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Mensaje: <blockquote data-quote="Caballero Negro" data-source="post: 3251796" data-attributes="member: 28917">El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se destapa en el último año en su cargo. Admite que la operatividad de Ejército y Policía ha caído en el país por culpa de unos decretos mal entendidos y que las cifras que llevará a su visita a Washington, el día de hoy, dejan muy mal parada la lucha contra el narcotráficoEn un comienzo pareció como que usted estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera el Gobierno, en aras de la ‘paz total’. Incluso hasta saltarse la Constitución y la ley…Pues el 9 de enero anterior convoqué una reunión con mi vicefiscal, Martha Mancera; el comisionado (Danilo) Rueda y el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. En ella les expliqué claramente que la posición de la Fiscalía es que no nos pueden pedir levantamiento de capturas con fines de extradición contra narcos. No hay ley de sometimiento y hacerlo carece de sustento político. Los narcos de los que hablamos no son narcos solamente: son los que están matando líderes sociales, asesinos de desmovilizados, de reincorporados y son los encargados de acabar con el proceso de paz de Santos. En esa reunión me dijeron: Fiscal, usted tiene toda la razón.¿Y qué pasó entonces?Pues que uno o dos días después enviaron a la Fiscalía los decretos y los oficios solicitando el levantamiento de órdenes de captura de 16 personas, de las cuales cinco tienen fines de extradición. Me sorprendí mucho, porque ellos ya sabían que eso yo no lo podía hacer. ¿Cuál es el tema jurídico? El Presidente puede pedir el levantamiento de las órdenes de captura sin fines de extradición a los jueces directamente, esa no es competencia del Fiscal. Pero las que tienen fines de extradición, sí. Y esas no las levantará esta fiscalía. Punto cerrado de la conversación.Y en eso lo apoya la procuradora Cabello…Y el defensor (Carlos Camargo), y hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está encima, vigilando este procedimiento.¿Qué tiene que hacer el Gobierno para saltar por encima de su negativa y dejar libres a esos narcos?Frente al Fiscal, nada, nada. Tiene que ir al Congreso, sacar una ley de sometimiento con todos los condicionamientos, que el Fiscal General revisará si eso se cumple o no. Pero si la ley no cumple con esos requerimientos, aplicaré la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4.º y no dejo salir a nadie.¿Cómo están hoy sus relaciones con el presidente Petro? Él mismo contó que lo llamó desde Davos y quedaron en verse el 30 de enero. Pero, además, publicó un trino en el cual le dio a usted la razón en algunos puntos…Me dijo: “Mire, he visto el tema y estoy muy preocupado”. Le respondí que yo también. Me reconoció que él nunca supo que entre esos nombres habían incluido extraditables. “En eso tiene razón, Fiscal”.¿Y entonces por qué el jefe de la Policía, Henry Sanabria, sale y dice que muchos de esos ya salieron de sus bases de datos?Pues ese es un tema que tendrá que revisar e investigar la Fiscalía General de la Nación.Parecería que el presidente Petro puso en esa dirección de la Policía al más ‘blandito’ de todos, porque ni siquiera mide las consecuencias jurídicas de sus actos…Hay que revisar sus declaraciones, porque él dijo que sacaron de las bases de datos órdenes de captura del Eln y de los otros. Pero si son las del ‘clan del Golfo’ y de las Farc, cuyas órdenes de captura yo no levanté ni levantaré, pues obviamente podría haber una responsabilidad penal. En todo caso, hay que distinguir entre proceso de paz y ley de sometimiento.Pero, de todas maneras, usted ha sido muy enfático en eso de que las Fuerzas Militares y la Policía no pueden interrumpir sus operaciones constitucionales…No pueden interrumpirlas, a pesar de que el Gobierno sacó, el 31 de diciembre, cuatro decretos, del 2656 al 60, que decretaban cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional con varias organizaciones criminales. En el artículo segundo de ese decreto se ordena la suspensión de operaciones militares y de operativos policiales en contra de los miembros de cada una de esas organizaciones. A renglón seguido, se dice que la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará, sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.Traduzca eso, por favor…El jefe de la Policía Judicial de Colombia no es el Presidente, es el Fiscal General de la Nación, y no el director de la Policía Nacional. Luego las actividades policiales que tengan que ver con judicialización, en las que trabajan de la mano Dijín y CTI, no se pueden suspender en ninguna parte del territorio nacional y no están incluidas dentro de este concepto de operativos policiales.¿Qué pasa si se llega a suspender la actividad judicial de la Policía Nacional?Que tendremos que llamar a interrogatorio a los responsables porque están desconociendo el orden constitucional, que es justamente la facultad de perseguir judicialmente a quienes haya que perseguir por cuenta del artículo 250 de la Constitución, que son las facultades del Fiscal General de la Nación. Creo que queda claro el tema.Vemos a la Policía muy confundida. Y al Ejército también, sobre el cual usted sí no tiene mando…No, el Ejército tiene que cumplir con el decreto.O sea, suspender operaciones ofensivas…Suspender operaciones militares, pero el Ejército tiene que estar en todo el territorio nacional porque la Constitución se lo ordena.El gobernador del Meta dijo, cuando secuestraron a los treinta militares durante más de 48 horas, que ellos no estaban ni erradicando ni haciendo operativos, sino solo patrullando. ¿Usted cómo patrulla un lugar sin eventualmente tener que hacer una acción militar, incluso considerada ‘ofensiva’? ¿O es que patrullar se limita a pasear por las calles de un municipio?El decreto que les ordenó dice que la Fuerza Pública conserva su obligación de preservar la integridad del territorio, el orden constitucional y el ejercicio de los derechos. Lo cual, justamente, significa que la gente viva bien, protegida en su vida, honra y bienes. Ahora, si esa protección no está garantizada y hay que hacer operaciones, pues tendrán que actuar. Esa es mi preocupación, desde el punto de vista del entendimiento de esos decretos.¿Y alguien del Gobierno lo ha regañado por haber dicho eso?Nadie del Gobierno me tiene por qué regañar. Soy autónomo e independiente. No soy ni subalterno ni amanuense del Presidente. He apoyado la ‘paz total’, pero, por supuesto, cuando ocurren eventos que alteran la ruta de aplicación de la Constitución y la ley es facultad y función del Fiscal decirlo.Aunque es bueno que el Fiscal le diga no al Presidente cuando sea necesario, tampoco es bueno que un Fiscal y el gobierno de turno estén peleando…No he tenido problema alguno con ninguna persona del Gobierno, salvo por lo que nos ocurrió con el señor alto comisionado para la Paz y con el secretario jurídico de Presidencia, que nos dejaron sorprendidos con decretos que consideramos manifiestamente inconstitucionales. Previamente, para evitar choques de trenes, les habíamos advertido.¿Por qué Petro está tan bravo con su posición con respecto a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y trina esta cosa tan dura: “No sé qué le pasa al Fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron. La riqueza de la mafia retorna a la mafia”. Primero, lo pone a usted de amanuense de la mafia. Pero, segundo, ¿acaso los jueces inmolados no corrieron a cargo del movimiento guerrillero en el que Petro militó en su juventud?Son inaceptables las expresiones del Presidente. Le pedí respeto, porque son intromisiones que amenazan la independencia de la justicia. Creo que en ese tema se desconoce que esta Fiscalía le ha quitado en los dos últimos años a la mafia 26 billones de pesos, y se los hemos entregado a la SAE, que debe administrar esos recursos. Hoy la SAE depende del Gobierno Nacional. Durante los últimos tres meses hemos, infructuosamente, tratado de lograr que funcionarios de esa entidad se reúnan y entreguen los documentos relativos a sus denuncias de corrupción.Pero el señor de la SAE dice que él no ha incumplido ninguna cita a la Fiscalía…Se han incumplido citas a la Fiscalía, aunque no todas. Pero nosotros no coadministramos. Por eso resolvimos de una vez llamar a declarar bajo la gravedad del juramento a todos estos funcionarios para que nos digan dónde está la supuesta corrupción que denunciaron hace tres meses. Necesitamos saber, y lo vamos a averiguar, qué ha pasado con los 26 billones de pesos incautados que hemos venido entregando allá. No necesitamos autorización de nadie para meternos en una entidad e investigar.Al Gobierno no le gustó que usted citara a ese funcionario en lugar de asistir a una mesa de trabajo…Nosotros no participamos en mesas para detectar irregularidades. Habíamos planteado una mesa para recibir las denuncias, pero no han hecho ninguna. Las han hecho ante los medios, pero cuando usted sienta bajo gravedad del juramento a estas personas, o cuando los lleva a la Fiscalía o los cita, no van, como ha ocurrido con el caso del director de la UNP, o el señor (Gustavo) Bolívar, que ha pedido varias veces aplazamiento. En ejercicio de la competencia de la Fiscalía, citamos a las personas para que digan cuáles son los elementos de sus denuncias. Al final, por transparencia pública, le diremos al país si entregaron algo o no.<a href="https://americamilitar.com/home/leaving?target=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fjusticia%2Fconflicto-y-narcotrafico%2Ffrancisco-barbosa-fiscal-general-de-la-nacion-paz-total-735919">https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/francisco-barbosa-fiscal-general-de-la-nacion-paz-total-735919</a></blockquote>

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