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Mensaje: <blockquote data-quote="Brunner" data-source="post: 284526" data-attributes="member: 70">Tus comentarios son 100% correctos- y la inmensa mayoria de los foristas los comparten.. Un nuevo caso de corrupciónDesde que salió a la luz el caso Skanska han comenzado a ventilarse otros escándalos que no dejan de sorprender a la opinión pública por su vertiginosa revelación y por estar vinculados con un flagelo que, se suponía, el Gobierno se había propuesto erradicar: la corrupción. La sucesión de denuncias judiciales contra funcionarios ha alcanzado en las últimas dos semanas a dos ministras, una de las cuales, Felisa Miceli, debió renunciar por no haber podido explicar el origen del dinero hallado en el baño de su despacho ministerial, y a una secretaria de Estado, Romina Picolotti, presuntamente incursa en prácticas de nepotismo y en gastos excesivos de dineros públicos. Más paradigmática aún resulta ser la causa que se tramita en la justicia en lo penal económico contra la ministra de Defensa, Nilda Garré, por un supuesto contrabando en la exportación de fusiles de Fabricaciones Militares, que derivó en una investigación de todos los vuelos que salieron de la Argentina a los Estados Unidos desde 2002. La decisión fue tomada por el juez Guillermo Tiscornia días antes de imputar a la ministra, pero, a su vez, el Consejo de la Magistratura pidió la suspensión del magistrado. Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió en defensa de Garré, al igual que antes lo había hecho por Miceli y Picolotti. Dijo Fernández en esta ocasión que era "increíble" que Tiscornia siguiera siendo juez después de haber sido pedida su suspensión para ser sometido a un juicio político. Tan "increíble" es la continuidad de Tiscornia, en todo caso, como pudo ser en su momento la designación en la cartera de Defensa de Garré, cuyo único argumento para desligarse de las sospechas de contrabando agravado de armas ha sido su ignorancia sobre los fusiles FAL. En su defensa acudió también el ministro del Interior, Aníbal Fernández, con una excusa tan inconsistente como la coincidencia en el género de las tres funcionarias imputadas por presuntos delitos de corrupción y el lanzamiento de la candidatura presidencial de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. La causa de las armas no empezó ayer, sino el 17 de febrero. Ese día, la Aduana impidió un embarque de 6700 kilos de partes de fusiles, nuevas y usadas, que iba a ser enviado por Fabricaciones Militares a la firma JLD Enterprises INC, de los Estados Unidos. Antes había habido otros embarques de cargamento bélico que arribaron a su destino final, Nueva York. Lo sugestivo es que Fabricaciones Militares no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, razón por la cual se precisa una investigación seria sobre el presunto contrabando de armas que ponga su eje sobre ambos ministerios. En lugar de abogar por una investigación severa, el oficialismo, encabezado por la diputada Diana Conti, hizo votar un dictamen de urgencia para suspender al magistrado actuante y someterlo a juicio político por presunto pedido de coimas. Esto ha sido posible gracias a la reforma reciente del régimen del Consejo de la Magistratura por medio de la ley 26.080. La norma en cuestión, prohijada e impulsada por la senadora Fernández de Kirchner, dejó la Justicia a merced del poder político. Quebró de ese modo la esencial noción republicana del equilibrio de poderes y afectó la independencia y la imparcialidad que deberían regir el Poder Judicial. Su aplicación en el caso del supuesto contrabando de armas, más allá de las dudas que despiertan las sospechas contra el magistrado actuante, deja abierta la posibilidad de que sea usada para garantizar la impunidad de quienes, en el ejercicio de funciones públicas, sean imputados por delitos de corrupción. El mensaje para los jueces no deja de ser intimidatorio si tratan de investigar casos similares. Exponen su futuro profesional a la posibilidad de ser deshonrados y declarados cesantes, lo cual lleva implícita la intención de desalentarlos en ese tipo de acciones cuando están involucrados funcionarios del Gobierno.</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982