millones de dólares, y en 2023, cuando Lockheed Martin y Northrop Grumman fueron nuevamente sancionadas. Durante el año pasado, estas medidas se intensificaron: en enero, empresas como BAE Systems Land and Armament, ViaSat, Alliant Techsystems Operations, Data Link Solutions y AeroVironment fueron sancionadas después de que Estados Unidos aprobara un paquete de armamento valorado en 300 millones de dólares; en mayo, las sanciones incluyeron a 12 empresas y 10 ejecutivos, destacando nombres como General Dynamics, Raytheon, Boeing y Northrop Grumman; finalmente, en diciembre se sancionó a siete empresas más, entre ellas Insitu Inc. (filial de Boeing), Raytheon Canada, Raytheon Australia y Hudson Technologies Co., tras la aprobación de un paquete de 571,3 millones de dólares en defensa y un lote de armas valorado en 385 millones de dólares.
La escalada de sanciones y ventas de armamento refleja la creciente tensión entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán, dejando un panorama incierto para la estabilidad regional y global.
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