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Mensaje: <blockquote data-quote="JPX" data-source="post: 2336364" data-attributes="member: 30923">Comparto una nota bastante interesante, con la cual adhiero en algunas cosas y disiento en otras, la primera y la ultima parte es un prefacio sobre las consecuencias del caso ARA San Juan, pero yo elijo destacar más esta segunda parte, y elijo algunas lineas en particular en negrita.Acá la nota entera, por Segio G. Eissa.<a href="http://elestadista.com.ar/?p=13650">http://elestadista.com.ar/?p=13650</a>Las PRIoridades de la defensa nacionalMuchas realidades, más allá de las miserias humanas, desnuda esta tragedia, las cuales pueden resumirse en el PRI.La primera P simboliza la ausencia de Política y Planeamiento. En primer lugar, el accidente desnuda la falta de conducción política de la defensa nacional. Como sostenían tanto Carl Von Clausewitz como Georges Clemenceau, la guerra (parafraseando en términos contemporáneos, la defensa) es un asunto muy serio para dejarlo en manos de los militares. Hace mucho que los estadounidenses, de la mano de Samuel Huntington y Morris Janowitz plantearon el problema del control civil de los militares: este es un problema inherente a las Fuerzas Armadas. Samuel Huntington se preguntaba como maximizar la seguridad sin afectar la democracia. Este no es un problema de los militares, sino de los civiles que no se han hecho cargo en su mayoría, de la conducción civil de las Fuerzas Armadas: no es achacable al actual Ministro ni a la anterior gestión, sino a todas, salvo algunas excepciones. Es un problema de los civiles, de nosotros que elegimos estos políticos, que desde 1990 se han desentendido de la política de defensa. Pero asimismo, para ejercer la conducción civil, no alcanza la voluntad política, se requiere un Ministerio de Defensa profesionalizado. Nuestro Estado, salvo algunas excepciones, carece de profesionalismo, y el Ministerio de Defensa se encargó de expulsar, encima, a los profesionales en relaciones internacionales y defensa que trabajaban allí. ¿Esto se va a revertir? Todos los años entre 20 y 30 argentinos realizan la Maestría en Defensa Nacional de manera gratuita .Cuando egresan su destino es volver a sus actividades personales, públicas y privadas, que nada tienen que ver con la defensa. ¿Cuánto sale una maestría? ¿Cuánto le sale a los argentinos esta maestría? ¿Por qué no ingresan esos profesionales al Ministerio como en el caso del ISEN? Asimismo, hoy la mayoría de los académicos expertos en defensa no trabaja en el Ministerio. El hecho que la Armada centralice las comunicaciones sobre el accidente y no lo haga el Ministerio, es una muestra de la ausencia de conducción civil, o como dicen los militares, de falta de unidad de mando.En segundo lugar, la política de defensa requiere un plan de largo plazo. La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas Nº 24.948 se aprobó en 1998 gracias amplio consenso que impulsó entonces Horacio Jaunarena. Dicha ley previó algunos lineamientos para la reestructuración de las Fuerzas Armadas y su artículo 27 establecía un aumento gradual del presupuesto. Lamentablemente fue derogado por el Presidente Fernando De la Rúa en el 2001 y la ley permanece a la fecha sin reglamentar. El Presidente Néstor Kirchner puso, mediante el Decreto 545, en marcha el proyecto “La defensa nacional en la agenda democrática”, que contó con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como resultado de dicho debate se reafirmaron consensos preexistentes (la no utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo) y se completó el entramado institucional de la defensa, reglamentando la ley de defensa nacional luego de 18 años, y aprobando un Ciclo de Planeamiento. El primer ciclo produjo el “Plan de Capacidades Militares 2011” que establecía un plan de mediano plazo para recuperar capacidades militares. ¿Se aplicó dicho plan? No, ni antes ni después. Mientras seguimos recurriendo a los parches.La R se refiere a la falta de una profunda reestructuración, lo cual nos lleva nuevamente la Ley Jaunarena. Dicha ley no preveía solamente un aumento presupuestario, sino que sabiamente establecía criterios para una reforma de la estructura orgánica que preveía reducción de unidades operacionales y de estructuras administrativas que desdibujan la estructura piramidal transformándola en una romboidal (muchos caciques y pocos indios); un cambio en el despliegue que dista de la década del ´60 cuando las hipótesis de conflicto eran Chile, Brasil y el enemigo ideológico interno; una modificación en la Ley de Personal Militar para modificar la distribución presupuestaria que concentra el 80% de los recursos en sueldos y pensiones; el establecimiento de unidades conjuntas porque en la actualidad poseemos tres Fuerzas Aéreas (la de la Armada, la del Ejército y la Fuerza Aérea en sí), tres Comando Antárticos, una base de la Armada en Ezeiza, una Brigada en Moreno pero una base en Río Gallegos, y podríamos seguir; y criterios de adquisición y, por supuesto, el ya señalado aumento paulatino del presupuesto. Nuestras Fuerzas Armadas podrían ser graficadas como un monstruo con una cabeza enorme y con un cuerpo raquítico. Sin estos cambios profundos a los que las Fuerzas se vienen oponiendo, cualquier aumento presupuestario será una pérdida para el erario pública. Por ello, la nota de La Nación del 27 de noviembre es auspiciosa porque implicaría aplicar estos lineamientos por primera vez.La I se refiere a la nula inversión en adquisición por compra o fabricación de sistemas de armas y en operaciones/adiestramiento. Nuestro país invirtió en defensa en el año 2016, de acuerdo al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2017), 6.164 millones de dólares, es decir, un 1% del PBI; mientras que Chile destinó 4.583 millones de la misma moneda, lo cual representó un 1,9% del PBI. El promedio regional entre el 2000 y el 2016 fue del 1,35% del PIB, de acuerdo a la misma fuente, con picos del 1,5% durante el boom de precios de las materias primas que le permitieron a mucho de los países de Suramérica actualizar sus sistemas de defensa, a excepción de Argentina. Pero mientras Chile destina a las inversiones y operaciones el 32,9% del presupuesto; nuestro país solo utiliza el 19,2% (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2016). Con este esquema presupuestario, ningún incremento producirá ningún cambio significativo.</blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina