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Chile: debate sobre reforma de Ley del Cobre y su impacto en la Defensa Nacional
Sep-05-07 - por Fabián Calle
“La presidenta Michelle Bachelet afirmó que su objetivo es lograr la autonomía energética en 2 años y consideró a la misma una cuestión de ‘seguridad nacional’” Según reciente informes, los países de la región que más han gastado en los últimos años en la compra de material bélico han sido Chile y Venezuela, seguidos por Brasil1 . Chile presenta un presupuesto en Defensa del 3,8% del PBI (sin contabilizar los fondos extra provenientes de las exportaciones del cobre), seguido por Colombia con el 3.7%. En el caso de Venezuela, para el año 2005 ese monto se situaba en el 1,6% (vis a vis el 1,4% anterior al ascenso de Chávez al poder). En Chile hace una década el monto se situaba en 3,4%. En el caso de la Argentina, desde comienzos de los años ´90 se ha situado en torno del 1%. A procesos endógenos como el peso decisivo que han alcanzado los militares en Venezuela a partir de la consolidación del gobierno bolivariano y el posicionamiento que aun conservan las FF.AA. chilenas de la mano de normativas como la Ley Secreta del Cobre y los escasos márgenes de control que aun tiene el Ministerio de Defensa en materia del gasto de estos recursos especiales2 , se le suma la casi cuadruplicación de los precios internacionales del petróleo y la su quintuplicación en el caso del cobre. Luego de estos precios record, el FMI estima que el cobre podría bajar entre 57% hasta el 2010 o sea manteniendo niveles históricamente elevados. En el caso del petróleo, se estima que su descenso seria del 5% o menos3 . Recursos naturales controlados por los respectivos Estados que en los últimos tiempos han asumido el rol de cuasi "tipos ideales" de dos modelos de organización política, económica, social y de política exterior a primera vista opuestos y por ende con una fuerte influencia sobre el actual debate ideológico que se da en la región. El incremento del precio del cobre tiene un impacto positivo y fuerte en la economía de Chile. En términos reales son los precios más altos de los últimos 30 años y no existen signos de sostenidas bajas en el corto y mediano plazo. El boom del cobre obliga desarrollar políticas macroeconómicas anticíclicas para evitar un sobrecalentamiento de la economía: "Pensemos como si Chile se hubiera ganado la lotería, pero el premio se entrega en anualidades y en algún momento se terminará sin aviso" 4 .
Todo ello se desarrolla en un contexto en donde claramente parece recrudecer una puja distributiva o por la apropiación de parte del efecto riqueza de las exportaciones del mineral rojo. La cadena de protestas y huelgas, comenzando por los estudiantes secundarios, siguiendo por los obreros contratados de la empresa minera Codelco y llegando al reciente paro general impulsado por la central de trabajadores, son reflejo de ello. La misma Iglesia Católica ha advertido sobre lo escaso del nuevo aumento del salario mínimo en el país trasandino (260 dólares) y la existencia de agudas inequidades en la distribución del ingreso. Sectores políticos y sociales han sumado a estas advertencias un reciente informe de las Naciones Unidas que colocan a ese país como uno de los 15 con mayores disparidades de ingreso entre ricos y pobres y solo superado por Brasil en este tema en el área sudamericana. Si hace pocos años el tema central de debate era la pobreza y la miseria, ahora el plano se corre la distribución.
Tal vez no casualmente, se han reactivado luego de casi dos años de descasar en los escritorios oficiales los estudios tendientes a llevar a cabo una reforma de la Ley Secreta del Cobre, que data de 1958 y que tuviera una reforma parcial en 1985, en donde se establece que el 10% de los ingresos por las exportaciones de cobre y sus subproductos por parte de la empresa estatal Codelco (que controla casi el 50% de la explotación en el país) se destinan a una cuenta especial a ser repartida en partes iguales entre las tres Fuerzas. Asimismo, establece la existencia de un piso de transferencias de 180 millones de dólares a ser reajustados anualmente tomando en cuanta la inflación de los EE.UU. (que ronda desde hace dos décadas el 3%). Esta norma junto a la referencia, establecida e impuesta por los militares antes de entregar el gobierno a la Concertación en 1989, de tomar como piso del presupuesto de Defensa el existente en el último año de Pinochet en la Presidencia, son los pilares sobre los que se sostiene la holgura presupuestaria de los militares durante lo ya 17 años de democracia.
El Ministro de Defensa, José Goñi, parece dispuesto a impulsar la eliminación de la Ley del cobre pero sin que ello derive en un impacto masivo y directo sobre la disponibilidad de fondos. Para ello, se optaría por el desarrollo de presupuestos plurianuales (con un promedio de 5 años) y un marcado incentivo a compras conjuntas. Entre los factores que han convergido para ello, se destacan la existencia de una corrientes de pensamiento que cruza sectores empresariales, sociales y políticos que ponen énfasis en la necesidad de "normalizar" la situación de Codelco y con ello ayudar a su modernización y al imperio de procedimientos dotados de básicamente de racionalidad económica y criterios empresariales. Asimismo, el boom del precio del mineral ha generado fondos que vienen rondando los 1000 millones de dólares por año vis a vis los 250 millones de fines de los años ´90. Ello ha llevado a sectores en el oficialismo y aun en sectores académicos a advertir que el escenario subregional (básicamente los paupérrimos niveles de gasto en Defensa de la Argentina desde comienzo de los años ´90) hacen poco realista seguir en esta tendencia. Por último, aquellos sectores políticos que ven en esta reforma una muestra más de la larga transición chilena hacia una democracia plena y no tutelada.
Dos factores, uno interno y el otro externo, seguramente estarán presentes en los debates mediáticos y políticos que se darán cuando la derogación de la Ley sea enviada el Congreso. En el primer caso, son los fuertes golpes que viene recibiendo la aprobación de la gestión de la Presidente Bachelet, con mediciones que le dan un 39% de aceptación, a partir de temas de gran impacto social en Santiago de Chile y su periferia como fue la fallida puesta en funcionamiento del Transantiago y la sucesión de protestas y huelgas antes mencionadas. Las cuales en muchos casos fueron respaldadas por miembros de la propia coalición gubernamental. Todo ello, ha motivado de hecho un adelantamiento psicológico de las elecciones presidenciales previstas para el 2009 y al ascenso de un sentimiento o "saber convencional" sobre que esta vez, en su tercer intento, el empresario Sebastián Piñera, del centroderechista Renovación Nacional, se podría alzar con la primera magistratura enfrentando a Lagos o a Insulza. No obstante, las mismas estadísticas que muestran la caída en la popularidad de la Presidenta no registran hasta el momento que este fenómeno esté siendo capitalizado sustancialmente en la intención de voto hacia la oposición. En lo que respecta al escenario externo, en las últimas semanas se ha reactivado la "rivalidad duradera" con el Perú a partir de la decisión de Lima de no reconocer el límite marítimo existente entre los dos países a partir de 1954, la posterior publicación de cartografía considerada por Santiago como violatoria de la soberanía oceánica y aun terrestre de Chile y la pronta elevación a la Corte de la Haya de este contencioso por parte del gobierno de Alan García.
Con respecto nuestro país, desde el 2004 Chile y la Argentina asisten a periódicas tensiones derivadas del corte parcial en los flujos de gas argentino hacia ese país. Ello ha derivado en una fuerte politización del tema en la vida política chilena, lo cual obligó en su momento al ex presidente Lagos a destacar la necesidad de "no gasificar" las relaciones con Buenos Aires. La oposición de centroderecha trasandina ha criticado tanto a Lagos como a la actual presidente Bachelet por la existencia de una estrategia demasiado contemplativa con la Argentina. En un informe titulado "Abastecimiento eléctrico en el SIC 06-2010" publicado por el Centro de Estudios públicos de Chile en el año 2006 se destaca: 1) La economía chilena presentará potenciales déficit de energía entre el 2006 y el 2011, con picos de sensibilidad a fines del 2009 y comienzos del 2010 2) la principal forma de moderar la crisis de energía que puede enfrenar Chile viene siendo la conversión a diesel de parte sustancial de las usinas que venían funcionando con gas 3) la amenaza en el corto y mediano plazo es la existencia de agudas sequías que afecten la generación hidroeléctrica 4) La creciente conversión de usinas que funcionan a gas a diesel, está reduciendo la vulnerabilidad frente a los cortes de gas argentino 5) el flujo de gas argentino (aun sin cortes) no cambia radicalmente la precaria situación energética de Chile. La Presidenta M. Bachelet afirmó que su objetivo es lograr la autonomía energética en 2 años y considero a la misma una cuestión de "seguridad nacional". De manera contemporánea a la cuestión del gas, medios de prensa chilenos han recordado la existencia aun de un diferendo limítrofe en la zona de Hielos Continentales y la posibilidad cierta de avanzar en la construcción de represas hidroeléctricas en la zona de Aysen, fronteriza a la provincia de Santa Cruz en la Argentina, aun a costa de poner en cuestión el acuerdo binacional sobre uso de los recursos hídricos firmado en 1993. Esta combinación de factores, adquiere una mayor relevancia cuando se recuerda que el actual Libro Blanco de la Defensa de Chile (vigente desde el 2002) tiene a la defensa de los intereses económicos de Chile en la región uno de los temas a priorizar.
La difusión en medios de prensa argentinos de algunos de los lineamientos del Documento Ejército 2025 preparado por esa Fuerza en la Argentina, generó reacciones en legisladores oficialistas y opositores en Chile. En su mayoría, los primeros se inclinados por destacar los grados de cooperación y confianza entre los dos país si bien reconocieron que se debería tomar en cuenta la nueva postura argentina reflejada en ese documento al momento de terminar de elaborar el tercer Libro Blanco de la Defensa de Chile que se espera dar a conocer en el 2007. Por su parte, la oposición de centro derecha enfatizó en los potenciales riesgos que representan para los intereses de Chile el creciente énfasis argentino en recursos naturales como el agua. Todo ello en interacción con la aun inconclusa demarcación la zona de Hielos Continentales5 .
Las recientes declaraciones del Senador oficialista Roberto Muñoz Barra (PPD) y Presidente la Comisión de RR.EE. de esa Cámara, ayudan a entender la percepción chilena sobre el escenario regional: "Se vienen tiempos intensos, tanto con Bolivia como con Perú, y más adelante Campos de Hielo (con Argentina); por el tiempo, el Gobierno sería mucho más respaldado con una información amplia y transparente", según el parlamentario" (…)6 .
Todo parece indicar, que en la reforma de la Ley del Cobre el gobierno de Bachelet también enfrentara cuestionamientos sustentados en advertencias, sinceras o instrumentalizadas política y electoralmente, sobre los riesgos que aun la depara la región a la seguridad nacional.
1 El País, 29/4/06, España.
2 M. Malamud, "Hacia la modernización de la Defensa Nacional: el caso de Chile", ARI Nro.11, 6/2/2007, España.
3 The Wall Street Journal Americas, 22/2/07.
4 J. De Gregorio, "Bonanza del cobre: impacto macroeconómico y desafíos de la política", Estudios Públicos, Invierno 2006, Chile.
5 El Mercurio, 27/2/07, Chile.
6 El Mercurio, 3/9/07, Chile.
Sep-05-07 - por Fabián Calle
“La presidenta Michelle Bachelet afirmó que su objetivo es lograr la autonomía energética en 2 años y consideró a la misma una cuestión de ‘seguridad nacional’” Según reciente informes, los países de la región que más han gastado en los últimos años en la compra de material bélico han sido Chile y Venezuela, seguidos por Brasil1 . Chile presenta un presupuesto en Defensa del 3,8% del PBI (sin contabilizar los fondos extra provenientes de las exportaciones del cobre), seguido por Colombia con el 3.7%. En el caso de Venezuela, para el año 2005 ese monto se situaba en el 1,6% (vis a vis el 1,4% anterior al ascenso de Chávez al poder). En Chile hace una década el monto se situaba en 3,4%. En el caso de la Argentina, desde comienzos de los años ´90 se ha situado en torno del 1%. A procesos endógenos como el peso decisivo que han alcanzado los militares en Venezuela a partir de la consolidación del gobierno bolivariano y el posicionamiento que aun conservan las FF.AA. chilenas de la mano de normativas como la Ley Secreta del Cobre y los escasos márgenes de control que aun tiene el Ministerio de Defensa en materia del gasto de estos recursos especiales2 , se le suma la casi cuadruplicación de los precios internacionales del petróleo y la su quintuplicación en el caso del cobre. Luego de estos precios record, el FMI estima que el cobre podría bajar entre 57% hasta el 2010 o sea manteniendo niveles históricamente elevados. En el caso del petróleo, se estima que su descenso seria del 5% o menos3 . Recursos naturales controlados por los respectivos Estados que en los últimos tiempos han asumido el rol de cuasi "tipos ideales" de dos modelos de organización política, económica, social y de política exterior a primera vista opuestos y por ende con una fuerte influencia sobre el actual debate ideológico que se da en la región. El incremento del precio del cobre tiene un impacto positivo y fuerte en la economía de Chile. En términos reales son los precios más altos de los últimos 30 años y no existen signos de sostenidas bajas en el corto y mediano plazo. El boom del cobre obliga desarrollar políticas macroeconómicas anticíclicas para evitar un sobrecalentamiento de la economía: "Pensemos como si Chile se hubiera ganado la lotería, pero el premio se entrega en anualidades y en algún momento se terminará sin aviso" 4 .
Todo ello se desarrolla en un contexto en donde claramente parece recrudecer una puja distributiva o por la apropiación de parte del efecto riqueza de las exportaciones del mineral rojo. La cadena de protestas y huelgas, comenzando por los estudiantes secundarios, siguiendo por los obreros contratados de la empresa minera Codelco y llegando al reciente paro general impulsado por la central de trabajadores, son reflejo de ello. La misma Iglesia Católica ha advertido sobre lo escaso del nuevo aumento del salario mínimo en el país trasandino (260 dólares) y la existencia de agudas inequidades en la distribución del ingreso. Sectores políticos y sociales han sumado a estas advertencias un reciente informe de las Naciones Unidas que colocan a ese país como uno de los 15 con mayores disparidades de ingreso entre ricos y pobres y solo superado por Brasil en este tema en el área sudamericana. Si hace pocos años el tema central de debate era la pobreza y la miseria, ahora el plano se corre la distribución.
Tal vez no casualmente, se han reactivado luego de casi dos años de descasar en los escritorios oficiales los estudios tendientes a llevar a cabo una reforma de la Ley Secreta del Cobre, que data de 1958 y que tuviera una reforma parcial en 1985, en donde se establece que el 10% de los ingresos por las exportaciones de cobre y sus subproductos por parte de la empresa estatal Codelco (que controla casi el 50% de la explotación en el país) se destinan a una cuenta especial a ser repartida en partes iguales entre las tres Fuerzas. Asimismo, establece la existencia de un piso de transferencias de 180 millones de dólares a ser reajustados anualmente tomando en cuanta la inflación de los EE.UU. (que ronda desde hace dos décadas el 3%). Esta norma junto a la referencia, establecida e impuesta por los militares antes de entregar el gobierno a la Concertación en 1989, de tomar como piso del presupuesto de Defensa el existente en el último año de Pinochet en la Presidencia, son los pilares sobre los que se sostiene la holgura presupuestaria de los militares durante lo ya 17 años de democracia.
El Ministro de Defensa, José Goñi, parece dispuesto a impulsar la eliminación de la Ley del cobre pero sin que ello derive en un impacto masivo y directo sobre la disponibilidad de fondos. Para ello, se optaría por el desarrollo de presupuestos plurianuales (con un promedio de 5 años) y un marcado incentivo a compras conjuntas. Entre los factores que han convergido para ello, se destacan la existencia de una corrientes de pensamiento que cruza sectores empresariales, sociales y políticos que ponen énfasis en la necesidad de "normalizar" la situación de Codelco y con ello ayudar a su modernización y al imperio de procedimientos dotados de básicamente de racionalidad económica y criterios empresariales. Asimismo, el boom del precio del mineral ha generado fondos que vienen rondando los 1000 millones de dólares por año vis a vis los 250 millones de fines de los años ´90. Ello ha llevado a sectores en el oficialismo y aun en sectores académicos a advertir que el escenario subregional (básicamente los paupérrimos niveles de gasto en Defensa de la Argentina desde comienzo de los años ´90) hacen poco realista seguir en esta tendencia. Por último, aquellos sectores políticos que ven en esta reforma una muestra más de la larga transición chilena hacia una democracia plena y no tutelada.
Dos factores, uno interno y el otro externo, seguramente estarán presentes en los debates mediáticos y políticos que se darán cuando la derogación de la Ley sea enviada el Congreso. En el primer caso, son los fuertes golpes que viene recibiendo la aprobación de la gestión de la Presidente Bachelet, con mediciones que le dan un 39% de aceptación, a partir de temas de gran impacto social en Santiago de Chile y su periferia como fue la fallida puesta en funcionamiento del Transantiago y la sucesión de protestas y huelgas antes mencionadas. Las cuales en muchos casos fueron respaldadas por miembros de la propia coalición gubernamental. Todo ello, ha motivado de hecho un adelantamiento psicológico de las elecciones presidenciales previstas para el 2009 y al ascenso de un sentimiento o "saber convencional" sobre que esta vez, en su tercer intento, el empresario Sebastián Piñera, del centroderechista Renovación Nacional, se podría alzar con la primera magistratura enfrentando a Lagos o a Insulza. No obstante, las mismas estadísticas que muestran la caída en la popularidad de la Presidenta no registran hasta el momento que este fenómeno esté siendo capitalizado sustancialmente en la intención de voto hacia la oposición. En lo que respecta al escenario externo, en las últimas semanas se ha reactivado la "rivalidad duradera" con el Perú a partir de la decisión de Lima de no reconocer el límite marítimo existente entre los dos países a partir de 1954, la posterior publicación de cartografía considerada por Santiago como violatoria de la soberanía oceánica y aun terrestre de Chile y la pronta elevación a la Corte de la Haya de este contencioso por parte del gobierno de Alan García.
Con respecto nuestro país, desde el 2004 Chile y la Argentina asisten a periódicas tensiones derivadas del corte parcial en los flujos de gas argentino hacia ese país. Ello ha derivado en una fuerte politización del tema en la vida política chilena, lo cual obligó en su momento al ex presidente Lagos a destacar la necesidad de "no gasificar" las relaciones con Buenos Aires. La oposición de centroderecha trasandina ha criticado tanto a Lagos como a la actual presidente Bachelet por la existencia de una estrategia demasiado contemplativa con la Argentina. En un informe titulado "Abastecimiento eléctrico en el SIC 06-2010" publicado por el Centro de Estudios públicos de Chile en el año 2006 se destaca: 1) La economía chilena presentará potenciales déficit de energía entre el 2006 y el 2011, con picos de sensibilidad a fines del 2009 y comienzos del 2010 2) la principal forma de moderar la crisis de energía que puede enfrenar Chile viene siendo la conversión a diesel de parte sustancial de las usinas que venían funcionando con gas 3) la amenaza en el corto y mediano plazo es la existencia de agudas sequías que afecten la generación hidroeléctrica 4) La creciente conversión de usinas que funcionan a gas a diesel, está reduciendo la vulnerabilidad frente a los cortes de gas argentino 5) el flujo de gas argentino (aun sin cortes) no cambia radicalmente la precaria situación energética de Chile. La Presidenta M. Bachelet afirmó que su objetivo es lograr la autonomía energética en 2 años y considero a la misma una cuestión de "seguridad nacional". De manera contemporánea a la cuestión del gas, medios de prensa chilenos han recordado la existencia aun de un diferendo limítrofe en la zona de Hielos Continentales y la posibilidad cierta de avanzar en la construcción de represas hidroeléctricas en la zona de Aysen, fronteriza a la provincia de Santa Cruz en la Argentina, aun a costa de poner en cuestión el acuerdo binacional sobre uso de los recursos hídricos firmado en 1993. Esta combinación de factores, adquiere una mayor relevancia cuando se recuerda que el actual Libro Blanco de la Defensa de Chile (vigente desde el 2002) tiene a la defensa de los intereses económicos de Chile en la región uno de los temas a priorizar.
La difusión en medios de prensa argentinos de algunos de los lineamientos del Documento Ejército 2025 preparado por esa Fuerza en la Argentina, generó reacciones en legisladores oficialistas y opositores en Chile. En su mayoría, los primeros se inclinados por destacar los grados de cooperación y confianza entre los dos país si bien reconocieron que se debería tomar en cuenta la nueva postura argentina reflejada en ese documento al momento de terminar de elaborar el tercer Libro Blanco de la Defensa de Chile que se espera dar a conocer en el 2007. Por su parte, la oposición de centro derecha enfatizó en los potenciales riesgos que representan para los intereses de Chile el creciente énfasis argentino en recursos naturales como el agua. Todo ello en interacción con la aun inconclusa demarcación la zona de Hielos Continentales5 .
Las recientes declaraciones del Senador oficialista Roberto Muñoz Barra (PPD) y Presidente la Comisión de RR.EE. de esa Cámara, ayudan a entender la percepción chilena sobre el escenario regional: "Se vienen tiempos intensos, tanto con Bolivia como con Perú, y más adelante Campos de Hielo (con Argentina); por el tiempo, el Gobierno sería mucho más respaldado con una información amplia y transparente", según el parlamentario" (…)6 .
Todo parece indicar, que en la reforma de la Ley del Cobre el gobierno de Bachelet también enfrentara cuestionamientos sustentados en advertencias, sinceras o instrumentalizadas política y electoralmente, sobre los riesgos que aun la depara la región a la seguridad nacional.
1 El País, 29/4/06, España.
2 M. Malamud, "Hacia la modernización de la Defensa Nacional: el caso de Chile", ARI Nro.11, 6/2/2007, España.
3 The Wall Street Journal Americas, 22/2/07.
4 J. De Gregorio, "Bonanza del cobre: impacto macroeconómico y desafíos de la política", Estudios Públicos, Invierno 2006, Chile.
5 El Mercurio, 27/2/07, Chile.
6 El Mercurio, 3/9/07, Chile.
