FerTrucco
Colaborador
Veamos. El Estado Nacional es el dueño del espectro radioeléctrico (vital para la telefonía móvil). Pasaron unos 14 años aprox. (estoy hablando de memoria) para que se volviera a licitar espectro para la móvil (gracias a eso, las redes estaban hiper saturadas y la Argentina fue a la cola en la habilitación de 4G). ¿Mérito de quién? Del Estado.
En esa última licitación, obtuvieron frecuencias Claro, Movistar y Personal (operadoras ya existentes), y se reservó una porción exclusivamente para un nuevo operador. Nextel (la lógica) no tenía espalda en ese momento; Cablevisión (jugador fuerte en el mercado de telecomunicaciones) no pudo por sus enfrentamientos con el gobierno. ¿Quién obtuvo ese lugar? Arlink, empresa con 0 (cero) capacidad de emprender la tarea de montar un operador nacional de telecomunicaciones móviles. A las pruebas me remito: obtuvo las frecuencias, pero nunca las pagó (y nunca las usó). Judicializó el proceso, y ahora ese espectro está sin uso. Recién hace un tiempo, luego de varias (y discutibles) volteretas, Nextel (Cablevisión) logró tener frecuencias para operar telefonía móvil. Parte del espectro que consiguieron las tres operadoras no estaba (y sigue sin estarlo) limpio, por lo que no se lo puede usar todavía. ¿Mérito de quién? Del Estado. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas empresas tienen la capacidad de desarrollar una red y competir? Y también, ¿cuántas empresas soporta un mercado como el argentino?
Sigamos. Los municipios son los dueños del suelo (donde van montadas las antenas). Podríamos decir que en la Argentina hay, mínimo, necesidad de instalar unas 2500 antenas nuevas (y me quedo corto) entre las cuatro operadoras (sumo a Nextel). Pero si vas a las ordenanzas municipales, una enorme mayoría son de cumplimiento difícil o directamente imposible. Sumemos a que muchas veces, aunque la normativa local lo permita, si los vecinos protestan mucho igualmente logran frenar la instalación. ¿Dónde ponés las antenas?
Las provincias tienen potestad en el control del medio ambiente. Gracias a eso, varias provincias tienen organismos ad hoc, que en teoría llevan adelante controles, pero en la práctica solamente son organismos de recaudación. Si le sumamos esta recaudación a la que realizan buena parte de los municipios, cobrando tasas que exceden por mucho lo que corresponde, resulta que el Estado (en sus tres niveles) está ávido de recaudar, pero poco dispuesto a permitir el desarrollo de redes que permitan un buen servicio.
Obviamente, las empresas son entidades con fines de lucro, y operan a la usanza argentina. Tienen metas de calidad que cumplir (hay un Reglamento Nacional de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones), y metas de cobertura para los servicios móviles (ocurrió con los servicios "viejos" de PCS, y ocurre con el despliegue de 4G). Esas metas están cumplidas, en general, de manera anticipada (o sea, el despliegue va por delante de los plazos comprometidos). Y vale la pena aclarar que tanto el precio pagado por el espectro en la última licitación como las metas de despliegue fueron bastante exigentes.
Entonces, desconozco cómo serán las cosas en Europa, pero acá el Estado es el primer incumplidor (lo que sí, no se priva de usar el látigo de vez en cuando): asigna espectro tarde, y que no está en condiciones de ser utilizado; no permite el despliegue de infraestructura; sube costos recaudando tributos que no tienen mayor justificación, etc. Me atrevería a pensar que en Europa debe ser distinto.
En esa última licitación, obtuvieron frecuencias Claro, Movistar y Personal (operadoras ya existentes), y se reservó una porción exclusivamente para un nuevo operador. Nextel (la lógica) no tenía espalda en ese momento; Cablevisión (jugador fuerte en el mercado de telecomunicaciones) no pudo por sus enfrentamientos con el gobierno. ¿Quién obtuvo ese lugar? Arlink, empresa con 0 (cero) capacidad de emprender la tarea de montar un operador nacional de telecomunicaciones móviles. A las pruebas me remito: obtuvo las frecuencias, pero nunca las pagó (y nunca las usó). Judicializó el proceso, y ahora ese espectro está sin uso. Recién hace un tiempo, luego de varias (y discutibles) volteretas, Nextel (Cablevisión) logró tener frecuencias para operar telefonía móvil. Parte del espectro que consiguieron las tres operadoras no estaba (y sigue sin estarlo) limpio, por lo que no se lo puede usar todavía. ¿Mérito de quién? Del Estado. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas empresas tienen la capacidad de desarrollar una red y competir? Y también, ¿cuántas empresas soporta un mercado como el argentino?
Sigamos. Los municipios son los dueños del suelo (donde van montadas las antenas). Podríamos decir que en la Argentina hay, mínimo, necesidad de instalar unas 2500 antenas nuevas (y me quedo corto) entre las cuatro operadoras (sumo a Nextel). Pero si vas a las ordenanzas municipales, una enorme mayoría son de cumplimiento difícil o directamente imposible. Sumemos a que muchas veces, aunque la normativa local lo permita, si los vecinos protestan mucho igualmente logran frenar la instalación. ¿Dónde ponés las antenas?
Las provincias tienen potestad en el control del medio ambiente. Gracias a eso, varias provincias tienen organismos ad hoc, que en teoría llevan adelante controles, pero en la práctica solamente son organismos de recaudación. Si le sumamos esta recaudación a la que realizan buena parte de los municipios, cobrando tasas que exceden por mucho lo que corresponde, resulta que el Estado (en sus tres niveles) está ávido de recaudar, pero poco dispuesto a permitir el desarrollo de redes que permitan un buen servicio.
Obviamente, las empresas son entidades con fines de lucro, y operan a la usanza argentina. Tienen metas de calidad que cumplir (hay un Reglamento Nacional de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones), y metas de cobertura para los servicios móviles (ocurrió con los servicios "viejos" de PCS, y ocurre con el despliegue de 4G). Esas metas están cumplidas, en general, de manera anticipada (o sea, el despliegue va por delante de los plazos comprometidos). Y vale la pena aclarar que tanto el precio pagado por el espectro en la última licitación como las metas de despliegue fueron bastante exigentes.
Entonces, desconozco cómo serán las cosas en Europa, pero acá el Estado es el primer incumplidor (lo que sí, no se priva de usar el látigo de vez en cuando): asigna espectro tarde, y que no está en condiciones de ser utilizado; no permite el despliegue de infraestructura; sube costos recaudando tributos que no tienen mayor justificación, etc. Me atrevería a pensar que en Europa debe ser distinto.
