El Conflicto Interno en Colombia

Sebastian

Colaborador
Un año de cauta esperanza en Colombia

El proceso de paz avanza entre amenazas hacia el punto clave del futuro penal de las FARC

Elizabeth Reyes L. Bogotá 17 NOV 2013 - 00:31 CET


La mesa de negociación de las FARC con el Gobierno colombiano. / D. Boylan (Reuters)

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideraba que un año de negociación, o incluso menos, sería suficiente para llegar a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, la más numerosa y antigua de América Latina, en guerra contra el Estado desde hace 50 años. Pero las cuentas del mandatario fueron demasiado optimistas. El aniversario se cumple el martes. Gobierno y guerrilleros cerraron una agenda previa de negociación de seis puntos, de los que solo se han logrado en este tiempo acordar dos, y de manera parcial. Están aún sin tocar algunos de los asuntos más espinosos y, además, unas elecciones dentro de siete meses que, visto el ritmo de negociación, parece difícil eludir el solapamiento. A pesar de las incertidumbres que quedan por superar, lo logrado significa, en palabras de los negociadores, una apertura democrática que allana el camino de la paz después del conflicto.

Una de las premisas de estas negociaciones fue que no se conocería el detalle de lo pactado hasta que no hubiera un acuerdo final. No se contemplan acuerdos parciales. Los dos puntos superados hasta ahora son, primero, un pacto de desarrollo agrario; y el segundo, anunciado hace 10 días, la aceptación de una futura participación de las FARC en política una vez desmovilizados. El acuerdo se centra en las garantías a los guerrilleros para ejercer la oposición. Hace 30 años, miles de militantes del partido que acogió a guerrilleros desmovilizados en una negociación con el Gobierno fueron asesinados.

El anuncio del acuerdo de participación política logró darle un respiro al proceso dentro de la opinión pública. Ahora sí, la clase política —a excepción de la oposición del expresidente Álvaro Uribe— piensa que las negociaciones han llegado un punto en el que no hay vuelta atrás, demostrando que hay voluntad de paz y que aquella expresión de “conversaciones ininterrumpidas” va en serio. En cuestión de días, el país se contagió de un moderado optimismo, que incluso le valió a Santos recomponer algo su imagen maltrecha.

Los colombiano se oponen a que las FARC entren en política​

Los negociadores han dejado para más adelante algo tan espinoso como “las condiciones particulares” para el nuevo movimiento que surja si las FARC dejan las armas. Entre otras cosas, está por definir si los jefes guerrilleros podrán participar en política, una discusión que tendrá que definirse a la luz de la justicia.

La otra premisa importante de estas negociaciones era que no habría alto el fuego. Las FARC han seguido atentando y el Gobierno ha atacado sus filas con intensidad. Ahora, esta circunstancia puede afectar a la negociación. Esta semana, cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desveló un supuesto plan de las FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó que “un atentado de esa naturaleza destruiría la viabilidad del proceso”. En eso coincide León Valencia, columnista de la revista Semana: “El proceso es irreversible en la dinámica de la mesa de negociación, pero lo que puede echarlo para atrás es que suceda algo catastrófico”. Incluso, este episodio ha puesto en duda la unidad que tienen las FARC frente a la paz.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, afirma que las FARC nunca habían mostrado una actitud de negociación como la que se ha visto ahora. “Eso no quiere decir que vayan a ceder en todas sus pretensiones, pero es evidente que su estrategia es la negociación”.

Los negociadores de la delegación del Gobierno y de las FARC se sientan de nuevo este lunes a hablar. Sobre la mesa, el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. Se discutirán posibles acuerdos en programas de sustitución de cultivos, prevención del consumo y el narcotráfico. La sustitución de cultivos es un tema en el que el número uno de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, aseguró hace pocos días, que las FARC van a contribuir. “Incluidos programas de prevención del consumo y salud pública, que podrían contemplar su legalización”, dijo en una de sus páginas web.

Nadie espera, sin embargo, que las FARC reconozcan que tienen vínculos con el narcotráfico. Esta guerrilla insiste en que su relación con el narcotráfico se limita a cobrar lo que ellos llaman un “impuesto” en las zonas donde se produce.

Ricardo Vargas, experto en el asunto de las drogas, es escéptico sobre lo que se puede lograr en este punto. “No veo elementos de juicio, ni del Gobierno ni de las FARC, para decir que van a abordar el tema en toda su complejidad”. Vargas explica que las FARC controlan territorios que tienen una producción importante, donde además hay laboratorios de procesamiento de cocaína, rutas de salida y control de contrabando.

Pero el problema de las drogas no es el que más preocupa de los puntos que faltan. El verdadero nudo gordiano de estas conversaciones es la justicia: cuánto castigo están dispuestos a aceptar los guerrilleros por décadas de crímenes.

"Un atentado destruiría el proceso", dijo el jefe negociador oficial​

Los analistas coinciden en que un pacto de este tipo coloca a Colombia definitivamente a las puertas de la paz. “Ese es el nudo de toda esta negociación, si va a ver cárcel, si va haber beneficios penales, si solo se va a juzgar a la guerrilla o si también se juzgará a otros que hayan formado parte del conflicto [civiles y militares]”, opina González Posso. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que se guiarán por las normas internacionales. “El balón, en materia de justicia y víctimas, está en el terreno de las FARC. La pregunta no es qué puede ofrecer el Estado colombiano en esa cuestión… es cómo las FARC asumen el problema de las víctimas, la reparación, la verdad y la garantía de no repetición”, aseguró esta semana De la Calle, el jefe negociador del Gobierno. “¿Qué tipo de justicia transitoria se va a acordar? ¿El tema de cárcel lo van a obviar y buscar penas alternativas? Eso es clave porque es el punto que permitiría la participación política de las FARC”, dice Valencia.

Este es el asunto que más debate genera en Colombia. La oposición uribista, a la que se suma el fiscal general, Alejandro Ordóñez, basan sus críticas en que el final de este proceso puede ser una impunidad inasumible. Para Ordóñez, la cúpula de la guerrilla tiene que pagar por sus crímenes y esto los inhabilita para participar en política. La única forma de que la mayoría de los colombianos venzan su resistencia a que las FARC entren en política es que las negociaciones sigan arrojando acuerdos, paso a paso.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/17/actualidad/1384644715_862873.html
 

Sebastian

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Santos hace oficial que buscará la reelección para concluir el proceso de paz

El presidente colombiano pide zanjar la polarización que vive el país a raíz de las negociaciones con las FARC

Las encuestas para las elecciones de mayo arrojan un 30% de voto en blanco

Elizabeth Reyes L. Bogotá 21 NOV 2013 - 03:02 CET16


Juan Manuel Santos, durante su discurso. / Andres Piscov (AFP)

A cuatro días de vencer el plazo legal para inscribir su candidatura, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió acabar con las especulaciones y anunció públicamente que se lanzará a un segundo período presidencial, para el que pidió a los colombianos la oportunidad de consolidar la paz. “Lo hago porque, cuando se ve la luz al final del túnel, no se da marcha atrás”, dijo en una corta alocución desde el palacio presidencial.

La principal novedad del anuncio es que Santos invitó a todos los sectores políticos a zanjar la polarización que vive el país, en especial a la oposición encabezada por su antecesor Álvaro Uribe, y a respaldar el proceso de paz que negocia su Gobierno con la guerrilla de las FARC desde hace un año. “La paz, sin duda alguna, es el bien supremo de cualquier nación. La paz debe estar por encima de rencillas y mezquindades políticas. Debe unirnos en lugar de dividirnos”, dijo.

Lo que sí quedó claro es que la próxima campaña estará polarizada en torno a la apuesta de Santos de buscar una salida negociada al conflicto armado interno y a la del uribismo, que buscará elegir a su candidato Óscar Iván Zuluaga, quien ya ha anunciado que, de llegar a la presidencia, acabará con el proceso de paz.

Santos reclamó su derecho, incluido desde 2005 en la Constitución colombiana a través de la reelección, a darle continuidad a sus políticas. Pero esta vez dijo que su segundo mandato sería para construir la paz, al contrario que en su primera campaña presidencial, en la que se apoyó en la política de seguridad democrática del anterior Gobierno. “Todavía nos quedan grandes desafíos, pero estoy convencido de que la forma de enfrentarlos no es solo a sangre y fuego”, dijo en alusión a las críticas del uribismo, que considera que se está negociando a cambio de impunidad. “Hace siete años, los colombianos dimos la oportunidad a mi antecesor de consolidar unas políticas de seguridad que resultaron exitosas y que hemos seguido fortaleciendo… Hoy yo quiero esa misma oportunidad para consolidar la paz y la prosperidad”.

Durante su intervención, se desmarcó del uribismo al asegurar que como presidente tiene como mandato constitucional hacer la paz. “Un presidente que rechace la opción de hacer la paz no solo sería irresponsable sino que estaría violando el mandato de la Constitución y del pueblo. Optar por más años de violencia, por más víctimas, por más dolor para miles de colombianos, es una alternativa inaceptable”, dijo refiriéndose a la propuesta de la oposición que considera que a la guerrilla solo se le derrotará militarmente y sometiéndola sin condiciones a la justicia.

El mandatario colombiano aprovechó la alocución –transmitida por televisión y radio- para reconocer que el proceso de paz se ha demorado más de lo que esperaba, pero resaltó que se ha llegado a acuerdos como nunca antes. “Mi deber como mandatario, mi obligación como colombiano es no permitir que se pierda todo lo que hemos logrado en los esfuerzos de paz”, añadió.

Anunciada su decisión, Santos empezó a hablar como candidato y aprovechó la atención de los colombianos para hacer un balance de su Gobierno. Defendió su principal iniciativa, la entrega de miles de viviendas gratis a los colombianos más pobres y a las víctimas de la violencia. También destacó el reconocimiento y reparación de las víctimas. “Para mí era indignante que el Estado no las reconociera. Ya comenzamos a repararlas”, dijo.

Una vez terminado el discurso, sus principales rivales arremetieron contra el anuncio. El candidato por el uribismo, Oscar Iván Zuluaga, se concentró en atacar todas las políticas del mandatario. “Buscaré la paz fortaleciendo la seguridad democrática, no arrodillándome ante el terrorismo y el castrochavismo”, dijo en lo que podría calificarse como su primer discurso como candidato presidencial. También anunció que su lucha será por una paz con justicia y no una paz por la impunidad, un argumento que su mentor, Álvaro Uribe, ha utilizado para criticar la negociación con las FARC.

“Todavía nos quedan grandes desafíos, pero estoy convencido de que la forma de enfrentarlos no es solo a sangre y fuego”

Por su parte, Simón Gaviria, presidente del partido liberal, uno de los principales aliados de Santos, celebró el anuncio al tiempo que ratificó el apoyo del liberalismo a un segundo mandato. No lo hizo Antonio Navarro, quien podría ser candidato por la Alianza Verde, y que en las encuestas ocupa el tercer lugar, después de Santos y Zuluaga. “A cada señor cada honor. Ha hecho un proceso bien hecho, creemos que va a dar resultados, pero nos preocupa que no están preparando el postconflicto”, sostuvo Navarro. Clara López, candidata presidencial por el Polo Democrático, dijo que la dicotomía no va a ser guerra y paz (Zuluaga versus Santos), “va a ser paz con continuismo o paz con cambio, que es el que ofrecemos los sectores alternativos”.

Santos no lo tiene fácil. Según una reciente encuesta realizada por la firma Gallup, el voto en blanco ganaría en el primera vuelta con un poco más del 30%. En Colombia, para que un candidato gane la elección en la primera vuelta tiene que obtener el 51% de los votos. Ese sondeo arrojó que Santos obtendría el 27%, seguido del recién nombrado candidato por el uribismo, Oscar Iván Zuluaga, que alcanzaría el 14.9%.

La campaña presidencial en Colombia definió este miércoles su principal protagonista. Desde este momento, Santos tendrá que convencer a millones de colombianos de que lo elijan en las urnas el próximo mes de mayo.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/21/actualidad/1384999335_574543.html
 

Sebastian

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¿La reelección más complicada de la historia de Colombia?

Arturo Wallace

BBC Mundo, Bogotá (@bbc_wallace)
Jueves, 21 de noviembre de 2013

Santos ya confirmó que buscará la reelección.

Bienvenidos al contradictorio mundo de la política colombiana, donde según las últimas encuestas un político con bajísimos niveles de popularidad es también el favorito de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La explicación: el candidato en cuestión es el presidente Juan Manuel Santos, quien este miércoles finalmente confirmó su intención de buscar un segundo mandato consecutivo durante los comicios que se celebrarán el próximo 25 de mayo.

"Colombianos, hoy quiero anunciarles que el próximo lunes 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la Registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la Presidencia de la República para el período 2014-2018", dijo Santos.

"Lo hago porque estoy convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que por fin es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos los colombianos", agregó, en clara alusión al histórico proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que inició durante su primer mandato.

A pesar de la importancia histórica de dicho proceso, y de su favoritismo, la reelección de Santos, sin embargo, no está para nada asegurada.

Y la misma se anuncia infinitamente más complicada que la del único colombiano en más de un siglo en ser electo a la presidencia de la república por dos períodos consecutivos: Álvaro Uribe Vélez, nada más y nada menos que el predecesor del actual mandatario.

Sin tradición reeleccionista
La comparación es inevitable por dos razones: en primer lugar, porque Uribe pasó de ser el principal apoyo de Santos a convertirse en su principal opositor, hasta el punto que un partido que lleva su nombre le plantará batalla.


La reelección estaba prohibida en Colombia hasta la llegada al poder de Álvaro Uribe.

Y, en segundo lugar, porque en un país sin tradición reeleccionista, el de Uribe también es el único antecedente verdaderamente comparable.

Efectivamente, antes de la llegada de Uribe al poder las posibilidades de reelección en Colombia estaban seriamente limitadas: la constitución de 1910 prohibía la reelección inmediata y a partir de 1991 a esa prohibición se le agregó la de la reelección absoluta.

En 2004, sin embargo, la carta magna colombiana fue reformada para que Uribe pudiera optar a un segundo mandato consecutivo.

Y según la directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Marcela Prieto, eso convierte a Santos en una fgura inédita en la hisotria reciente de Colombia: el primer inquilino de la Casa de Nariño que verdaderamente tendrá que luchar por quedarse en el cargo.

"Lo que pasó con Uribe fue una reforma constitucional que se hizo a su medida, se sabía que tenía unos niveles de popularidad que le aseguraban la reelección", le dice a BBC Mundo.

Mientras que a inicios de septiembre pasado Santos llegó a registrar una imagen desfavorable del 72%: uno de los índices más bajos jamás registradas por un presidente colombiano.

Y eso, en cierta forma, coloca al actual madatario en territorio inexplorado.

Un presidente-candidato
Prieto, sin embargo, cree que, más allá de lo que puedan decir las encuestas de opinión, el cargo de presidente le confiere a Santos una ventaja que no debe ser menospreciada.

"Puede que el presidente Santos no tenga los niveles de popularidad que el presidente Uribe tenía a finales de su primer período, pero es un presidente-candidato. Y la figura del presidente-candidato marca una gran diferencia"

Marcela Prieto, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría

"Puede que el presidente Santos no tenga los niveles de popularidad que el presidente Uribe tenía a finales de su primer período, pero es un presidente-candidato. Y la figura del presidente-candidato marca una gran diferencia", afirma.

"No podemos abstraernos del hecho que está en ejercicio, que tiene un presupuesto, que maneja una burocracia. El hecho de estar en el poder, con o sin Ley de Garantías, le da una ventaja grande", agrega.

Una apreciación que también es compartida por Laura Wills, la directora del observatorio Congreso Visible de la Universidad de Los Andes.
"Eso no es una cosa que pasa nada más en Colombia, pasa en cualquier lugar donde hay candidatos que buscan la reelección", explica Willis.

Y la analista de Uniandes ofrece otra razón para considerar favorito a Santos: la escasa popularidad es también un problema que afecta a sus potenciales contrincantes.

Los posibles rivales

El candidato de la derecha uribista será Óscar Iván Zuluaga.

Efectivamente, en la derecha del espectro político el principal rival de Santos será Óscar Iván Zuluaga, el candidato del partido Uribe Centro Democrático, un movimiento de reciente creación que quiere capitalizar la enorme popularidad que todavía conserva el exmandatario.

"Pero Óscar Iván tiene un poco el mismo problema de Santos: aunque es un poquito más articulado y todo eso, pues le falta carisma, no lo conocen tanto", afirma Mauricio Romero, profesor del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.
"Y los votos del presidente Uribe son del presidente Uribe, es muy difícil endosarlos", advierte la directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

Los partidos y movimientos de izquierda, por su parte, enfrentan el problema añadido de la multiplicidad de candidatos.

Hasta el momento, por ejemplo, la lista de personajes de izquierda que han anunciado su intención de competir en los próximos comicios presidenciales incluye, entre otros, al líder indígena Feliciano Valencia, el dirigente campesino César Pachón y Aída Abella, la candidata del renacido partido de izquierda Unión Patriótica.

Y la búsqueda de una "tercería" de centro-izquierda también se complica por las aspiraciones de Clara López, del partido Polo Democrático, Enrique Peñalosa, del Partido Verde, y el casi seguro candidato del Movimiento Progresista, Antonio Navarro.

Ninguno de estos nombres, sin embargo, resuena particularmente entre los colombianos.

Y todos ellos enfrentan además otro problema: el manejo del prolongado conflicto armado colombiano está llamado a ser, una vez más, el tema central de la campaña electoral colombiana y Santos es el mandatario del proceso de paz con las FARC.

Y si su reelección se plantea como un verdadero refrendo de las conversaciones, como todo parece indicar, eso podría terminar garantizándole muchos de los votos que en otras circunstancias podrían disputarle los candidatos antes mencionados.

¿A la merced de las FARC?
La búsqueda de un segundo mandato puede sin embargo complicarse precisamente porque el tema de la paz puede terminar jugando tanto a favor como en contra de Santos.

Por un lado, su decisión de negociar con las FARC es algo para lo que sí parece contar con el respaldo de la mayoría de los colombianos.

"Santos puede decir que está jugado por la paz, etc. Pero si su contraparte, que son las FARC, no lo apoyan, entonces el apoyo de la opinión pública y por consiguiente la reelección se cae"

Mauricio Romero, Universidad Javeriana

"Cerca del 60% de la población, según las encuestas, está de acuerdo en que la salida al conflicto debe ser una salida negociada", afirma Laura Wills, de Uniandes.

Pero también es cierto que las negociaciones encierran detalles que pueden resultar inaceptables para muchos colombianos y que la lentitud del proceso también le ha ido costando apoyo a los diálogos.

Mientras que la naturaleza misma del proceso también deja al presidente de Colombia un poco a la merced de sus contrapartes.
"Santos puede decir que está jugado por la paz, etc. Pero si su contraparte, que son las FARC, no lo apoyan, entonces el apoyo de la opinión pública y por consiguiente la reelección se cae", explica Mauricio Romero, de la Universidad Javeriana.

Y, como ejemplo de algo que puede cambiar completamente el panorama electoral, tanto él, como Prieto y Wills ofrecen el supuesto atentado en contra de Uribe denunciado por las autoridades colombianas hace dos semanas.

Por lo pronto, sin embargo, el viento parece soplar a favor de Santos: las conversaciones de paz parecen haber agarrado ritmo y poco a poco la popularidad del mandatario también ha ido aumentando.
Pero la ruta al puerto seguro de Casa de Nariño –que podría llegar a requerir incluso de un balotaje– definitivamente será larga, complicada y estará llena de amenazas.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias...a_analisis_anuncio_reeleccion_santos_aw.shtml
 

Barbanegra

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Santos quiere cuatro años más de gobierno para firmar la paz
Pretende repetir mandato y entrar por la puerta grande de la Historia. Si no le dan cuatro años más en Casa Nariño, saldría por una lateral, sin resultados relevantes que mostrar y con bajos índices de popularidad.

Juan Manuel Santos anunció el miércoles por la noche (madrugada en España) que concurrirá a las urnas en mayo del 2014. El Presidente necesita otro periodo para firmar un acuerdo de paz y, al mismo tiempo, inaugurar alguna obra que deje huella en un país con la peor infraestructura vial del continente. Aunque en su día aseguró que acordaría en sólo doce meses una salida negociada al conflicto armado, promesa que ya no cumplió, será la esperanza de un acuerdo con los terroristas su principal carta electoral. Con ese as en la mano espera dar un giro a las encuestas que señalan que ocho de cada diez colombianos no quieren verlo de nuevo en la presidencia.

"Lo hago porque estoy convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que, por fin, es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos", aseguró en una declaración televisada donde explicó las razones de buscar la reelección. "Cuando se ve la luz al final del túnel, no se da marcha atrás (...) No podemos quedarnos en la mitad del camino. Tenemos que terminar la tarea".

Avance del castro-chavismo
Su principal rival en las urnas será Oscar Iván Zuloaga, un curtido político, candidato del uriismo, con prestigio pero sin carisma. Según le dijo a EL MUNDO, el Jefe del Estado requiere tiempo extra porque "su gobierno fracasó. No genera credibilidad, perdió el respaldo popular y el sentimiento de esperanza se ha diluido; el crecimiento de la economía se ha debilitado, desconoció la crisis del sector agropecuario y solo reaccionó cuando le hicieron paros. Traicionó la política de seguridad que lo eligió y la cambió por el diálogo complaciente de las Farc. Además su política internacional ha permitido el avance del castro-chavismo".

Aunque tampoco le va bien en los sondeos de opinión, el exministro de Hacienda de Álvaro Uribe está convencido que podrá derrotar a Santos en mayo del 2014. "Un Presidente que no tiene respaldo popular, así haya toda la plata, toda la mermelada (cuotas burocráticas para los partidos que le apoyan), es imposible que se relija. El alma y el corazón de un colombiano no se pueden comprar".

A Noemí Sanín, ex candidata presidencial por el Partido Conservador, le preocupa que la necesidad de buscar votos impidan a Juan Manuel Santos actuar con distancia, poniendo de lado sus intereses personales, en dos cuestiones fundamentales para el futuro de Colombia: el proceso de la paz y el conflicto territorial con Nicaragua.

Para ella, Santos será reelegido porque "es imposible perder unas elecciones siendo Presidente o un aspirante señalado por el Presidente", dados los subsidios que recibe un amplio sector pobre de la sociedad. "Parte con unos nueve millones de votos puesto que la gente cree que son regalos del gobierno y no derechos que tienen frente al Estado. Es ingenuo y romántico enfrentarse a ese poder".

Quería hacer cosas grandes
También la directora de Opinión y Marketing Político de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, considera imposible ganarle a Santos. "En estos momentos, un Germán Vargas (ex ministro del Interior y eterno aspirante a la presidencia), que sería su único rival con posibilidad de vencerle, como indican las encuestas. Pero parece que será fiel al Presidente. Otros candidatos no los veo, a los sumo forzarán una segunda vuelta".

Entre los posibles competidores, además de Zuloaga, estará Clara López, del socialista Polo Democrático, y algún otro de partidos pequeños.

Juan Manuel Santos, que ha ocupado varias carteras ministeriales en distintos gobiernos, y que pertenece a un poderoso clan que siempre ha estado a caballo entre el periodismo y la política, quiere alargar su periodo, dice Muñoz, porque "su historia de vida apunta a que quería hacer cosas grandes. Este proyecto (de la paz) viene caminando desde mucho atrás, su ambición de lograr un espacio privilegiado en la Historia no fue producto de su llegada al Ejecutivo, ya desde antes venía pensando y dando pasos hacia un acercamiento con las Farc".

Con unos candidatos que no despiertan pasiones y un debate político centrado en el proceso de paz, serán de nuevo los terroristas y la manera de acabar con la violencia que generan desde hace cuatro décadas, los que determinen quien ocupa de Colombia.

http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/21/528dd7e261fd3d517c8b4571.html
 

Sebastian

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Santos tendrá que enfrentarse al voto en blanco y al uribismo

El anuncio del presidente colombiano de buscar la reelección hace reaccionar a las distintas fuerzas políticas del país



Santos anunció que será candidato en un mensaje televisado. / A. Piscov (AFP)

Después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que buscará un segundo mandato, los partidos políticos han empezado a mover ficha. Si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, los mayores obstáculos encontraría el mandatario para la reelección serían, principalmente, el voto en blanco y el escepticismo de los colombianos que creen que el país va por mal camino. Aun así, las encuestas muestran que, si bien Santos no es el mandatario más popular de los últimos años, por ahora no tiene rivales que puedan poner en riesgo su reelección.

La última encuesta de la firma Gallup, contratada por varios medios de comunicación, reveló que en una primera vuelta se impondría el voto en blanco pero que en la segunda ganaría Santos. Habrá que ver cómo cambia la baraja ahora que comenzó la campaña presidencial, que durará hasta junio de 2014 si se necesita una segunda vuelta. A favor de Santos juega un renovado optimismo después de que se llegara a un acuerdo parcial con las FARC sobre el punto de la participación política.

El presidente colombiano ha logrado consolidar la llamada Unidad Nacional. Se trata de sus aliados en el Congreso: la suma de cuatro partidos –Liberal, Cambio Radical, La U y el Conservador–, que hoy son su principal músculo político y los que le garantizarían un caudal electoral que, según las encuestas, lo pone en el primer lugar de las preferencias presidenciales.

Sin embargo, la decisión de Álvaro Uribe –el principal opositor de Santos– de encabezar una lista al Senado es la principal amenaza que tiene esta mayoría en el Congreso. La Unidad Nacional ha permitido al presidente, por ejemplo, pasar proyectos de ley fundamentales para respaldar el proceso de paz con las FARC. Según los cálculos sobre la intención del voto en el Congreso, las listas del Uribe Centro Democrático, el movimiento del expresidente, podrían alcanzar más de 20 curules, lo que afectaría directamente a los partidos de la coalición.

Además, el nombre de Santos ha generado tensiones en el interior del conservadurismo que, si bien forma parte de la coalición de Gobierno, tiene en sus filas a políticos como la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, que busca ser nominada como candidata a la Presidencia. Después de conocer la postulación de Santos, Ramírez dijo a los medios locales que, con su decisión, “el país siente que hay confusión. Estamos avanzando sin saber muy claramente hacia dónde”.

Actualmente ni la izquierda ni la derecha - que comparten en los extremos la oposición a Santos - tienen en sus filas un candidato lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, según las encuestas. El Polo Democrático y la Alianza Verde –ambos de izquierda– están distanciados. El primero tiene como candidata a Clara López y el segundo aún no lo ha decidido.

Así las cosas, la oposición se concentra principalmente en el movimiento de Álvaro Uribe. El expresidente intenta impulsar al que fuera su ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga quien, aunque todavía no tiene un gran registro en las encuestas frente a Santos, se perfila como el rival del presidente.

Apenas Santos anunció que va por la reelección, Zuluaga leyó ante los medios un comunicado donde, sin mencionar al mandatario, no hizo sino criticar sus políticas de Gobierno, entre ellas el proceso de paz con las FARC. “Lucharemos por una paz basada en la justicia, no en la impunidad y los privilegios políticos para los narcoterroristas”, dijo.

Su mentor, Álvaro Uribe, hizo lo propio en su cuenta de Twitter, donde en cinco puntos comparó a Santos con Zuluaga, criticando al primero y ensalzando al segundo. “Presidente Santos abandonó la Seguridad Democrática y la denomina guerra después de haberla utilizado como plataforma electoral. Aceptaba como ministro y candidato que los terroristas son terroristas y ahora los legitima como actores políticos”, escribió.

Lo que queda claro de este panorama político es que, mientras el mandatario colombiano mantenga la Unidad Nacional, tiene una base sólida para lograr la reelección. El partido Liberal fue de los primeros en respaldar la intención de Santos confirmando su lealtad. Su director, el parlamentario Simón Gaviria, dijo que su colectividad se identificaba con el ahora presidente-candidato en numerosos propósitos entre los que está “la posibilidad de cerrar el capítulo de la violencia”, dijo.

El apoyo de Cambio Radical se da por descontado ya que su fundador - Germán Vargas Lleras -, además de haber sido el ministro estrella de Santos, es desde finales de mayo el timón de la Fundación Buen Gobierno, revivida por el mandatario para apoyar su campaña por la reelección. A la lista se suma la U, que es el partido del presidente, además de su creador y con el que logró hacerse con su primer mandato en 2010. Sin embargo, aquí también ocurre como en el conservadurismo, donde algunos congresistas están más cercanos a Uribe que a Santos.

Este es apenas el inicio de la campaña presidencial. Aun falta ver lo que ocurrirá en los próximos meses: si el proceso de paz, como le ha apostado Santos, seguirá dando resultados; si el uribismo logra consolidar a su candidato; o si la izquierda pueda ***** fuerza y meterse en la lucha por la Casa de Nariño.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/20/actualidad/1384977514_614503.html
 
Continúan las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, se conocen detalles del proceder de la guerrilla marxista.

La guerrilla colombiana de las FARC admitió, el viernes 29 de noviembre, haber percibido un "impuesto" de los cultivadores de coca y rechazó las acusaciones de "narco-guerrilla" o de "narco-terrorismo" lanzadas contra ella. “Nos vimos obligados a establecer un régimen de contribución fiscal y de regulación de las transacciones entre los cultivadores, teniendo en cuenta sus derechos y protegiéndolos de los abusos de los intermediarios y de los traficantes de droga”, afirma un comunicado de la guerrilla.
Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano discuten desde el jueves en La Habana los medios para terminar con el tráfico de droga en Colombia, en el marco de las negociaciones llevadas a cabo desde hace un año en Cuba para alcanzar un acuerdo de paz.
“Nosotros deseamos un país sin cocaína, pero somos conscientes de que ello depende sobre todo de las reglas impuestas a nivel mundial por todos los países que, de una manera u otra, están implicados”, afirma el comunicado de la guerrilla leído a la prensa por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez. (Continúa...)

http://analisis-global.blogspot.com.ar/2013/11/continuan-las-conversaciones-de-paz.html?spref=tw

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Grulla

Colaborador
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Hace 20 años, moría Pablo Escobar en Medellín

El capo del cartel de las drogas que reinó en los ’80 y llegó a ser el hombre más rico del mundo fue abatido en un tejado el día después de cumplir 44 años.



Por
Agencia EFE
http://www.lavoz.com.ar/mundo/hace-20-anos-moria-pablo-escobar-en-medellin#comentarios
Pablo Escobar Gaviria, de cuya muerte se cumplen hoy 20 años, fue el mayor narcotraficante de la historia de Colombia y fundador del Cartel de Medellín. Se lo recuerda por sus asesinatos, que se calculan entre cinco mil y 10 mil, y por crear una cultura “narco” de la que el país aún no emerge.

Conocido con el apodo de “El Patrón”, en alusión al poder que tuvo en los años ochenta del siglo 20, cuando la revista Forbes lo catalogó como el hombre más rico del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1° de diciembre de 1949 en Rionegro, en el departamento de Antioquia (al noroeste de Colombia).

Murió un día después de cumplir 44 años, el 2 de diciembre de 1993, abatido en los tejados de un barrio de Medellín cuando huía de la policía, tras una vida en la que hizo negocios con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), presidentes como el general Manuel Antonio Noriega, de Panamá, o personajes como Vladimiro Montesinos, el temible asesor de Alberto Fujimori.

El capo fue el tercero de siete de hermanos y desde joven se dedicó al hurto de vehículos. En los años sesenta comenzó a traficar con marihuana para luego dar el salto a la cocaína, la que lo hizo célebre por sus envíos masivos a Estados Unidos.

Se alió con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mejicano”, Carlos Lehder y los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, quienes se habían enriquecido con el contrabando de licor y la marihuana, para fundar el Cartel de Medellín, organización criminal que declaró la guerra feroz al Estado.

En sus ansias de conquistar el poder político, además del económico, fue elegido en 1982 representante suplente a la Cámara, época en la que invirtió parte de sus ganancias del narcotráfico en construir canchas de fútbol en zonas pobres de Medellín e incluso un barrio entero para los habitantes de un vertedero. A quienes visitan aún hoy el barrio “Pablo Escobar” los recibe un gran mural con el lema “Aquí se respira paz” y una imagen del Niño Jesús de Atocha, al que “El Patrón” idolatraba.

La revista Semana lo llegó a calificar como el “Robin Hood Paisa” y Virginia Vallejo, una de las periodistas más populares de Colombia, era su amante oficial. Y es que su Hacienda Nápoles, una finca de miles de hectáreas, acogía a “ la crème de la crème ” de la sociedad colombiana: políticos, empresarios y periodistas que, abrumados por el poder, participaban de safaris y tomaban fotos a animales salvajes traídos especialmente para Escobar desde África.

Pero su llegada al Congreso lo puso en la mira gracias a las investigaciones decisivas del diario El Espectador sobre sus actividades ilícitas y la acción del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

En 1984 sicarios de Pablo Escobar asesinaron a Lara Bonilla y dos años más tarde al director de El Espectador , Guillermo Cano. En 1989 un atentado con 135 kilos de dinamita en el interior de un vehículo destrozó las instalaciones de ese diario.

El Cartel de Medellín emprendió una guerra contra el Estado cuando el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) decidió extraditar a Estados Unidos y para ello creó el grupo “Los Extraditables”. Entre el historial terrorista de esos capos está el estallido de una bomba en un avión de Avianca, en pleno vuelo, que transportaba 107 pasajeros. A esa guerra contra el Estado, que incluyó el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989, se sumó otra contra sus antiguos aliados en el negocio de las drogas, el Cartel de Cali, y estructuras paramilitares, que crearon el grupo “Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes)” y quienes no tuvieron piedad con los familiares del narcotraficante.

En 1991, desde la clandestinidad, Escobar llegó a un acuerdo con el entonces presidente, César Gaviria, y aceptó ser internado en una cárcel construida especialmente para él, La Catedral, a cambio de que desactivara su eventual extradición.

Su estancia en aquella lujosa cárcel, donde se forjaron crímenes, se dirigía el negocio de la droga y celebraban suntuosas fiestas, apenas duró un año, ya que “El Patrón” escapó cuando entendió que se iban a tomar medidas por aquellos excesos.

Ahí empezó su cuenta atrás, hostigado por el Bloque de Búsqueda, unidad especial de la policía. Vivió rodeado por sus más fieles sicarios hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando fue localizado y abatido. Pablo Escobar dejó viuda a Victoria Eugenia Henao y huérfanos a sus hijos Juan Pablo y Manuela, quienes se mudaron a la Argentina.

“Fue chivo expiatorio”

Pablo Escobar fue evocado por una hermana, un hijo y también por el presidente Juan Manuel Santos. “Mi padre sirve en Colombia como gigantesco chivo expiatorio al que se le han atribuido delitos que fueron cometidos por otros”, dijo su hijo, Juan Pablo Marroquín.

http://www.lavoz.com.ar/mundo/hace-20-anos-moria-pablo-escobar-en-medellin
 

Sebastian

Colaborador
Las FARC decretan un alto el fuego durante 30 días

Es la segunda vez que toman esta decisión desde que hace un año se iniciaron los diálogos de paz en La Habana
El anuncio llega un días después de un atentado que mató a ocho personas

Elizabeth Reyes L. Bogotá 8 DIC 2013 - 20:29 CET15


Pablo Catatumbo e Iván Márquez anuncia el cese de la violencia. / E. Mastrascusa (EFE)

La guerra en Colombia podría tener un posible respiro de 30 días por el alto el fuego que acaba de decretar la guerrilla de las FARC y que empezará a partir del 15 de diciembre. Así lo anunció el jefe guerrillero y negociador Pablo Catatumbo desde La Habana, donde se celebran -desde hace ya un año- las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado.

“Así sea de manera unilateral, procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00:00 horas del próximo 15 de diciembre”, dijo Catatumbo, que leyó un comunicado firmado por el Secretariado de las FARC, el órgano de dirección de ese grupo subversivo. El texto agrega que la decisión corresponde “a un hondo clamor nacional”.

El anuncio, sin embargo, también aclara que no bajarán la guardia en lo militar. “Simultáneamente ordenamos permanecer alerta ante cualquier operación enemiga, la cual deberá ser respondida sin dilación alguna. Aún abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional corresponda a nuestro gesto ordenando un alto en su ofensiva”, dice el comunicado.

Sorprende que el anuncio de esta decisión unilateral llegue después del violento ataque perpetrado el sábado de madrugada al detonar explosivos artesanales en la estación de policía de Inzá, al suroccidente del país. El ataque dejó ocho muertos, seis miembros de la Fuerza Pública y dos civiles, lo que generó una ola de repudio en todo el país.

Aunque estos ataques no inciden en la mesa de negociaciones de La Habana, ya que las partes decidieron seguir el proceso en medio del conflicto, en Colombia generan un rechazo generalizado y le dan argumentos a los opositores de las negociaciones que no creen en la voluntad de la guerrilla de acabar con una guerra que dura ya 50 años. El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que la ofensiva militar no se detendrá hasta que no se firme un acuerdo de paz,

Para el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, esta serie de atentados son "inaceptables" y tras el ataque en Cauca exigió a las FARC un cese al fuego. Por su parte, el principal opositor al proceso de paz, el expresidente y ahora candidato al Senado, Álvaro Uribe, calificó el anuncio de las FARC como un “infame juego con Colombia, asesinan y ahora disimulan con tregua”, escribió en Twitter.

El sábado, tras un consejo de seguridad en la capital del Cauca, Popayán, Santos le advirtió a la guerrilla de que se equivoca si cree que a base de atentados como el de Inzá logrará que el gobierno considere la idea de un cese al fuego bilateral. “No podemos bajar la guardia ni un solo minuto y reitero: la ofensiva militar se mantiene hasta el momento en que lleguemos a un acuerdo, ahí pensaremos en dar el paso al cese al fuego”, dijo el mandatario rodeado de su ministro de Defensa y la cúpula militar.

Es la segunda vez que las FARC decretan un alto el fuego desde que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana. El primero coincidió con el arranque de las negociaciones y duró dos meses, también durante la época navideña. Y aunque ocurrieron algunos incidentes, en general la guerrilla cumplió. Hoy, aunque decrete un nuevo cese de la violencia, el principal problema sigue siendo la poca credibilidad que tiene entre los colombianos, quienes siguen pesimistas frente a la posibilidad de que esta vez sí se logre poner fin al conflicto armado.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/08/actualidad/1386530984_895830.html
 

Sebastian

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La CIA ayudó a Colombia a matar a dirigentes de las FARC

El programa secreto empezó bajo el presidente George W. Bush y prosiguió con Obama

Inés Santaeulalia Washington 22 DIC 2013 - 12:56 CET123


La delegación de las FARC, la semana pasada en La Habana. / Alejandro Ernesto (EFE)

El Gobierno colombiano ha recibido ayuda de Estados Unidos en su lucha contra la guerrilla de las FARC a través de un programa de seguridad secreto que comenzó a principios de los 2000, ha revelado este domingo el diario The Washington Post. El apoyo estadounidense, a través de la CIA, permitió a las fuerzas de seguridad colombianas acabar con la vida de al menos 24 líderes rebeldes.

El programa secreto de la agencia de inteligencia estadounidense fue autorizado por el expresidente George W. Bush, pero continuó durante el mandato del actual presidente, Barack Obama. La ayuda a Colombia necesitó una inversión multimillonaria de la que se desconoce su monto exacto y que no forma parte de los 9.000 millones de dólares que Estados Unidos destinó al Plan Colombia, creado en el año 2000 por el expresidente colombiano Andrés Pastrana y que nació para involucrar a la comunidad internacional en la lucha contra la guerrilla.

La ayuda estadounidense también ha contribuido en la lucha del Ejército colombiano contra el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la segunda guerrilla del país. La labor de la CIA ha permitido hacer seguimientos en tiempo real de los líderes rebeldes y a partir de 2006 se comenzó a utilizar un arma que, gracias a un sistema de GPS y con un precio de 30.000 dólares, puede determinar el lugar exacto del objetivo, incluso en medio de la selva donde se esconden los miembros de las guerrillas.

Esa tecnología, a través de las llamadas bombas inteligentes, permitió en marzo de 2008 matar al entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, que cayó en una zona fronteriza de Ecuador, confirmaron al diario estadounidenses autoridades colombianas y de EE UU. La muerte de Reyes, en la que nunca hasta ahora se había involucrado a EE UU, creó un problema diplomático entre Colombia y Ecuador, molesto porque la acción militar se desarrolló en su territorio.

La mayoría de las personas que han revelado la existencia del plan de ayuda secreto no han querido dar su nombre porque se trata de un programa clasificado y que aún podría seguir en marcha. Tampoco es la primera que se oculta la existencia de un plan de inteligencia a la opinión pública, según el diario, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, preguntado por The Washington Post, no quiso hacer comentarios sobre el plan, pero sí reconoció la ayuda de EE UU y de otros países en la lucha contra las guerrillas.

El Gobierno colombiano y las FARC mantienen desde hace poco más de un año un proceso de paz en La Habana (Cuba) pero nunca se ha pactado una tregua para frenar la violencia. Durante 2013, la guerrilla ha protagonizado varios ataques, lo que ha llevado a parte de la sociedad colombiana a pedir que se firme un alto el fuego, pero el presidente Santos es un firme partidario de continuar con la acción militar mientras no se acuerde el final del conflicto, que ya suma 50 años.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/22/actualidad/1387712415_161628.html
 

Barbanegra

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Ataque con explosivo a helicóptero de policía causa heridos en Colombia
Un helicóptero de la policía colombiana fue atacado con explosivos este lunes cuando aterrizaba en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, en el norte del país, causando algunos heridos, informó la institución, que no confirmó el número de lesionados.

Una fuente de la policía local señaló a la AFP que la explosión ocurrió a las 14H40 hora local (19H40 GMT), cuando el helicóptero estaba transportando personal para hacer un relevo en la zona y que se desconocía el número de heridos.

"Tregua? En Briceño, siempre Briceño, volaron helicóptero de la policía", dijo en su cuenta de Twitter el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, en referencia al cese al fuego unilateral anunciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla del país.

Las FARC, que hace 13 meses negocian con el gobierno colombiano un fin del conflicto armado, habían decretado una tregua unilateral de un mes a partir del 15 de diciembre.

Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional de Colombia despega de un área rural donde se descubrió una plantación de coca, en Puerto Asis, departamento de Putumayo, frontera con Ecuador, el 27 de setiembre de 2013.

AFP
 

Sebastian

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Colombia ordena investigar si están espiando a los negociadores con las FARC

La revista Semana reveló la existencia de una supuesta oficina fachada de espionaje cibernético en Bogotá, que manejaría una unidad de inteligencia militar

Elizabeth Reyes L. Bogotá 4 FEB 2014 - 17:20 CET3


Equipo del Gobierno que negocia la paz con las FARC / Yamil Lage (AFP)

El escándalo de las ‘chuzadas’ –como se le conocen en Colombia a las escuchas ilegales a líderes de la oposición, magistrados y periodistas que realizaron agentes del DAS durante el Gobierno de Álvaro Uribe– parece tener un nuevo capítulo, pero ahora el blanco serían los negociadores del Ejecutivo en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

Así lo reveló una investigación del portal digital de la revista Semana publicado en la noche del lunes, donde se asegura haber encontrado una oficina en el occidente de Bogotá que funcionaba como restaurante pero también como centro de enseñanza de informática. Desde allí, miembros del Ejército habrían espiado las comunicaciones de algunos integrantes del equipo del Gobierno que negocia la paz con las FARC. Entre ellos están Humberto de la Calle, jefe negociador del Ejecutivo en La Habana, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz y Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

De inmediato, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le ordenó al comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez iniciar una investigación para determinar si es cierto o no que dicha oficina fachada, llamada Andrómeda, estaría adscrita a un batallón de inteligencia del Ejército, que a su vez forma parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, Citec.

“La capacidad técnica de la Citec y sus unidades son sobresalientes. Gran parte de la operación Jaque se gestó y efectúo allí, pues mediante la infiltración y suplantación a las comunicaciones de la guerrilla se logró engañar al Mono Jojoy y a las FARC, lo que terminó con la liberación de Ingrid Betancourt y una decena más de secuestrados”, explica Semana.com.

En la mañana del martes, Santos calificó las ‘chuzadas’ ilegales a sus negociadores en Cuba, como algo inaceptable. “Averiguaremos hasta dónde ha podido llegar el uso ilícito de la inteligencia, quién está detrás de todo esto, quién está interesado en interceptar a nuestros negociadores y qué fuerzas oscuras están detrás de eso. Si hay ruedas sueltas en el Ejército y a quién le están informando”, dijo al término de una reunión con altos mandos militares y de Policía. Y añadió: “Hay operaciones de inteligencia que son una obligación del Estado, dirigidas contra los grupos terroristas y la delincuencia. Esa es una buena inteligencia, pero el uso ilegal de la inteligencia debilita el uso legal y desprestigia esa labor”.

Andrómeda habría estado al mando de un capitán del Ejército, con quien trabajaban miembros activos del batallón cuestionado, pero también hackers civiles. Sin embargo, se desconoce quién habría dado la orden de espiar a los negociadores de paz y quién recibía la información que entregaba el capitán, cuyo nombre se no hizo público.

La misión era hackear cuentas de correo y conversaciones por celular. “La idea era tratar de conseguir la mayor cantidad de datos sobre lo que se hablaba y cómo iban. Alguna de la información recolectada no resultaba del todo relevante, pues era claro que lo importante no lo movían por mail o PIN, porque igual ellos saben que allá los cubanos pueden conseguir esos datos si se mandan desde la isla”, dijo una de las fuentes que consultó el semanario colombiano.

Esta oficina clandestina habría sido creada el 12 de septiembre de 2012, justo un mes antes de que se iniciara el proceso de paz con las FARC en Oslo, Noruega y fue allanada por la Fiscalía hace una semana. Allí se encontraron diez ordenadores que están siendo analizados para saber si hay pruebas que confirmen que miembros del Ejército hicieron los seguimientos ilegales.

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, también reaccionó a la denuncia y dijo a medios radiofónicos que “hay que investigar si se trata de una rueda suelta (…) Si están espiando a los negociadores podría uno pensar que nos están chuzados a todos (…) No hay una explicación hasta el momento lógica del tema. Nos preguntamos si eso es cierto cómo es posible que esto se esté presentando y hasta donde están llegando con este tipo de revelaciones”. También negó que la orden hubiera salido de la casa presidencial.

Semana también reveló que hace cinco meses, la Fiscalía cerró una de las salas de interceptaciones del Ejército conocida como sala gris, que funcionada en la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, CIME, y que ha sido clave para dar fuertes golpes contra el terrorismo. La razón es que desde allí, militares habrían efectuado escuchas ilegales. Esta sala, según la revista, contó desde su creación con el apoyo económico y técnico de la CIA, “que no es algo nuevo ni sorprendente, se supone que está encaminada dentro del marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra las FARC”.

En abril de 2013, el expresidente Álvaro Uribe desató una polémica cuando publicó en su cuenta de Twitter las coordenadas donde cesarían las operaciones militares mientras se trasladaba a La Habana a miembros de las FARC que se unirían al equipo negociador de esa guerrilla. Esto generó una investigación al interior del Ejército, para determinar cómo y quién había filtrado una información tan delicada, que en su momento fue calificada por el propio Santos como de irresponsable –por parte de Uribe– ya que puso en riesgo la operación.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/04/actualidad/1391530858_650917.html
 

Sebastian

Colaborador
Colombia: destituyen a jefe de inteligencia por escuchas ilegales a negociadores de paz

Redacción
BBC Mundo
Miércoles, 5 de febrero de 2014


Santos calificó de "inaceptables" las denuncias de pinchazos telefónicos.

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, anunció este martes la destitución del jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Zúñiga, y la del director de la Central de Inteligencia de la institución, general Jorge Zuluaga, por el nuevo escándalo de escuchas ilegales que sacude al país.

El escándalo estalló luego de que la revista Semana denunciara que militares colombianos habían interceptado ilegalmente las comunicaciones de varias personalidades, entre las que se destacan los principales delegados gubernamentales al proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos reaccionó inmediatamente a las alegaciones calificando la situación de "inaceptable" y ordenando una investigación a profundidad.

El mandatario también habló de “fuerzas oscuras” opuestas a las negociaciones con la guerrilla y sugirió la posibilidad de “ruedas sueltas” dentro del estamento militar.

Según el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Arturo Wallace, el escándalo hizo que algunos empezaran a preguntarse sobre verdadero nivel de control del ejecutivo sobre la totalidad de las fuerzas armadas y el alcance de la operación.

"Chuzadas" del DAS
"Y por el momento la destitución de los dos generales parece más un golpe de autoridad del presidente que un reconocimiento de responsabilidades por parte de la cúpula militar", explicó Wallace.

De hecho, en su intervención el ministro Pinzón también explicó que las investigaciones estaban en proceso y no confirmó las acusaciones de Semana.

“Quiero decirle al país que puede tener la tranquilidad de que ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni los comandantes de nuestras fuerzas han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines diferentes a los establecidos en la Constitución y las leyes”, dijo el titular de la cartera de defensa.

Según Wallace, el caso le ha recordado a los colombianos el escándalo de las "chuzadas" del DAS -el ahora desaparecido servicio de inteligencia de la presidencia- que sacudió al gobierno de Álvaro Uribe.

"En esa oportunidad el DAS también espió a miembros del gobierno, aunque se concentró sobre todo en los opositores a Uribe, quien siempre ha negado cualquier responsabilidad", recordó Wallace.

"Muchos políticos de oposición siempre han además sostenido que las escuchas ilegales nunca se detuvieron completamente".

"Y ahora habrá que esperar para ver si la investigación ordenada por Santos termina dándoles la razón o no", concluyó.
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/02/140203_ultnot_espionaje_colombia_ao.shtml
 

Sebastian

Colaborador
En la búsqueda de los "enemigos de la paz" Colombia investiga a su ejército

Arturo Wallace
BBC Mundo
Miércoles, 5 de febrero de 2014


El ejército colombiano está en el centro del nuevo escándalo por escuchas ilegales.

Mientras el comandante del ejército colombiano intentaba este miércoles arrojar algo de luz sobre el escándalo de las supuestas escuchas ilegales a los representantes de su gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, el oficial también trató de despejar cualquier duda acerca del compromiso de la institución con el proceso de paz.

"Quien más reza por la paz es el soldado… En nuestro ejército hay un compromiso absoluto de todos los oficiales, suboficiales y soldados… Como ha dicho el señor presidente, la paz es la victoria", dijo el general Juan Pablo Rodríguez en diálogo con una emisora local.

Pero en su conversación con La FM también agregó, en dos oportunidades: "Nadie más que nosotros estamos convencidos que únicamente derrotando el terrorismo alcanzaremos la paz".

Claro está, es bastante probable que ese "únicamente", que parece dar primacía a una solución exclusivamente militar al conflicto, sólo fuera un lapsus.

Pero la frase ciertamente ayuda a entender las preocupaciones surgidas luego de que la revista local Semana denunciara la interceptación de correos electrónicos y mensajes telefónicos de los negociadores gubernamentales por parte de una operación vinculada a los servicios de inteligencia militar.

Porque si los militares dudan de la efectividad del diálogo iniciado por el presidente Juan Manuel Santos, la pregunta obligatoria es: ¿qué están haciendo al respecto?

¿Ruedas sueltas?
Si la respuesta incluye las interceptaciones denunciadas por Semana, la explicación más benévola es que al menos un sector dentro del ejército está interesado en conocer el detalle de lo que se está discutiendo en La Habana para no verse tomado por sorpresa.

Pero también cabría la posibilidad de que la intención última sea sabotear el proceso, probablemente en alianza con otros enemigos del proceso de paz.

Y, en cualquiera de los dos casos, la situación también revelaría problemas con la unidad de mando de las fuerzas militares y con la capacidad de las máximas autoridades para evitar abusos con la inteligencia militar.


"Ahí hay un problema evidente de comando y control (a lo interno de las fuerzas armadas)", le dijo a BBC Mundo el experto en temas de seguridad Jairo Libreros.


"Y es que si bien el prinicpio de compartimentación en materia de inteligencia garantiza que exista un nivel de reserva y cierto grado de autonomía en el manejo de algunos asuntos, este tema va mucho más allá. Porque la información que aparentemente se estaba recopilando es del interés de ciertos sectores de las fuerzas militares y de actores políticos externos que están en contra del proceso de paz", explicó el analista.


Esa también parece ser la lectura que ha hecho del asunto el presidente Juan Manuel Santos.


"¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército, ¿a quién le están informando? Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz ¿están involucradas en esto? ¿Tienen contactos internos? ¿Qué buscan?", se preguntó el martes el mandatario.


Y la posibilidad de "ruedas sueltas" dentro de las fuerzas armadas es una con la que Libreros parece coincidir.

"Yo creo que esto es una muestra más de los problemas que en tiempos pasados se han dado por cuenta de un sector de las fuerzas militares que no está de acuerdo con el proceso de paz, que se siente inconforme con que se llegue a un acuerdo con la guerrilla en una mesa de negociación y no en el campo de batalla", declaró.


Viejas divisiones
Efectivamente, las sospechas sobre la división de lealtades en las fuerzas de seguridad del país, a raíz de la decisión del presidente Santos de dialogar con la guerrilla, no son para nada nuevas.

Ya en octubre de 2012 un artículo de la BBC, había dado cuenta de los temores de varios altos oficiales –incluyendo al entonces jefe de las fuerzas armadas, general Alejandro Navas– por la posible desmovilización y entrada en política de las FARC, particularmente por la posibilidad de que los soldados que los han estado combatiendo fueran eventualmente llevados a los tribunales.



Según Semana, las comunicaciones de los negociadores de paz gubernamentales no habrían sido los únicas interceptadas.


Y a raíz del nuevo escándalo han sido varios los que han hecho notar que el ejército aún no ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre posibles filtraciones que en su momento también pudieron afectar las conversaciones, como la de las coordenadas de un vuelo que debía transportar a un grupo de negociadores de las FARC hasta La Habana, publicadas en su oportunidad por el expresidente Álvaro Uribe.


Uribe, un duro crítico de las conversaciones con la guerrilla, inmediatamente calificó de "infamia" cualquier intento de vincularlo a él con las supuestas escuchas ilegales denunciadas por Semana.


"No necesito valerme de la inteligencia institucional del Estado, a mí muchos colombianos me tienen confianza", se defendió.


Pero mientras las investigaciones arrojan más luz sobre las nuevas "chuzadas", los que antes se preguntaban sobre el efecto de posibles divisiones en el seno de las FARC para los acuerdos de paz, ahora parece que también se tendrían que hacer la misma pregunta con respecto a sus fuerzas armadas.


En el caso de las FARC la preocupación tiene que ver con la posible no desmovilización de ciertos efectivos, los que podrían terminar engrosando las filas de las denominadas Bacrim: las bandas criminales dedicadas al narcotráfico.


Pero una eventual falta de consenso dentro del ejército, especialmente si hay sectores dispuestos a aliarse con los enemigos del proceso, podría complicar mucho más la negociación, convenciendo a la guerrilla de que no hay garantías para su futura desmovilización.



Lo que se sabe
Por lo pronto el escándalo ya le costó su puesto al jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Zúñiga, y la del director de la Central de Inteligencia de la institución, general Jorge Zuluaga.

"¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército, ¿a quién le están informando? "
Juan Manuel Santos

Pero al anunciar el cambio, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se cuidó de no vincularlos directamente con las supuestas interceptaciones y pidió esperar los resultados de las pesquisas oficiales.

Y lo mismo hizo esta mañana el general Rodríguez, quien sin embargo ya confirmó que la estación encubierta denunciada por Semana –que operaba bajo la apariencia de un restaurante de comida rápida y un centro de entrenamiento informático– sí estaba vinculada a la inteligencia militar.


"La Constitución Nacional y las leyes de inteligencia nos permiten a los organismos de inteligencia desarrollar actividades legales de inteligencia de manera acubierta (sic) o abierta", explicó el comandante del ejército en diálogo con otra emisora.


"Pero en ningún momento (yo he) tenido conocimiento de que en este tipo de actividades acubiertas (sic) se esté violando la ley", aseguró.


Parte del problema, sin embargo, es que el escándalo de las "chuzadas del DAS" –las escuchas ilegales a opositores al entonces presidente Uribe por parte de la policía secreta, también destapado por Semana en febrero de 2009– ya demostró que los servicios de inteligencia colombianos no son 100% confiables.


Y, como prueban los casos de los "falsos positivos" –el asesinato de jóvenes de escasos recursos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate para obtener premios y privilegios, ocurridos cuando Uribe era presidente y Santos era su ministro de Defensa– o la colaboración con bandas de narcotraficantes o grupos paramilitares, la participación de efectivos de las fuerzas armadas colombianas en actividades ilegales, con o sin el conocimiento de sus estructuras de mando, tampoco es algo que pueda descartarse.

La reacción de las FARC

No son sólo las supuestas escuchas ilegales a sus contrapartes lo que preocupa a las FARC, sino también el aumento de las amenazas de violencia en contra de políticos y simpatizantes de partidos y movimientos de izquierda.


En los últimos días han recibido amenazas de muerte de supuestos grupos paramilitares personalidades como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el diputado del opositor Polo Democrático Iván Cepeda, la candidata de la izquierdista Unión Patriótica, Aída Abella, y la exsenadora Piedad Córdoba, entre otros.

Y para las FARC eso, y las "chuzadas", son parte de la misma estrategia.


"Frente a la guerra sucia y el terrorismo de Estado que no cesan, nos preguntamos si se puede seguir confiando en la posibilidad cierta de encontrar la paz tras la firma de un acuerdo final", se pregunta la guerrilla en un comunicado sobre los dos temas publicado este miércoles.


Pero la organización insurgente se dicen dispuesta, pese a todo, a seguir adelante con el proceso. "Ante el peligro en que se encuentra este nuevo intento de reconciliación, llamamos a que toda la ciudadanía, en cada rincón de la patria, actúe con todas sus potencialidades en defensa y salvación del proceso de paz", concluye el comunicado.


http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias...ionaje_ejercito_enemigos_proceso_paz_aw.shtml
 

Sebastian

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Espionaje a periodistas colombianos

El escándalo de las escuchas ilegales que implica a la inteligencia militar se extiende a los informadores que cubren las negociaciones de paz con las FARC

Elizabeth Reyes L. Bogotá 12 FEB 2014 - 00:39 CET


El jefe negociador de Colombia con las FARC, en La Habana. / Ernesto Mastrascusa (EFE)

El escándalo de las escuchas ilegales a los negociadores de paz del Gobierno colombiano por parte de miembros del Ejército de ese país dio el lunes una nueva vuelta de tuerca tras conocerse que también fueron interceptadas conversaciones de periodistas que cubren el proceso de paz que se desarrolla con la guerrilla de las FARC en La Habana.

Así lo reveló el domingo la cadena norteamericana Univisión, que tuvo acceso a dos cuentas de correos interceptados con un total de 2.638 mensajes entre dos guerrilleros que hacen parte de la delegación de las FARC en La Habana y periodistas colombianos, de agencias internacionales y otros medios de América Latina y Europa. En los mensajes, los comunicadores pedían entrevistas con miembros de esa guerrilla que permanecen en la isla desde noviembre de 2012.

Según la cadena de televisión fueron interceptados por “grupos de hackers de la inteligencia militar colombiana”. Marisol Gómez, periodista de El Tiempo, cuyos mensajes estaban en el listado de conversaciones interceptadas, dijo a Univisión que “no le incomodaba particularmente la intercepción de sus mensajes porque las FARC es una organización que los periodistas saben que es blanco de los servicios de inteligencia”.

Por su parte, Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP, señaló a medios locales que “este tipo de interceptaciones afecta uno de los valores más importantes para el ejercicio del periodismo y es la confianza de la fuente en los periodistas”.

Estas revelaciones se conocen justo cuando en Colombia se celebra el día del periodista y cuando la FLIP dio a conocer su informe anual sobre el estado de la libertad de prensa en 2013. Según su análisis, se registraron 123 agresiones directas que dejaron 194 víctimas, incluidos dos asesinatos (van 142 desde 1977).

“En buena parte de los casos, las agresiones más graves se perpetraron a periodistas que trataban asuntos relacionados con irregularidades al interior del Estado, que tuvieron como consecuencia atentados de muerte, asesinatos y amenazas colectivas”, dice el informe, que destacó que aunque los periodistas no tienen mayores inconvenientes para acceder a la protección que brinda el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección sí tuvo dificultades administrativas y presupuestales para la implementación oportuna de estas medidas.

Uno de los casos de agresión más destacados fue el que sufrió Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana que sobrevivió a un atentado en mayo de 2013. Su coche recibió cinco impactos de bala cuando investigaba temas de denuncia que involucraban al Ejército. También está el exilio de León Valencia, Ariel Ávila y Claudia López, tras revelarse un plan para asesinarlos presuntamente por sus investigaciones que involucraban a un gobernador electo y un narcotraficante.

Aunque el número de amenazas disminuyó con relación al 2012, la FLIP aclara que la cantidad de víctimas fue la misma y que aumentaron las obstrucciones a la prensa. También mostró preocupación por el riesgo que representa para los reporteros cubrir las protestas sociales, como las que ocurrieron entre junio y agosto pasados.

En ese momento se registraron 24 agresiones a la prensa, en su mayoría a manos de la Fuerza Pública. “Los periodistas fueron objeto de detenciones ilegales, les retuvieron sus equipos de trabajo, que en muchos casos no volvieron a ver. También fueron atacados con piedras, bolillos, amenazas y estigmatizaciones de pertenecer a grupos guerrilleros o de ser policías infiltrados por el hecho de cumplir con su trabajo”.

La justicia también sigue en deuda con el periodismo. La FLIP resalta que durante 2013 prescribieron cinco casos de asesinato y quedaron así en la total impunidad. “El único caso que se salvó de este destino fue el de Eustorgio Colmenares, ex director del diario La Opinión (asesinado en 1993), que fue declarado delito de lesa humanidad”. Ante este panorama, Colombia ocupa el quinto lugar de impunidad en agresiones contra la prensa en el mundo.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/12/actualidad/1392160038_801341.html
 

Sebastian

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entrevista | procurador general de colombia

“Voy a investigar espionaje del Ejército a los negociadores de paz”

Alejandro Ordóñez advierte de que si la CIDH otorga medidas cautelares al alcalde Petro se dejaría “sin dientes” al Estado colombiano, creando un fuero de impunidad


Eva Saiz / Juan Carlos Iragorri Washington 14 FEB 2014 - 03:32 CET3



El único en Washington que parecía feliz sorteando los casi 10 centímetros de nieve bajo los que el jueves amaneció sepultada la ciudad era el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez. Acostumbrado a los 25 grados perpetuos de su Bucaramanga natal, el inclemente temporal con el que la capital de Estados Unidos recibió al funcionario colombiano ha sido para él un gratificante contraste.

La tormenta obligó a cancelar un acto en el que Ordóñez iba a hablar sobre la transparencia y el Estado de Derecho en su país, pero sí le dio tregua para reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicarse su versión de los hechos a cerca de su controvertida decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien ha solicitado ante ese mismo organismo medidas cautelares que suspendan la resolución del procurador.

La medida de Ordóñez contra el regidor bogotano ha detonado un inusitado debate político y judicial en Colombia, en el que se han cuestionado la vigencia del derecho internacional sobre el interno, una reforma constitucional que limite el alcance de las competencias de la Procuraduría y hasta los efectos que puedan tener las decisiones de su titular en el diálogo de paz con las FARC. De eso y de otras cuestiones de la actualidad colombiana conversó el procurador en una entrevista conjunta con EL PAÍS y el programa de la cadena NTN24, Club de Prensa, que dirige Juan Carlos Iragorri.

La decisión de la CIDH supondría dejar sin dientes al Estado, dejar sin dientes a la sociedad colombiana en su arma más eficaz, más eficiente y más útil para combatir la corrupción"

Pregunta. Este mismo jueves, el presidente Juan Manuel Santos le ha pedido a usted que también entre a investigar desde el punto de vista disciplinario la intervención por parte de algunos miembros de los servicios de Inteligencia de Colombia de las cuentas de correo electrónico y las llamadas telefónicas de los miembros de la delegación del Gobierno que está dialogando con las FARC. ¿Qué va usted a hacer?

Respuesta. Hoy mismo he dado instrucciones para integrar una sala especial a fin de que ejerzamos el poder preferente, esto es, las facultades constitucionales y legales para desplazar a las autoridades disciplinarias internas del Ejército para asumir la investigación. Los funcionarios de la Procuraduría oficiarán a la Fiscalía de la Nación para que les entreguen copia espejo de las informaciones que pudieran estar en los ordenadores a efectos de hacer una investigación pronta, cumplida y eficaz para esclarecer todos los episodios que pudieron existir en el caso de las chuzadas.

P. ¿Cuándo cree que estarán listos los resultados de su investigación?
R. Hay que esperar y valorar todas las evidencias para saber cuándo se podrán tener los resultados de la investigación.

El 'caso Petro' y la CIDH
P. Se ha reunido en Washington con la CIDH ¿Cuál es la conclusión de esa reunión?
R. Yo salí con mucha satisfacción y tranquilidad porque se logró transmitir a la CIDH cómo es nuestra institucionalidad y cómo fue la decisión que sancionó a Petro.

Las mismas normas convencionales de Naciones Unidas y la OEA han solicitado entregarle a las autoridades administrativas facultades disciplinarias"

P. El alcalde solicitó medidas cautelares ante la CIDH porque consideraba que su resolución violaba el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que solo se pueden limitar los derechos políticos en caso de condena en un proceso penal. El suyo fue disciplinario ¿Cree que es válida su determinación o que contraría lo que dice la legislación internacional?
R. Por supuesto que no la contraría. La Corte Constitucional, frente a demandas de otros ciudadanos con el mismo argumento, ha dicho que las facultades para sancionar e inhabilitar a los funcionarios de elección popular no contradicen los tratados internacionales. Las mismas normas convencionales de Naciones Unidas y la OEA han solicitado entregarle a las autoridades administrativas facultades disciplinarias, entre otras cosas, porque esa es un arma, son los dientes de la sociedad y del Estado para combatir con prontitud la corrupción.

P. Usted ha dicho que si la CIDH otorga las medidas cautelares a Petro eso traerá consecuencias dramáticas para Colombia ¿Por qué?
R. Yo le añadiría caóticas, anárquicas… Porque afirmar que un funcionario de elección popular carece de controles disciplinarios sería crear un fuero no de inmunidad sino de impunidad.
El Estado colombiano diseñó estas leyes disciplinarias para actuar pronta, cumplida y eficazmente contra la corrupción y como consecuencia de ello, la procuraduría, en estos 20 años, donde han pasado seis procuradores, ha logrado tomar decisiones sancionatorias frente a más de 9.000 funcionarios de elección popular.
En este momento están en trámite más de 10.000 investigaciones disciplinarias, muchas de ellas relacionadas con la corrupción y otras por incumplimiento de los deberes funcionales. La decisión de la CIDH supondría dejar sin dientes al Estado, dejar sin dientes a la sociedad colombiana en su arma más eficaz, más eficiente y más útil para combatir la corrupción.

Inexorablemente, si Petro llegara a salir victorioso en la revocatoria, se aplicaría igualmente su destitución"

P. Si la CIDH otorga las medidas cautelares a Petro, ¿usted acataría esta decisión?
R. Las recomendaciones de la CIDH no van dirigidas a la Procuraduría, sino al jefe del Estado y esa pregunta debería responderla el presidente de la República.

P. Este jueves un juez declaraba conforme a derecho el decreto que permitió a Petro desprivatizar el sistema de recogida de basuras y uno de los pilares de su resolución contra él. ¿Si Petro se apoyó en una disposición legal, se desvirtúa el dolo en el que usted basó buena parte de su decisión para suspender e inhabilitar al alcalde de Bogotá?
R. Hay que contextualizarlo. La Procuraduría tiene un término para interponer recurso que vence el 26 de febrero y, si encontramos razones jurídicas, lo estaremos interponiendo para que el tribunal conozca o proceda a modificar o a revocar o a reformar la decisión del juez. Pero, suponiendo que este cargo se cayera, eso querría decir que la sanción de inhabilitación no sería de 15 años sino de 13.

Decisiones políticas o jurídicas
P. Además del proceso que usted inició contra Petro, hay otro paralelo que es el de la revocatoria de su mandato ¿Usted no cree que lo más democrático en su caso es que sean los ciudadanos los que voten que siga en la Alcaldía o que se vaya?
R. El proceso de revocatoria no tiene ninguna interferencia respecto del disciplinario. Éste es autónomo, tiene que ver con el incumplimiento de deberes funcionales y su decisión no va a resultar afectada por unos eventuales resultados electorales.

P. Es decir, que si Petro llegara a salir victorioso en la revocatoria, se aplicaría igualmente su destitución.
R. Inexorablemente. Y eso no lo dice el procurador, eso lo señala el ordenamiento jurídico.

Puede haber alcalde de la misma filiación política del alcalde de Bogotá y puede haber procuradores que tengan una formación ideológica diferente y ello es una prueba de la madurez de nuestro sistema jurídico y político"

P. Petro tenía una popularidad muy baja antes de que usted lo destituyera, pero ahora la favorabilidad en las encuestas es mucho mayor, ¿no será que usted lo convirtió en un mártir?
R. Con alta frecuencia el funcionario público que tiene funciones judiciales o disciplinarias toma decisiones con la opinión, contra la opinión y sin la opinión pública, ello quiere decir que el funcionario público debe tener el suficiente equilibrio y temperancia para tomar decisiones sin importar o sin estar condicionadas por las repercusiones de carácter social, económico o político.

P. El alcalde de Bogotá es un hombre de izquierdas y usted es una persona conservadora en muchas materias, en lo que tiene que ver con el matrimonio homosexual, el aborto, la despenalización del narcotráfico o la legalización de las drogas. ¿Le movió a usted su ideario político a la hora de tomar su decisión respecto de Petro?
R. Muchas decisiones previas, cerca de cinco, adoptadas por la Procuraduría han favorecido al alcalde Petro. Lo que aquí valdría la pena reflexionar es que si hay un elemento que deslegitime a las democracias es el unanimismo, la pluralidad es una condición para la existencia de los sistemas políticos contemporáneos, y puede haber alcalde de la misma filiación política del alcalde de Bogotá y puede haber procuradores que tengan una formación ideológica diferente y ello no es ningún error o desafío, sino todo lo contrario, es una prueba de la vitalidad, de la riqueza y la madurez de nuestro sistema jurídico y político.

El proceso de paz
P. Petro y otros políticos que han sido inhabilitados por usted, como Piedad Córdoba, o que están sujetos a su investigación, como Iván Cepeda, e incluso antiguos miembros del grupo negociador del Gobierno, como el actual embajador de Colombia en EE UU, Luis Carlos Villegas, han advertido de que sus decisiones podrían obstaculizar el proceso de paz. ¿Cree usted que sus resoluciones ponen en riesgo las negociaciones?
R. Todo lo contrario. Esas decisiones no sólo no afectan el proceso de paz sino que le permiten dar mayor legitimidad y mayor confianza a los ciudadanos y mayor certeza a la guerrilla de que no puede haber funcionarios públicos por encima de la Constitución, por encima de la Ley y por encima de las decisiones judiciales.

El procurador también está de acuerdo y apoya el proceso de paz, pero la paz no es a cualquier precio"

P. Usted dice representar a la sociedad y ha criticado el diálogo que se está llevando a cabo en La Habana, pero la mayor parte de los ciudadanos de Colombia, según todos los sondeos, respalda el proceso de paz ¿No será que usted no está representando bien a los colombianos?
R. El procurador también está de acuerdo y apoya el proceso de paz. Todos deseamos y queremos la paz, pero la paz no es a cualquier precio. El presidente lo ha dicho y los negociadores lo han dicho, que la paz debe ser sin impunidad, porque la paz es una consecuencia de la justicia y para que la paz sea duradera, permanente y sostenible, la paz debe ser un fruto de la justicia.

P. Entonces, usted está de acuerdo con un proceso de paz siempre y cuando no haya impunidad para los miembros de las FARC
R. Tal cual, me interpretó exactamente.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/14/actualidad/1392336587_659522.html
 

Sebastian

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El Ejército colombiano niega haber realizado escuchas ilegales

Seis militares que trabajaron en la unidad de inteligencia que está en el centro de la polémica por espionaje serán sustituidos

Elizabeth Reyes L. Bogotá 15 FEB 2014 - 04:37 CET7
Doce días después de haberse destapado el escándalo de las supuestas escuchas ilegales a los negociadores de paz con las FARC por parte de miembros del Ejército, un informe presentado en la noche del viernes al presidente Juan Manuel Santos por el general Ernesto Maldonado, Inspector del Ejército, asegura que la creación de la fachada de inteligencia militar desde la que presuntamente se espiaron a los negociadores fue legal. Según Maldonado, su funcionamiento estaba “soportado” en órdenes de operaciones emitidas por un comandante de batallón de inteligencia, así como por rubros autorizados por la ley.

El general Maldonado leyó un comunicado en el que sostuvo que en la fachada, llamada Andrómeda, desde la que además se habrían espiado comunicaciones a integrantes del equipo de las FARC en La Habana y periodistas colombianos, de agencias internacionales y otros medios de Europa, no se habían adelantado interceptaciones de comunicaciones ni realizado actividades ilícitas.

El oficial no dijo nada sobre si en los operativos que realizaron hackers contratados por personal de inteligencia se interceptaron mensajes del equipo de negociadores de paz, pero aseguró que estas investigaciones serán adelantadas por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, que determinarán si fueron ilegales o no. Así que para el Ejército, solo cuando la Fiscalía termine de revisar y analizar la información contenida en los computadores que fueron incautados en el local que hacía las veces de fachada, se sabrá si fueron utilizados para chuzar, como se le conoce en Colombia a las escuchas ilegales.

Según Maldonado, para la investigación que realizó su dependencia, se verificaron las acciones que realizó dicha fachada de inteligencia durante 2012, 2013 y lo que va de 2014, así como la ejecución presupuestal para los gastos de mantenimiento y funcionamiento del local de un restaurante en el occidente de Bogotá, además de diez entrevistas y 22 pruebas de detector de mentiras.

Lo que sí aceptó el militar es que hubo errores de procedimiento en el manejo de Andrómeda, “para proteger el secreto de la operación” –ya que fue descubierta–, por lo que recomendó relevar de sus cargos a seis funcionarios, de los cuales no dio los nombres, que estuvieron involucrados directamente en el trabajo que se realizaba en la fachada de inteligencia, mientras se adelantan las investigaciones. Ya se había hecho lo mismo, apenas estalló el escándalo, con los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, cabezas de la inteligencia militar en Colombia.

Con esto –sin mayores sorpresas– las respuestas que los colombianos esperaban escuchar para esclarecer las posibles escuchas ilegales denunciadas por la revista Semana, tendrán que esperar, ya que lo anunciado por el Ejército, va en la misma línea de lo que ya había dicho el presidente Santos sobre la legalidad de Andrómeda, a pesar de que un primer momento le atribuyó las escuchas ilegales a “fuerzas oscuras” que acechaban los diálogos de paz con las FARC.

Pero a pesar del informe del Ejército, este viernes, horas antes de que se pronunciara el general Rodríguez, el parlamentario Simón Gaviria, director del partido Liberal, afirmó que sabía de la existencia de “400 mensajes de whatsapps y 500 de Blackberry interceptados y decenas de correos electrónicos” de periodistas, políticos y empresarios. Según Gaviria, entre los espiados también estaban miembros de su partido y del Polo Democrático, de la oposición. En Colombia, estas interceptaciones solo pueden hacerse con autorización judicial.

El miércoles, en una sesión reservada de la comisión de inteligencia del Congreso, donde se citó a la cúpula militar y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para conocer de fondo lo que venía ocurriendo en Andrómeda, no hubo mayores avances y las explicaciones no convencieron a los congresistas. Como ha sucedido desde que estalló el escándalo, Pinzón volvió a defender las labores de inteligencia lícita que allí se hacían y aclaró que la cuestionada fachada de inteligencia militar únicamente podía monitorear el espectro electromagnético, algo que, aunque polémico, está autorizado por la ley colombiana.

El mandatario colombiano le pidió también a la Procuraduría General que se ponga al frente de la investigación disciplinaria y ha reiterado que si se descubren abusos de la inteligencia militar “se actuará con toda la contundencia en aplicación de sanciones”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/15/actualidad/1392435468_102262.html
 

Barbanegra

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Comandante de FARC sugiere pausa en diálogos
Quizá sea necesario hacer una pausa en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano hasta tanto se aclare una denuncia de espionaje por parte del ejército colombiano, sugirió un miembro de la comandancia de las FARC.

El planteamiento de Joaquín Gómez, uno de los seis integrantes del "secretariado" o máxima jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue hecho en un artículo publicado el jueves en la página de internet de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), que suele divulgar comunicados y entrevistas con los rebeldes.

Gómez, cuyo verdadero nombre es Milton de Jesús Toncel, hizo mención a que esa pausa sería necesaria a la luz de denuncias surgidas este mes acerca de que agentes de la inteligencia militar espiaron, entre fines de 2012 y fines de 2013, mensajes de texto y correos electrónicos de funcionarios como el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien es miembro del equipo negociador del gobierno en los diálogos que se realizan en La Habana.

"Queremos manifestarle a Colombia y al mundo entero, que pese a estos gravísimos hechos atentatorios contra las conversaciones de La Habana, las FARC no se levantarán de la mesa, porque es eso precisamente lo que buscan los chuzadores (espías)... Quizás sí sea necesario hacer una pausa en las conversaciones; abrir un compás de espera, que permita que el país nacional digiera la gravedad de lo que está pasando y dé tiempo al Presidente (Juan Manuel) Santos para esclarecer los hechos, determinando también el grado de culpabilidad de la CIA en los mismos", dijo Gómez, considerado uno de los miembros del ala más dura o combativa de la guerrilla, que se presume cuenta con al menos 8.000 integrantes en armas.

Gómez es además jefe del Bloque Sur, una unidad de las FARC a la que se le atribuyen algunos de los más duros golpes recibidos por las fuerzas militares colombianas en la década de 1990, pero también estrechos lazos con el narcotráfico, según la policía antinarcóticos.

El gobierno de Santos ha rechazado la posibilidad tanto de suspender temporalmente los diálogos, que comenzaron a fines del 2012, como de un cese al fuego.

Por otro lado, medios de prensa reportaron que José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, uno de los lugartenientes de Gómez, estaría por llegar a Cuba para incorporarse a la mesa de negociaciones, precisamente cuando se trata el tema del narcotráfico.

Distintos funcionarios consultados telefónicamente por la AP indicaron que tal incorporación de Cabrera —uno de los cinco rebeldes más buscados por el gobierno— no se descartaba, pero que debían ser las FARC las que comentaran el caso.

Tres miembros del secretariado hacen parte de la mesa de negociaciones de las FARC: Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Mauricio Jaramillo, pero en caso de confirmarse la presencia de Cabrera, sería el primero de esa combativa facción de la guerrilla.

El gobierno colombiano se abstiene de comentar quiénes integran la delegación negociadora de las FARC, aunque facilita su salida del país generalmente con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.

AP
 

Sebastian

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Un mes de escándalos sacude a las fuerzas militares en Colombia

Las escuchas ilegales de los negociadores de paz con las FARC y la corrupción en las contratas del Ejército provocan un zafarrancho de cambio de mandos

Elizabeth Reyes L. Bogotá 1 MAR 2014 - 23:34 CET2


El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. / JOHN VIZCAINO (REUTERS)

Las supuestas escuchas ilegales a las personas que negocian la paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el espionaje de los correos de los periodistas que cubren esas negociaciones y la interceptación de los correos del presidente Juan Manuel Santos han provocado un cisma en la cúpula militar. Lo peor es que aún hay mucho que aclarar y la crisis amenaza con ahondarse a medida que se tire de la manta.

“Estos 23 días han sido una pesadilla”. La frase la pronunció el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, el jueves pasado, durante un foro en Washington, y resume la reciente tormenta que han vivido las Fuerzas Armadas por cuenta de los escándalos revelados por la revista Semana, que ya se han cobrado la cabeza de una docena de generales.

El primero de esos escándalos estalló el 4 de febrero, por las supuestas escuchas ilegales que habrían hecho algunos militares a los negociadores de paz del Gobierno desde un centro camuflado del servicio secreto que operaba en Bogotá. El asunto está por resolverse, pero entretanto dos generales fueron relevados de sus cargos. Uno de ellos, el general Jorge Zuluaga, jefe de inteligencia técnica del Ejército, ha defendido la operación cuestionada, diciendo que todo allí fue lícito. Sin embargo, la fiscalía ya encontró correos que fueron pirateados desde ese centro de operaciones.

El segundo escándalo se conoció una semana después y está relacionado con lo que podría ser una red de corrupción en la contrata de servicios del Ejército, cuyo protagonista es un coronel que se encuentra detenido. Al mismo militar se le investiga por el asesinato de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Este escándalo ya ha costado el puesto a siete generales del Ejército y dos altos mandos de la policía. Algunos hablaron de un “complot contra las Fuerzas Militares”.

Uno de ellos fue el comandante de las Fuerzas Militares general Leonardo Barrero, y no porque fuera corrupto sino porque se mofó de la justicia colombiana en una conversación que sostuvo hace dos años con el coronel ahora detenido, a propósito del caso, que en Colombia se conoce como falso positivo, civiles ejecutados que eran disfrazados como guerrilleros muertos en combate. El presidente Juan Manuel Santos no tuvo otra opción que destituirlo, pero llamó la atención que al entregar su cargo, Barrero hiciera una referencia al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana. “Con la unión y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro, y bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Tanto las posibles escuchas ilegales a los negociadores de paz como esta advertencia de Barrero han dejado sobre la mesa la preocupación de que existe un sector de los militares molesto por lo que se está negociando con la guerrilla. Para el analista Héctor Riveros se trata de una especie de desconfianza “que hace que algunos sectores crean que puede haber acuerdos por debajo de la mesa para reestructurar o reformar las fuerzas militares tras el final del conflicto. Pero resolvieron usar herramientas ilegítimas para tratar de saber e incluso para filtrar información que puede terminar afectando al proceso de paz”.

También hay preocupación por el futuro jurídico que se les pueda dar a los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto. Temen que se pacten beneficios jurídicos para la subversión y a cambio se termine sacrificando a las fuerzas militares que han sido fundamentales en el éxito reciente de la lucha contra las guerrillas, en particular la de las FARC. “Pero hay una distorsión y es creer que los casos de militares sindicados de delitos en el marco del conflicto son una injusticia y eso es inaceptable porque es evidente que se han cometido violaciones de derechos humanos por parte de agentes oficiales”, dice Riveros. Una cosa son los soldados que han enfrentado la violencia en el marco de la ley y otra quienes han delinquido.

El presidente Santos ha insistido en que los militares no son parte de la agenda de negociación con las FARC y que es precisamente gracias a los duros golpes que le han dado a esa guerrilla por lo que hoy están negociando el fin del conflicto. El recién comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, también ha salido a defender la fidelidad de la institución castrense ante los diálogos de paz, donde Santos tiene sentados a dos generales retirados que fueron comandantes, uno del Ejército y otro de la policía, para generar confianza.

Por otro lado, esta crisis también ha destapado varios hechos que dejan muy mal parados a los militares, ya que las denuncias de la prensa mostraron que en el seno de la institución hay redes de corrupción que manejan a su antojo una parte del enorme presupuesto del Ministerio de Defensa, que supera los 5.300 millones de euros al año, parte del cual, según se divulgó, en algunos casos es asignado a contratistas sin ningún tipo de licitación y mediante tráfico de influencias.

Santos ha tenido que tomar decisiones drásticas en conjunto con el ministro de Defensa, en aras de su política de “cero tolerancia” frente a la corrupción. “Créanme que no es cómodo sacar generales”, aceptó Pinzón en Washington. Pero algunos analistas piensan que esto no es suficiente. Frente a los dos escándalos faltan las respuestas de fondo que tendrán que dar las investigaciones que se adelantan.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/01/actualidad/1393713295_451439.html
 

Sebastian

Colaborador
Gustavo Petro y la viabilidad de la izquierda colombiana

Arturo Wallace

BBC Mundo, Bogotá (@bbc_wallace)
Viernes, 21 de marzo de 2014


Petro dice que su destitución fue un golpe de estado contra un alcalde de izquierda elegido por el pueblo.

Gustavo Petro reaccionó a la confirmación de su destitución como alcalde de Bogotá por boca del presidente Juan Manuel Santos primero en Twitter y luego en la plaza.

"No nos ganaron ni en la urnas, ni en el corazón ciudadano, ni en la justicia. Tuvieron que acudir al golpe (de estado) y la arbitrariedad", fue uno de los primeros trinos del ahora exalcalde, en esa plaza virtual de la política moderna que son las redes sociales.

Y el trasfondo de su mensaje tanto ahí como en la plaza de verdad, la de Bolívar, fue claro: en lo que a tolerancia para con la izquierda se refiere, la vida política colombiana sigue atrapada en el pasado.

"El voto hoy en Colombia no sirve", llegó a afirmar Petro, quien a lo largo de su batalla en contra de la destitución siempre ha insistido en que detrás de la sanción que lo sacó del cargo estaba una extrema derecha empeñada en derrocar al exguerrillero que había llegado al poder por la vía de las urnas, para enviar así un mensaje a toda la izquierda colombiana.

Y el exalcalde –castigado por la Procuraduría a raíz de un accidentado proceso de nacionalización del sistema de recolección de basuras– también se reafirmó en que ese mensaje era particularmente grave de cara a las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC iniciado por el propio Santos.

"¿Cómo va hacer la paz? ¿Cómo va a acercárseles y decirles que él es capaz de garantizarles los derechos políticos, la vida y las libertades de esas personas que hoy se levantan en armas, si a quien no se levantó en armas y sanamente se ganó con el voto popular la Alcaldía (...) lo destituye?", le preguntó a los asistentes.

"¿De qué garantías políticas y libertades civiles nos vienen aquí a hablar? No existen en Colombia. Las han anulado, si alguna vez las tuvimos", fue su respuesta.

Mensaje
No todos, obviamente, comparten la interpretación del antiguo guerrillero.


Para muchos, la lucha por Petro era una lucha por el derecho a gobernar de la izquierda.

De hecho, para muchos, un ejemplo de que Petro exagera es su propia elección al segundo cargo de elección popular más importante del país, hace poco más de dos años.

Y algunos también han empezado a ofrecer como evidencia el mismo comportamiento de un sistema de justicia que, según el presidente Santos, actuó de manera "transparente, eficaz y oportuna" a la hora de analizar su caso.

Tampoco faltan, obviamente, los que creen que la sanción en contra del polémico exalcalde era merecida.

Pero incluso entre aquellos que consideran excesivo el castigo ordenado por el procurador Alejandro Ordóñez, abundan los que se rehúsan a ver en la misma "un mensaje a la izquierda".

Y, como evidencia, hacen notar el impresionante record de funcionarios destituidos por Ordóñez y la abundancia, entre estos, de personalidades "de derecha".

"Cuando Gaitán les iba a ganar, lo mataron. Cuando la UP comenzó a ganar vino el genocidio. Cuando Petro comenzaba a gobernar lo derrocaron"
Iván Cepeda​

Este último análisis, sin embargo, no repara en una cosa: la única que puede determinar si la saga esconde un mensaje para la izquierda –y cuál podría ser ese mensaje– es la izquierda misma.

Es decir, serán los actores de izquierda los que se sacarán su propia conclusión y actuarán en consecuencia. Y, por lo pronto, esa conclusión no parece ser nada halagüeña.

"Cuando (el candidato a la presidencia, Jorge Eliécer) Gaitán les iba a ganar, lo mataron. Cuando la UP (Unión Patriótica) comenzó a ganar, vino el genocidio. Cuando Petro comenzaba a gobernar lo derrocaron", dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, a modo de ejemplo.

La frase es un buen resumen de una historia –la de la izquierda colombiana– que ha estado marcada por la violencia, a menudo ejercida de manera brutal en contra de sus miembros.

Y no hay que olvidar que el propio nacimiento de las FARC –la máxima expresión de la violencia ejercida desde la misma izquierda y, para muchos, una de las principales causas de su perpetuamiento– también fue una reacción a la violencia ejercida desde el estado y un producto del convencimiento de que los poderes establecidos y los grandes intereses no hacían viable el camino de las urnas para este tipo de movimientos.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces a la fecha. Y en su discurso de despedida Petro descartó tajantemente la opción de la violencia.

Pero por los comentarios en Twitter y las declaraciones en los medios se deduce que muchas de las figuras de izquierda en Colombia también sienten que sus derechos siguen sin estar completamente garantizados por el actual sistema. Y que ven el caso del exalcalde de Bogotá como una importante prueba.

Las respuestas
Predecir el curso de acción es, sin embargo, mucho más difícil.


Petro podría terminar convertido en una piedra en el zapato para Juan Manuel Santos.

Una nueva ronda de negociación entre gobierno y FARC empezó normalmente este jueves en La Habana, al día siguiente de destitución de Petro, lo que parece confirmar que el futuro del diálogo de paz nunca estuvo ligado al destino del alcalde exguerrillero.

Aunque en su intervención habitual al inicio de cada ronda de conversaciones, el principal negociador rebelde, Iván Márquez, recalcó que la situación afectaba la confianza en el proceso.

"Es casi imposible desligar esta determinación de propósitos electorales (...) y plantea serios interrogantes frente al tema de la participación política", dijo Márquez.

Y el precedente seguramente pesará en el ánimo de las FARC a la hora de las decisiones finales.

Mientras, para la denominada izquierda democrática, el reto inmediato estará en hacer de la decisión de Santos una oportunidad para cohesionarse y movilizarse masivamente.

Y es que, para ellos, la negativa del gobierno a acoger las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las que apostaba Petro, no solamente es injusta sino también claramente ilegal, pues hasta ahora Colombia siempre había tratado las medidas ordenadas por la Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de ineludible cumplimiento.

¿A las calles?
El norte ahora parece estar puesto en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ya demandada por las FARC y ahora también por Petro. (Aunque también por el expresidente Álvaro Uribe, el máximo exponente de la derecha).

Una demanda que podría terminar juntándose con las de los campesinos y darle mayor impulso a un posible nuevo paro agrario, y viceversa.

Y, por último, también está la elección presidencial, que se presenta como una oportunidad para enviarle un mensaje a un presidente que, a la hora de tomar su decisión, parece haber concluido que su reelección corría más riesgo si alienaba a los sectores de derecha, opuestos a Petro, que a los de izquierda.

El de Santos, sin embargo, no deja de ser un cálculo arriesgado.

La izquierda no salió particularmente bien en las pasadas elecciones legislativas, ni siquiera en Bogotá, pero entre el abstencionismo histórico, el voto en blanco y los votos nulos, la verdad es que el nuevo Congreso se conformó con las preferencias de nada más un 25% de los votantes potenciales.

Y con Petro fuera de la alcaldía de Bogotá y cada vez menos representantes en el Senado y la Cámara de Diputados, pueden llegar fácilmente a la conclusión de que su único espacio real en este momento son las calles y ahí juntar otros descontentos.

En cualquier caso, está claro que la izquierda colombiana siente que el país sigue teniendo un reto pendiente: ya no los matan como antes, pero ellos también quieren poder gobernar y hacerlo con el mismo margen de maniobra que los partidos de siempre.

Y hoy seguramente son mucho menos optimistas que ayer acerca de sus posibilidades dentro del actual sistema.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140320_colombia_destitucion_petro_analisis_aw.shtml
 

Sebastian

Colaborador
Los aerodeslizadores con los que Colombia quiere acabar con la guerrilla y el narco

Frank Gardner
BBC, enviado especial a Putumayo, Colombia
Jueves, 8 de mayo de 2014


Los primeros Griffon 2000 ya están operativos en Colombia.

Colombia comenzó a desplegar aerodeslizadores -hovercraft- de combate fabricados en Reino Unido en una de sus regiones más problemáticas para hacer frente a la guerrilla y los traficantes de droga.

Los primeros dos hovercraft Griffon 2000 iniciaron sus operaciones con la marina en los ríos de la selva amazónica en el departamento de Putumayo, en la frontera de Colombia con Perú y Ecuador.

Los comandantes militares colombianos creen que el artefacto puede suponer un gran avance en el combate a la insurgencia más duradera de América Latina.

Más de 200.000 personas han muerto a lo largo de 50 años de enfrentamiento entre el gobierno e insurgentes de izquierda y narcotraficantes, con abusos cometidos por todos los bandos.

Pese al progreso que se ha hecho en las conversaciones de paz que se celebran en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la principal guerrilla -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC- no habrá cese al fuego a menos que se firme un acuerdo.

En el corazón del cultivo de coca
"Estos hovercraft van a cambiar toda la dinámica de la guerra contra la FARC aquí"
John Carlos Flórez, comandante de la Fuerza Naval del Sur​

En la extensa y aletargada superficie del río Putumayo apenas se mueve nada en el calor del mediodía. En la otra orilla se ve una sencilla edificación vacía con techo de paja medio oculta por la elevada jungla, y en el límite del agua, una fila de letras oxidadas dice "Ejército del Perú". Aquí es donde Colombia se encuentra con Perú, con el río formando una larga, serpenteante y llamativamente porosa frontera entre los dos países.

Unos pocos kilómetros al oeste quedan Ecuador y las rutas secretas de aprovisionamiento entre la selva que usan tanto los insurgentes como los traficantes de droga.

Este es el palpitante corazón de una región donde se cultiva coca para el mundo, el epicentro de la producción ilícita de cocaína, una industria valorada en miles de millones de dólares.


El río Putumayo es una importante vía para la economía de los habitantes de la zona.

Más movilidad
El movimiento rebelde de las FARC nació en 1964.

Sus números están en declive, con una reducción de 21.000 a 7.000 miembros, y las conversaciones de paz en La Habana tienen como objetivo un acuerdo final para desmovilizar a la mayor parte de los insurgentes y reinsertarlos en la sociedad.


La zona selvática del sur del país es uno de los escenarios clave del conflicto.

Hasta que no haya un acuerdo final de paz, la lucha continúa. Por tanto, ¿qué diferencia pueden marcar estos hovercraft? Dicho de forma sencilla, la marina colombiana espera que estas naves, que avanzan sobre un colchón de aire entre la superficie del agua y el casco de la embarcación, les permita acceder a partes del río que previamente han estado fuera de su alcance durante meses consecutivos, dándole a los rebeldes el libre control sobre franjas completas de territorio.

"Hasta ahora sólo hemos sido capaces de operar durante la mitad de año. De octubre a enero no nos podemos mover porque los niveles de agua en el río bajan tanto que nuestros barcos chocan con las rocas. Pero los hovercraft no necesitan aguas altas así que ahora podemos bloquear los pasos de suministro de los rebeldes", explica John Carlos Flórez, comandante de la Fuerza Naval del Sur.


Los residentes de Puerto Leguizamo aseguran que la seguridad fuera de la ciudad es "terrible".

Veloces y ruidosos aparatos
A nadie sorprende que los pilotos de la marina que los manejan estén exultantes de entusiasmo. La mayor parte de ellos no había visto nunca un hovercraft hasta que los trasladaron a la ciudad colombiana de Cartagena hace tres meses para iniciar su entrenamiento. Al asomar el sol de la mañana sobre el río, me encaramo sobre la superficie de uno de los aerodeslizadores, agitando los brazos para sacudirme las pequeñas moscas de arena, y le pregunto a un piloto, el teniente Diego Palma, cómo se siente al volante.

"Es muy emocionante pilotar esto porque la coraza se eleva sobre la superficie, puedes ir a una velocidad increíble sobre la hierba, bancos de arena y aguas poco profundas. Le digo ‘Carolina’. Tengo que cuidarla bien porque es mi nuevo juguete", cuenta el teniente De Palma, piloto de hovercraft.

Estos hovercraft son enormes, verdes, ruidosos y veloces. También están armados hasta los dientes y pueden transportar a 14 soldados a velocidades de hasta 35 nudos (unos 64 kilómetros por hora). A bordo de uno de ellos, a través de un estrecho arroyo, con la jungla desbordándose por ambos lados, noto algunas miradas recelosas de los pescadores locales en sus estrechas lanchas. Incluso a baja velocidad de crucero, el oleaje del hovercraft amenaza con volcar sus canoas de madera y me imagino que los peces tampoco deben estar especialmente entusiasmados.

Llevará tiempo que se acostumbren a ellos en esta parte del Amazonas. Pero la marina colombiana no lo duda: percibe estas naves británicas como un nuevo hito hacia su objetivo de poner fin a la insurgencia.


Cada hovercraft puede transportar a 8 soldados equipados y 6 miembros de la marina.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias...craft_contra_insurgencia_en_colombia_bd.shtml
 
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