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<blockquote data-quote="LACIGARRA" data-source="post: 1328446" data-attributes="member: 7152"><p><span style="font-size: 18px"><strong>Prefectura: la cúpula se negó a cerrar sus amparos salariales</strong></span></p><p></p><p><span style="font-size: 12px"><strong>Por <em><a href="mailto:dsantoro@clarin.com">Daniel Santoro</a></em></strong></span></p><p></p><p><strong>El jefe de la fuerza le envió una carta al secretario de Seguridad en la que anunció que dejar de lado los amparos que mantienen altos sus sueldos traerá “problemas”. Era un pedido de la ministra Garré.</strong></p><p></p><p></p><p>En un lenguaje decoroso, jurídico y de caballeros, la cúpula de la Prefectura Nacional le dijo –por primera vez desde 2003– que <strong> no a un pedido verbal</strong> de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.</p><p>Sucede que Garré les solicitó a los oficiales que ascendían en esa fuerza de seguridad que <strong>renunciaran voluntariamente a los amparos judiciales</strong> que les aumentan en sueldo considerablemente y que fueron el eje de la protesta de prefectos y gendarmes de octubre del año pasado. Se trata de los amparos por los pagos no remunerativos que integran los sueldos y que aumentaron desde que los Kirchner asumieron el poder en 2003.</p><p>El martes pasado, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, logró frenar una protesta de suboficiales de las Fuerzas Armadas, también motivada por los bajos sueldos y los pagos no remunerativos.</p><p>En el caso de las fuerzas de seguridad, ante el pedido verbal de Garré, el jefe de la Prefectura, prefecto general Luis Heiler, dispuso una serie de reuniones entre sus asesores y los de la ministra.</p><p>Luego, el 28 de febrero le envió una carta al secretario de Seguridad, teniente coronel Sergio Berni, a la que tuvo acceso <strong>Clarín</strong> en exclusiva de fuentes policiales. Heilber asumió tras la renuncia de su antecesor por la protesta de octubre.</p><p>En esa carta, el prefecto general le advierte a Berni –su superior directo antes de Garré– que el cumplimiento de ese pedido “ <strong>implica la reducción de la remuneración de 1.091 agentes en actividad</strong>, con el consiguiente impacto que ello representa para la economía personal y familiar del personal afectado”.</p><p>Luego de aclarar que no discutía los argumentos jurídicos del equipo de Garré, destacó “los inconvenientes que la ejecución de la misma podría acarrear”.</p><p>Además, sostuvo que “al dejar sin efecto la manda judicial respecto del actor ascendido, que integra una causa judicial, lo coloca en un grado de desigualdad respecto del resto de los coactores que integran dicho expediente judicial, que incluso algunos de ellos podrían haber ascendidos en períodos anteriores”, dice la nota (Ver <strong>facsímil</strong>).</p><p>Luego le pide una orden por escrito: “Tomar la presente medida sin la existencia de una resolución ministerial que la avale, ni haber requerido previamente la aprobación judicial a los magistrados intervinientes en cada causa, podría derivar en reclamos generalizados del personal afectado, originarios en la aplicación del decreto 1307/12, <strong>inquietud que aún persiste en los agentes con estado policial en la institución</strong> ”. El 1307 fue el último decreto de Cristina Kirchner luego de una docena de normas que crearon caos salarial en las fuerzas armadas y de seguridad.</p><p>Más adelante, dice que “se explicó con ejemplos concretos las falencias técnicas que produce sobre los haberes administrativos, la implementación del decreto 1307/12 que si bien, desde su aplicación se han adoptado medidas de carácter provisorias tendientes a subsanar los desequilibrios que provoca en la remuneración del personal, las mismas resultan en muchos insuficientes y <strong>no han dado solución a la problemática salarial</strong> ”.</p><p>La misma nota indica que a fines de febrero el subsecretario de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad llamó a la Prefectura e informó que se había postergado por un mes el pedido de Garré de dejar caer las medidas cautelares. Y sin vueltas, el prefecto general Heiler pide un “plexo normativo que corrija las inconsistencias técnicas” del decreto 1307 y resuelva “en forma definitiva la cuestión salarial” de la Prefectura.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="LACIGARRA, post: 1328446, member: 7152"] [SIZE=5][B]Prefectura: la cúpula se negó a cerrar sus amparos salariales[/B][/SIZE] [SIZE=3][B]Por [I][EMAIL='dsantoro@clarin.com']Daniel Santoro[/EMAIL][/I][/B][/SIZE] [B]El jefe de la fuerza le envió una carta al secretario de Seguridad en la que anunció que dejar de lado los amparos que mantienen altos sus sueldos traerá “problemas”. Era un pedido de la ministra Garré.[/B] En un lenguaje decoroso, jurídico y de caballeros, la cúpula de la Prefectura Nacional le dijo –por primera vez desde 2003– que [B] no a un pedido verbal[/B] de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Sucede que Garré les solicitó a los oficiales que ascendían en esa fuerza de seguridad que [B]renunciaran voluntariamente a los amparos judiciales[/B] que les aumentan en sueldo considerablemente y que fueron el eje de la protesta de prefectos y gendarmes de octubre del año pasado. Se trata de los amparos por los pagos no remunerativos que integran los sueldos y que aumentaron desde que los Kirchner asumieron el poder en 2003. El martes pasado, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, logró frenar una protesta de suboficiales de las Fuerzas Armadas, también motivada por los bajos sueldos y los pagos no remunerativos. En el caso de las fuerzas de seguridad, ante el pedido verbal de Garré, el jefe de la Prefectura, prefecto general Luis Heiler, dispuso una serie de reuniones entre sus asesores y los de la ministra. Luego, el 28 de febrero le envió una carta al secretario de Seguridad, teniente coronel Sergio Berni, a la que tuvo acceso [B]Clarín[/B] en exclusiva de fuentes policiales. Heilber asumió tras la renuncia de su antecesor por la protesta de octubre. En esa carta, el prefecto general le advierte a Berni –su superior directo antes de Garré– que el cumplimiento de ese pedido “ [B]implica la reducción de la remuneración de 1.091 agentes en actividad[/B], con el consiguiente impacto que ello representa para la economía personal y familiar del personal afectado”. Luego de aclarar que no discutía los argumentos jurídicos del equipo de Garré, destacó “los inconvenientes que la ejecución de la misma podría acarrear”. Además, sostuvo que “al dejar sin efecto la manda judicial respecto del actor ascendido, que integra una causa judicial, lo coloca en un grado de desigualdad respecto del resto de los coactores que integran dicho expediente judicial, que incluso algunos de ellos podrían haber ascendidos en períodos anteriores”, dice la nota (Ver [B]facsímil[/B]). Luego le pide una orden por escrito: “Tomar la presente medida sin la existencia de una resolución ministerial que la avale, ni haber requerido previamente la aprobación judicial a los magistrados intervinientes en cada causa, podría derivar en reclamos generalizados del personal afectado, originarios en la aplicación del decreto 1307/12, [B]inquietud que aún persiste en los agentes con estado policial en la institución[/B] ”. El 1307 fue el último decreto de Cristina Kirchner luego de una docena de normas que crearon caos salarial en las fuerzas armadas y de seguridad. Más adelante, dice que “se explicó con ejemplos concretos las falencias técnicas que produce sobre los haberes administrativos, la implementación del decreto 1307/12 que si bien, desde su aplicación se han adoptado medidas de carácter provisorias tendientes a subsanar los desequilibrios que provoca en la remuneración del personal, las mismas resultan en muchos insuficientes y [B]no han dado solución a la problemática salarial[/B] ”. La misma nota indica que a fines de febrero el subsecretario de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad llamó a la Prefectura e informó que se había postergado por un mes el pedido de Garré de dejar caer las medidas cautelares. Y sin vueltas, el prefecto general Heiler pide un “plexo normativo que corrija las inconsistencias técnicas” del decreto 1307 y resuelva “en forma definitiva la cuestión salarial” de la Prefectura. [/QUOTE]
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Verificación
Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982
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