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Mensaje: <blockquote data-quote="Shandor" data-source="post: 595578" data-attributes="member: 50">Piden a Evo legalizar el contrabando de automotoresPese al pedido de Evo Morales, los indígenas de cuatro ayllus (comunidades) del Norte de Potosí se niegan a entregar los cuerpos de cuatro policías linchados la semana pasada. Para negociar, los campesinos quechuas elaboraron una curiosa lista de demandas que incluye desde la legalización del contrabando de autos , y la devolución de los ya decomisados, hasta el reconocimiento de la “justicia comunitaria” para investigar las muertes.Después del confuso linchamiento, las comunidades votaron un “pacto de silencio”, declararon zona roja a la región y prohibieron el ingreso del Estado . Los policías que quedaban se replegaron presurosos hacia poblaciones vecinas. Y como si se tratara de una guerra, dos ministros de Evo comenzaron las negociaciones para retirar los cadáveres de los uniformados, pero fracasaron .Los policías pertenecían a una unidad encargada de investigar el robo de vehículos. Aunque al principio se especuló con que los indígenas habrían creído que eran ladrones disfrazados de policías, luego las hipótesis se centraron en posibles pedidos de coimas . Finalmente, se conoció que los comunarios acusaron a los uniformados de matar a un taxista para robarle el auto. Pero el caso está cargado de especulaciones.La red televisiva PAT informó que dos autoridades originarias aseguraron tener en su poder la grabación, hecha con un celular, con la confesión de los cuatro policías, que habrían sido ahorcados y sus cuerpos enterrados boca abajo para que las almas de los difuntos no persigan a los asesinos .La zona de los linchamientos es una de las entradas del masivo contrabando de autos usados desde puertos chilenos.Un periodista del diario paceño Página 7 , recogió, además, testimonios de que el narcotráfico penetró estas comunidades guerreras, en una de las regiones más ancestrales y olvidadas por el Estado de Bolivia .“Hoy continuamos sufriendo las consecuencias de estar sometidos a las leyes occidentales”, dijo el mallku (autoridad indígena) Delfín Chiocotea. “Si entran no les aseguramos que salgan”, habían advertido los comunarios a la prensa apenas el caso llegó a los medios. Todo esto conmocionó al país y reavivó la polémica sobre la justicia comunitaria, reconocida en la nueva Constitución . “La justicia indígena no dice matar, no dice linchar. Las sanciones consisten en hacer trabajos para la comunidad”, aclaró la viceministra de Justicia Comunitaria Isabel Ortega</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982