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Mensaje: <blockquote data-quote="tc-70" data-source="post: 242767" data-attributes="member: 2240">Editorial ILa radarización sigue pendienteEl control del espacio aéreo sigue siendo una asignatura pendiente desde hace varios años. El último intento se hizo el 14 de octubre de 2004. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, dictó el decreto 1407, por el cual se derogó el 145/96, que aprobó el Plan Nacional de Radarización. Se creó de ese modo el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. En ese momento, la intención del Gobierno era disponer en 2009 de 69 radares en funcionamiento, lo que, por cierto, no parece posible que se cumpla. La radarización tiene dos objetivos bien determinados: ayudar a los aviones comerciales en sus vuelos, despegues y aterrizajes, para los que se utilizan los radares de dos dimensiones, y brindar seguridad, de modo de identificar aviones que realizan vuelos ilegales, cargados con drogas, armas, explosivos o mercadería de contrabando. En esos casos, se usan radares de tres dimensiones, mucho más complejos. Con respecto a los primeros, actualmente hay ocho funcionando y se están fabricando diez más dentro del país. La mayor falencia se presenta con los radares de tres dimensiones. La Fuerza Aérea tiene tres del tipo móvil. Datan de la década del setenta y están emplazados en Río Gallegos, Resistencia y Posadas. España ha donado tres radares más de este tipo, pero aún no han llegado al país. Apenas 13 radares protegen hoy sólo el 11 por ciento del territorio argentino, circunstancia que convierte al país en uno de los más desprotegidos de la región. En efecto, Brasil tiene bajo control casi la totalidad de su espacio aéreo, para lo cual sumó 25 radares (19 fijos y seis móviles) y cinco aviones de vigilancia aérea equipados con radares. Por su parte, Chile lo controla en un 60 por ciento, y Perú, en un 22 por ciento. Sólo Uruguay queda por debajo de la Argentina, con el cinco por ciento cubierto. Las consecuencias de esta grave falencia se advierten fácilmente. La Fuerza Aérea calcula que cada mes ingresan en el país, y sólo por la frontera del Nordeste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) unos 100 aviones de contrabando. Originalmente, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial contemplaba que la empresa estatal Investigaciones Aplicadas (Invap) fabricara 11 radares, con menor grado de sofisticación, para uso de la aviación civil, y que los más complejos se compraran por medio de licitaciones internacionales. La primera de ellas, para adquirir cuatro radares móviles de tres dimensiones, se convocó sólo en noviembre de 2006. Estos radares deben ser movilizados a cualquier lugar del país y por medio de ellos se puede detectar la altura, distancia y velocidad de las aeronaves. Su utilización resulta de vital importancia para individualizar naves intrusas. A esa licitación se presentaron cuatro empresas. Dos chinas, una estadounidense y una francesa. Apenas comenzados los primeros pasos de la compulsa, surgieron los primeros inconvenientes que derivaron en acusaciones entre los oferentes y opiniones divergentes entre funcionarios del Ministerio de Defensa. Los numerosos planteos legales y técnicos terminaron en las oficinas de la Procuración del Tesoro, cuyo titular, Osvaldo Guglielmino, deberá resolverlos. La cuestión no es menor. Para los entendidos en la materia, quien resulte ganador en la primera licitación quedará en una situación ventajosa para el resto del proceso. El negocio total, según cálculos del propio Gobierno, rondaría los 1000 millones de dólares y otra cifra similar en concepto de accesorios y mantenimiento. Superada esta primera etapa de la licitación, faltará analizar la calidad técnica de cada una de las propuestas y comparar los valores de los radares, lo que demorará el proceso unos cuantos meses más. Esta vulnerabilidad hace que la Argentina sea potencialmente atractiva para las organizaciones de narcotraficantes y contrabandistas, que recurren a vuelos clandestinos, para transportar drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el país o, incluso, en otros mercados. Como ya fue señalado desde esta columna editorial, la cuestión referida a la instalación de radares es uno de los problemas que requiere de la máxima atención por parte de las autoridades nacionales, toda vez que forma parte del esquema de seguridad nacional y constituye una poderosa herramienta en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo internacional. La diversidad y gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes en el territorio nacional y la amenaza de nuevos peligros deberían ser motivo suficiente para que, con la necesidad y la urgencia que demanda la cuestión, se arbitren los mecanismos más idóneos, que permitan la inmediata adquisición de equipos y radares que posibiliten un adecuado y completo control del espacio aéreo. Fuente: La Nacion</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982