Submarinos, aviones, acorazados, helicópteros y municiones formarán parte del armamento que adquirirá el país por la suma de 11 mil millones de dólares
Chile destinará entre 7.000 y 11.000 millones de dólares a la compra de armamento hasta 2025, coincidieron en revelar hoy a DPA autoridades ligadas a Defensa.
Las nuevas adquisiciones, que se suman a los 9.136 millones de dólares gastados entre 1990 y 2012, comenzaron con la incorporación de ocho aviones Casa-295 del fabricante europeo EADS.
Estas naves poseen capacidades de transporte y vigilancia marítima, operaciones clave en un país con unos 5.000 kilómetros de costa.
Las Fuerzas Armadas, que disponen de ahorros por unos 4.200 millones de dólares para futuras compras bélicas además del gasto corriente, desean fortalecer su movilidad y potencia antiaérea.
En medios terrestres, un objetivo es incorporar una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, la que tendría un costo de 350 millones de dólares, según el analista Eduardo Santos.
A ello hay que sumar fragatas con especificidad antiaérea, una ampliación de la fuerza de submarinos Scorpene y buques multipropósito con helicópteros. Todo por 3.000 millones de dólares.
También modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de adquirir aeronaves para reabastecimiento en vuelo. Otros 900 millones de dólares, estimados.
"No somos un país armamentista, sino coleccionista de sistemas de armas", ironizó Santos ante la avalancha de adquisiciones en perspectiva.
A su juicio, "Chile está financiando una doctrina militar del siglo XIX, para operar en el siglo XXI y con tecnología del siglo XX". Con matices, el diputado del Partido por la Democracia Patricio Hales también expresó a DPA reparos y apoyos a la política chilena en este campo.
"La participación del Congreso en estas compras es prácticamente marginal en los últimos 40 años", lamentó el parlamentario opositor y ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara.
En ese marco, criticó el sistema de asignación de fondos heredado de la dictadura militar (1973-1990) que obliga a repartir en partes iguales los recursos destinados a compra de armas en las FFAA.
Junto a Santos coincidieron en la necesidad de impulsar una política integrada de adquisiciones bélicas, las que por hoy son definidas separadamente por cada rama de las Fuerzas Armadas.
Hales, tras reiterar que Chile no es armamentista, previó que el gasto futuro oscilará entre los 600 y 700 millones de dólares anuales. Santos estimó esa cifra en hasta 900 millones de dólares.
Ambos observaron que a este gasto hay que agregar los fondos destinados a compra de municiones, cifra que podría ascender hasta otros 500 millones de dólares, según Santos.
Chile, uno de los dos principales importadores de armas de América Latina, compró los últimos años tanques Leopard alemanes, submarinos Scorpene franceses, cazabombarderos F-16 estadounidenses y un satélite EADS de uso cívico militar.
Las adquisiciones, críticadas en especial por el Perú y Bolivia, son financiadas con la Ley Reservada del Cobre, una norma secreta que obliga a destinar el diez por ciento de las ventas de la estatal cuprífera Codelco a estos fines.
Esta legislación, que impone secreto a las autoridades en varios de estos temas, está siendo modificada en el Congreso, con la discusión de una nueva norma sobre compra de armamento.
Fuente: DPA
Chile destinará entre 7.000 y 11.000 millones de dólares a la compra de armamento hasta 2025, coincidieron en revelar hoy a DPA autoridades ligadas a Defensa.
Las nuevas adquisiciones, que se suman a los 9.136 millones de dólares gastados entre 1990 y 2012, comenzaron con la incorporación de ocho aviones Casa-295 del fabricante europeo EADS.
Estas naves poseen capacidades de transporte y vigilancia marítima, operaciones clave en un país con unos 5.000 kilómetros de costa.
Las Fuerzas Armadas, que disponen de ahorros por unos 4.200 millones de dólares para futuras compras bélicas además del gasto corriente, desean fortalecer su movilidad y potencia antiaérea.
En medios terrestres, un objetivo es incorporar una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, la que tendría un costo de 350 millones de dólares, según el analista Eduardo Santos.
A ello hay que sumar fragatas con especificidad antiaérea, una ampliación de la fuerza de submarinos Scorpene y buques multipropósito con helicópteros. Todo por 3.000 millones de dólares.
También modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de adquirir aeronaves para reabastecimiento en vuelo. Otros 900 millones de dólares, estimados.
"No somos un país armamentista, sino coleccionista de sistemas de armas", ironizó Santos ante la avalancha de adquisiciones en perspectiva.
A su juicio, "Chile está financiando una doctrina militar del siglo XIX, para operar en el siglo XXI y con tecnología del siglo XX". Con matices, el diputado del Partido por la Democracia Patricio Hales también expresó a DPA reparos y apoyos a la política chilena en este campo.
"La participación del Congreso en estas compras es prácticamente marginal en los últimos 40 años", lamentó el parlamentario opositor y ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara.
En ese marco, criticó el sistema de asignación de fondos heredado de la dictadura militar (1973-1990) que obliga a repartir en partes iguales los recursos destinados a compra de armas en las FFAA.
Junto a Santos coincidieron en la necesidad de impulsar una política integrada de adquisiciones bélicas, las que por hoy son definidas separadamente por cada rama de las Fuerzas Armadas.
Hales, tras reiterar que Chile no es armamentista, previó que el gasto futuro oscilará entre los 600 y 700 millones de dólares anuales. Santos estimó esa cifra en hasta 900 millones de dólares.
Ambos observaron que a este gasto hay que agregar los fondos destinados a compra de municiones, cifra que podría ascender hasta otros 500 millones de dólares, según Santos.
Chile, uno de los dos principales importadores de armas de América Latina, compró los últimos años tanques Leopard alemanes, submarinos Scorpene franceses, cazabombarderos F-16 estadounidenses y un satélite EADS de uso cívico militar.
Las adquisiciones, críticadas en especial por el Perú y Bolivia, son financiadas con la Ley Reservada del Cobre, una norma secreta que obliga a destinar el diez por ciento de las ventas de la estatal cuprífera Codelco a estos fines.
Esta legislación, que impone secreto a las autoridades en varios de estos temas, está siendo modificada en el Congreso, con la discusión de una nueva norma sobre compra de armamento.
Fuente: DPA
