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Mensaje: <blockquote data-quote="oriole" data-source="post: 1520597" data-attributes="member: 8641">Esto salio hoy en Diario El Tribuno de Salta:El conflicto limítrofe con Bolivia por Abra de Santa Cruz existe, por más que no esté planteado formalmente como tal entre las cancillerías de Buenos Aires y La Paz. Las evasivas de parte de las autoridades nacionales y del Gobierno provincial frente a la denuncia de los habitantes de la zona ahora transnacionalizada son un indicio claro de que, por alguna razón, se trata de eludir la responsabilidad ante la instalación de un nuevo mojón que modifica la frontera.Más allá de que un comunicado de la Cancillería lo haya negado y que el gobernador Juan Manuel Urtubey y su ministro de Gobierno Eduardo Sylvester descalifiquen el testimonio de los habitantes, la realidad es que hasta el 28 de noviembre la frontera pasaba por el “filo del cerro”, y desde ese día, cuando se instaló un nuevo mojón sin que nadie haya documentado las razones, está determinada por una línea recta entre los picos de Peña Orko y Mecoya, con lo que nuestro país pierde miles de hectáreas y los lugareños, la tierra de sus abuelos. Sea como sea, incluso aunque existiera una razón técnica, todo indica que estamos ante la posibilidad de un atropello a la Nación y a sus ciudadanos que ningún país del mundo toleraría.El silencio oficial y la falta de documentación sobre esta decisión que se tomó sin hacerla pública obliga a pensar que existe algún punto oscuro en este cambio objetivo de la frontera entre Argentina y Bolivia.Es una cuestión grave y nada autoriza a minimizarla. No hay argumentos ideológicos ni amistad entre países que relativicen la soberanía territorial.En primer lugar, es falso el argumento que esgrime el Gobierno salteño acerca de que es una cuestión ajena a la provincia. Se trata de territorio soberano y cualquier diferendo no puede zanjarse sino a través de la comisión de límites. El caso de Abra de Santa Cruz, en el departamento de Santa Victoria, a 4.500 metros de altura, reviste la misma gravedad que los que en los años 90 plantearon un fuertísimo debate con Chile por la delimitación de las fronteras en la Cordillera sur, entre los que fueron emblemáticas las controversias por Laguna del Desierto y los hielos continentales. No hay que olvidar, por cierto, que el conflicto por tres islotes ubicados en el Canal de Beagle a punto estuvo de desencadenar una guerra entre Argentina y Chile.La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una definición muy fuerte cuando la cesión de territorio en los hielos continentales parecía irreversible: “Las cuestiones de soberanía no se discuten ni se modifican”. La soberanía es absoluta. Un acuerdo de límites se interpreta, pero la colocación compulsiva de un mojón que achica el territorio de un país y de una provincia no es una interpretación del tratado, sino un atropello.El cambio que nos ocupa ha conculcado los derechos de las familias radicadas en el lugar, que tienen nacionalidad argentina, que nacieron allí y que recibieron la tierra de sus ancestros.La modificación, negada por funcionarios que nunca estuvieron en el lugar, dejó fuera de la Argentina a la divisoria de aguas, que es un criterio rector en la delimitación de zonas montañosas.Es imprescindible informar formalmente sobre los protocolos que necesariamente deben preceder a cualquier modificación en la frontera. Esa decisión no puede tomarla un grupo de gendarmes sin intervención pública y explícita de la comisión de límites. Además, existen indicios vehementes de que en el lugar transnacionalizado podría existir un yacimiento de uranio.Los relatos de los vecinos de Abra de Santa Cruz, Abelina Portal y Santos Peloc, publicados en las ediciones de papel y digital de El Tribuno, constituyen un documento valiosísimo para conocer exactamente qué ocurrió en este territorio que hasta el 28 de noviembre las autoridades y los pobladores consideraban tan argentino como el de las islas Malvinas.Las evasivas oficiales fueron refrendadas solamente por medios pseudoperiodísticos financiados por el Estado. La descalificación oficial a las denuncias de los ciudadanos de Santa Victoria se basa en presuntas actitudes xenófobas. Por el contrario, una vez más, hay que destacar que nuestros países vecinos, cualquiera sea su gobierno, tienen mucho más claro el principio de soberanía que nuestra diplomacia.El tratado de 1925 (y no 1922 como dijo el jueves el gobernador) debe ser respetado a rajatabla, pero nadie demostró que dicho tratado reemplace el principio de la divisoria de aguas por una línea recta que solo es válida cuando no hay ríos o montañas en el lugar.En este caso hay ambas cosas.El país enfrenta un problema mucho más serio de lo que parece y la Cancillería deberá demostrar transparencia y pericia para resolverlo dentro de la ley. De lo contrario, el país estaría dando una nueva muestra de flaqueza y dejaría como antecedente internacional un cono de sombras inadmisible en una cuestión de soberanía.Fuente: <a href="http://www.eltribuno.com">www.eltribuno.com</a></blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina