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Ecuador: ¿pasa factura Rafael Correa a la policía?
Paúl Mena Erazo
Ecuador
Los observadores dicen que, para entender la medida, hay que pensar en las secuelas de la revuelta policial del pasado 30 de septiembre.
Un nuevo elemento de controversia ha surgido en Ecuador en torno a la relación entre el gobierno y los policías. Se trata del anuncio del Ejecutivo de aplicación de la prueba del polígrafo o detector de mentiras a más de 4.000 miembros de la Policía Judicial.
El ministro del Interior, José Serrano, dijo que se trata de una medida que busca generar confianza en los ciudadanos acerca del trabajo de esa fuerza, mientras el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, criticó la iniciativa al considerar que la misma atenta contra derechos constitucionales de los uniformados.
En la vereda opuesta, el fiscal Pesántez, en una carta dirigida al mandatario, sostuvo que la decisión de aplicar el polígrafo a los uniformados resulta contraria "al principio de que nadie está obligado a confesar contra sí mismo y a soportar tratos degradantes".
Pero más allá de esta polémica, analistas consultados por BBC Mundo sostienen que el anuncio del gobierno no puede ser entendido sin ubicarlo en el contexto de las secuelas que ha dejado la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, cuyo proceso legal de determinación de responsables aún se encuentra en desarrollo.
El eco del 30 de septiembreEl analista político Jorge León y el jurista Enrique Echeverría coinciden en ver en la medida del polígrafo y en los planes de reorganización policial intenciones del gobierno más allá del combate a la delincuencia.
León sostiene que el gobierno busca asegurarse el control de las filas policiales tanto para su objetivo de combatir a la delincuencia como para evitar que "malos elementos" vuelvan a romper la línea de autoridad como ocurrió en la revuelta de septiembre.
"Se creó un ambiente de desconfianza con la policía a raíz del 30 de septiembre, y lo que se quiere es hacer un proceso de selección de los policías, en el que se mezclan tanto los problemas de inseguridad como un interés por prever un posible complot y sacar a los elementos inapropiados", dijo León a BBC Mundo.
El gobierno ha asegurado que quienes no pasen la prueba del polígrafo serán reubicados a otras áreas policiales, a la par que se llevará adelante en la policía un proceso de reorganización institucional en el que habrá constantes evaluaciones al accionar de los uniformados.
En el marco de dicha reorganización, el ministro Serrano ha dicho que trabajará por defender "a la gran mayoría de los buenos policías" que tiene la institución y sacar "esos quistes o malos elementos que tenemos en las filas".
"Salir de unos cuantos policías""Tengo la sospecha de que se trata de usar este método para salir de unos cuantos policías que se sublevaron el 30 de septiembre del año pasado", dijo, por su parte, el jurista Enrique Echeverría a BBC Mundo.
Echeverría sostuvo que una aplicación obligatoria del polígrafo representa una invasión de la intimidad de conciencia prohibida en las leyes ecuatorianas.
En Ecuador la prueba del polígrafo ha sido practicada desde años atrás con aspirantes a ingresar a diversas fuerzas policiales, como ha ocurrido en otros países.
El jurista Echeverría dice que la diferencia está en que ahora dicha prueba, de la cual cuestionó su confiabilidad, sería ineludible para los uniformados que quieran permanecer en la Policía Judicial, y recordó que la aplicación del polígrafo no está aceptada como prueba dentro de un proceso legal en Ecuador.
¿Evaluación y depuración por el 30 de septiembre? Por lo pronto, el ministro del Interior ha insistido en que "la razón de fondo es que requerimos como país reposicionar la relación de confianza entre ciudadanía y Policía Nacional".
