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Mensaje: <blockquote data-quote="JULIO LUNA" data-source="post: 1279687">Si fueron juzgados y condenados luego indultados como los jefes del proceso.El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.Luego de caída la dictadura militar, bajo el gobierno constitucional del radical Raúl Alfonsín, Firmenich fue capturado en Brasil, extraditado, juzgado y condenado a 30 años de prisión por cargos de homicidio y secuestro, junto con Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo y Roberto Perdía.El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisiónExcluido en un primer momento por el presidente Carlos Menem del indulto otorgado a los jefes guerrilleros y militares, finalmente el decreto 2.742 del 29 de diciembre de 1990 otorgó la libertad de Firmenich.A lo largo de catorce años los 21 militantes del MTP presos por el ataque de La Tablada recuperaron su libertad poco a poco. Los últimos se beneficiaron con una conmutación de penas dictada por Fernando de la Rúa en 2000. El 23 de mayo de 2003, dos días antes de la asunción de Néstor Kirchner, el presidente Eduardo Duhalde liberó a Gorriarán Merlo. El ex jefe guerrillero dijo: "Es un acto de justicia".El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.En vez de ello, Alfonsín concurrió el 30 de abril personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, con un discurso a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, que provocó rechazo en muchos al definir a los rebeldes como Héroes de Malvinas y al terminar el discurso con un saludo de ¡Felices Pascuas (...) la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina! que algunos iban a considerarlo como un acto de claudicación y otros, en cambio, lo elogiaron por haber sabido evitar un enfrentamiento en el que hubiesen podido producirse muertes.Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y el terrorismo de estado. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.<ul> <li data-xf-list-type="ul">La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declaró la nulidad a la ley de Obediencia Debida, la cual por su parte ya había sido previamente derogada.</li> </ul>En el año 2003, Patricia Walsh, entonces diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, envió un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que fue aprobado como Ley 25.779 en agosto de ese año. En 2004, un fallo de la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano declaró ambas normas insanablemente nulas, dando así lugar al encausamiento de los acusados de delitos aún no prescriptos, lo que comprende todos los crímenes de lesa humanidad. El ex general Luciano Benjamín Menéndez, que se supone el principal responsable de la represión en la provincia, se encuentra detenido por los cargos de secuestro, tortura, homicidio y desaparición de varias personas. En base a ello, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examina la posibilidad de declarar también nulos los indultos por los que el ex presidente Carlos Saúl Menem dejó en libertad a varios de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.Kunkel ha aclarado que cuando se concretó el ataque al regimiento de Formosa, desde hacia 1 mes estaba detenido en Chaco (por el Decreto 2525/75). Durante la dictadura cívico militar (1976-1983) continuó preso y aislado 8 años sin causa jurídica abierta, en diferentes cárceles o en centros clandestinos del país. El 15 de octubre de 1982 salió de la cárcel con «libertad vigilada» hasta agosto de 1983.No es lo mismo si los crimenes los cometió Camps o cualquier otro militar en actividad o integrantes de las FFSS porque ellos formaban parte del estado que era quien debia garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos.No son crimenes iguales los de Vaca Narvaja y otros guerrilleros porque ellos no formaban parte del estado y no tenian los recursos , eran delincuentes guerrilleros .Los crímenes de militares del proceso son terrorismo de estado y son de crímenes de lesa humanidad y no prescriben nunca .Los delitos de lesa humanidad comprenden las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque eso es lo que hacia el estado argentino en la época del proceso.--- merged: 30 Nov 2012 a las 00:00 ---no es pérdida de tiempo hay muchos asesinos sueltos o solo con prisión preventiva y todavia deben ser juzgados, es un tema completamente actual pasó hace 30 años pero nunca se hizo justicia.</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982