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Mensaje: <blockquote data-quote="cesar02" data-source="post: 454490" data-attributes="member: 7681">Más allanamientos por sobornos en la Armada complican al jefe de la fuerza El juez federal Ariel Lijo ordenó anteayer allanamientos a miembros de la Armada Argentina y empresarios del consorcio alemán Ferrostaal en el marco de la investigación que lleva adelante por el presunto pago y cobro de sobornos por un contrato de diseño de buques patrulleros. También ordenó al jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, que responda una requisitoria judicial y que le remita toda la documentación sobre el tema, con lo que el caso ya llegó al máximo responsable de la Armada nacional.Al Almirante Godoy el juez le pidió en forma perentoria una serie de documentación relacionada con pagos efectuados para la construcción o diseño de varias unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM), proyecto en el que se sospecha hubo cobro de sobornos. También le solicitó información acerca de algunos de sus subordinados en la fuerza naval.La causa que investiga el magistrado se inició a raíz de dos denuncias presentadas por el Ministerio de Defensa y por la Oficina Anticorrupción, 24 horas después de que La Capital reprodujera el testimonio judicial de un testigo alemán de identidad reservada, quien relató cómo la empresa alemana pagó en 2006 coimas a marinos y civiles para obtener un contrato de 3,5 millones de euros.El soborno, según la declaración del testigo —en poder de este diario en forma completa y en su idioma original— fue de unos 218.750 euros. El negocio en un primer momento contemplaba la construcción de buques por 230 a 250 millones de euros, para lo que un abogado con influencias en la Armada y en el Ministerio de Defensa (el testigo lo identificó como Helmut Cristian Graf) pedía el 10 por ciento de comisión. La operación no llegó a concretarse y Ferrostaal, a través del astillero alemán Fassmer, consiguió sólo un contrato menor para el diseño de las naves, pero por el que también se habrían pagado sobornos.Casa por casa. Los allanamientos ordenados por el juez los efectuó Gendarmería Nacional en los domicilios particulares del contraalmirante (retirado) Alejandro Francisco Uberti; el vicealmirante (retirado) Gustavo Efraín Leprón; el abogado de la Armada Osvaldo Luis Parrinella; y los ex presidentes de la filial Buenos Aires de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia. La semana pasada también hubo medidas similares en la sede en Argentina de Ferrostaal y en el estudio jurídico del abogado Graf, donde se secuestró documentación y una computadora con información para la causa.Pese a que los resultados de la medida judicial realizada anteayer no habrían dado resultados positivos, todos los nombrados, salvo Smiraglia, fueron imputados hace pocos días por el fiscal federal Eduardo Taiano por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional. La nómina de investigados se completa con el contraalmirante Juan Carlos Palma; un ex diplomático y miembro del servicio secreto alemán, Peter Fischer-Hollweg y el propio ex presidente de Ferrostaal a nivel mundial, Matthias Mitscherlich. Precisamente Mitscherlich tuvo que renunciar a su cargo hace poco más de un mes acosado por las denuncias de corrupción que pesan sobre el consorcio alemán en distintas partes del mundo. La maniobra empleada en la Argentina y en otros países, como Grecia, Colombia y Egipto, fue similar: obtención de contratos de diversa índole a cambio de sobornos a funcionarios y militares con poder de decisión.Ahora, con los resultados de los allanamientos, pedidos de informes y otras medidas judiciales el juez Lijo deberá determinar si hay pruebas suficientes para procesar a los ocho argentinos y alemanes imputados por diversos delitos por el propio Ministerio de Defensa y el fiscal de la causa. Seguramente, tras la etapa de recolección de pruebas, comenzarán las citaciones a indagatorias de los imputados.Quejas de un astillero. A toda esta prueba que se va recolectando para destrabar el tejido de un posible ilícito, se sumó en las últimas horas una nueva presentación. Los trabajadores del astillero bonaerense Río Santiago denunciaron irregularidades vinculadas a la construcción de los patrulleros marítimos y reclamaron una investigación ante la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa porque el gobierno le sacó el proyecto para la construcción de los buques y lo derivó al astillero estatal Tandanor. En el astillero Río Santiago se asegura que la diferencia entre el costo que ellos propusieron y el del consorcio alemán con Tandanor es de 100 millones de dólares. El juez también pidió ayer los datos de esta presentación para investigarla.<a href="mailto:jlevit@lacapital.com.ar">jlevit@lacapital.com.ar</a> Diario la Capital Rosario 08/07/2010</blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina