La milla 201 representa uno de los puntos más calientes en el mundo para la pesca de especies marítimas de valor comercial como el calamar, la merluza y el langostino. La milla 201 bordea la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE Argentina) que alberga una gran riqueza ictícola, y la cual, se ve gravemente vulnerada por la práctica de la pesca ilegal.
Allí, hacia el sudoeste del Océano Atlántico, se concentra el 20 por ciento del total de los transbordos mundiales realizados en altamar, ubicando a la argentina en el segundo puesto mundial donde se practican operaciones ilegales o sospechosas en detrimento de los intereses económicos del país, además de representar una burda violación a la soberanía nacional.
La mayoría de las operaciones ilegales que allí se llevan a cabo son bajo la bandera de buques orientales y españoles, quienes se sitúan sobre la milla 201, (la ZEE Argentina comprende 200 millas náuticas), moviéndose hacía la ZEE a pescar, es decir dentro de las 200 millas, tan solo para correrse hacia la milla 201 cuando notan la presencia de controles de la Armada Argentina. Dicha maniobra los libera de la infracción e imposibilita la acción de represalia por parte del Estado argentino.
En otros casos, dichos “potreros” se alinean fuera de las 200 millas náuticas, a una distancia mínima, donde sus potentes luces producen el efecto visual de una ciudad en el mar, iluminando a su vez, hacia el fondo del mismo para atraer a los calamares hacia su ubicación. Entonces, de esta forma los buques no infringen físicamente la ZEE argentina, pero si lo hacen sus luces. Es decir que, a partir de la milla 200, hay un abismo legal y un Estado que no puede o no sabe cómo actuar.
La pesca que transcurre al borde de la ZEE Argentina repercute directamente en los intereses económicos del país, resultando en pérdidas millonarias cada año, según datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). Asimismo, el experto en Atlántico Sur y Pesca, el Dr. César Augusto Lerena, en una entrevista con el medio El Economista, aseguró que “un millón de toneladas anuales de captura ilegal significan cerca de 2.000 millones de dólares anuales en materia prima. Si se tiene en cuenta la comercialización final de esos productos, las perdidas argentinas pueden representar alrededor de 14.000 millones de dólares anuales“.
La Armada Argentina afirma que hace unos años se podrían encontrar en la ZEE de 200 a 300 buques pesqueros realizado actividad ilegal o no regulada. Pero, recientemente, la cifra oscila entre los 350 buques e incluso hasta 500 pesqueros que depredan diariamente los recursos naturales.
Estos buques, procedentes de China, Corea, Taiwán y España, se reabastecen en el puerto de Montevideo para luego retornar a los límites de la milla 200, frente al Golfo San Jorge en busca del calamar y otras especies marítimas.
La imagen es desalentadora para la industria pesquera local, pero también para la conservación marina. La ONU señaló a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) como uno de los problemas más graves que afectan a los océanos. La pesca ilegal o no regulada es destructiva para el ecosistema y no sostenible en el tiempo.
Sin embargo, y a pesar de haber sido un tema de agenda del G-20, el Estado argentino no ha propuesto ninguna solución a mediano corto plazo para contrarrestar los efectos negativos de la actividad ilegal de los pesqueros con bandera extranjera.
Los recursos con los que cuenta la Armada Argentina y la Prefectura son escasos, lo cual dificulta las tareas de patrullaje. Sin submarinos y con apenas un avión de patrullaje marino en estado operativo la tarea de control y disuasión, frente a más de 350 buques ilegales, se vuelve imposible, y cualquier captura que puedan realizar es irrelevante frente al escenario presentado.
Por el momento, solo se conoce la adquisición de cuatro patrulleros oceánicos, que el Estado le compró a Francia, que tendrán como objetivo patrullar la ZEE, y para algunos, la posibilidad de resucitar al submarino ARA Santa Cruz, o la adquisición de un submarino nuevo.
“Sin embargo, y a pesar de haber sido un tema de agenda del G-20, el Estado argentino no ha propuesto ninguna solución a mediano corto plazo para contrarrestar los efectos negativos de la actividad ilegal de los pesqueros con bandera extranjera”. El gobierno solo “declama” la necesidad de preservar nuestros recursos naturales. Cuando ello reclama la necesidad de inversión en equipamiento para tal fin, “silencio de radio”.
Existe un marco legal, que el Congreso argentino no ratificó, que es el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios de 1995. En vigor desde 2001. Argentina lo firmó falta ratificarlo.