Rumanía abre una grieta en el pasado
Tras años de silencio, la fiscalía investiga por genocidio a dos jefes de prisiones comunistas
En los centros penitenciarios se torturaba a presos políticos durante la década de los cincuenta
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Prisión de Ramnicu Sarat, donde se confinaba a prisioneros políticos, en septiembre. / Cristian Movila (NYT)
La última vez que hubo un proceso por genocidio en Rumanía fue el día de Navidad de 1989. Duró un par de horas y terminó con Nicolae y Elena Ceausescu fusilados, desmadejados en el patio del cuartel militar de Targoviste, a 79 kilómetros de Bucarest. Medio mundo ha visto el vídeo del juicio sumario y parte de la ejecución de quienes solo cinco días antes dirigían una de las dictaduras comunistas más desquiciadas de Europa. El lugar en el que ocurrió es hoy un tosco museo con agujeros de bala en la pared y dos siluetas dibujadas en el suelo para señalar dónde cayeron.
El museo municipal abrió hace casi dos meses. Ese 3 de septiembre, en Bucarest, la fiscalía general anunciaba una investigación por genocidio (un delito que no prescribe) contra Alexandru Visinescu, el director de una cárcel donde las palizas, el hambre y el frío extremo se empleaban para machacar a cualquiera que oliera a disidente. Es la primera vez que se formula una acusación así en 24 años. Esa decisión supone perforar en toneladas de tiempo y oscuridad: las que se edificaron sobre los 600.000 presos políticos de la época del terror de corte estalinista que precedió a Ceausescu, entre 1945 y 1964. Es una grieta pequeña, en primer lugar porque el acusado tiene 88 años y es poco probable que se le llegue a juzgar. Pero una grieta, porque Rumanía apenas ha empezado a volver la vista sobre los crímenes cometidos en 44 años de dictaduras comunistas.
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Alexandru Visinescu, de 87 años, en Bucarest, el 3 de septiembre. / Vadim Ghirda (AP)
Dumitrescu es una mujer enérgica capaz de intercalar la risa en el relato de esos años de horror. Ahora Visinescu está acusado de genocidio. "Ya no me compensa. Nadie me devolverá la juventud", dice con amargura mientras plantea que, más que la batalla de la justicia tardía, vale la pena dar la de la memoria: "Mi objetivo no es que lo condenen a él o a cualquier otro, sino que los rumanos sepan lo que ha pasado. Me saca de quicio que digan que no existían las negras. Ahora [en la fiscalía] han cogido un cabo de la cuerda y espero que empiecen a tirar. Eso servirá para que se conozca el pasado".
A Rumanía le ha costado décadas iniciar siquiera ese gesto. La maraña de la que tirar es gigantesca y brutal. Incluso los casos más cercanos en el tiempo, como el de la mayoría de los 1.200 muertos que hubo durante la revolución de 1989, siguen impunes. Por eso Teodor Maries, el presidente de una asociación de víctimas de la represión de los últimos días del comunismo llamada 21 de Diciembre de 1989 considera que la investigación sobre Visinescu "es una excepción, es como un defecto bueno del sistema. La opinión pública ha reaccionado por la presión de la prensa y nosotros seguimos con nuestra lucha".
El miedo sigue vivo para algunos de los torturados en los cincuenta. "Me atemorizaría encontrarme con Visinescu por la calle", admite Aurora Dumitrescu. Durante todo este tiempo, el carcelero Visinescu ha vivido en su piso de Bucarest junto al parque Cismigiu, uno de los más bonitos de la ciudad, con sus barcas y lleno de gente paseando en estos días soleados de otoño. Sin embargo, quizá solo ahora ha sentido algo parecido al miedo. Cuando un instituto que investiga los crímenes comunistas puso a la Fiscalía sobre la pista de Visinescu, la prensa y las televisiones se lanzaron a informar sobre él. Reaccionó con agresividad. Se siente acorralado.
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Ion Ficior, a la salida de la oficina de la Fiscalía, en Bucarest, el 24 de octubre. / V. G. (AP)
La falta de voluntad política para investigar tiene que ver con las conexiones con el pasado de las élites en democracia. "En las instituciones hay bloqueos porque los hijos de los antiguos fiscales comunistas son fiscales. Los hijos de los de la Securitate están en los servicios secretos, los hijos de los políticos comunistas están en el Parlamento y en la Administración igual", señala el historiador Marius Oprea, que añade: "Vivimos en un país que ha condenado el comunismo pero solo de fachada [el presidente, Traian Basescu, lo hizo en 2006], y ha creado este instituto en el que trabajo, pero no tenemos acceso a toda la información que necesitamos. En el caso Visinescu, la justicia llega tarde como siempre, pero es un principio".
La sede de la asociación de antiguos presos políticos es una castigada mansión con vidrieras. Los tres hombres que han venido a la cita con sus libros de memorias, sus fotos y sus recortes de periódico, que llevan corbata y que saludan a las mujeres besándoles la mano, no esperan nada de la justicia. Los tres se ríen cuando se les pregunta si creen que llegarán a juicio los casos que se investigan. "¡No! Es una mascarada", dicen. El presidente, Octav Bjoza, es el más joven. Tiene 75 años. "Me transformaron en la cárcel. Mi sufrimiento no acabó cuando salí, y no ha terminado aún. Pude aguantar todo eso porque un compañero me enseñó que se podía sufrir con dignidad", explica. Antes de hablar de sí mismo quiere relatar los horrores que vivieron miles de personas en cárceles y campos de trabajos forzados. Quiere decir que en Pitesti obligaban a los presos a comerse los excrementos de otros. Quiere que se sepa que en ese lugar se convertía a algunos reclusos en torturadores a cambio de comida o de dormir solo en el camastro. Al rato, coge aire y empieza a contar. "En Periprava el hambre era terrible. Ficior llevaba la unidad central. Un día nos hicieron plantar cebollas pequeñas, pero no podíamos más y nos las comimos. Nos guardamos un kilo cada uno en la ropa para los viejos de la cárcel. Un militar nos vio. Nos pusieron de rodillas, nos quitaron la ropa y encontraron las cebollas. 'Ahora os lo vais a comer todo', nos dijo el guardia. Dos de nosotros lo conseguimos y nos destrozó el intestino. Uno no pudo y en ese momento llegó Ficior. Preguntó qué pasaba y el que no fue capaz de acabar recibió un puñetazo en la sien y patadas solo en la cabeza hasta que quedó inconsciente". Dice que llevan años reclamando, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no han tenido respuesta o les dicen que todo ha prescrito. Para él, que acusen ahora a Visinescu y a Ficior "no significa nada", porque "lo único que ha hecho la justicia rumana es proteger a criminales, y son sus hijos los que ocupan la judicatura".
En Bucarest no hay nada parecido a un museo de verdad sobre el periodo comunista. Y otros, como el de Targoviste, donde ejecutaron a Ceausescu, la interpretación y la memoria no pintan nada. "Rumanía está rezagada respecto a otros países de la región. El que más ha avanzado es Polonia", compara Muraru, director del IICMER. "Los casos de Visinescu y Ficior marcan un punto de inflexión, pero no es irreversible. Es un proceso frágil", explica. Catalina Tudorache, de 26 años, está sentada en un banco de la plaza de la Revolución, al lado de donde huyeron en helicóptero los Ceausescu. "De él sí se habla más, pero no de los crímenes comunistas ni de los años cincuenta. Somos un poco pasivos y olvidamos con facilidad en Rumanía". En el bachillerato solo hay una asignatura, optativa, sobre esos 44 años.
Ion Radu, de 82 años y antiguo profesor de inglés, también estuvo en Periprava. Pero no es tan pesimista como sus compañeros y piensa que es importante que se investigue lo que pasó para que lo sepan los jóvenes. "Aunque sea muy despacio, creo que nos enfrentaremos al pasado. Es imposible que esto quede en el olvido para siempre. Yo quiero luchar".
"Quiero saber quién mató a mi padre"
Maria Bendorfean tiene 53 años. Quedó viuda con tres hijos cuando su marido murió tiroteado en la puerta del hotel Intercontinental, en el centro de Bucarest. Las fuerzas de seguridad dispararon sobre los manifestantes que protestaban contra la dictadura. Fue el 21 de diciembre de 1989, cuatro días antes de la ejecución de los Ceausescu. "Nadie me ha ayudado con casi nada. Al principio el Estado nos dio paquetes de comida. Pensábamos que se haría justicia después de la revolución, pero no se ha hecho nada", se queja Bendorfean. Su hija Alexandra tenía entonces un año. Ahora tiene 25 y quiere saber quién mató a su padre. "Solo quiero ponerle cara a los que lo hicieron. El 21 de diciembre es una fecha simbólica, sale en la tele, pero pasa ese día y ya no le importa a nadie. Además, casi ningún abogado quiere trabajar en estos casos". Su madre se enteró por la televisión de que la Asociación 21 de Diciembre de 1989 había logrado en 2011 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censurara la falta de una investigación real en Rumanía sobre uno de esos casos. El presidente de la asociación subraya que supuso un precedente para que más familias acudieran a Estrasburgo. La lucha de esta organización para documentar los expedientes y se investigaran es muy enrevesada, llena de interrupciones y batallas legales. Sin embargo, 24 años después, "está todo bloqueado", afirma Ioana Sfiraiala, una de sus abogadas. "El sistema está corrupto desde dentro, los herederos del régimen comunista tienen cargos importantes en la justicia", denuncia.
ELPAIS.ES
Tras años de silencio, la fiscalía investiga por genocidio a dos jefes de prisiones comunistas
En los centros penitenciarios se torturaba a presos políticos durante la década de los cincuenta
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La última vez que hubo un proceso por genocidio en Rumanía fue el día de Navidad de 1989. Duró un par de horas y terminó con Nicolae y Elena Ceausescu fusilados, desmadejados en el patio del cuartel militar de Targoviste, a 79 kilómetros de Bucarest. Medio mundo ha visto el vídeo del juicio sumario y parte de la ejecución de quienes solo cinco días antes dirigían una de las dictaduras comunistas más desquiciadas de Europa. El lugar en el que ocurrió es hoy un tosco museo con agujeros de bala en la pared y dos siluetas dibujadas en el suelo para señalar dónde cayeron.
El museo municipal abrió hace casi dos meses. Ese 3 de septiembre, en Bucarest, la fiscalía general anunciaba una investigación por genocidio (un delito que no prescribe) contra Alexandru Visinescu, el director de una cárcel donde las palizas, el hambre y el frío extremo se empleaban para machacar a cualquiera que oliera a disidente. Es la primera vez que se formula una acusación así en 24 años. Esa decisión supone perforar en toneladas de tiempo y oscuridad: las que se edificaron sobre los 600.000 presos políticos de la época del terror de corte estalinista que precedió a Ceausescu, entre 1945 y 1964. Es una grieta pequeña, en primer lugar porque el acusado tiene 88 años y es poco probable que se le llegue a juzgar. Pero una grieta, porque Rumanía apenas ha empezado a volver la vista sobre los crímenes cometidos en 44 años de dictaduras comunistas.
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Dumitrescu es una mujer enérgica capaz de intercalar la risa en el relato de esos años de horror. Ahora Visinescu está acusado de genocidio. "Ya no me compensa. Nadie me devolverá la juventud", dice con amargura mientras plantea que, más que la batalla de la justicia tardía, vale la pena dar la de la memoria: "Mi objetivo no es que lo condenen a él o a cualquier otro, sino que los rumanos sepan lo que ha pasado. Me saca de quicio que digan que no existían las negras. Ahora [en la fiscalía] han cogido un cabo de la cuerda y espero que empiecen a tirar. Eso servirá para que se conozca el pasado".
A Rumanía le ha costado décadas iniciar siquiera ese gesto. La maraña de la que tirar es gigantesca y brutal. Incluso los casos más cercanos en el tiempo, como el de la mayoría de los 1.200 muertos que hubo durante la revolución de 1989, siguen impunes. Por eso Teodor Maries, el presidente de una asociación de víctimas de la represión de los últimos días del comunismo llamada 21 de Diciembre de 1989 considera que la investigación sobre Visinescu "es una excepción, es como un defecto bueno del sistema. La opinión pública ha reaccionado por la presión de la prensa y nosotros seguimos con nuestra lucha".
El miedo sigue vivo para algunos de los torturados en los cincuenta. "Me atemorizaría encontrarme con Visinescu por la calle", admite Aurora Dumitrescu. Durante todo este tiempo, el carcelero Visinescu ha vivido en su piso de Bucarest junto al parque Cismigiu, uno de los más bonitos de la ciudad, con sus barcas y lleno de gente paseando en estos días soleados de otoño. Sin embargo, quizá solo ahora ha sentido algo parecido al miedo. Cuando un instituto que investiga los crímenes comunistas puso a la Fiscalía sobre la pista de Visinescu, la prensa y las televisiones se lanzaron a informar sobre él. Reaccionó con agresividad. Se siente acorralado.
ampliar foto Ion Ficior, a la salida de la oficina de la Fiscalía, en Bucarest, el 24 de octubre. / V. G. (AP)
La falta de voluntad política para investigar tiene que ver con las conexiones con el pasado de las élites en democracia. "En las instituciones hay bloqueos porque los hijos de los antiguos fiscales comunistas son fiscales. Los hijos de los de la Securitate están en los servicios secretos, los hijos de los políticos comunistas están en el Parlamento y en la Administración igual", señala el historiador Marius Oprea, que añade: "Vivimos en un país que ha condenado el comunismo pero solo de fachada [el presidente, Traian Basescu, lo hizo en 2006], y ha creado este instituto en el que trabajo, pero no tenemos acceso a toda la información que necesitamos. En el caso Visinescu, la justicia llega tarde como siempre, pero es un principio".
La sede de la asociación de antiguos presos políticos es una castigada mansión con vidrieras. Los tres hombres que han venido a la cita con sus libros de memorias, sus fotos y sus recortes de periódico, que llevan corbata y que saludan a las mujeres besándoles la mano, no esperan nada de la justicia. Los tres se ríen cuando se les pregunta si creen que llegarán a juicio los casos que se investigan. "¡No! Es una mascarada", dicen. El presidente, Octav Bjoza, es el más joven. Tiene 75 años. "Me transformaron en la cárcel. Mi sufrimiento no acabó cuando salí, y no ha terminado aún. Pude aguantar todo eso porque un compañero me enseñó que se podía sufrir con dignidad", explica. Antes de hablar de sí mismo quiere relatar los horrores que vivieron miles de personas en cárceles y campos de trabajos forzados. Quiere decir que en Pitesti obligaban a los presos a comerse los excrementos de otros. Quiere que se sepa que en ese lugar se convertía a algunos reclusos en torturadores a cambio de comida o de dormir solo en el camastro. Al rato, coge aire y empieza a contar. "En Periprava el hambre era terrible. Ficior llevaba la unidad central. Un día nos hicieron plantar cebollas pequeñas, pero no podíamos más y nos las comimos. Nos guardamos un kilo cada uno en la ropa para los viejos de la cárcel. Un militar nos vio. Nos pusieron de rodillas, nos quitaron la ropa y encontraron las cebollas. 'Ahora os lo vais a comer todo', nos dijo el guardia. Dos de nosotros lo conseguimos y nos destrozó el intestino. Uno no pudo y en ese momento llegó Ficior. Preguntó qué pasaba y el que no fue capaz de acabar recibió un puñetazo en la sien y patadas solo en la cabeza hasta que quedó inconsciente". Dice que llevan años reclamando, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no han tenido respuesta o les dicen que todo ha prescrito. Para él, que acusen ahora a Visinescu y a Ficior "no significa nada", porque "lo único que ha hecho la justicia rumana es proteger a criminales, y son sus hijos los que ocupan la judicatura".
En Bucarest no hay nada parecido a un museo de verdad sobre el periodo comunista. Y otros, como el de Targoviste, donde ejecutaron a Ceausescu, la interpretación y la memoria no pintan nada. "Rumanía está rezagada respecto a otros países de la región. El que más ha avanzado es Polonia", compara Muraru, director del IICMER. "Los casos de Visinescu y Ficior marcan un punto de inflexión, pero no es irreversible. Es un proceso frágil", explica. Catalina Tudorache, de 26 años, está sentada en un banco de la plaza de la Revolución, al lado de donde huyeron en helicóptero los Ceausescu. "De él sí se habla más, pero no de los crímenes comunistas ni de los años cincuenta. Somos un poco pasivos y olvidamos con facilidad en Rumanía". En el bachillerato solo hay una asignatura, optativa, sobre esos 44 años.
Ion Radu, de 82 años y antiguo profesor de inglés, también estuvo en Periprava. Pero no es tan pesimista como sus compañeros y piensa que es importante que se investigue lo que pasó para que lo sepan los jóvenes. "Aunque sea muy despacio, creo que nos enfrentaremos al pasado. Es imposible que esto quede en el olvido para siempre. Yo quiero luchar".
"Quiero saber quién mató a mi padre"
Maria Bendorfean tiene 53 años. Quedó viuda con tres hijos cuando su marido murió tiroteado en la puerta del hotel Intercontinental, en el centro de Bucarest. Las fuerzas de seguridad dispararon sobre los manifestantes que protestaban contra la dictadura. Fue el 21 de diciembre de 1989, cuatro días antes de la ejecución de los Ceausescu. "Nadie me ha ayudado con casi nada. Al principio el Estado nos dio paquetes de comida. Pensábamos que se haría justicia después de la revolución, pero no se ha hecho nada", se queja Bendorfean. Su hija Alexandra tenía entonces un año. Ahora tiene 25 y quiere saber quién mató a su padre. "Solo quiero ponerle cara a los que lo hicieron. El 21 de diciembre es una fecha simbólica, sale en la tele, pero pasa ese día y ya no le importa a nadie. Además, casi ningún abogado quiere trabajar en estos casos". Su madre se enteró por la televisión de que la Asociación 21 de Diciembre de 1989 había logrado en 2011 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censurara la falta de una investigación real en Rumanía sobre uno de esos casos. El presidente de la asociación subraya que supuso un precedente para que más familias acudieran a Estrasburgo. La lucha de esta organización para documentar los expedientes y se investigaran es muy enrevesada, llena de interrupciones y batallas legales. Sin embargo, 24 años después, "está todo bloqueado", afirma Ioana Sfiraiala, una de sus abogadas. "El sistema está corrupto desde dentro, los herederos del régimen comunista tienen cargos importantes en la justicia", denuncia.
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