QUIERE DEROGAR LA FINANCIACIÓN DE COMPRA DE ARMAS CON LA VENTA DEL COBRE.
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VUELVE A MORTIFICAR AL CENTROIZQUIERDA
Sebastián Piñera quiere lograr lo que la Concertación no supo, no pudo o no quiso concretar en 20 años de gobierno.
Santiago - Sebastián Piñera presentará al Congreso un proyecto para derogar una ley que obliga a destinar el 10% de las ventas de cobre a la compra de armas, iniciativa emblemática del período de Augusto Pinochet y que ha permitido a Chile ubicarse a la cabeza del armamentismo en la región. De esta manera, el mandatario chileno vuelve a arriesgar una iniciativa inesperada, que mortifica a la desconcertada oposición de centroizquierda.
La información fue suministrada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet (un ex ministro de la Concertación), a medios locales, señalando que la principal fuente de financiamiento para las Fuerzas Armadas chilenas sería reemplazada por un presupuesto de carácter plurianual y que contenga un fondo destinado a contingencias.
Es la segunda vez que se busca modificar esta ley, luego de que lo intentó, en el tramo de su mandato, la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), la última mandataria de la Concertación, quien, sin embargo, no encontró eco en el Parlamento para aprobar el proyecto. Además, varios políticos han expresando en el pasado su rechazo a la ley, porque consideran que la defensa del país no puede quedar supeditada a la fluctuación de precios de un producto como el cobre.
Ravinet explicó al Diario Financiero que «es un error vincular el financiamiento de las FF.AA. a un commodity como el cobre, que tiene mucha variabilidad y también perjudica a (la cuprífera estatal chilena) Codelco en términos de su posibilidad de expansión internacional».
«Por lo mismo, el presidente Sebastián Piñera incluyó en su programa el promover la derogación de la Ley del Cobre y reemplazarla por una ley de financiamiento plurianual que dé estabilidad, confiabilidad y financiamiento suficientes a la Defensa», agregó.
La iniciativa, que se atreve con uno de los íconos de la derecha chilena, se suma a otras decisiones como la denegatoria de indultos a militares solicitados por la Iglesia y miembros de la coalición gubernamental Alianza por Chile (en especial, de la pospinochetista Unión Demócrata Independiente), la modificación de la Ley Antiterrorista (cuestionada por organismos internacionales), la elevación de las regalías y el aumento de los controles a la industria minera, y ciertos guiños a la comunidad homosexual. Sobre todos estos puntos, la Concertación, que lideran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, no quiso, no pudo o no supo avanzar.
Según expresó Ravinet, la modificación del presupuesto militar plantea un financiamiento de cuatro años para la compra de armas, que a su vez estará dentro de una planificación de Defensa global de más largo plazo, en la que no se entregarán detalles de armamentos, sino de necesidad a cubrir o renovar.
Además, se creará un fondo de contingencia para enfrentar crisis o desastres naturales con los dineros que se acumulen y que no se destinen a la compra de armas.
La Ley del Cobre fue aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y obliga a destinar el 10% de las ventas de cobre de Codelco -la principal productora mundial del metal- a la compra o renovación de material bélico.
Favorecidas por los altos precios del cobre -del cual Chile es el principal productor mundial-, las Fuerzas Armadas chilenas recibieron desde 2000 unos u$s 7.500 millones por parte de la cuprífera estatal.
Por su carácter reservado, no es posible conocer públicamente cómo se gastan estos recursos, aunque diversos analistas coinciden en que la modernización que las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en la última década se ha invertido unos u$s 2.500 millones.
El proceso incluyó, entre otras adquisiciones, la compra a Estados Unidos de cazabombarderos F-16, por u$s 600 millones, además de tanques, helicópteros, fragatas y submarinos, entre otros.
El Ministerio de Defensa confirmó que unos u$s 1.200 millones fueron destinados a la reconstrucción de infraestructura militar dañada tras el terremoto y tsunami que azotaron el país el pasado 27 de febrero.
No existe información sobre el resto del dinero, más de u$s 3.000 millones, que no puede ser gastado en rubros distintos a las armas. La reforma de Piñera será enviada en los próximos días al Congreso.
Agencia AFP
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VUELVE A MORTIFICAR AL CENTROIZQUIERDA
Sebastián Piñera quiere lograr lo que la Concertación no supo, no pudo o no quiso concretar en 20 años de gobierno.
Santiago - Sebastián Piñera presentará al Congreso un proyecto para derogar una ley que obliga a destinar el 10% de las ventas de cobre a la compra de armas, iniciativa emblemática del período de Augusto Pinochet y que ha permitido a Chile ubicarse a la cabeza del armamentismo en la región. De esta manera, el mandatario chileno vuelve a arriesgar una iniciativa inesperada, que mortifica a la desconcertada oposición de centroizquierda.
La información fue suministrada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet (un ex ministro de la Concertación), a medios locales, señalando que la principal fuente de financiamiento para las Fuerzas Armadas chilenas sería reemplazada por un presupuesto de carácter plurianual y que contenga un fondo destinado a contingencias.
Es la segunda vez que se busca modificar esta ley, luego de que lo intentó, en el tramo de su mandato, la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), la última mandataria de la Concertación, quien, sin embargo, no encontró eco en el Parlamento para aprobar el proyecto. Además, varios políticos han expresando en el pasado su rechazo a la ley, porque consideran que la defensa del país no puede quedar supeditada a la fluctuación de precios de un producto como el cobre.
Ravinet explicó al Diario Financiero que «es un error vincular el financiamiento de las FF.AA. a un commodity como el cobre, que tiene mucha variabilidad y también perjudica a (la cuprífera estatal chilena) Codelco en términos de su posibilidad de expansión internacional».
«Por lo mismo, el presidente Sebastián Piñera incluyó en su programa el promover la derogación de la Ley del Cobre y reemplazarla por una ley de financiamiento plurianual que dé estabilidad, confiabilidad y financiamiento suficientes a la Defensa», agregó.
La iniciativa, que se atreve con uno de los íconos de la derecha chilena, se suma a otras decisiones como la denegatoria de indultos a militares solicitados por la Iglesia y miembros de la coalición gubernamental Alianza por Chile (en especial, de la pospinochetista Unión Demócrata Independiente), la modificación de la Ley Antiterrorista (cuestionada por organismos internacionales), la elevación de las regalías y el aumento de los controles a la industria minera, y ciertos guiños a la comunidad homosexual. Sobre todos estos puntos, la Concertación, que lideran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, no quiso, no pudo o no supo avanzar.
Según expresó Ravinet, la modificación del presupuesto militar plantea un financiamiento de cuatro años para la compra de armas, que a su vez estará dentro de una planificación de Defensa global de más largo plazo, en la que no se entregarán detalles de armamentos, sino de necesidad a cubrir o renovar.
Además, se creará un fondo de contingencia para enfrentar crisis o desastres naturales con los dineros que se acumulen y que no se destinen a la compra de armas.
La Ley del Cobre fue aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y obliga a destinar el 10% de las ventas de cobre de Codelco -la principal productora mundial del metal- a la compra o renovación de material bélico.
Favorecidas por los altos precios del cobre -del cual Chile es el principal productor mundial-, las Fuerzas Armadas chilenas recibieron desde 2000 unos u$s 7.500 millones por parte de la cuprífera estatal.
Por su carácter reservado, no es posible conocer públicamente cómo se gastan estos recursos, aunque diversos analistas coinciden en que la modernización que las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en la última década se ha invertido unos u$s 2.500 millones.
El proceso incluyó, entre otras adquisiciones, la compra a Estados Unidos de cazabombarderos F-16, por u$s 600 millones, además de tanques, helicópteros, fragatas y submarinos, entre otros.
El Ministerio de Defensa confirmó que unos u$s 1.200 millones fueron destinados a la reconstrucción de infraestructura militar dañada tras el terremoto y tsunami que azotaron el país el pasado 27 de febrero.
No existe información sobre el resto del dinero, más de u$s 3.000 millones, que no puede ser gastado en rubros distintos a las armas. La reforma de Piñera será enviada en los próximos días al Congreso.
Agencia AFP
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