Arabia Saudí usa su poder económico para vetar la ley del 11S
La dictadura islámica ha puesto en marcha una campaña para presionar a los legisladores y tratar de cambiar la normativa que permite a los estadounidenses demandar a Arabia Saudí por esos atentados.
Arabia Saudí ha destinado cientos de miles de dólares para financiar una campaña organizada contra la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo de Estados Unidos, que permite desde que fue aprobada en septiembre de 2016 demandar a aquellos países, como es el caso de Riad y el 11S, relacionados con ataques terroristas.
A mediados de julio, la Casa Blanca difundió el informe oficial de la Comisión de Investigación del 11S, que fue creada por el Congreso y estuvo formada por varios expertos independientes. El punto clave del informe -publicado con censuras en algunos párrafos y frases- fue la participación de Arabia Saudí en los atentados.
Según la investigación, agentes de los servicios de inteligencia del país de Oriente Medio cooperaron con varios de los secuestradores del 11S. Además, el líder de Al Qaeda Abu Zubaidah tenía en su poder el teléfono de una empresa encargada del mantenimiento de una de las residencias oficiales del embajador saudí en Washington cuando fue arrestado en 2002. El embajador era el príncipe Bandar, cercano a la familia Bush y uno de los personajes más influyentes de la capital estadounidense en la década de los noventa.
Los documentos divulgados también prueban que Bandar entregó varios cheques a financiadores del 11S. Pese a que las alegaciones no indicaron que el régimen saudí cooperara con la organización terrorista, sí señalaron que los terroristas estaban conectados. En este sentido, certificaron que Arabia Saudí no estaba demasiado interesada en cooperar en la búsqueda de Osama Bin Laden.
El Congreso estadounidense vetó que Barack Obama dejara sin respuesta a los miles de ciudadanos que perdieron a sus familias aquel fatídico día. El presidente norteamericano trató por todos los medios de parar la investigación, pero el sentido de la justicia de algunos congresistas se impuso y las familias pudieron apuntar directamente a los instigadores de la matanza.
La decisión no gustó nada en Riad y así se lo hicieron saber a Obama. La Casa Blanca siempre argumentó que esta legislación ponía en peligro las relaciones entre EEUU y Arabia Saudí y sentaba un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en corte extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses.
Ahora han tratado de influir en la política estadounidense a través del pago de visitas al Capitolio a militares norteamericanos veteranos con la intención de que trataran de convencer a los legisladores de su país para que modificaran esa normativa, con vistas a evitar "consecuencias no deseadas" a las tropas de EE.UU. que se encuentran en el extranjero.
Algunos de esos antiguos soldados aseguran que fueron engañados por la empresa de relaciones públicas Qorvis MSLGROUP, que habría negado cualquier "participación saudita" a la hora de sufragar los gastos del viaje, pero unos documentos demostraron que habían rubricado con ese reino un contrato de 100.000 dólares.
¿Quién es Arabia Saudí?
Oficialmente Arabia Saudí es un país donde se respetan todo tipo de cultos y creencias. Este mismo año, las Naciones Unidas nombraron al embajador saudí, Faisal Bin Hass, presidente del Consejo de Derechos Humanos. Un premio más que sorprendente para un Estado donde las mujeres no pueden conducir, los periodistas son condenados a recibir latigazos y los hombres crucificados. De hecho, el año pasado las autoridades batieron su propio récord mundial de ejecuciones públicas en virtud de las leyes dictadas por la sharia.
Y es que la realidad de Riad es muy diferente a la que nos quieren vender desde Occidente. La propia ONU denunció haber recibido fuertes presiones que la obligaron a modificar un informe crítico con Arabia Saudí. El organismo finalmente cedió y eliminó al país de la ‘’lista negra’’, que señalaba originalmente a la coalición árabe de Arabia Saudí que actúa en Yemen como responsable de ataques contra niños y la situaba en un informe junto a grupos terroristas y gobiernos acusados de esos mismos crímenes.
Las autoridades saudíes fueron claras, ‘o me sacas de la lista o te cierro el grifo’. La dictadura musulmana exigió estar fuera del informe y amenazó con dejar de aportar fondos al organismo. "Niños que ya están en riesgo en Palestina, Sudán del Sur, Siria, Yemen y muchos otros lugares caerían aún más en la desesperación", explicó sobre esas amenazas de cortar las aportaciones. Ban Ki-moon se escudó entonces en que los fondos aportados por los saudíes podrían dejar a otros menores sin ayuda y prefirió seguir contando con los petrodólares antes que velar por los derechos de los niños en conflictos armados.
http://gaceta.es/noticias/arabia-saudi-economico-vetar-ley-11s-12052017-1243
