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<blockquote data-quote="Shandor" data-source="post: 1345251" data-attributes="member: 50"><p><span style="font-size: 18px"><strong>Llegó a la Corte el reclamo por los decretos secretos de la dictadura</strong></span></p><p></p><p><strong>Son 478. Desde 2009, Clarín pide su desclasificación y el Gobierno la niega. Ahora Cristina empezó a publicar otros.</strong></p><p></p><p>Después de tres años con pedidos de acceso a la información pública denegados y una causa judicial en la que el Gobierno siguió peleando para mantener ocultos 478 decretos secretos emitidos durante la última dictadura militar, el expediente iniciado por este periodista acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia.</p><p>La causa 19.263/2001: “Savoia Claudio Martín contra el Estado Nacional-Secretaría Legal y Técnica”, se inició en junio de 2011. Con el patrocinio del equipo de abogados de la Asociación por los Derechos Civiles, se pedía acceder al contenido de aquellos decretos, que la oficina dirigida hoy por Carlos Zannini <strong>ya había negado dos veces</strong>. El 5 de octubre de ese año, la jueza María Alejandra Biotti aceptó el reclamo y le dio diez días de plazo al Gobierno para entregar los documentos. Luego aclaró que, si por razones de inteligencia estratégica militar alguno de ellos debiera ser mantenido en secreto, <strong>sería ella quien debería leerlo para aceptar o no esas razones</strong>.</p><p>El Estado no obedeció. Y para resistirse presentó una apelación con argumentos sorprendentes: “seguridad”, “defensa” y falta de “normativa genérica alguna que habilite su publicidad”. El 4 de septiembre del año pasado, la sala I de la cámara en lo contencioso administrativo federal aceptó esas excusas.</p><p><strong>Fue un escándalo</strong>: hasta el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel manifestó su sorpresa y preocupación.</p><p>El Gobierno intentó suavizar la polémica anunciando que publicaría todos los decretos secretos y reservados emitidos hasta el momento. En el verano comenzó a divulgar algunos de Aramburu y Frondizi. Y al fin, el miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó algunos de Videla (ver “Los primeros detenidos...”) Pero la numeración de esos decretos desclasificados por Cristina <strong>no coincide en ningún caso</strong> con la de las normas cuya divulgación pública reclama <strong>Clarín</strong> en la justicia. Esa nómina anual de decretos secretos fue elaborada por este diario a partir de las actas que, año tras año, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia fue remitiendo al Archivo General de la Nación como certificado de la entrega de los originales de los decretos firmados en ese lapso.</p><p>En las actas, el funcionario responsable enumera los decretos que <strong>no se entregan</strong> al Archivo, <strong>“por su carácter secreto o reservado”</strong>. En base a esos documentos públicos se pudo construir una lista, número por número, de las normas que los dictadores quisieron mantener bajo reserva (ver facsímil).</p><p>Pues bien, ninguno de esos números coincide con la numeración de los primeros decretos que divulgó el Gobierno. ¿Es que hay más de los 478 que <strong>Clarín</strong> reclama y el gobierno niega desde abril de 2009? ¿Acaso la dictadura elaboró una numeración distinta para las normas que no pensaba publicar? ¿O las actas oficiales están regadas con decenas de errores? Y si así fuera, ¿por qué el gobierno habría pagado el costo político de una pelea mediática y judicial para mantener bajo reserva una serie de documentos que en verdad no coincidían con los verdaderos decretos secretos? Ahora la Corte podrá despejar estas dudas: la Cámara anunció esta semana que acepta el recurso extraordinario mediante el cual el expendiente se envía a la máxima instancia. Habrá que apurarse: se trata de una <strong>acción de amparo contra el Estado</strong>. Como las que quiere limitar Cristina.</p><p>clarin</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Shandor, post: 1345251, member: 50"] [SIZE=5][B]Llegó a la Corte el reclamo por los decretos secretos de la dictadura[/B][/SIZE] [B]Son 478. Desde 2009, Clarín pide su desclasificación y el Gobierno la niega. Ahora Cristina empezó a publicar otros.[/B] Después de tres años con pedidos de acceso a la información pública denegados y una causa judicial en la que el Gobierno siguió peleando para mantener ocultos 478 decretos secretos emitidos durante la última dictadura militar, el expediente iniciado por este periodista acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia. La causa 19.263/2001: “Savoia Claudio Martín contra el Estado Nacional-Secretaría Legal y Técnica”, se inició en junio de 2011. Con el patrocinio del equipo de abogados de la Asociación por los Derechos Civiles, se pedía acceder al contenido de aquellos decretos, que la oficina dirigida hoy por Carlos Zannini [B]ya había negado dos veces[/B]. El 5 de octubre de ese año, la jueza María Alejandra Biotti aceptó el reclamo y le dio diez días de plazo al Gobierno para entregar los documentos. Luego aclaró que, si por razones de inteligencia estratégica militar alguno de ellos debiera ser mantenido en secreto, [B]sería ella quien debería leerlo para aceptar o no esas razones[/B]. El Estado no obedeció. Y para resistirse presentó una apelación con argumentos sorprendentes: “seguridad”, “defensa” y falta de “normativa genérica alguna que habilite su publicidad”. El 4 de septiembre del año pasado, la sala I de la cámara en lo contencioso administrativo federal aceptó esas excusas. [B]Fue un escándalo[/B]: hasta el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel manifestó su sorpresa y preocupación. El Gobierno intentó suavizar la polémica anunciando que publicaría todos los decretos secretos y reservados emitidos hasta el momento. En el verano comenzó a divulgar algunos de Aramburu y Frondizi. Y al fin, el miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó algunos de Videla (ver “Los primeros detenidos...”) Pero la numeración de esos decretos desclasificados por Cristina [B]no coincide en ningún caso[/B] con la de las normas cuya divulgación pública reclama [B]Clarín[/B] en la justicia. Esa nómina anual de decretos secretos fue elaborada por este diario a partir de las actas que, año tras año, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia fue remitiendo al Archivo General de la Nación como certificado de la entrega de los originales de los decretos firmados en ese lapso. En las actas, el funcionario responsable enumera los decretos que [B]no se entregan[/B] al Archivo, [B]“por su carácter secreto o reservado”[/B]. En base a esos documentos públicos se pudo construir una lista, número por número, de las normas que los dictadores quisieron mantener bajo reserva (ver facsímil). Pues bien, ninguno de esos números coincide con la numeración de los primeros decretos que divulgó el Gobierno. ¿Es que hay más de los 478 que [B]Clarín[/B] reclama y el gobierno niega desde abril de 2009? ¿Acaso la dictadura elaboró una numeración distinta para las normas que no pensaba publicar? ¿O las actas oficiales están regadas con decenas de errores? Y si así fuera, ¿por qué el gobierno habría pagado el costo político de una pelea mediática y judicial para mantener bajo reserva una serie de documentos que en verdad no coincidían con los verdaderos decretos secretos? Ahora la Corte podrá despejar estas dudas: la Cámara anunció esta semana que acepta el recurso extraordinario mediante el cual el expendiente se envía a la máxima instancia. Habrá que apurarse: se trata de una [B]acción de amparo contra el Estado[/B]. Como las que quiere limitar Cristina. clarin [/QUOTE]
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