La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre el rol del Ejército en la entrega de tierras a los mapuches
La Cámara Federal ordenó este miércoles que se profundice la investigación sobre los motivos que llevaron al Ejército a no apelar a tiempo la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
“Podríamos estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública - quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores- que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”, planteó el fallo.
En la decisión judicial, se dispuso además que se proceda a “la anotación de este proceso en el registro de la Propiedad Inmueble respectivo a las tierras cuya mesura fuera aprobada por resolución N° 1174 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al sólo objeto de dar publicidad de la existencia de esta causa ante terceros”.
Se trata de un expediente que busca esclarecer en los tribunales de Comodoro Py por qué una apelación del Estado no llegó a tiempo y permitió que quedara firme la entrega de tierras a un grupo de mapuches en el sur.
La decisión surge en un momento de extrema tensión en Villa Mascardi, tras la detención de siete mujeres en el operativo que tuvo lugar el martes para desalojar los predios usurpados por la agrupación Lafken Winkul Mapu.
Después de una discusión sobre la competencia de la investigación, el fiscal federal porteño Carlos Stornelli había impulsado la indagatoria de los funcionarios involucrados por prevaricato y violación de los deberes de funcionario publico por no haber apelado un fallo que ordenaba la entrega de tierras. Allí Stornelli acusó a Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La decisión fue tomada como respuesta a una apelación de Stornelli. El juez Rafecas había considerado que no hubo delito
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