Su padre fue un chacal, ella es la justiciera elegida por Nilda Garré
La hija de Ramón Camps, el jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura, está al frente de la asesoría jurídica del Ejército.
La ministra de Defensa la puso a cargo de la investigación interna que detectó un entramado de irregularidades en las contrataciones que realiza el Ejército.
La causa ya llevó a 31 militares ante la Justicia y podría involucrar al jefe de la fuerza, teniente general Roberto Bendini.
En el ámbito castrense es vista como una “traidora”. Aunque sabe que es una tarea que genera críticas, ella prefiere no polemizar: “No voy a decir nada, a mí me gusta el bajo perfil”.
Por Fernando Oz
Capitana. María Alejandra está al frente de la investigación que tiene en jaque a la jerarquía militar.
Nilda Garré presentará en estos días nuevos elementos de prueba para aportar a la causa que gira en torno al escándalo de la megaestafa en las cuentas de diferentes unidades del Ejército. La punta de lanza de la ministra de Defensa es la capitana María Alejandra Camps, hija de uno de los jerarcas más sanguinarios de la última dictadura militar: El general Ramón Camps.
Fue la capitana Camps quien detectó una amalgama de irregularidades en las contrataciones que hacían sus superiores. La oficial es la jefa de la asesoría jurídica del Comando de Intendencia del Ejército, epicentro del escándalo que podría llegar a las puertas del despacho del jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini.
En su extenso requerimiento de instrucción de 122 páginas, el fiscal Federal Eduardo Taiano nombró en once oportunidades las acciones que había realizado Camps. También le pidió al juez Federal a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral, que cite a la capitana “en su condición de jefe de División Asesoría Jurídica del Comando de Intendencia, para que brinde precisiones acerca de su intervención en los expedientes de contratación en los que emitiera dictamen”.
Pese a su pasado como militante de Montoneros, Garré no tuvo ningún tipo de problemas en basar su denuncia en los informes de la hija del jefe de la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977. Gracias –en gran parte– al trabajo de la capitana Camps, la ministra de Defensa llevó a la Justicia a 31 militares, todos supuestamente involucrados en la “manipulación sistemática de procedimientos de contratación de bienes y servicios por parte de funcionarios del Ejército para favorecer a determinadas empresas, en connivencia con los integrantes de éstas”.
Un ejemplo es el caso del dictamen 30/07, donde la capitana Camps formuló una serie de observaciones en relación con las diversas falencias que presentaba un expediente para una contratación desdoblada de 150 mil pesos. Entre otros puntos, cuestionó la documentación aportada por los oferentes, puesto que no cumplían con las exigencias legales.
Pese a ello, el general de brigada Eduardo Salvador Gibelli (jefe del Comando de Intendencia y por lo tanto jefe de Camps) dictó una resolución para aprobar la licitación privada Nº 04/07 y adjudicar a las firmas cuestionadas. Hoy el general Gibelli es uno de los que encabeza la lista de oficiales que tendrán que desfilar por los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria como imputado en la megaestafa en las arcas de tres unidades del Ejército.
Las mismas maniobras que aplicaba Gibelli en el Comando de Intendencia, según el expediente judicial, eran aplicadas por el general Raúl Horacio Gallardo en el Comando de Operaciones Terrestres, y por el general retirado Héctor Mario Giralda en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.
Estricta y de bajo perfil. “Desde que nací tuve bajo perfil y voy a seguir manteniéndolo así. Le pido por favor que se dirija a las autoridades del Ministerio de Defensa, yo no voy a decir nada ni voy a dar ningún tipo de declaración”, contestó la capitana Camps cuando PERFIL le pidió mantener una entrevista.
—Vamos a escribir un artículo sobre usted, por eso nos interesa hablar.
—Ya le dije que me gusta el perfil bajo. Además, no me explique nada, ya me imagino lo que van a publicar.
María Alejandra es abogada, pero le gusta llevar uniforme al igual que su padre. Ingresó al cuerpo de profesionales del Ejército “de grande. Algo pasada de edad”, explicó a PERFIL una fuente que trabajó con la capitana desde que está en los cuarteles de Palermo. Otro oficial que compartió los mismos pasillos en el Comando de Intendencia la describe de la siguiente manera: “Es callada, de poco trato con los compañeros de trabajo. Toma tecito mientras todos tomamos mate”.
Después de su rol frente a las contrataciones irregulares, aunque nadie lo diga abiertamente, la capitana Camps es vista como “una traidora” por el entorno de Los Porotos (nombre con el que se describe a los oficiales del servicio de intendencia dentro de las filas del Ejército). “Lo que pasa es que en los cuarteles la ropa se lava adentro”, argumentó uno de los oficiales que podría quedar procesado por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, y asociación ilícita.
Más allá de las esquirlas desperdigadas sobre el campamento de los numéricos Porotos, dentro del Ejército la oficial Camps es vista como “un cuadro intachable” y de “una extrema rectitud y apego por las leyes”.
A diferencia de su hermana, Patricio Alejandro Camps eligió no llevar el mismo uniforme que su padre y se dedicó a la gastronomía. “Es una lástima que mi hermana esté metida en ese tema, pero es su trabajo”, dijo el hijo del ex general beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y definitivamente por el indulto decretado por el ex presidente Carlos Menem en 1990.
Heredero de los sabores del Gato Dumas y alejado de los uniformes, Patricio es uno de los dueños de uno de los exclusivos restaurantes de la Recoleta: La parrilla Clarks. En cambio, su hermana es uno de los brazos ejecutores que utiliza la ministra Garré para perseguir a militares presuntamente corruptos y librar su propia interna con el kirchnerista jefe del Ejército.
El temible “amo de la vida y de la muerte”
Se lo conoció como “el amo de la vida y de la muerte”, dirigió la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977 y manejó los peores centros clandestinos de detención. Participó en La Noche de los Lápices y en el secuestro del periodista Jacobo Timerman.
Pero pese a su prontuario y de haber sido encontrado culpable de numerosos delitos, el general Ramón Juan Alberto Camps no pasó un solo día tras las rejas.
Uno de los pocos en entrevistarlo fue el periodista de la revista española Tiempo Santiago Aroca. Durante el diálogo, que se realizó a fines de 1983, Camps no tuvo problemas en defender la tortura como el camino más corto para conseguir información. También admitió la desaparición de personas y sus simpatías con Hitler.
La Justicia Federal condenó al jerarca de la dictadura en diciembre de 1986. La pena era la reclusión perpetua por haberlo encontrado responsable de 214 secuestros extorsivos (de 47 de ellos se desconoce el destino de sus víctimas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, dos violaciones, dos abortos provocados por torturas, 18 robos y diez sustracciones de menores.
Claro que la condena nunca la cumplió. Primero se salvó beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impulsadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y después por el indulto decretado por el ex presidente Carlos Menem.
En 1994 la muerte encontró a Camps en una fría cama del Hospital Militar Central: el cáncer lo había fulminado.
La hija de Ramón Camps, el jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura, está al frente de la asesoría jurídica del Ejército.
La ministra de Defensa la puso a cargo de la investigación interna que detectó un entramado de irregularidades en las contrataciones que realiza el Ejército.
La causa ya llevó a 31 militares ante la Justicia y podría involucrar al jefe de la fuerza, teniente general Roberto Bendini.
En el ámbito castrense es vista como una “traidora”. Aunque sabe que es una tarea que genera críticas, ella prefiere no polemizar: “No voy a decir nada, a mí me gusta el bajo perfil”.
Por Fernando Oz
Capitana. María Alejandra está al frente de la investigación que tiene en jaque a la jerarquía militar.
Nilda Garré presentará en estos días nuevos elementos de prueba para aportar a la causa que gira en torno al escándalo de la megaestafa en las cuentas de diferentes unidades del Ejército. La punta de lanza de la ministra de Defensa es la capitana María Alejandra Camps, hija de uno de los jerarcas más sanguinarios de la última dictadura militar: El general Ramón Camps.
Fue la capitana Camps quien detectó una amalgama de irregularidades en las contrataciones que hacían sus superiores. La oficial es la jefa de la asesoría jurídica del Comando de Intendencia del Ejército, epicentro del escándalo que podría llegar a las puertas del despacho del jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini.
En su extenso requerimiento de instrucción de 122 páginas, el fiscal Federal Eduardo Taiano nombró en once oportunidades las acciones que había realizado Camps. También le pidió al juez Federal a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral, que cite a la capitana “en su condición de jefe de División Asesoría Jurídica del Comando de Intendencia, para que brinde precisiones acerca de su intervención en los expedientes de contratación en los que emitiera dictamen”.
Pese a su pasado como militante de Montoneros, Garré no tuvo ningún tipo de problemas en basar su denuncia en los informes de la hija del jefe de la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977. Gracias –en gran parte– al trabajo de la capitana Camps, la ministra de Defensa llevó a la Justicia a 31 militares, todos supuestamente involucrados en la “manipulación sistemática de procedimientos de contratación de bienes y servicios por parte de funcionarios del Ejército para favorecer a determinadas empresas, en connivencia con los integrantes de éstas”.
Un ejemplo es el caso del dictamen 30/07, donde la capitana Camps formuló una serie de observaciones en relación con las diversas falencias que presentaba un expediente para una contratación desdoblada de 150 mil pesos. Entre otros puntos, cuestionó la documentación aportada por los oferentes, puesto que no cumplían con las exigencias legales.
Pese a ello, el general de brigada Eduardo Salvador Gibelli (jefe del Comando de Intendencia y por lo tanto jefe de Camps) dictó una resolución para aprobar la licitación privada Nº 04/07 y adjudicar a las firmas cuestionadas. Hoy el general Gibelli es uno de los que encabeza la lista de oficiales que tendrán que desfilar por los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria como imputado en la megaestafa en las arcas de tres unidades del Ejército.
Las mismas maniobras que aplicaba Gibelli en el Comando de Intendencia, según el expediente judicial, eran aplicadas por el general Raúl Horacio Gallardo en el Comando de Operaciones Terrestres, y por el general retirado Héctor Mario Giralda en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.
Estricta y de bajo perfil. “Desde que nací tuve bajo perfil y voy a seguir manteniéndolo así. Le pido por favor que se dirija a las autoridades del Ministerio de Defensa, yo no voy a decir nada ni voy a dar ningún tipo de declaración”, contestó la capitana Camps cuando PERFIL le pidió mantener una entrevista.
—Vamos a escribir un artículo sobre usted, por eso nos interesa hablar.
—Ya le dije que me gusta el perfil bajo. Además, no me explique nada, ya me imagino lo que van a publicar.
María Alejandra es abogada, pero le gusta llevar uniforme al igual que su padre. Ingresó al cuerpo de profesionales del Ejército “de grande. Algo pasada de edad”, explicó a PERFIL una fuente que trabajó con la capitana desde que está en los cuarteles de Palermo. Otro oficial que compartió los mismos pasillos en el Comando de Intendencia la describe de la siguiente manera: “Es callada, de poco trato con los compañeros de trabajo. Toma tecito mientras todos tomamos mate”.
Después de su rol frente a las contrataciones irregulares, aunque nadie lo diga abiertamente, la capitana Camps es vista como “una traidora” por el entorno de Los Porotos (nombre con el que se describe a los oficiales del servicio de intendencia dentro de las filas del Ejército). “Lo que pasa es que en los cuarteles la ropa se lava adentro”, argumentó uno de los oficiales que podría quedar procesado por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, y asociación ilícita.
Más allá de las esquirlas desperdigadas sobre el campamento de los numéricos Porotos, dentro del Ejército la oficial Camps es vista como “un cuadro intachable” y de “una extrema rectitud y apego por las leyes”.
A diferencia de su hermana, Patricio Alejandro Camps eligió no llevar el mismo uniforme que su padre y se dedicó a la gastronomía. “Es una lástima que mi hermana esté metida en ese tema, pero es su trabajo”, dijo el hijo del ex general beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y definitivamente por el indulto decretado por el ex presidente Carlos Menem en 1990.
Heredero de los sabores del Gato Dumas y alejado de los uniformes, Patricio es uno de los dueños de uno de los exclusivos restaurantes de la Recoleta: La parrilla Clarks. En cambio, su hermana es uno de los brazos ejecutores que utiliza la ministra Garré para perseguir a militares presuntamente corruptos y librar su propia interna con el kirchnerista jefe del Ejército.
El temible “amo de la vida y de la muerte”
Se lo conoció como “el amo de la vida y de la muerte”, dirigió la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977 y manejó los peores centros clandestinos de detención. Participó en La Noche de los Lápices y en el secuestro del periodista Jacobo Timerman.
Pero pese a su prontuario y de haber sido encontrado culpable de numerosos delitos, el general Ramón Juan Alberto Camps no pasó un solo día tras las rejas.
Uno de los pocos en entrevistarlo fue el periodista de la revista española Tiempo Santiago Aroca. Durante el diálogo, que se realizó a fines de 1983, Camps no tuvo problemas en defender la tortura como el camino más corto para conseguir información. También admitió la desaparición de personas y sus simpatías con Hitler.
La Justicia Federal condenó al jerarca de la dictadura en diciembre de 1986. La pena era la reclusión perpetua por haberlo encontrado responsable de 214 secuestros extorsivos (de 47 de ellos se desconoce el destino de sus víctimas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, dos violaciones, dos abortos provocados por torturas, 18 robos y diez sustracciones de menores.
Claro que la condena nunca la cumplió. Primero se salvó beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impulsadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y después por el indulto decretado por el ex presidente Carlos Menem.
En 1994 la muerte encontró a Camps en una fría cama del Hospital Militar Central: el cáncer lo había fulminado.
uke:
