Agustín Rossi frena la compra de armas y vehículos militares a los Estados Unidos por US$100 millones
El ministro de Defensa congeló una operación iniciada por Mauricio Macri. La posible compra de vehículos pesados para el Ejército estaba contemplada en el proyecto del presupuesto 2020, que nunca llegó a tratarse en el Congreso. Negociaciones para adquirir cuatro aviones P3 usados no se retomaron tras la asunción del presidente Alberto Fernández.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, congeló la posible compra de vehículos militares, armas y otros equipos a Estados Unidos, por un monto de US$100 millones, pese a que el gobierno de Donald Trump autorizó en las últimas horas la gestión que se había iniciado durante el mandato de Mauricio Macri.
La operación comprende la compra de 27 vehículos de transporte de infantería Stryker, ametralladoras y equipos de intercomunicación , que iban a ser destinados a tareas de apoyo en casos de desastres y catástrofes naturales y el mantenimiento de la paz, de acuerdo con obligaciones internacionales asumidas por el país.
"Fue un pedido de la gestión anterior. Nosotros tenemos que evaluar el financiamiento, el equipamiento que se compraría, si sirve para las prioridades de esta gestión. La compra está en análisis y la operación está bastante verde", dijo a LA NACION una fuente oficial.
La posible compra de vehículos pesados para el Ejército estaba contemplada en el proyecto del presupuesto 2020, que nunca llegó a tratarse en el Congreso. La operación había sido impulsada por la gestión de Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa, que al mismo tiempo avanzó con Estados Unidos en negociaciones para
adquirir cuatro aviones P3 usados, que iban a ser destinados a la Armada para el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur.
"La compra de los vehículos militares era complementaria a la de los cuatro aviones P3, que podían haber sido comprados por unos $160 millones, al cambio de hoy", evaluó una fuente cercana a la anterior gestión que encabezó Aguad. Esa operación -se indicó- hubiera servido especialmente a la Argentina, ya que después de la desaparición del submarino ARA San Juan, el país no tiene aviones ni barcos en condiciones para un efectivo control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur.
Esas gestiones no se retomaron tras la asunción del presidente Alberto Fernández.
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