Piden la detención del presidente de Sudán por genocidio
Lo solicitó la Corte Penal Internacional
El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, durante una ceremonia ayer en Jartum
LA HAYA.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, solicitó ayer una orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, por "genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" en la región de Darfur, donde habrían muerto más de 300.000 personas desde que comenzó el conflicto étnico, en enero de 2003.
La medida, que es la primera petición de arresto de un jefe de Estado en funciones por parte de la CPI, fue inmediatamente rechazada por el gobierno sudanés y despertó el temor de la comunidad internacional a que se desatara un nuevo brote de violencia y represalias.
"Al-Bashir dirigió y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de los grupos fur, masalit y zaghawa debido a su etnicidad. Sus motivos eran principalmente políticos. Su coartada fue «combatir la insurgencia». Su objetivo, el genocidio", señaló Moreno Ocampo en una conferencia de prensa en La Haya.
"Al-Bashir está ejecutando este genocidio a través del hambre, la violación y el miedo", agregó el fiscal.
El conflicto en Darfur comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados se rebelaron contra el gobierno por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida la región. Desde entonces, 2,5 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares y más de 300.000 han muerto.
Moreno Ocampo dijo que dispone de pruebas que demuestran que el mandatario sudanés "movilizó todo el aparato del Estado para someter a los 2,5 millones de personas que viven en campamentos de refugiados a condiciones de vida calculadas para extenuarlas hasta su destrucción física".
"El genocidio es un crimen de intención. No necesitamos esperar a que 2,5 millones de personas mueran", declaró el fiscal, que presentó diez cargos -tres por genocidio, cinco por crímenes contra la humanidad y dos por asesinato- contra Al-Bashir.
El gobierno sudanés, sin embargo, negó las acusaciones y dijo que la crisis de Darfur "es un conflicto local entre grupos y tribus de la zona que se disputan los recursos naturales y las zonas de pastoreo", que se originó antes de la llegada de Al-Bashir al poder, en 1989.
Así lo afirmó ayer el vicepresidente sudanés, Ali Ozman Mohammed Taha, que rechazó de plano la petición de Moreno Ocampo, tras alegar que la CPI no tiene competencia legal sobre Sudán, porque "Jartum no reconoce la jurisdicción de ese tribunal".
En tanto, el embajador sudanés ante las Naciones Unidas, Abdalmahmud Abdalhaleem Mohammed, afirmó que su país había pedido a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran "en el asunto".
Si bien otros dos jefes de Estado -el liberiano Charles Taylor y el serbio Slobodan Milosevic- fueron imputados por la CPI después su creación, en 2002, Al-Bashir es el primer jefe de Estado acusado por la fiscalía mientras ejerce su cargo.
La decisión de emitir la orden de arresto que solicitó Moreno Ocampo recae ahora en los tres jueces de la sala preliminar de la CPI. En los próximos meses, tras estudiar el informe del fiscal, los magistrados tendrán que decidir si las pruebas constituyen una base razonable para seguir adelante con el proceso judicial.
A pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, la CPI comenzó a investigar la situación en Darfur en marzo de 2005. Desde entonces, ha emitido dos órdenes de arresto contra funcionarios del gobierno sudanés, que Al-Bashir se ha negado a entregar.
Reacciones
Si bien fue aplaudida por muchos, la decisión de Moreno Ocampo despertó también preocupación en la comunidad internacional, ante el temor de que inflame las tensiones en Darfur y provoque la expulsión de trabajadores voluntarios y tropas de paz desplegadas en la región.
Para varios analistas, el pedido de Moreno Ocampo podría minar cualquier perspectiva de estabilidad en el convulsionado país. "Hemos visto cómo el gobierno reaccionó ante la rebelión de Darfur con abusos groseros y sistemáticos de los derechos humanos. No hay motivos para creer que no va a reaccionar de la misma manera ante este nuevo desafío a su supervivencia", advirtió Julie Fint, autora de un libro sobre Darfur.
Temerosos de esas reacciones, la presidencia de la Unión Africana (UA) pidió "un aplazamiento de la inculpación de Al-Bashir porque existe un peligro de anarquía en proporciones nunca vistas en el continente". La Liga Arabe, por su parte, convocó a una reunión de urgencia para el próximo sábado para tratar el tema.
También el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo estar "muy preocupado" por las posibles secuelas de la inculpación de Al-Bashir y llamó a Jartum a garantizar la seguridad de las fuerzas de la ONU en Darfur.
Por su parte, la fuerza conjunta ONU-Unión Africana en Darfur (Minuad) anunció ayer la "suspensión indefinida" de todo su personal no esencial en la región, pero prometió que conservará a sus soldados en el terreno para garantizar la paz.
Agencias AFP, AP, DPA y EFE
