Lafsa no vuela, pero gasta
La empresa estatal Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (Lafsa) volverá a tener asignada para el ejercicio 2008 una importante partida presupuestaria. Lo insólito es que carece de aviones y nunca concretó viaje alguno.
Rebautizada como Líneas Aéreas Federales Sin Aviones, Lafsa tiene, en cambio, personal (66 empleados) que todavía espera ser reubicado en otras empresas. Sin embargo, según el presupuesto presentado hace pocos días por el ministro de Economía, Miguel Peirano, ese desquicio le costará al Estado, es decir, a los contribuyentes, 3.000.000 de pesos, aportados por el Tesoro, a los cuales se sumarán otros 600.000 que le pagará LAN Argentina por el alquiler de hangares estatales.
Si bien voceros de la Secretaría de Transporte han manifestado que hay un decreto de liquidación en trámite, esta empresa fantasma no tiene aprobados sus balances de 2004, 2005 y 2006, circunstancia que obstaculiza ese proceso de liquidación final. Ocurre que nadie en el Gobierno quiere asumir los costos políticos y la responsabilidad que significa aprobar los estados contables de Lafsa, viciados por las irregularidades que habrían signado la corta vida de esa compañía, período en el que las autoridades se vanagloriaron de contar con una aerolínea de bandera, aunque se tratase de una entelequia o, si se quiere de una mera ficción.
Esa empresa fue creada en 2003, para dar cabida a 850 ex empleados de las desaparecidas aerolíneas LAPA y Dinar, a los cuales el Estado se comprometió a preservarles la fuente laboral. Según la Oficina Anticorrupción (OA), en Lafsa hubo 70 ingresos de personal que, empero, nada tenían que ver con esas empresas. Y de acuerdo con un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), 14 de esas personas trabajaban en otro sitio, mientras se suponía que lo hacían en Lafsa.
Entretanto, el diputado nacional Federico Pinedo (Pro) hizo una presentación ante la OA denunciando irregularidades en la integración de las listas de empleados y en las condiciones de su contratación.
El organismo anticorrupción pidió también a la Justicia que sean investigados los convenios con empresas "creadas al solo efecto de proveer bienes y servicios a Lafsa, lo que pone en tela de juicio la transparencia de las contrataciones". Y, además, alertó sobre importantes gastos durante 2004 en uniformes, por los cuales fueron abonados 459.664,37 pesos, y en capacitación, por valor de 372.750,76 pesos. La OA juzgó, con evidente severidad, que "las autoridades de la empresa de transporte aerocomercial contaban con una amplia discrecionalidad de gestión, que incluía la posibilidad de efectuar la contratación directa de bienes y servicios, como también concretar la incorporación de personal obviando requisitos exigidos para el ingreso en la administración pública".
Todas estas irregularidades han sido incluidas en la denuncia sobre Lafsa que la OA presentó ante la justicia federal, denuncia que hasta el momento no ha tenido avances significativos, a pesar del tiempo transcurrido. Salta a la vista que bastaría con sólo indagar por qué una empresa que nunca tuvo aviones y, por consiguiente, jamás pudo hacerlos despegar, ha tenido en todos estos años una estructura de personal correspondiente a una compañía aérea en funcionamiento: gerentes, pilotos y copilotos, técnicos aeronáuticos y operadores de rampa, entre otros.
Tampoco los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, ni su titular, Ricardo Jaime, han explicado las compras realizadas, los cursos de capacitación contratados y demás gastos efectuados por una empresa que no ha tenido actividad comercial alguna.
En fecha reciente, la justicia federal hizo lugar a un pedido de informes presentado por la Fundación Poder Ciudadano y le exigió al Ministerio de Planificación Federal que cumpliera con el deber de informar a la sociedad y no retacease los datos que pudiese poseer sobre la por lo menos aventurada creación de una empresa que, al parecer, desde el primer día de su existencia estaba destinada a la inactividad absoluta.
La publicidad de los actos de gobierno -uno de los pilares esenciales del quehacer institucional de cualquier gobierno democrático- junto con la transparencia y la obligación de rendir cuentas constituyen obligaciones insoslayables e inherentes a la función pública que no deben dejarse de lado en ningún caso y, mucho menos aún, cuando en ellas están comprometidos recursos públicos.
Las autoridades, pues, deben informar a la brevedad sobre la situación de Lafsa y acerca de las irregularidades que, es de sospechar, fueron cometidas utilizando a esa empresa a guisa de pantalla.
Fuente
La empresa estatal Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (Lafsa) volverá a tener asignada para el ejercicio 2008 una importante partida presupuestaria. Lo insólito es que carece de aviones y nunca concretó viaje alguno.
Rebautizada como Líneas Aéreas Federales Sin Aviones, Lafsa tiene, en cambio, personal (66 empleados) que todavía espera ser reubicado en otras empresas. Sin embargo, según el presupuesto presentado hace pocos días por el ministro de Economía, Miguel Peirano, ese desquicio le costará al Estado, es decir, a los contribuyentes, 3.000.000 de pesos, aportados por el Tesoro, a los cuales se sumarán otros 600.000 que le pagará LAN Argentina por el alquiler de hangares estatales.
Si bien voceros de la Secretaría de Transporte han manifestado que hay un decreto de liquidación en trámite, esta empresa fantasma no tiene aprobados sus balances de 2004, 2005 y 2006, circunstancia que obstaculiza ese proceso de liquidación final. Ocurre que nadie en el Gobierno quiere asumir los costos políticos y la responsabilidad que significa aprobar los estados contables de Lafsa, viciados por las irregularidades que habrían signado la corta vida de esa compañía, período en el que las autoridades se vanagloriaron de contar con una aerolínea de bandera, aunque se tratase de una entelequia o, si se quiere de una mera ficción.
Esa empresa fue creada en 2003, para dar cabida a 850 ex empleados de las desaparecidas aerolíneas LAPA y Dinar, a los cuales el Estado se comprometió a preservarles la fuente laboral. Según la Oficina Anticorrupción (OA), en Lafsa hubo 70 ingresos de personal que, empero, nada tenían que ver con esas empresas. Y de acuerdo con un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), 14 de esas personas trabajaban en otro sitio, mientras se suponía que lo hacían en Lafsa.
Entretanto, el diputado nacional Federico Pinedo (Pro) hizo una presentación ante la OA denunciando irregularidades en la integración de las listas de empleados y en las condiciones de su contratación.
El organismo anticorrupción pidió también a la Justicia que sean investigados los convenios con empresas "creadas al solo efecto de proveer bienes y servicios a Lafsa, lo que pone en tela de juicio la transparencia de las contrataciones". Y, además, alertó sobre importantes gastos durante 2004 en uniformes, por los cuales fueron abonados 459.664,37 pesos, y en capacitación, por valor de 372.750,76 pesos. La OA juzgó, con evidente severidad, que "las autoridades de la empresa de transporte aerocomercial contaban con una amplia discrecionalidad de gestión, que incluía la posibilidad de efectuar la contratación directa de bienes y servicios, como también concretar la incorporación de personal obviando requisitos exigidos para el ingreso en la administración pública".
Todas estas irregularidades han sido incluidas en la denuncia sobre Lafsa que la OA presentó ante la justicia federal, denuncia que hasta el momento no ha tenido avances significativos, a pesar del tiempo transcurrido. Salta a la vista que bastaría con sólo indagar por qué una empresa que nunca tuvo aviones y, por consiguiente, jamás pudo hacerlos despegar, ha tenido en todos estos años una estructura de personal correspondiente a una compañía aérea en funcionamiento: gerentes, pilotos y copilotos, técnicos aeronáuticos y operadores de rampa, entre otros.
Tampoco los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, ni su titular, Ricardo Jaime, han explicado las compras realizadas, los cursos de capacitación contratados y demás gastos efectuados por una empresa que no ha tenido actividad comercial alguna.
En fecha reciente, la justicia federal hizo lugar a un pedido de informes presentado por la Fundación Poder Ciudadano y le exigió al Ministerio de Planificación Federal que cumpliera con el deber de informar a la sociedad y no retacease los datos que pudiese poseer sobre la por lo menos aventurada creación de una empresa que, al parecer, desde el primer día de su existencia estaba destinada a la inactividad absoluta.
La publicidad de los actos de gobierno -uno de los pilares esenciales del quehacer institucional de cualquier gobierno democrático- junto con la transparencia y la obligación de rendir cuentas constituyen obligaciones insoslayables e inherentes a la función pública que no deben dejarse de lado en ningún caso y, mucho menos aún, cuando en ellas están comprometidos recursos públicos.
Las autoridades, pues, deben informar a la brevedad sobre la situación de Lafsa y acerca de las irregularidades que, es de sospechar, fueron cometidas utilizando a esa empresa a guisa de pantalla.
Fuente
