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Mensaje: <blockquote data-quote="Shandor" data-source="post: 1251805" data-attributes="member: 50">En el Presupuesto 2013 se prepara un duro ajuste para Gendarmería y PrefecturaEn el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para Prefectura Naval y Gendarmería Nacional crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%: otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución, recuerda el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Esto ocurre cuando, a la vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un disparate estratégico, obliga a las fuerzas de seguridad concebidas para el control fronterizo a atender problemas de seguridad propios de las policías provinciales o municipales. La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición, multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Así, cambiar las cúpulas de ambas fuerzas no resuelve nada. Y castigar a los reclamantes, tampoco.CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El conflicto comenzó el martes 02/10, cuando agentes de Prefectura Naval comprobaron que se les había reducido entre 30% y 60% sus salarios por la aplicación del decreto presidencial N° 1.307, y a la protesta se sumaron poco después suboficiales de Gendarmería.Tras la suspensión de la medida que dispuso el Gobierno, los efectivos extendieron sus exigencias y pidieron un piso salarial de $ 7.000 en blanco, la sindicalización, la libre elección de una obra social, la asignación de una ART y la garantía de que no habrá represalias.El martes 09/10, al cumplirse 7 días, concluirá el plazo prometido por el subsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para responderles acerca del petitorio elevado por la protesta, tal como lo ratificó durante el fin de semana el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.El <a href="http://www.idesa.org/">Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa</a>), realizó un análisis del capítulo fundamental del conflicto: la disponibilidad de recursos. Un dato fundamental: en sus operativos de seguridad metropolitanos -absolutamente innecesarios si hubiese una política de seguridad consistente, y colaborativa con la Policía Metropolitana y la Policía Bonaerense- el Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.Idesa explicó:"El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.En el régimen federal que adopta la Constitución Nacional, la responsabilidad por la seguridad interna de los ciudadanos es jurisdicción de las provincias. De allí que el pilar básico en el que se sustenta la protección pública sean las fuerzas policiales que se financian y gestionan desde cada una de las provincias. De las policías provinciales depende la prevención y represión de los delitos comunes, la gran mayoría de los que sufre la población. El rol del Estado nacional en temas de seguridad interna es complementario e incluso secundario. Su principal finalidad es abordar los problemas de seguridad que trascienden el territorio de una provincia, como el control fronterizo nacional (Gendarmería y Prefectura) y los delitos federales (Policía Federal). Sin embargo, en la asignación de los recursos públicos para atender los temas de seguridad interna aparecen muy visibles desbalances. Por ejemplo, los datos oficiales de las ejecuciones presupuestarias nacional y provinciales para el año 2011 muestran que: > El Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.> La provincia de Buenos Aires destinó $7.500 millones para brindar seguridad interna a 15,8 millones de habitantes.> La provincia de Córdoba destinó $2.300 millones para brindar seguridad interna a 3,3 millones de habitantes.Esta información señala que el Estado nacional eroga en seguridad interna un monto superior al que demandan las policías de Buenos Aires y Córdoba, es decir, las fuerzas de seguridad que tienen la responsabilidad de proteger de los delitos comunes a casi la mitad de la población del país. Aunque se trata de una comparación compleja, resulta muy difícil justificar la relativa abundancia asignada a fuerzas nacionales cuando los delitos fronterizos y federales no parecen ser más frecuentes y graves que los delitos comunes que afectan de manera más directa a la población (robos callejeros, asaltos al domicilio, violaciones, asesinatos, etc.).Más allá de que la causa inmediata de esta crisis es la impericia de gestión, la cuestión de fondo es que el centralismo fiscal extremo induce a ineficiencias profundas y no sostenibles. En la lógica del centralismo, el Estado nacional acapara recursos para “engordar” organismos nacionales que terminan ejecutando acciones superpuestas con las provinciales. Testimonios muy ilustrativos son la Policía Federal y la Prefectura ejecutando acciones que son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería haciéndose cargo de acciones que deben ejecutar las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. Con la abundancia de recursos gracias al favorable contexto internacional, el esquema parecía sustentable, más de allá de que fuera ineficiente. Pero todo tiene un límite. Los reclamos salariales en las fuerzas de seguridad nacionales se adelantaron a un ajuste más profundo que se propone en el proyecto de Presupuesto 2013. Allí se proyecta que las partidas para Gendarmería y Prefectura crecerán apenas un 2,3% entre los años 2012 y 2013, porcentaje muy inferior a la proyección de inflación oficial del 11,2%. La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición, multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Prueba de ello es el gasto superpuesto en seguridad, acompañado de cada vez más delitos. La gente paga más impuestos, reciben menos seguridad pública, los hogares con ingresos buscan paliativos pagando seguridad privada y los pobres quedan en total desamparo. La solución pasa por construir el régimen federal que fija la Constitución. El desafío es complejo porque va a demandar desmontar las megaestructuras administrativas nacionales generadas por las superposiciones, donde se cobijan cada vez más intereses espurios."En Jesús MaríaEn tanto, uno de los delegados de la protesta de los gendarmes en Jesús María, Córdoba, Jorge Aquino, indicó a la radio Cadena 3 que varios "camaradas" serán trasladados a otras dependencias, a causa del conflicto que mantiene esa fuerza de seguridad en demanda de una mejora salarial."Confiábamos en la palabra de las autoridades nacionales, que se comprometieron a no tomar medidas. Si bien fui puesto en disponibilidad hablaba con camaradas que dicen que serán trasladados a otras dependencias", explicó Aquino.Con motivo de la sanción recibida, él pasará a percibir cerca de $ 3.000 en lugar de los $ 6.000 que percibía hasta ahora.El intendente local, Gabriel Frizza (Frente Cívico), se refirió a los incidentes en la ruta y el acceso a la Escuela de Suboficiales: "Algunos dicen que fue un incidente entre familiares y oficiales y otros aseguran que fue entre los mismos familiares. El director de la Escuela me dijo que estaba todo normal, y sobre los forcejeos, que no había pasado nada a mayores"."El día clave es mañana, cuando se conozca la propuesta del Gobierno", concluyó Frizza, en referencia al martes 09/10.6 lecturas imprescindibles sobre el conflicto<a href="http://lagaceta.com.ar/nota/514234/opinion/enemigo-casa-ideologia-facilismo-mala-praxis.html">1. Hugo E. Grimaldi en el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán</a>:""Señor, con todo respeto... la ministra Garré nos dice que antes que soldados somos ciudadanos. Bueno, como ciudadanos reclamamos". En una distendida charla, que se llevó a cabo adentro de una dependencia oficial, el veterano suboficial le comentaba gravemente a su superior cómo se percibe entre sus pares más jóvenes y belicosos el tironeo entre la rigidez de los reglamentos que sustentan el mando de las fuerzas y la visión ideológica de la política.Ese sincero comentario, que supone que la ruptura de la cadena de mandos fue alimentada desde lo más alto del poder, no es nada más ni nada menos que el centro de la desorientación en la que hoy están sumidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, producto de la conducción kirchnerista en este rubro.También como antecedente de la rebelión han quedado algunas promesas en la banquina. En la cena de camaradería de las FFAA, la presidenta de la Nación brindó una definición sobre la sindicalización militar y el reconocimiento salarial que ahora cobra vigencia: "Si bien no tienen convención colectiva ni paritaria (tampoco sería bueno que las tuvieran, son otra cosa y deben ser otra cosa), lo cierto es que también tienen que ser reconocidos en sus sueldos y en sus salarios", explicó.Más conocido es su otro discurso de junio, posterior a la muerte por accidente de siete gendarmes que salían en micro de Cerro Dragón: "... muchos de ellos no ganan ni la tercera o la cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos... Ya sé, mañana van a decir qué poco que se les paga a los gendarmes, ¿por qué no les aumentan el sueldo?", se atajó.En realidad, el conflicto actual estalló por querer ponerle prolijidad a los desbandes salariales que ahondó el mismo kirchnerismo dentro de las fuerzas, con la instauración de suplementos no remunerativos que castigaron los ingresos de los retirados y produjeron una catarata de juicios. Ante fallos de la Corte que no dejaban margen y con mucho de mala praxis, se intentó arreglar la situación con esta poda, de un modo que terminó resultando un chorro de nafta sobre el fuego. (...)"<a href="http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/7/10/2012/ca7012.html">2. Eugenio Paillet en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca</a>:"(...) La Presidenta no ha dado pie con bola desde que regresó de la fatídica gira por Estados Unidos. Y reconocen quienes la frecuentan que sus rabietas y su temor a ser desestabilizada por fuerzas oscuras que nunca identifica han ido en aumento. Cualquiera que no piense como ella es ahora, además de enemigo, golpista. (...)La Presidenta ha dado muestras propias de este estado de parálisis, chapucería y delirio, aunque su caso no es nuevo y puede emparentarse con su sempiterna costumbre de ignorar lo que pasa a su alrededor y puede lesionar su administración. (...) En ese plan autista a ultranza podrían engancharse dos ejemplos recientes. En medio de la protesta salarial de las fuerzas de seguridad, ella habló en la Casa Rosada durante un acto con su par del Líbano: ignoró olímpicamente la protesta y en cambio se explayó sobre la diferencia entre sirios y libaneses, y hasta la recordación sin nombrarlo de que Carlos Menem era de ese origen. Horas antes había pasado por la cumbre peruana entre la Unasur y países árabes. Su mejor párrafo fue para explicar largamente el origen del alfajor, que ciertamente descubrió que no es argentino, sin ocultar su sorpresa por tamaño hallazgo.El gobierno parece presa de un delirio de persecución que no tiene precedentes. Claro que la oposición una vez más ha hecho su aporte, con la firma de algunos partidos de los comunicados alumbrados por el oficialismo en el Senado y en Diputados, llamando a "defender la democracia" de presuntos golpistas y desestabilizadores, en un paralelo que no resiste el más benévolo de los análisis con jornadas trágicas como las que soportaron Raúl Alfonsín y el mismo Menem.La orden de la Presidenta de salir a cruzar con las peores sospechas a la demanda salarial de gendarmes y prefectos antes que ninguna otra cosa busca correr el eje de la discusión. Y oculta deliberadamente que la protesta nació hija de un decreto desastroso, y de peor aplicación todavía, tal como lo reconoció el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La intención de disfrazar esos reclamos de aprestos destituyentes se cae por el peso de su propia incoherencia. Si son desestabilizadores o "golpistas", ¿qué hacen Sergio Berni, Hernán Lorenzino, y de a ratos el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, sentados a una mesa de negociación con representantes de suboficiales y oficiales de ambas fuerzas de seguridad? Resulta más que obvio que esas negociaciones, que se abrieron el jueves y se reiteraron en días siguientes, contaron con el aval de Cristina Fernández. Hace rato que en el gobierno no vuela una mosca si no es con autorización o con conocimiento de ella. ¿Por qué, si son desestabilizadores y no otra cosa, el propio Abal Medina por instrucción de la presidenta da marcha atrás con el desastroso decreto 1.307, que le podó en promedio el 50 por ciento del salario al 90 por ciento de los efectivos de ambas fuerzas?Para peor, hay datos a la mano que permiten afirmar que el gobierno sabía desde hace tiempo que el malestar de las fuerzas de seguridad por su situación salarial podía desembocar en las inéditas protestas como las que se registran desde el martes en Gendarmería y Prefectura. La impresentable ministra Garré decidió cortar por lo más delgado y echó a las cúpulas de ambas fuerzas, a las que responsabilizó por la aplicación del decreto y los recortes salariales. Lo que no dijo fue que hace seis meses, un día de finales de abril, el ahora despedido jefe de los gendarmes, comandante Schenone, pidió verla para expresarle la preocupación que existía en la fuerza por los bajos sueldos y los probables recortes que se veían venir como consecuencia de la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el "Caso Zanotti". Tras hacerlo esperar una hora y media en la antesala, lo recibió de mal modo y le espetó: "Si usted es incapaz para contener a su tropa, pida el retiro ya mismo". Tras lo cual, y sin decir más, lo echó del despacho.  (...)"<a href="http://www.eldia.com.ar/edis/20121007/la-semana-vivimos-peligro-opinion6.htm">3. Mariano Spezzapria para la agencia Noticias Argentinas</a>: "(...) En la Corte conocen, posiblemente mejor que en ningún otro enclave del poder, que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad vienen largamente disgustadas con la forma en que se les liquida el sueldo, sobre todo los suboficiales. Muchos de ellos hicieron juicios aún estando en actividad. Y ni hablar de los retirados, que son miles y que ejercen más influencia de la que se supone sobre los más jóvenes.También lo sabe el Gobierno, aunque no lo reconozca. Por eso el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, envió una comunicación oficial a todas las bases del país para calmar los ánimos y evitar que los militares se sumaran a la protesta de prefectos y gendarmes. Igualmente, un escuadrón de Infantería del Ejército en San Juan y un grupo de suboficiales de la Armada en Buenos Aires manifestaron su descontento.El peso de las protestas recae, principalmente, sobre las espaldas de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien no solamente es ahora la responsable política de las fuerzas de seguridad, sino que antecedió a Puricelli en la cartera de Defensa. Por eso no faltan las voces de quienes, en el propio kirchnerismo, creen que la mujer tiene poco futuro en el elenco oficial.A la conocida interna que mantiene con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se sumó también la mención del nombre de Martín Balza -ex jefe del Ejército y actual embajador en Costa Rica- como un posible reemplazante de Garré, por considerarlo una figura potable para la Presidenta. Cristina Kirchner, deslizan algunos allegados al poder, tomará una determinación “a su debido momento”.La mandataria pasó los últimos días recluida en la quinta de Olivos. Ya había bajado su exposición pública tras la visita a Estados Unidos y la irrupción de los cacerolazos, pero este fin de semana largo ni siquiera viajó a El Calafate. Los problemas que atraviesa Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta ya se comporta como un antikirchnerista, tampoco ayudan a la Presidenta a relajarse en el que considera su lugar en el mundo. (...)".<a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205047-2012-10-07.html">4. Horacio Verbitsky en el diario Página/12</a>:"El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas. De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”. (...) (...) En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”. Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados. El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería. Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. (...) Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo. Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff. La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7.000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado. El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. (...)".<a href="http://www.clarin.com/opinion/Presidenta-parece-enceguecida_0_787721343.html">5. Eduardo van der Kooy en el diario Clarín</a>:"(...) Tampoco fue, como arguyó Juan Manuel Abal Medina un error de aplicación. Un mes antes el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, debió hacer malabares –descontó sólo la mitad de los aportes sociales– para evitar también una rebaja masiva en los sueldos militares.Kicillof contó con el consentimiento de Nilda Garré y cierta desconfianza del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Pero no bien estalló el pleito Kicillof desapareció y ordenó entrar en escena a su jefe, Hernán Lorenzino. Está a la vista que hay cosas en esa pirámide del poder que parecen subvertidas.El ministro de Economía se mezcló con los prefectos en el instante en que el conflicto adquiría ebullición. Y no supo bien qué hacer. Su desorientación e intranquilidad fueron tales que una autoridad de Prefectura le ofreció salir del edificio Guardacostas escondido en el baúl de un automóvil.Lorenzino se negó . Pero de todas formas se retiró con sigilo por una puerta trasera.El conflicto encierra más significados que el que denuncia sólo la recurrente impericia del Gobierno. Fue la primera vez en la era kirchnerista que desde un peldaño del Estado se retó a la autoridad presidencial. Los retos anteriores, más sonados, habían corrido por cuenta del campo o del gremialismo que encabeza Hugo Moyano. A diferencia de aquellos casos en los cuales Cristina, con suerte diversa, dobló siempre la apuesta, ahora se vio forzada a retroceder. Incluso más de un paso: primero desactivó el reordenamiento salarial; luego debió aceptar una negociación con los desobedientes. El final del incidente sigue abierto y sus posibles secuelas también. (...)Cristina nunca se planteó una recuperación de las Fuerzas Armadas. Los militares siguen estando ligados únicamente a su relato de los golpes de Estado, los crímenes y desapariciones en la Argentina. Aunque ya no existan uniformados de aquella época en actividad. También a los fantasmas de las supuestas conspiraciones cada vez que un problema difícil la complica. En verdad, ningún presidente de la democracia se detuvo a pensar en estos 30 años algún destino útil para las FF.AA . Tampoco las fuerzas policiales marecieron nunca la confianza presidencial.Esa radiografía conduce inevitablemente a otro puerto. El Gobierno careció y carece de una política de seguridad. (...)".<a href="http://www.lanacion.com.ar/1515112-las-destituciones-que-promovio-el-kirchnerismo">6. Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación</a>:"(...) El gobierno de Cristina Kirchner ha perdido el sentido de la oportunidad. Cometió esos desmanes en el mismo momento en que gendarmes y prefectos se insubordinaban por primera vez en la historia de la democracia. La protesta se debió a la pésima redacción y a la peor implementación de un decreto sobre los salarios de los uniformados. Un kirchnerista cabal, colocado en la otra vereda, diría que la rebelión de los sargentos fue promovida por el oficialismo para quedarse, en medio de la confusión, con el control de la auditoría y con un juez propio en un caso clave. Existió, sin embargo, más chapucería que conspiración. Los sargentos se alborotaron cuando cobraron sus recortados salarios y el kirchnerismo, a su vez, no quiso detener ninguna de aquellas operaciones que había puesto en marcha.Las fotos de uniformados vociferando contra autoridades civiles son lamentables en un país con una historia tan larga de dictaduras. Pero asociar el reclamo de un grupo de suboficiales, más policiales que militares, por un salario mínimo a un golpe de Estado es desconocer cómo fueron los verdaderos golpes. El Gobierno pasó de un susto inicial, que lo llevó a reclamarle a la oposición un apoyo inmediato, a dilatar la solución para que los indisciplinados se cocinaran en sus propios errores. Podría ser una buena treta política para debilitar a camioneros o a metalúrgicos, pero es muy mala cuando se trata de organizaciones fuertemente disciplinadas. Ahora, el núcleo central del conflicto es que se ha roto la cadena de mandos y que su reconstrucción será una tarea larga y difícil.La cadena de mandos ya se había roto antes por el manejo político de las fuerzas de seguridad. La rompió la propia Presidenta cuando empezó a desconfiar de la eficacia de su ministra de Seguridad, Nilda Garré, y nombró un viceministro, Sergio Berni, que es más ministro que la ministra. Esas fuerzas necesitan de un solo jefe. La Presidenta puede relevar al ministro o confirmarlo, pero no debilitarlo. La propia Garré rompió la cadena de mandos cuando decidió buscar entre los subordinados de las fuerzas de seguridad la información reservada sobre la aptitud y la honestidad de los jefes. Las conducciones uniformadas merecen sólo la confianza o el relevo. Recurrir a la horizontalidad para conducir organizaciones que son verticales por definición es sembrar el germen de seguras insubordinaciones. (...)".urgente 24</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982