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Pesca ilegal - ZEE
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<blockquote data-quote="IA-37P" data-source="post: 69396" data-attributes="member: 19"><p>Me pareció interesante la siguiente nota que refleja el problema de la pesca ilegal y sus ramificaciones con Malvinas.</p><p></p><p style="text-align: center">Una práctica para la que se reclaman sanciones </p><p></p><p>Empresas radicadas en elpaís obtienen licencias de pesca que vende Malvinas.</p><p>Esos permisos que ofrecen los kelpers son considerados ilegales por el Gobierno argentino. Sin embargo hay empresas radicadas en la Patagonia que los adquieren.</p><p></p><p>17.06.06 </p><p></p><p></p><p>El gobierno argentino expuso ante la comunidad internacional el inquietante avance que el gobierno británico está realizando sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur tras su decisión de otorgar licencias de pesca por 25 años a empresas de diversos orígenes. En la actualidad, los buques que operan en torno a las islas Malvinas con los permisos cedidos por los kelpers -que hasta ahora sólo tienen vigencia por un año- extraen entre el 14% y el 16% del pescado que se captura anualmente en todo el caladero argentino. </p><p></p><p>Los ingleses "hablan de una zona exclusiva, pero los peces que van a pescar son nuestros, porque el agua que rodea las islas es argentina", planteó ayer el canciller Jorge Taiana tras exponer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. </p><p></p><p>La venta de licencias que realizan los kelpers no podría hacerse sin que, del otro lado, existieran empresas interesadas en adquirirlas. </p><p></p><p>Desde que en 1986 el gobierno de las islas emprendió este negocio, cientos de buques de diversos países accedieron a una zona vedada para los argentinos, apropiándose de sus recursos marinos. Sólo durante el año pasado se llevaron 123 mil toneladas de pescado, fundamentalmente de calamar y de merluza. </p><p></p><p>Las empresas que operan en Malvinas son coreanas, taiwanesas, japonesas y europeas. Lo curioso es que muchas de ellas también están radicadas en la Patagonia argentina provocando una irritante situación. </p><p></p><p></p><p></p><p>Inversiones en el país</p><p></p><p></p><p></p><p>Sucede que estas firmas que tienen inversiones en nuestro país, al mismo tiempo contribuyen a sostener económicamente a los isleños y reconocen así su legitimidad para conceder permisos que la Argentina considera ilegales. </p><p></p><p>Compañías transnacionales de origen español, por ejemplo, tienen buques y fábricas en la Patagonia pero a la vez están asociadas con firmas malvinenses, y a través de la figura del joint venture, también operan en el archipiélago. </p><p></p><p>Para el gobierno argentino las licencias que conceden los kelpers son ilegales y, por lo tanto, debería considerarse al doble juego de estas compañías como tal. </p><p></p><p>Entre las firmas españolas que tienen inversiones en las islas están, por ejemplo Freiremar, Pereira, Pescanova, Pescapuerta y Manuel Nores. </p><p></p><p>Este año el tema mereció un extenso debate entre empresarios y la dirigencia política, centrado en un reclamo de vieja data: muchos pretenden que estas compañías sean sancionadas por el gobierno argentino por negociar licencias con un gobierno colonial no reconocido por nuestro país. Hay quienes creen ver en esto, argumentos suficientes como para decidir la expulsión de estas empresas del territorio argentino. </p><p></p><p>En febrero pasado hubo un episodio que encendió los reclamos en ese sentido, cuando el buque John Cheek, que opera con una licencia malvinense, traspuso el límite de exclusión impuesto por los isleños y fue capturado por un guardacostas argentino. El barco forma parte de un joint venture de capitales isleños y españoles, de la empresa viguesa Pescapuerta, que también está radicada en la Patagonia.</p><p></p><p>El caso mereció la reacción de empresarios argentinos que desde hace muchos años exigen que se les ponga límites a las firmas que operan de este modo, compitiendo con ellos por acceder a los mismos mercados y usufructuando recursos en una zona cuya soberanía está en disputa. También generó la presentación de iniciativas legislativas para que sean aplicadas sanciones. </p><p></p><p>El Consejo Federal Pesquero también reclamó que se aplicara la ley de sociedades, que preve penalizar a quienes incurren en esta clase de ilícitos. La actitud de la Subsecretaría de Pesca de la Nación fue la de prometer que analizaría el modo de ponerle ponerle fin a esta situación. Pero lo cierto es que esa área no adoptó aún una decisión clara al respecto.</p><p></p><p>Link a la noticia:</p><p><a href="http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/laciudad/noticias/160606230650.html">http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/laciudad/noticias/160606230650.html</a></p><p></p><p></p><p>Proyecto de resolución presentado en tal sentido el día jueves 15 de junio de 2006.</p><p></p><p>PROYECTO DE RESOLUCIÓN</p><p>Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.</p><p></p><p>Nº de Expediente 3263-D-2006 </p><p>Trámite Parlamentario 72 </p><p></p><p>La Cámara de Diputados de la Nación </p><p></p><p>RESUELVE:</p><p></p><p>Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación, para que en ese ámbito, y en el contexto de una política más rígida y definida, se adopten:</p><p></p><p>1-Medidas punitivas severas para todas las Empresas que se detecten en infracciòn, a las normas nacionales y acuerdos internacionales y que de algun modo u otro ofenda la dignidad de la nación.</p><p></p><p>2-Procedimientos de control y supervisión que desalienten los procedimientos como el adoptado por el armador del barco "77-DOO-NA"; que luego de reparaciones en puertos continentales y operando con permiso de pesca Británico, cometen infracciones en nuestra ZEE.</p><p></p><p>3-El control del mar y las pesquerías, por parte de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, en forma persistente.</p><p></p><p>Fundamentos</p><p>Señor presidente:</p><p></p><p>Cualquiera que ha navegado o volado el Mar Argentino en las proximidades del talud continental, advierte la inmensa cantidad de buques poteros de cualquier bandera que se concentran en las proximidades de la milla 201.</p><p></p><p>Desde una fotografía satelital, se puede apreciar que el resplandor de las luces de esa concentración de barcos, supera al resplandor de ciudades como Buenos Aires, Montevideo o Santos. Ello da una idea da la magnitud.</p><p></p><p>Es por todos sabido que el calamar es una especie migratoria, y en la zona de referencia se incrementa su presencia por la existencia de nutrientes en y proximidades del talud.</p><p></p><p>La pesca en esa zona no hace más que afectar al recurso que, con un ciclo de vida acotado, se ve seriamente diezmado.</p><p></p><p>A la situación descripta se suman los incursotes de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional, que en forma furtiva pescan sin permiso y sin control alguno por parte del Estado Ribereño, como está establecido en la Ley del mar; con la consiguiente afectación de la biomasa en términos de sustentabilidad.</p><p></p><p>La caótica situación señalad, se agrava con la presencia ilegal en los caladeros nacionales de aquellos barcos que operan con licencias extendidas por la actual Administración de las Islas Malvinas.</p><p></p><p>Pero, aún es peor cuando nos anoticiamos que empresas pesqueras, de capitales extranjeros radicadas en el país, operan tanto con la licencia nacional como con la otorgada por las Islas Malvinas; que el Subsecretario de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Oscar Fortunato, en declaraciones públicas ha identificado a algunas de ellas, como PESCAPUERTA, PEREIRA, FREIREMAR y PESCANOVA. Ello así, estas empresas desconocen la soberanía nacional, y desprecian los esfuerzos argentinos para recuperar nuestro territorio archipelágico malvinense.</p><p></p><p>Por otro lado, paree conveniente aclarar la ambigua relación entre los intereses comerciales y los derechos de soberanía. No parece admisible que barcos con antecedentes en el registro de la Administración kelper, que fueron capturados en infracción, como es el caso del "77-DOO-AN", cuyo armador lo da de baja del permiso de Malvinas, para acceder a distintos servicios en los puertos del continente, y luego recuperar aquel permiso.</p><p></p><p>La situación descripta, a mi juicio, requiere a la brevedad, la implementación y aplicación de medidas severas y persistentes que contribuyan a eliminar no solo la pesca ilegal; sino también la reiterada afrenta y desprecio de los esfuerzos nacionales por recuperar nuestras Islas Malvinas.</p><p></p><p>En base a lo expuesto, solicito al Señor Presidente la aprobación del presente.</p><p></p><p>Link al proyecto:</p><p><a href="http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3263-D-2006">http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3263-D-2006</a></p><p></p><p></p><p>Saludos.</p><p>IA-37P</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="IA-37P, post: 69396, member: 19"] Me pareció interesante la siguiente nota que refleja el problema de la pesca ilegal y sus ramificaciones con Malvinas. [CENTER]Una práctica para la que se reclaman sanciones [/CENTER] Empresas radicadas en elpaís obtienen licencias de pesca que vende Malvinas. Esos permisos que ofrecen los kelpers son considerados ilegales por el Gobierno argentino. Sin embargo hay empresas radicadas en la Patagonia que los adquieren. 17.06.06 El gobierno argentino expuso ante la comunidad internacional el inquietante avance que el gobierno británico está realizando sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur tras su decisión de otorgar licencias de pesca por 25 años a empresas de diversos orígenes. En la actualidad, los buques que operan en torno a las islas Malvinas con los permisos cedidos por los kelpers -que hasta ahora sólo tienen vigencia por un año- extraen entre el 14% y el 16% del pescado que se captura anualmente en todo el caladero argentino. Los ingleses "hablan de una zona exclusiva, pero los peces que van a pescar son nuestros, porque el agua que rodea las islas es argentina", planteó ayer el canciller Jorge Taiana tras exponer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. La venta de licencias que realizan los kelpers no podría hacerse sin que, del otro lado, existieran empresas interesadas en adquirirlas. Desde que en 1986 el gobierno de las islas emprendió este negocio, cientos de buques de diversos países accedieron a una zona vedada para los argentinos, apropiándose de sus recursos marinos. Sólo durante el año pasado se llevaron 123 mil toneladas de pescado, fundamentalmente de calamar y de merluza. Las empresas que operan en Malvinas son coreanas, taiwanesas, japonesas y europeas. Lo curioso es que muchas de ellas también están radicadas en la Patagonia argentina provocando una irritante situación. Inversiones en el país Sucede que estas firmas que tienen inversiones en nuestro país, al mismo tiempo contribuyen a sostener económicamente a los isleños y reconocen así su legitimidad para conceder permisos que la Argentina considera ilegales. Compañías transnacionales de origen español, por ejemplo, tienen buques y fábricas en la Patagonia pero a la vez están asociadas con firmas malvinenses, y a través de la figura del joint venture, también operan en el archipiélago. Para el gobierno argentino las licencias que conceden los kelpers son ilegales y, por lo tanto, debería considerarse al doble juego de estas compañías como tal. Entre las firmas españolas que tienen inversiones en las islas están, por ejemplo Freiremar, Pereira, Pescanova, Pescapuerta y Manuel Nores. Este año el tema mereció un extenso debate entre empresarios y la dirigencia política, centrado en un reclamo de vieja data: muchos pretenden que estas compañías sean sancionadas por el gobierno argentino por negociar licencias con un gobierno colonial no reconocido por nuestro país. Hay quienes creen ver en esto, argumentos suficientes como para decidir la expulsión de estas empresas del territorio argentino. En febrero pasado hubo un episodio que encendió los reclamos en ese sentido, cuando el buque John Cheek, que opera con una licencia malvinense, traspuso el límite de exclusión impuesto por los isleños y fue capturado por un guardacostas argentino. El barco forma parte de un joint venture de capitales isleños y españoles, de la empresa viguesa Pescapuerta, que también está radicada en la Patagonia. El caso mereció la reacción de empresarios argentinos que desde hace muchos años exigen que se les ponga límites a las firmas que operan de este modo, compitiendo con ellos por acceder a los mismos mercados y usufructuando recursos en una zona cuya soberanía está en disputa. También generó la presentación de iniciativas legislativas para que sean aplicadas sanciones. El Consejo Federal Pesquero también reclamó que se aplicara la ley de sociedades, que preve penalizar a quienes incurren en esta clase de ilícitos. La actitud de la Subsecretaría de Pesca de la Nación fue la de prometer que analizaría el modo de ponerle ponerle fin a esta situación. Pero lo cierto es que esa área no adoptó aún una decisión clara al respecto. Link a la noticia: [url]http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/laciudad/noticias/160606230650.html[/url] Proyecto de resolución presentado en tal sentido el día jueves 15 de junio de 2006. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación. Nº de Expediente 3263-D-2006 Trámite Parlamentario 72 La Cámara de Diputados de la Nación RESUELVE: Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación, para que en ese ámbito, y en el contexto de una política más rígida y definida, se adopten: 1-Medidas punitivas severas para todas las Empresas que se detecten en infracciòn, a las normas nacionales y acuerdos internacionales y que de algun modo u otro ofenda la dignidad de la nación. 2-Procedimientos de control y supervisión que desalienten los procedimientos como el adoptado por el armador del barco "77-DOO-NA"; que luego de reparaciones en puertos continentales y operando con permiso de pesca Británico, cometen infracciones en nuestra ZEE. 3-El control del mar y las pesquerías, por parte de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, en forma persistente. Fundamentos Señor presidente: Cualquiera que ha navegado o volado el Mar Argentino en las proximidades del talud continental, advierte la inmensa cantidad de buques poteros de cualquier bandera que se concentran en las proximidades de la milla 201. Desde una fotografía satelital, se puede apreciar que el resplandor de las luces de esa concentración de barcos, supera al resplandor de ciudades como Buenos Aires, Montevideo o Santos. Ello da una idea da la magnitud. Es por todos sabido que el calamar es una especie migratoria, y en la zona de referencia se incrementa su presencia por la existencia de nutrientes en y proximidades del talud. La pesca en esa zona no hace más que afectar al recurso que, con un ciclo de vida acotado, se ve seriamente diezmado. A la situación descripta se suman los incursotes de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional, que en forma furtiva pescan sin permiso y sin control alguno por parte del Estado Ribereño, como está establecido en la Ley del mar; con la consiguiente afectación de la biomasa en términos de sustentabilidad. La caótica situación señalad, se agrava con la presencia ilegal en los caladeros nacionales de aquellos barcos que operan con licencias extendidas por la actual Administración de las Islas Malvinas. Pero, aún es peor cuando nos anoticiamos que empresas pesqueras, de capitales extranjeros radicadas en el país, operan tanto con la licencia nacional como con la otorgada por las Islas Malvinas; que el Subsecretario de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Oscar Fortunato, en declaraciones públicas ha identificado a algunas de ellas, como PESCAPUERTA, PEREIRA, FREIREMAR y PESCANOVA. Ello así, estas empresas desconocen la soberanía nacional, y desprecian los esfuerzos argentinos para recuperar nuestro territorio archipelágico malvinense. Por otro lado, paree conveniente aclarar la ambigua relación entre los intereses comerciales y los derechos de soberanía. No parece admisible que barcos con antecedentes en el registro de la Administración kelper, que fueron capturados en infracción, como es el caso del "77-DOO-AN", cuyo armador lo da de baja del permiso de Malvinas, para acceder a distintos servicios en los puertos del continente, y luego recuperar aquel permiso. La situación descripta, a mi juicio, requiere a la brevedad, la implementación y aplicación de medidas severas y persistentes que contribuyan a eliminar no solo la pesca ilegal; sino también la reiterada afrenta y desprecio de los esfuerzos nacionales por recuperar nuestras Islas Malvinas. En base a lo expuesto, solicito al Señor Presidente la aprobación del presente. Link al proyecto: [url]http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3263-D-2006[/url] Saludos. IA-37P [/QUOTE]
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