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Argentina: Noticias del Ministerio de Defensa
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<blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 1350309" data-attributes="member: 30"><p>POR DANIEL SANTORO</p><p>Varios oficiales, que dependen del general Milani, están acusados de confeccionarlas por montos más altos que los precios realmente pagados al Mercado Central. Se los podría acusar de peculado y dictarles la preventiva.</p><p><strong>La interna de Defensa sigue al rojo vivo</strong>. Antes de la presentación que hizo el lunes el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, el subjefe del Ejército, general César Milani, había hecho otra denuncia para cubrirse de las irregularidades detectadas en la dirección de Intendencia que está en su jurisdicción. Sucede que estaba en otro juzgado y que más tarde se sumó a la causa madre que investigan el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Patricio Evers.</p><p>En esta causa, abierta el 5 de octubre pasado por una denuncia del presidente del bloque de diputados del PRO Federico Pinedo, se investiga el pago con facturas truchas de compras del Ejército por 150 millones de pesos en el mercado central de Buenos Aires, informaron a Clarín fuentes judiciales.</p><p>La interna más grande es entre Puricelli y la ministra de Seguridad y ex de Defensa, Nilda Garré, quien apoya a Milani como sucesor del jefe del Ejército, teniente general Luis Pozzi. Puricelli quiere a otro general de división para eventualmente reemplazar a Pozzi y viene políticamente golpeado por la crisis provocada por la retención de la Fragata Libertad en Ghana.</p><p>La revelación de este diario aumentó la tensión dentro del Ejército.</p><p>Una fuente judicial dijo anoche que un sector de esa arma y la SIDE “está preparando una ataque contra Clarín ” por la primicia.</p><p>La denuncia de Pinedo, basada en una serie de correos electrónicos que recibió en su cuenta oficial de Diputados, se metió en medio de esa pulseada. En esos mails y a se aludía a una auditoría de la Inspección General del Ejército que parece no fue rápidamente tenida en cuenta.</p><p>Básicamente, la maniobra consistía en recibir facturas del Mercado Central por la compra de víveres frescos y otros productos para el Ejército y confeccionar “facturas truchas por montos más altos”. Así a lo largo de los meses habrían hecho diferencias millonarias.</p><p>Los recibos originales de las compras hechas por batallones y otras unidades del Ejército de la Capital y el Gran Buenos Aires llegaban al Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento del Ejército, con sede en El Palomar. Allí un grupo de oficiales y suboficiales de intendencia se habrían dedicado a confeccionar esas facturas truchas. La operatoria la hicieron desde el 2010 cuando Garré firmó un convenio con el Mercado Central, a instancia del secretario de Comercio Guillermo Moreno, para hacer compras directas de víveres a precios más bajos pero sin llamar a licitación.</p><p>El director de Intendencia del Ejército, coronel Enrique Staiger, era quien debía supervisar las facturas. La causa número 9988/12 está caratulada “Staiger, Alejandro Enrique y otros s/delito de acción pública”. Los nombrados en la denuncia son varios de los subordinados de Staiger. Esa tipificación abre la posibilidad de que los imputados sean a cusados de incumplimiento de los deberes, fraude al Estado, malversación de caudales públicos y peculado y que se les dicte la prisión preventiva.</p><p>Fuente: Clarin.com</p><p><span style="color: rgb(204,204,204)"><span style="font-size: 10px">--- merged: 24 Abr 2013 a las 12:12 ---</span></span></p><p><strong><em>El operador militar de Garré acumula numerosas denuncias por corrupción.</em></strong></p><p>El senador radical Gerardo Morales realizará mañana una presentación ante el juez federal de Tucumán Daniel Bejas “para saber cuál fue el rol” del actual subjefe del Ejército y jefe de Inteligencia de esa misma fuerza, general César Milani, durante el “Operativo Independencia”(1975-1976). El magistrado ordenó esta semana la detención de 34 supuestos represores que actuaron en esa provincia, entre ellos, el general retirado Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de las islas Malvinas en 1982.</p><p>La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles a 16 personas implicadas en delitos de Lesa Humanidad. La Fiscalía también pidió las detenciones de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y del dictador Jorge Videla, pero el juez sólo pidió la captura de los uniformados.</p><p>“El 10 de septiembre del año pasado presenté un pedido de informes para saber qué funciones desempeñó Milani en Tucumán, a las órdenes del general Acdel Vilas, desde el 20 de mayo de 1976 hasta el 17 de julio del mismo año, en el marco del Operativo Independencia. El 18 de octubre, el Ministerio de Defensa me contesta con evasivas. Lo que sí está claro es que estuvo en Tucumán durante esos años, eso está en su legajo”, aseguró Morales. La presentación que se prepara no sería un hecho aislado porque un grupo militar vinculado con sectores de la oposición esta elaborando una serie de denuncias que abarcarían el amplio espectro de actividades de Milani como mano derecha de la Ministra de Seguridad Nilda Garré. Las mismas están volcadas en un extenso documento al que tuvo acceso <a href="http://www.informadorpublico.com/"><u><span style="color: #0066cc">informadorpublico.com</span></u></a>. Para empezar, se lo acusaría de violar las leyes de inteligencia y defensa al montar una red de inteligencia interna clandestina. Al respecto se mencionan los casos del Proyecto X (espionaje de Gendarmería) investigación de la Armada por el espionaje en la base naval de Trelew y apoyo a Hebe de Bonafini cuando estalló el caso Schoklender. Le sigue otra violación de normas de inteligencia y secretos de Estado: la divulgación periodística del listado de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) de Ejército durante el ultimo proceso militar. Entre los cargos también figura la manipulación de información distorsionada para provocar el pase a retiro de numerosos oficiales del Ejército no afines al gobierno. Se destacan en este sentido los ascensos del 2010 y el 2011.</p><p>Además se lo acusaría por el armado de un ejército paralelo a través de una red de oficiales que integran, entre otros, los generales Paoli, Montero, Demaría, Madina, Filippi, Carena, Ruarte, Motta, Rodríguez y Skinner y los coroneles Staiger, Lago, Brocca, Temperini, Garnitto y Ricciardi, con la presunción de que varios de los nombrados recibirían sobresueldos vía fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia.</p><p><span style="font-size: 12px"><strong><strong>La lista de futuros cargos</strong></strong></span></p><p></p><p>Pasando al campo de los delitos económicos, la nomina de acusaciones en preparación incluye el enriquecimiento ilícito de Milani que adquirió en La Horqueta (San Isidro) una mansión tasada en un millón de dólares. Pero además se lo señala como autor de una serie de operaciones inmobiliarias, principalmente venta a precio vil de propiedades de la inteligencia militar, adquiridas por miembros de su grupo La entonces ministra de defensa Garré habría estado al tanto de las mismas para las que se habría utilizado personal de inteligencia a cargo de determinados “aprietes”.</p><p>La lista continúa con una presunta defraudación a la administración pública cometida con las asignaciones presupuestarias de inteligencia (este año con la imputación 3.9.2 de casi 14 millones de pesos comprometidos y devengados en el primer trimestre). Durante la gestión de Garré, Milani habría pasado alrededor de 200 millones de pesos al rubro de fondos reservados con el aval de Garré. En este tema, la investigación se detiene especialmente en el desempeño del coronel de intendencia Ricciardi.</p><p>También existe el borrador de una denuncia por malversación de fondos públicos. Como Subjefe del Ejército, Milani habría utilizado el Departamento Contaduría y Finanzas del Estado Mayor para comprar automóviles, equipos de informática y de comunicaciones, operaciones que debieron tramitar otros organismos. En este tema, se destaca la estrecha relación de este general con la firma Toyota, cuyos autos utiliza. Señala el borrador que un inventario en la Agrupación de Apoyo de Inteligencia de Campo de Mayo arrojaría resultados sorprendentes.</p><p>Complementariamente también hay una acusación por el empleo de fondos reservados con fines personales. Por ejemplo se mencionan fiestas suntuosas, viajes costosos, en especial la gala de inteligencia de fines del 2011 en el Regimiento de Patricios, además de la contratación de prostitutas de alto nivel. En el rubro fiestas, los investigadores de Milani subrayan la que tuvo lugar en el séptimo piso del Estado Mayor del Ejército la noche del 23 de octubre del año pasado para celebrar la victoria de CFK. En esta suma asimismo se anota que la residencia del Ejército en Tandil funcionaria los fines de semana largos como hotel para los dirigentes de La Cámpora.</p><p>.La extensa nómina incluye la acusación por haber montado la Operación Escudo Norte, supuestamente un plan de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que se convirtió en una operación encubierta de inteligencia interior. Esto al margen de que los radares de vigilancia RASIT fueron un fiasco.</p><p>El informe consigna también que Milani mantiene relaciones comerciales con un grupo de oficiales retirados que lo suelen acompañar en sus viajes y fiestas. En esta lista figuran el general Carlos Pedro Artuso, ex director de la Obra Social del Ejército y actual presidente del arma de Ingenieros y el general Horacio Daniel Piazza, que fue incorporado al servicio activo a instancias de Milani. Siguiendo la nomina están dos coroneles retirados, Horacio Lassaga y Luis Fonseca, conspicuos proveedores del Estado.</p><p>Queda bajo la lupa asimismo la relación entre Milani y el estudio jurídico de Paula Lauría y Diego Suárez Martínez, que se ocupa de conseguir medidas cautelares para el cobro de diferencias salariales de los militares, una prospera industria del juicio. El nexo entre aquel y el estudio sería el padre de aquella abogada, el coronel (RE) Alberto Lauría.</p><p>Un capítulo aparte tiene el coronel (RE) Alberto Tornero, que Garré designó como Director de la Agencia Logística de la Defensa a pedido de Milani. Tornero es el operador de un mega plan por más de mil millones de pesos para la renovación del parque automotor del Ejército mediante la compra directa a IVECO. Tornero trabajó en esta operación con el empresario Luis Vitullo, representante de IVECO en cuya mansión en San Martín de los Andes aquel suele pasar sus vacaciones. Vitullo es un conocido y para nada prestigioso traficante de armas. Cuando Garré pasó a Seguridad, Tornero la acompañó a un cargo a esa área.</p><p>Por ultimo, el dossier cierra con una mención al estrecho vinculo entre Milani y el mayor (re) Juan Ballestrino, ex carapintada al igual que aquel, Este oficial es dueño de una de las principales empresas de seguridad del país con sede en San Isidro. Su trabajo sería proporcionarle a Garré y Milani información sobre empresarios y políticos de primera línea.</p><p></p><p><a href="http://site.informadorpublico.com/?p=20284">http://site.informadorpublico.com/?p=20284</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Derruido, post: 1350309, member: 30"] POR DANIEL SANTORO Varios oficiales, que dependen del general Milani, están acusados de confeccionarlas por montos más altos que los precios realmente pagados al Mercado Central. Se los podría acusar de peculado y dictarles la preventiva. [B]La interna de Defensa sigue al rojo vivo[/B]. Antes de la presentación que hizo el lunes el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, el subjefe del Ejército, general César Milani, había hecho otra denuncia para cubrirse de las irregularidades detectadas en la dirección de Intendencia que está en su jurisdicción. Sucede que estaba en otro juzgado y que más tarde se sumó a la causa madre que investigan el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Patricio Evers. En esta causa, abierta el 5 de octubre pasado por una denuncia del presidente del bloque de diputados del PRO Federico Pinedo, se investiga el pago con facturas truchas de compras del Ejército por 150 millones de pesos en el mercado central de Buenos Aires, informaron a Clarín fuentes judiciales. La interna más grande es entre Puricelli y la ministra de Seguridad y ex de Defensa, Nilda Garré, quien apoya a Milani como sucesor del jefe del Ejército, teniente general Luis Pozzi. Puricelli quiere a otro general de división para eventualmente reemplazar a Pozzi y viene políticamente golpeado por la crisis provocada por la retención de la Fragata Libertad en Ghana. La revelación de este diario aumentó la tensión dentro del Ejército. Una fuente judicial dijo anoche que un sector de esa arma y la SIDE “está preparando una ataque contra Clarín ” por la primicia. La denuncia de Pinedo, basada en una serie de correos electrónicos que recibió en su cuenta oficial de Diputados, se metió en medio de esa pulseada. En esos mails y a se aludía a una auditoría de la Inspección General del Ejército que parece no fue rápidamente tenida en cuenta. Básicamente, la maniobra consistía en recibir facturas del Mercado Central por la compra de víveres frescos y otros productos para el Ejército y confeccionar “facturas truchas por montos más altos”. Así a lo largo de los meses habrían hecho diferencias millonarias. Los recibos originales de las compras hechas por batallones y otras unidades del Ejército de la Capital y el Gran Buenos Aires llegaban al Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento del Ejército, con sede en El Palomar. Allí un grupo de oficiales y suboficiales de intendencia se habrían dedicado a confeccionar esas facturas truchas. La operatoria la hicieron desde el 2010 cuando Garré firmó un convenio con el Mercado Central, a instancia del secretario de Comercio Guillermo Moreno, para hacer compras directas de víveres a precios más bajos pero sin llamar a licitación. El director de Intendencia del Ejército, coronel Enrique Staiger, era quien debía supervisar las facturas. La causa número 9988/12 está caratulada “Staiger, Alejandro Enrique y otros s/delito de acción pública”. Los nombrados en la denuncia son varios de los subordinados de Staiger. Esa tipificación abre la posibilidad de que los imputados sean a cusados de incumplimiento de los deberes, fraude al Estado, malversación de caudales públicos y peculado y que se les dicte la prisión preventiva. Fuente: Clarin.com [COLOR=rgb(204,204,204)][SIZE=2]--- merged: 24 Abr 2013 a las 12:12 ---[/SIZE][/COLOR] [B][I]El operador militar de Garré acumula numerosas denuncias por corrupción.[/I][/B] El senador radical Gerardo Morales realizará mañana una presentación ante el juez federal de Tucumán Daniel Bejas “para saber cuál fue el rol” del actual subjefe del Ejército y jefe de Inteligencia de esa misma fuerza, general César Milani, durante el “Operativo Independencia”(1975-1976). El magistrado ordenó esta semana la detención de 34 supuestos represores que actuaron en esa provincia, entre ellos, el general retirado Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de las islas Malvinas en 1982. La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles a 16 personas implicadas en delitos de Lesa Humanidad. La Fiscalía también pidió las detenciones de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y del dictador Jorge Videla, pero el juez sólo pidió la captura de los uniformados. “El 10 de septiembre del año pasado presenté un pedido de informes para saber qué funciones desempeñó Milani en Tucumán, a las órdenes del general Acdel Vilas, desde el 20 de mayo de 1976 hasta el 17 de julio del mismo año, en el marco del Operativo Independencia. El 18 de octubre, el Ministerio de Defensa me contesta con evasivas. Lo que sí está claro es que estuvo en Tucumán durante esos años, eso está en su legajo”, aseguró Morales. La presentación que se prepara no sería un hecho aislado porque un grupo militar vinculado con sectores de la oposición esta elaborando una serie de denuncias que abarcarían el amplio espectro de actividades de Milani como mano derecha de la Ministra de Seguridad Nilda Garré. Las mismas están volcadas en un extenso documento al que tuvo acceso [URL='http://www.informadorpublico.com/'][U][COLOR=#0066cc]informadorpublico.com[/COLOR][/U][/URL]. Para empezar, se lo acusaría de violar las leyes de inteligencia y defensa al montar una red de inteligencia interna clandestina. Al respecto se mencionan los casos del Proyecto X (espionaje de Gendarmería) investigación de la Armada por el espionaje en la base naval de Trelew y apoyo a Hebe de Bonafini cuando estalló el caso Schoklender. Le sigue otra violación de normas de inteligencia y secretos de Estado: la divulgación periodística del listado de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) de Ejército durante el ultimo proceso militar. Entre los cargos también figura la manipulación de información distorsionada para provocar el pase a retiro de numerosos oficiales del Ejército no afines al gobierno. Se destacan en este sentido los ascensos del 2010 y el 2011. Además se lo acusaría por el armado de un ejército paralelo a través de una red de oficiales que integran, entre otros, los generales Paoli, Montero, Demaría, Madina, Filippi, Carena, Ruarte, Motta, Rodríguez y Skinner y los coroneles Staiger, Lago, Brocca, Temperini, Garnitto y Ricciardi, con la presunción de que varios de los nombrados recibirían sobresueldos vía fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia. [SIZE=3][B][B]La lista de futuros cargos[/B][/B][/SIZE] Pasando al campo de los delitos económicos, la nomina de acusaciones en preparación incluye el enriquecimiento ilícito de Milani que adquirió en La Horqueta (San Isidro) una mansión tasada en un millón de dólares. Pero además se lo señala como autor de una serie de operaciones inmobiliarias, principalmente venta a precio vil de propiedades de la inteligencia militar, adquiridas por miembros de su grupo La entonces ministra de defensa Garré habría estado al tanto de las mismas para las que se habría utilizado personal de inteligencia a cargo de determinados “aprietes”. La lista continúa con una presunta defraudación a la administración pública cometida con las asignaciones presupuestarias de inteligencia (este año con la imputación 3.9.2 de casi 14 millones de pesos comprometidos y devengados en el primer trimestre). Durante la gestión de Garré, Milani habría pasado alrededor de 200 millones de pesos al rubro de fondos reservados con el aval de Garré. En este tema, la investigación se detiene especialmente en el desempeño del coronel de intendencia Ricciardi. También existe el borrador de una denuncia por malversación de fondos públicos. Como Subjefe del Ejército, Milani habría utilizado el Departamento Contaduría y Finanzas del Estado Mayor para comprar automóviles, equipos de informática y de comunicaciones, operaciones que debieron tramitar otros organismos. En este tema, se destaca la estrecha relación de este general con la firma Toyota, cuyos autos utiliza. Señala el borrador que un inventario en la Agrupación de Apoyo de Inteligencia de Campo de Mayo arrojaría resultados sorprendentes. Complementariamente también hay una acusación por el empleo de fondos reservados con fines personales. Por ejemplo se mencionan fiestas suntuosas, viajes costosos, en especial la gala de inteligencia de fines del 2011 en el Regimiento de Patricios, además de la contratación de prostitutas de alto nivel. En el rubro fiestas, los investigadores de Milani subrayan la que tuvo lugar en el séptimo piso del Estado Mayor del Ejército la noche del 23 de octubre del año pasado para celebrar la victoria de CFK. En esta suma asimismo se anota que la residencia del Ejército en Tandil funcionaria los fines de semana largos como hotel para los dirigentes de La Cámpora. .La extensa nómina incluye la acusación por haber montado la Operación Escudo Norte, supuestamente un plan de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que se convirtió en una operación encubierta de inteligencia interior. Esto al margen de que los radares de vigilancia RASIT fueron un fiasco. El informe consigna también que Milani mantiene relaciones comerciales con un grupo de oficiales retirados que lo suelen acompañar en sus viajes y fiestas. En esta lista figuran el general Carlos Pedro Artuso, ex director de la Obra Social del Ejército y actual presidente del arma de Ingenieros y el general Horacio Daniel Piazza, que fue incorporado al servicio activo a instancias de Milani. Siguiendo la nomina están dos coroneles retirados, Horacio Lassaga y Luis Fonseca, conspicuos proveedores del Estado. Queda bajo la lupa asimismo la relación entre Milani y el estudio jurídico de Paula Lauría y Diego Suárez Martínez, que se ocupa de conseguir medidas cautelares para el cobro de diferencias salariales de los militares, una prospera industria del juicio. El nexo entre aquel y el estudio sería el padre de aquella abogada, el coronel (RE) Alberto Lauría. Un capítulo aparte tiene el coronel (RE) Alberto Tornero, que Garré designó como Director de la Agencia Logística de la Defensa a pedido de Milani. Tornero es el operador de un mega plan por más de mil millones de pesos para la renovación del parque automotor del Ejército mediante la compra directa a IVECO. Tornero trabajó en esta operación con el empresario Luis Vitullo, representante de IVECO en cuya mansión en San Martín de los Andes aquel suele pasar sus vacaciones. Vitullo es un conocido y para nada prestigioso traficante de armas. Cuando Garré pasó a Seguridad, Tornero la acompañó a un cargo a esa área. Por ultimo, el dossier cierra con una mención al estrecho vinculo entre Milani y el mayor (re) Juan Ballestrino, ex carapintada al igual que aquel, Este oficial es dueño de una de las principales empresas de seguridad del país con sede en San Isidro. Su trabajo sería proporcionarle a Garré y Milani información sobre empresarios y políticos de primera línea. [url]http://site.informadorpublico.com/?p=20284[/url] [/QUOTE]
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