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Mensaje: <blockquote data-quote="Brunner" data-source="post: 129646" data-attributes="member: 70">Otro helicóptero para el Presidente    Hace pocos días se conoció la decisión de alquilar, con opción de compra, un helicóptero para el área presidencial, que se sumará a los dos que operan actualmente, en llamativa coincidencia con la campaña para las próximas elecciones nacionales. La decisión, que ya fue objetada por la oposición en el Senado, se tomó dentro de una serie más amplia de cambios estructurales y de logística, que buscan fortalecer la vigilancia en la Casa Rosada y en Olivos. No sólo se alquiló un helicóptero nuevo para el Presidente; también se aumentó el número de guardias que custodian las sedes del poder y próximamente se instalará un sistema con huellas digitales para ingresar en el área presidencial, amén de otras reformas. Además, se reforzó la seguridad en la quinta de Olivos y lo mismo ocurrirá en la residencia del matrimonio Kirchner en Río Gallegos. El helicóptero que motivó el pedido de informes del bloque radical de la Cámara alta es un Sikorsky S-76B, para uso del Presidente, igual al que Kirchner usa todos los días para llegar de Olivos a la Casa Rosada. La flota de helicópteros presidenciales suma así tres naves, sin contar con otras máquinas que empresarios privados les prestan con alguna frecuencia al primer mandatario y a su esposa. La alarma de la oposición es provocada por el temor de que, como le reclamaron a la ministra de Defensa, Nilda Garré, la nueva máquina se utilice con fines electorales. "Nos interesa saber cuál es la evaluación que determina la necesidad de que el Presidente tenga un helicóptero más, sobre todo para los próximos diez meses, momento en que las campañas electorales ya habrían terminado", dijeron los radicales Ernesto Sanz y Alfredo Martínez. Corresponde apuntar aquí que, una vez entregada la máquina por la empresa Sikorsky, se deberá realizar un pago semestral de 1,2 millones de dólares del total anual de 2,4 millones de dólares que insume el alquiler con opción a compra ( leasing ). El hecho que motiva el reclamo radical no es, lamentablemente, nuevo. En la campaña electoral del oficialista Frente para la Victoria, en 2005, se utilizaron bienes de dominio público, como el Tango 01 y el helicóptero presidencial, en la logística de los actos partidarios, especialmente para facilitar los traslados a actos políticos de la entonces candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner. Si ahora ocurre algo parecido, a pesar de que se lo justifique por el hecho de que la seguridad personal del primer mandatario es una cuestión de Estado, igual se estará incurriendo en lo que el artículo 261 del Código Penal tipifica como un delito que deberá ser sancionado con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para aquel funcionario que "empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública". El uso electoral de aviones y helicópteros presidenciales es un caso emblemático, pero de ningún modo es el único ejemplo sobre el uso particular de bienes públicos. Podría mencionarse también la utilización de oficinas y despachos oficiales y de personal de la administración pública nacional para la organización de actos partidarios, como los realizados en las últimas semanas de la campaña para los comicios porteños, al igual que la publicación de solicitadas proselitistas por cuenta y orden del Estado nacional. En este estado de campaña casi permanente que se está viviendo desde que el presidente Kirchner asumió sus funciones, es probable que la ciudadanía argentina no tenga claros los límites que un funcionario y sus allegados o sus equipos de trabajo tienen con respecto al uso de los bienes del Estado en su provecho personal. Sin embargo, ellos están establecidos en la Constitución. No existe confusión posible entre lo que es del Estado y lo que es del gobierno, con respecto a lo que es de un partido en particular, independientemente de que sus integrantes gobiernen el país en este momento. La transparencia y el respeto por la ley y las instituciones se imponen por sobre la discrecionalidad de los funcionarios, y los ciudadanos deberíamos recordar que estamos en condiciones de reclamarles a nuestros representantes -incluido el presidente de la Nación- que cumplan con la ley. Sería una decisión sumamente útil para que de una vez por todas la Argentina pueda ser considerada realmente "un país en serio". Link permanente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/913756">http://www.lanacion.com.ar/913756</a></blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982