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Mensaje: <blockquote data-quote="Derruido" data-source="post: 372462" data-attributes="member: 30">Las fuerzas armadas y policiales bolivianas ante la insurrección autonómicaDic-17-07- por Ignacio J. Osacar - Coordinador de la Comisión de Defensa del CENMCabe destacar que en un conflicto interno, con características de guerra civil, generado por profundas diferencias políticas, ideológicas, étnicas o religiosas, la experiencia indica la imprevisibilidad en el mantenimiento de la disciplina, por parte de los comandantes o jefes, dentro de sus propias unidades, sean de la magnitud que fueren, con la probable ruptura de la cadena de comando, tanto por parte de elementos orgánicos al completo, o bien por casos individuales . La descomposición de la situación política interna de Bolivia, a causa de las maniobras autonomistas o secesionistas -ya que aun no es demasiado claro cuál es el objetivo final- de los departamentos (provincias) orientales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija continúa incrementándose progresivamente, a las que se ha sumado recientemente Chuquisaca, pero por un motivo distinto, como es la capitalidad de Sucre, lo que no obstante generó hechos de violencia, en los cuales, grupos civiles numerosos, operando coordinadamente, enfrentaron a las fuerzas policiales antidisturbios, con tanta efectividad, que las mismas debieron ser retiradas de la ciudad por "no existir garantías para su accionar". El resultado fueron tres civiles muertos y una numerosa e indeterminada cantidad de heridos. Las Fuerza Policial Nacional de Bolivia, la que es responsable primaria para la represión de este tipo de disturbios, cuenta con 31.100 efectivos organizadas en 9 Brigadas, una por cada departamento del país y 2 Regimientos Antidisturbios, además de 27 unidades de frontera, ya que no tiene una fuerza policial militarizada como la Gendarmería argentina para esas funciones. A estas fuerzas se deben sumar algo más de 6.000 efectivos de la Policía Antinarcóticos, con dedicación a esa misión específica. Como resultado podemos afirmar que la seguridad pública esta instrumentada con una relación de 1 policía por cada 259 habitantes, de los 9.627.269 (1) que integran la población del país, lo cual es una aceptable proporción en circunstancias normales.Hasta el momento estas fuerzas, en especial los 2 Regimientos Antidisturbios, parecen haber podido ser desplazadas a los escenarios de crisis a tiempo para restablecer el orden. Aunque durante los mayores hechos de violencia registrados durante el gobierno de Evo Morales, que paradójicamente, no sucedieron en un departamento autonomista, sino con los mineros de la mina Huanuni, en el departamento de Oruro, que dejó un resultado de 16 muertos e innumerables heridos, donde fue necesaria la intervención del Ejército para apoyar a la Policía, la que estaba a punto de ser superada por mineros armados con piedras y cartuchos de dinamita, lanzados con hondas. Lo que no ha ocurrido hasta ahora es que se produzcan dos o más emergencias nacionales graves, simultáneamente, en lugares distintos y alejados el uno del otro. Ante una situación de tal gravedad se recurriría al empleo de las Fuerzas Armadas, que suman 31.500 efectivos, destacando que de esa cifra, 20.000 son soldados conscriptos por un año, cuya capacidad militar es proporcional al tiempo que ha transcurrido desde su incorporación. No obstante considerando una eventual participación militar para el restablecimiento del orden, la proporción enunciada anteriormente mejora sustancialmente a 1 efectivo policial o militar por cada 140 habitantes. Estas relaciones revisten un carácter indicativo teórico, ya que no todos los efectivos disponibles cumplen misiones vinculadas directamente a las operaciones de seguridad que les sean requeridas, ni la capacitación individual es la misma, ni la situación que se presente o el terreno donde se desarrollan las operaciones. Pero sobre todo, la voluntad y convicción de reprimir. En este tipo particular de enfrentamientos, normalmente urbanos, las fuerzas militares poseen un poder disuasivo por presencia o en la protección de objetivos materiales, ya que al no estar equipadas con armas no letales, ni estar instruidas especialmente, es más probable que su participación empeore cualquier situación en la que intervengan, en vez de mejorarla. Retornando al escenario de una insurrección generalizada en las provincias autonómicas, la situación es ventajosa para las fuerzas federales, ya que numerosas fuerzas se encuentran desplegadas en esos territorios en sus asientos de paz. De las 10 Divisiones del Ejército, que constituyen las grandes unidades de batalla, 5 de ellas se encuentran desplegadas en esos departamentos. La IIIra de Monte en Tarija, la IVta y la Vta de Monte en Santa Cruz y la VI de Selva en Beni. Si consideramos los elementos de maniobra de nivel Unidad, los cuales serían empleados preferentemente para este tipo de operaciones, de los 28 Regimientos de Infantería, orgánicos de Divisiones, 12 tienen sus guarniciones en esos departamentos, como así también 4 de los 10 Regimientos de Caballería. Así también la Fuerza Naval cuenta con 7 Batallones de Infantería de Marina, de los cuales 5 se encuentran asentados en los conflictivos departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. La Fuerza Aérea dispone de 13 Grupos Operacionales de distinto tipo (Caza, Transporte, Apoyo, Búsqueda y Salvamento y Entrenamiento, Operaciones Especiales), de los cuales 10 tienen sus bases en los departamentos ya mencionados y en Tarija. En caso de que la situación escalara al empleo de armas de fuego, por parte de elementos instruidos, organizados y operando coordinadamente, muy probablemente importantes efectivos podrían concurrir como refuerzo desde otros departamentos, especialmente elementos blindados, mecanizados, aerotransportados y de fuerzas para operaciones especiales, en especial aquellos con guarnición en los departamentos de La Paz o Cochabamba, los que se encuentran disponibles como reserva estratégica militar del Comandante de las Fuerzas Armadas. En el articulo "El alto costo militar de una secesión en Bolivia" apreciamos que una fuerza miliciana organizada e instruida de 2000 hombres, equipada con armamento moderno, que incluía misiles antitanques y antiaéreos, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes antitanques y comunicaciones, con un costo estimativo de USD 41.5 millones, podría ser ingresado subrepticiamente al país en no más de 15 contenedores. Dentro de los costos se incluía a personal contratado para operar los sistemas de misiles. En ese análisis se apreciaba que esa fuerza, defendiendo los caminos de acceso, podía detener el ingreso de refuerzos que intentaran ingresar a Santa Cruz por un tiempo suficiente para asegurar la intervención de organismos internacionales. Sin embargo, hace pocas semanas, un C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, que presuntamente transportaba armas, fue obligado a despegar presurosamente de la base de Riberalta, en Beni, no por la amenaza de misiles antiaéreos, sino por una turba autonomista que le arrojaba piedras. Posiblemente los métodos tipo entifada sean tan económicos como efectivos llegado el caso. Se debe destacar también la incidencia estratégica que tienen los amplios e inhabitados espacios geográficos de estas regiones, cubiertas en gran parte por selva y monte. El Beni con una población de 414.758 habitantes y Pando con 69.541 tienen una densidad de habitantes por Km2 de apenas 1,9 y 1,1 respectivamente, mientras que los otros dos departamentos disidentes, Santa Cruz con 2.367.440 habitantes y Tarija con 471.563, tienen una densidad de 6.6 y 12.5 respectivamente. En Beni la población rural es 4 veces mayor que la de su ciudad más importante, en Pando y en Tarija es 2 veces mayor y en Santa Cruz lo es 1.5 veces. Vemos que aún empeñando a la mitad de los efectivos militares y policiales disponibles, o sea 34.300 hombres, la relación con los habitantes de estos departamentos, sería de 1 militar o policía por cada 96 habitantes, pero la escasa densidad poblacional y la muy difícil transitabilidad, dificulta la ejecución de operaciones de control y seguridad para las fuerzas federales, mientras que para los elementos insurrectos, favorece las operaciones de sabotaje o la guerra de guerrillas, en caso que optaran por este curso de acción. Concurrentemente las grandes concentraciones urbanas como Santa Cruz de la Sierra con 1.397.000 habitantes o Tarija con 170.000, constituyen de por si un escenario favorable para las acciones insurrecciónales de masa, guerrilla urbana, el terrorismo selectivo o una combinación de esos modos de acción. Cabe destacar que en un conflicto interno, con características de guerra civil, generado por profundas diferencias políticas, ideológicas, étnicas o religiosas, la experiencia indica la imprevisibilidad en el mantenimiento de la disciplina, por parte de los comandantes o jefes, dentro de sus propias unidades, sean de la magnitud que fueren, con la probable ruptura de la cadena de comando, tanto por parte de elementos orgánicos al completo, o bien por casos individuales. Es por eso que el despliegue de tan importante número de guarniciones militares, en un territorio en conflicto, puede transformarse, de una aparente ventaja, a una terrible desventaja, según la evolución de los acontecimientos militares y políticos. Cabe recordar que en el caso de la secesión de Croacia, los cuarteles de unidades del gobierno federal, ubicados dentro del territorio croata, fueron tomados por policías, reservistas y milicias croatas, que posteriormente ejecutaron una eficaz estrategia operacional defensiva, aprovechando el terreno montañoso y los cursos de agua, logrando detener y rechazar exitosamente a muy superiores fuerzas blindadas y mecanizadas enviadas para recuperar el territorio independizado. En este caso los militares y policías bolivianos están cohesionados por la disciplina dentro de principios fundamentales y tan caros en su formación como es la defensa de la integridad territorial, aunque esto siempre fue planteado desde la perspectiva de un agresor externo, que no es este el caso, pero por otro lado observan con mucha desconfianza a asesores venezolanos o cubanos, que se encuentran operando dentro del país con el acuerdo de su propio gobierno, pero que en todo caso, estos sí son extranjeros. Los elementos presentes en la situación en desarrollo y de continuar escalando los actos de violencia generalizada contra el gobierno federal, obligarían a la toma de medidas drásticas por parte del gobierno central, con el empleo masivo de las Fuerzas Armadas y Policiales, las cuales de ser resistidas y enfrentadas por los autonomistas secesionistas, con cualquiera de los modos de acción descriptos, desencadenaría un conflicto con altos costos y con una proyección imprevisible en el tiempo.</blockquote>

Verificación: Libertador de Argentina