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Mensaje: <blockquote data-quote="pulqui" data-source="post: 101812" data-attributes="member: 194">X 1Seguro que lo tienen, para que te des una idea, el EMCO no permite que las computadoras y redes que usa sean reparadas por una empresa, si no que se capacita a los técnicos del EMCO para que ellos lo hagan.GARRÉ AFIRMÓ QUE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR CONSTITUYE “UNA DEUDA HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA CON LAS INSTITUCIONES MILITARES”La ministra de Defensa, Nilda Garré, aseguró hoy que la reforma del sistema del Justicia Militar constituye “una deuda histórica de la Democracia con las instituciones militares”, y que es producto del compromiso “con una política integral de fortalecimiento institucional democrático para las Fuerzas Armadas”. Garré hizo estas declaraciones en el salón Azul del Palacio del Congreso durante su explicación del proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema de Justicia Militar enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional (mediante el cual se propone la derogación del Código de Justicia vigente), en la apertura del Seminario “Una aproximación a la Reforma del Código de Justicia Militar”, organizado por la Comisión de Defensa del Senado, presidida por Marita Perceval.El texto, que modifica radicalmente las normas vigentes al derogar el Código de Justicia Militar, fue elaborado en el 2006 por una comisión integrada por destacados juristas penales y auditores de las Fuerzas Armadas, cuya convocatoria fue realizada desde el Ministerio de Defensa. La Ley mencionada ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y su dictamen favorable (previo al debate en la Cámara de Senadores) se encuentra a consideración de las Comisiones de Defensa y de Justicia y Asuntos Penales (que preside Rubén Marín).“Con la aprobación de esta reforma, Argentina dejará atrás una larga etapa en la que una legislación autoritaria, anclada en concepciones coloniales, nos mantuvo en la grave contradicción de negarles cotidianamente a los militares los más elementales derechos, incluso aquellos que la República reconoce a los prisioneros de guerra”, afirmó Garré, citando las palabras que pronunciara en el acto de presentación del informe de actividades del Relator Especial de las Naciones Unidas en el 2006.De acuerdo con el trabajo realizado por la Comisión de Reforma creada en marzo del 2006, los grandes ejes de la reforma son: a) Erradicación de la pena de muerte b) Tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la justicia común.c) Mayor claridad en la definición de los delitos militares.d) Cambio integral del sistema disciplinario e) Reafirmación de la transparencia y la institucionalidad republicana. La reforma elaborada se desgrana en dos instrumentos fundamentales: remite el juzgamiento de los delitos comunes al Código Penal (al que plantea incorporar disposiciones relativas a la condición y a delitos específicamente castrenses) y a la acción de la Justicia del fuero respectivo; y Propone una segunda ley referida al Procedimiento Penal Militar en Tiempos de Guerra y una tercera norma para establecer un Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, que prescriba las faltas de carácter administrativo.En todos los casos se indica que los fallos y sanciones producidos en el marco de estos procedimientos serán apelables ante la Justicia Penal.Las normas propuestas aseguran a las personas con estado militar que serán juzgadas con las mismas garantías que la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos.En referencia a este aspecto medular de la reforma, Garré aseguró esta tarde que “el criterio adoptado en orden a mantener o no una jurisdicción excepcional militar ha sido claro y contundente: el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional deroga la jurisdicción penal militar, haciendo del principio de integridad del sistema judicial un eje cardinal”.La ministra detalló a continuación que “derogada la jurisdicción penal militar, aquellos ciudadanos y ciudadanas que cometan delitos incluso cuando se trate de aquellos especializados en razón de su condición militar, quedan en situación de total igualdad con las demás personas en lo que refiere al sistema de juzgamiento ante la justicia federal, lo que obviamente involucra el conjunto de derechos y garantías que gobiernan el proceso penal, con jueces designados conforme las reglas que la Constitución, sin distinciones, fija para facultar a una persona en la tan delicada misión de administrar justicia penal y decidir castigos”. Garré explicó a los senadores presentes que sólo se prevé una regulación procesal acotada y específica para el tiempo de guerra a los fines de no comprometer la administración de justicia, pero mediante un diseño que propone la designación de autoridades con funciones jurisdiccionales en forma previa, el estricto apego a las reglas procesales vigentes para tiempo común y la sujeción a la convalidación posterior conforme lo exija la persona acusada cuando la situación de guerra haya cesado, ante las autoridades civiles.Con respecto a la decisión de incluir en el proyecto de una norma que expresamente dispone abolir la pena de muerte del ordenamiento jurídico (algo ya en desuso pero normativamente vigente), tal iniciativa implica para Garré “un compromiso con impacto internacional por cuanto con esta medida la República Argentina avanza en la derogación progresiva de dicha pena conforme lo prescripto por el Pacto de San José de Costa Rica e inmediatamente queda eliminada toda posibilidad de reinstalación”.Otro de los puntos comprendidos en la reforma –según puntualizó la ministra en su exposición de hoy- es la inclusión expresa en carácter de falta gravísima del acoso sexual del superior sobre personal jerárquicamente inferior, y en carácter de falta grave el acoso sexual cuando no existe una relación jerárquica o de superioridad entre las personas involucradas.Por último, Garré brindó su agradecimiento y reconocimiento a personas e instituciones que colaboraron en la elaboración del nuevo Código, por considerar que el resultado fue el “fruto del trabajo articulado entre diversos actores de la sociedad civil y del Estado”. Mencionó a el doctor Raúl Zaffaroni (quien integró la Comisión en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), a el profesor Alberto Binder (INECIP), a la doctora Mirta López González (Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina), a el doctor Gabriel Valladares (Comité Internacional de la Cruz Roja), a el CIPPEC y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como al almirante Agustín Reilly (Auditor General de las Fuerzas Armadas), el coronel auditor Manuel O. Lozano, el doctor Alejandro Slokar (subsecretario de Política Criminal) y el doctor Rodolfo Mattarollo (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).Además de los presidentes de la Comisión de Defensa, y de Justicia y Asuntos Penales; Marita Perceval y Rubén Marín, respectivamente, participaron legisladores e invitados especiales.Estuvieron presentes, también en el salón Azul del Palacio del Congreso el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, brigadier general Jorge Chevalier; el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Normando Costantino; y el subjefe del Ejercito, general de División Luis Alberto Possi.Antes de la presentación la ministra Garré fue recibida por el vicepresidente de la Nación, y presidente del Senado, Julio Cobos.La transformación propuesta es una asignatura pendiente hacia el sector militar desde el momento mismo de la recuperación de la vida democrática. Un antecedente inmediato de este proyecto es el compromiso asumido por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los casos Nº 11.758 — caratulado “Rodolfo Correa Belisle v. Argentina”— y Nº 12.167 — caratulado “Argüelles y otros vs. Argentina”—. En ambos casos, el Estado Nacional se comprometió, como parte del proceso de solución amistosa, a impulsar la reforma integral del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense, a fin de adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia.Buenos Aires, 17 de abril de 2008MinDef.</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982