Sebastian
Colaborador
Compra de buques para la Armada: reclamo de China, carta de España y demora por intereses económicos
El ministro Javier García afirmó que la compra de las patrullas oceánicas es necesaria porque “estamos expuestos al robo de nuestros recursos naturales y a no poder ejercer la soberanía”
08/08/2023, 15:37
Además de la renuncia y pase a retiro del jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, Gustavo Musso, disconforme con la resolución tomada respecto a la compra de dos buques de patrulla oceánica del astillero español Cardama, la polémica en torno a ese tema fue alimentada también por una empresa china que había realizado una propuesta y en las últimas horas se quejó por no ganar el llamado mediante una carta que envió al Senado.
La carta de China Shipbuilding Trading (CSTC) enviada a la comisión de Defensa del Senado está firmada por el vicepresidente de la empresa e indica que son “el principal astillero estatal” del gigante asiático y que poseen en total "siete astilleros, 147 institutos de investigación, unidades de negocios y empresas cotizadas, así como activos totales de 790 mil millones de yuanes (US$ 112 mil millones) y 310.000 trabajadores”.
Con ese contexto, y luego de unas primeras páginas en las que relatan todo el proceso desde que Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno estaba en búsqueda de una oferta para comprar las patrullas oceánicas, se indica que hubo un primer llamado y se afirma que la Comisión Técnica y la Comisión Asesora de Adjudicación dejaron “de manifiesto que la única oferta que cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos excluyentes” fue CSTC, además de que era “la más económica”.
En total, se pedían US$ 162 millones de dólares por las dos patrullas.
El gobierno confirmó luego que dejaba sin efecto esa compra porque la oferta excedía el monto que el Estado podía pagar. En paralelo el ministerio comenzó averiguaciones por dos buques “usados de procedencia noruega”, relata la misiva china.
Entonces el 6 de marzo del 2023 la firma china envió por correo electrónico “una nueva propuesta manteniendo las características técnicas principales del buque original, pero deduciendo algunos equipos y servicios accesorios con el fin de rebajar el precio final”, que quedaba en casi US$ 132 millones. Pero un día después se recibió como respuesta “se acusa recibo”, y más nada, criticó la empresa. Poco más de un mes después se les notificó nuevamente que la compra quedaba sin efecto.
“¿Por qué se continuó con el procedimiento de compra por más de un año si se sabía desde la apertura de las ofertas en el mes de marzo de 2022, que no se contaba con los fondos suficientes para realizarla?”, preguntó en primer término la empresa.
Luego se abrió un tercer y último proceso pero CSTC reclama que cuando fue invitada a enviar una cotización el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) “ya había recibido” la propuesta del astillero Cardama. “¿Por qué se eligió esta forma de procedimiento, en el cual no existió fecha ni hora precisa de entrega de ofertas, por qué no hubo pliego de condiciones, por qué no se solicitó garantía de mantenimiento de oferta? En fin ¿por qué se desistió de las formalidades y procedimientos acordes a una compra de este nivel?”, preguntó la empresa china.
Este lunes la comisión de Defensa del Senado recibió a una delegación del ministerio que fue encabezada por García, quien -según consta en la versión taquigráfica- consideró que “es un tema país” que la Armada tenga nuevas patrullas oceánicas, y afirmó que esta historia se remonta al 2008, cuando “hubo unanimidad del sistema político” en cuanto al “diagnóstico de esa necesidad”.
Entonces se preguntó: “¿Cómo puede ser que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo en que el país necesitaba patrulleros oceánicos y aun así siempre aparecieran obstáculos que impidieran llevar adelante esta compra?”. “Yo creo que lo que pasó”, dijo luego, “es que hubo intereses económicos legítimos, privados, que de una forma u otra tuvieron una dinámica que fue más potente que todo el sistema político junto”.
“Lo que estoy diciendo puede sonar fuerte”, reconoció, aunque dijo estar “convencido” de que “fue así”. “Hubo en 15 años intereses económicos que, de una u otra forma, fueron más fuertes que la coincidencia y el acuerdo de todo el sistema político que durante todo ese tiempo existió sobre este tema”. Luego señaló que estos intereses provienen de un mercado que “quiere imponer un producto que vende”.
Hoy “estamos mucho peor de lo que estábamos antes”, lo que “en términos vulgares” se traduciría así, según García: “Estamos regalados en nuestras aguas jurisdiccionales, porque hace 15 años estábamos mejor que ahora”. “Ahora tenemos los mismos o menos barcos y 15 años más viejos”, agregó.
El ministro afirmó que como país “estamos expuestos al robo de nuestros recursos naturales y a no poder ejercer la soberanía o hacerlo con limitaciones muy importantes”, porque “estamos muy lejos de tener lo que se necesitaría”.
Y en cuanto al proceso cuestionado por la empresa china, García recordó que en primer término se buscó “una compra directa secreta, en virtud de que es un material militar”, aunque “con un proceso competitivo”. Aquel se dejó “sin adjudicaciones en virtud de que las propuestas que había y la propuesta que se había elegido superaban ampliamente la capacidad económica” del país. Luego hubo “un segundo intento con una oferta que existió de Noruega, pero, por razones técnicas, la Armada Nacional recomendó no concretar la compra”. La tercera etapa del proceso concluyó en la decisión de apostar a los buques OPV del astillero español.
García explicó que el precio es "sensiblemente menor al que las empresas anteriores habían cotizado", porque "hay una diferencia importante entre los US$ 160 millones o US$ 200 millones –en números gruesos–" que se pedían inicialmente y las cifras que se manejan ahora, que son de 92 millones de dólares.
"Un astillero español civil fiable y conocido"
En la sesión del Senado García también hizo referencia a una carta que envió el gobierno de España producto de esta compra que el Estado uruguayo hará a una empresa de aquel país. La nota es del 13 de junio de este año e indica que “de acuerdo a la información” que tiene el gobierno español, Cardama “es un astillero español civil fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior”.García mencionó otra nota que el gobierno de España envió días después en la que “se compromete a hacer seguimiento de esta operación y prestar su apoyo para el buen fin de la misma dentro del ámbito y los límites de sus propias competencias”.
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