Gobierno definió cargo clave para manejar fondos de caja de previsión de militares
17 Diciembre 2019
Por Edgardo Aguilera
Hereda goteo de desfinanciación por política de corrección salarial inconclusa.
El Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) será conducido por el diputado (mandato cumplido) Guillermo Carmona. Abogado mendocino, integrante del Frente de Todos, Carmona llega a la presidencia del IAF para completar el equipo de colaboradores seleccionados por el ministro de Defensa Agustín Rossi. La presidencia del IAF estaba vacante desde mayo pasado porque su antecesor de Cambiemos, Fabián Rogel, había abandonado el puesto para competir por una banca en el senado de la provincia de Santa Fe que perdió a manos de su contrincante del Frente Creer, Juan Carlos Kloss.
Esta semana se llevará a cabo la ceremonia de puesta en funciones del flamante titular del IAF en la sede del organismo ubicado a metros del Teatro Colón. El Gobierno a través del
Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de conducir el IAF, un ente autárquico. Designa un representante que ocupa la presidencia del directorio, por lo cual puede hacer valer su doble voto en las decisiones. El directorio se compone de un funcionario del Ministerio de Economía, otro de Trabajo y tres militares retirados, uno por fuerza. Con esa relación queda claro que el Gobierno tiene el control absoluto del destino de la caja de previsión de los uniformados. Tiene una Comisión Fiscalizadora integrada por un representante del Ministerio de Defensa y dos por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Carmona llega a la conducción de la caja previsional de los uniformados con experiencia en la política de defensa, fue autor de la ley que creó la Comisión Bicameral Especial que investigó la tragedia del submarino ARA San Juan e integrante activo en todas las sesiones y también vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja por donde pasa el análisis y trámite parlamentario de maniobras militares con fuerzas extranjeras. El presidente designado tiene desafíos financieros derivados de la política salarial militar que Cambiemos dejó inconclusa. El tema también está entre los pendientes que recibió el secretario de Asuntos Militares, Sergio Rossi (no es primo hermano del ministro como se consignó por error en la edición del 13 de diciembre pasado).
Herencia
El Gobierno de Macri durante el período en Defensa del radical riojano
Julio Martínez inició la tarea de corregir la liquidación del sueldo castrense agregando al haber en pequeños porcentajes los suplementos no remunerativos. Cambiemos nunca terminó de sanear el desaguisado que data de la gestión en Economía de Domingo Cavallo, inventor del procedimiento de pago en negro para aumentos salariales. El IAF tiene un goteo persistente de desfinanciación provocado justamente por esos emolumentos en negro que no son alcanzados para el descuento del 11% destinado al aporte previsional.
Dicen que la suma no es significativa, pero en tiempos de contracción fiscal como los que se avecinan hasta el centavo cuenta. La entidad de previsión de los uniformados fue creada por Ley Nº 22.919, tiene a su cargo tanto la recaudación de los aportes del personal militar en actividad como las contribuciones del Estado, para efectivizar el pago de los haberes de retiro y pensiones militares.
A diferencia de los sistemas jubilatorios, el retiro militar prevé que se siga descontando a los haberes de los retirados y pensionados. Los aportes a la caja previsional del IAF son vitalicios, surgen del personal en actividad (11%), de los retirados (11%) y de los pensionados (8%) hasta la extinción del beneficio. Esos aportes generan una masa de dinero que se destina al financiamiento de los pasivos, la entidad está facultada a otorgar préstamos hipotecarios para viviendas individuales y colectivas, también puede operar con títulos valores nacionales siempre que se haga a través de bancos oficiales. En la actualidad, el IAF pone alrededor del 56% de recursos generados por los aportes de personal en actividad, retirados y pensionados y el Tesoro (Anses) el 44 restante para hacer frente a los haberes de pasivos y pensionistas.
Otra cara del problema es que hay cientos de pleitos planteados por militares activos, quienes litigan por el “blanqueo” de esos suplementos en el haber, que al pasar a retiro arrastrarán la carga del contencioso a la caja del IAF. Además, el organismo de previsión tiene que hacer frente a innumerables reclamos de actualización de salarios de retirados y pensionados a medida que la Justicia de la Seguridad Social falla en su favor por las diferencias con sus pares en actividad.
Cuantificar y actualizar esa masa crítica será tarea de los entrantes al IAF. Esa distorsión salarial -aunque no impacta en el IAF-, se repite en el padrón de personal civil de inteligencia (PCI) de las tres fuerzas armadas. La corrección eliminando las sumas fijas e incorporándolas al haber nunca se aplicó al plantel de los civiles de inteligencia cuya remuneración está equiparada con una escala que arranca en el sueldo básico del coronel y equivalentes. Se trata de unos 980 agentes civiles, entre criptógrafos, informáticos, especialistas en comunicaciones, analistas y traductores que responden al profesor Roberto Román, designado en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar cuya oficina está en el piso 9 del edificio del IAF.
El número en juego para un eventual blanqueo no parece significativo a la luz de la cantidad de PCI en actividad. La presión para corregir de una vez los haberes tiene un antecedente de peso, el fallo de la Corte Suprema del 21 de mayo de 2019 que por unanimidad ordena incorporar a los sueldos del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas las sumas no remunerativas al sostener que “deben considerarse bonificables”.
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