Parecía que el tiempo retrocedía y que en las puertas de la Audiencia Nacional volvían a contemplarse las dolorosas escenas de los familiares de desaparecidos en Argentina. Pero no. Esta vez, era la misma angustia, la misma rabia en rostros de mujeres y hombres que acarreaban paquetes con documentación, fotografías de parientes, que entregaron al juez Baltasar Garzón, el mismo de los Juicios de Madrid sobre los crímenes de la dictadura argentina.
En las listas había muchísimos más nombres de seres queridos que los 30.000 desparecidos en Argentina. En total, 143.353 españoles, hombre, mujeres, ancianos y hasta niños colmaban la nómina interminable y todos están seguros que esto es sólo el principio, que hay muchísimos más. Las víctimas fueron asesinadas durante la Guerra Civil y después durante la represión de la dictadura. Los autores de la investigación quedaron muy sorprendidos porque ni imaginaban que, en esta primera etapa, se iban a encontrar tantas desapariciones forzadas.
Ayer era el último día fijado por Garzón para recibir las denuncias sobre fusilados y asesinados en la Guerra Civil enterrados en fosas comunes, sin nombres, pero cuya existencia todavía está en la memoria de muchos pueblos y localidades. El magistrado anunció el primero de este mes que aceptaba iniciar la investigación más amplia y profunda que se haya realizado nunca en España sobre el tema. Se trata de organizar un censo de desaparecidos para identificar los restos de las víctimas.
Pidió informaciones a muchas entidades, como Ayuntamientos y la Iglesia Católica, y está recibiendo las respuestas. La lista de ayer, con los 143.353 nombres, un elenco estremecedor, le fue entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Con los ojos anegados de lágrimas, una señora explicó que "cada uno de esos números era una persona, un padre, un hijo, una madre, un adolescente. Y cada uno tiene una familia que los quiere y no los olvida".
A partir de hoy, Garzón estudiará el enorme material que se le ha aportado y que contiene todo tipo de datos y el posible lugar del enterramiento. La indagación comienza a partir del 17 de julio de 1936 cuando comenzó el levantamiento contra la República y finaliza con la desaparición del dictador. La represión posterior a la guerra civil fue feroz y los desparecidos son muchos y difícil de determinar las fosas comunes donde se los sepultó. Los denunciantes consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. El trabajo de investigación ha sido realizado durante años por once asociaciones en toda España que quieren recuperar la memoria histórica, tal y como lo recoge una ley, presentada por el gobierno socialista, aprobada por el Parlamento y criticada por la derecha.
La tarea de exterminio se realizó con el propósito de crear el terror porque las víctimas no son en su inmensa mayoría militares sino maestros, campesinos, trabajadores, maestros, profesores universitarios, estudiantes. Y hay muchas mujeres, algunas de ellas asesinadas cuando estaban embarazadas. Fernando Magán, abogado de los querellantes, sostiene que "se cometieron todos los crímenes que se puedan dar: genocidio, desapariciones forzadas e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los derechos humanos.
En las listas había muchísimos más nombres de seres queridos que los 30.000 desparecidos en Argentina. En total, 143.353 españoles, hombre, mujeres, ancianos y hasta niños colmaban la nómina interminable y todos están seguros que esto es sólo el principio, que hay muchísimos más. Las víctimas fueron asesinadas durante la Guerra Civil y después durante la represión de la dictadura. Los autores de la investigación quedaron muy sorprendidos porque ni imaginaban que, en esta primera etapa, se iban a encontrar tantas desapariciones forzadas.
Ayer era el último día fijado por Garzón para recibir las denuncias sobre fusilados y asesinados en la Guerra Civil enterrados en fosas comunes, sin nombres, pero cuya existencia todavía está en la memoria de muchos pueblos y localidades. El magistrado anunció el primero de este mes que aceptaba iniciar la investigación más amplia y profunda que se haya realizado nunca en España sobre el tema. Se trata de organizar un censo de desaparecidos para identificar los restos de las víctimas.
Pidió informaciones a muchas entidades, como Ayuntamientos y la Iglesia Católica, y está recibiendo las respuestas. La lista de ayer, con los 143.353 nombres, un elenco estremecedor, le fue entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Con los ojos anegados de lágrimas, una señora explicó que "cada uno de esos números era una persona, un padre, un hijo, una madre, un adolescente. Y cada uno tiene una familia que los quiere y no los olvida".
A partir de hoy, Garzón estudiará el enorme material que se le ha aportado y que contiene todo tipo de datos y el posible lugar del enterramiento. La indagación comienza a partir del 17 de julio de 1936 cuando comenzó el levantamiento contra la República y finaliza con la desaparición del dictador. La represión posterior a la guerra civil fue feroz y los desparecidos son muchos y difícil de determinar las fosas comunes donde se los sepultó. Los denunciantes consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. El trabajo de investigación ha sido realizado durante años por once asociaciones en toda España que quieren recuperar la memoria histórica, tal y como lo recoge una ley, presentada por el gobierno socialista, aprobada por el Parlamento y criticada por la derecha.
La tarea de exterminio se realizó con el propósito de crear el terror porque las víctimas no son en su inmensa mayoría militares sino maestros, campesinos, trabajadores, maestros, profesores universitarios, estudiantes. Y hay muchas mujeres, algunas de ellas asesinadas cuando estaban embarazadas. Fernando Magán, abogado de los querellantes, sostiene que "se cometieron todos los crímenes que se puedan dar: genocidio, desapariciones forzadas e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los derechos humanos.
