El fiscal José Senestrari pidió procesamientos por homicidio culposo y por incumplir los deberes de funcionario público.
En una resolución reciente, el fiscal federal N° 1 de la cuidad de Córdoba, Enrique José Senestrari, solicitó el procesamiento de cuatro directivos del Aeropuerto Córdoba por una tragedia aérea.
Se trata de Hugo Eduardo Argañaraz, Edgardo Gabriel Mazzieri, José Antonio Álvarez y Hugo César Chunco, a los que consideró responsables de los hechos que desencadenaron la tragedia del avión Pipper, en la que murieron seis personas vinculadas al equipo de competición de Toyota. El suceso ocurrió la noche del 8 de mayo de 2005, cuando la aeronave se precipitó a tierra instantes antes de aterrizar.
En la misma resolución, el fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo de Adolfo Aspesseche, quien al momento del suceso se desempeñaba como administrador de Aeropuertos Argentina 2000. En este punto, el fiscal coincidió con los argumentos de la defensa de Aspesseche, en cuanto a que la firma debía garantizar la seguridad de los servicios concesionados, pero la seguridad de las operaciones aeronáuticas propiamente dichas quedaban reservadas a la Fuerza Aérea. Por ello, solicitó que se lo sobresea definitivamente del delito de homicidio culposo. Los querellantes se opusieron a esta medida.
Para el fiscal Senestrari, la causa de la tragedia aérea fue la incorrecta e irregular instalación de una antena de la Fuerza Aérea, que constituía un obstáculo en las fases críticas de vuelo, como lo son el despegue y aterrizaje. Justamente, tras colisionar un ala con un tensor de esa antena, el avión, que según la investigación venía volando a altura reglamentaria, perdió estabilidad y se precipitó a tierra a metros de ingresar en la cabecera de pista.
A raíz del suceso, perdieron la vida seis personas, entre ellas de un niño de siete años de edad, David, hijo de Gustavo Ramonda (42), el director deportivo del equipo Toyota, quien también falleció.
Además, murieron el piloto automovilístico salteño Nicolás Vuyovich, de 23 años, quien ese día había ganado su primera carrera en San Juan; Hugo Suárez (socio de Ramonda) y Daniel Reynoso y Mario Corti, piloto y copiloto, respectivamente, del Pipper Navajo Chiftain, matrícula LV-LXO, siniestrado esa noche. La tragedia tuvo tres sobrevivientes.
Pedido al juez. El noviembre de 2007 y en mayo de este año, al promover las imputaciones y ampliar los requerimientos, el fiscal relativizó el informe de la Junta de Investigación de Accidentes (Jiacc), por considerarlo parcial y sesgado, ya que “se ha limitado a señalar responsabilidades atribuibles a la tripulación de la aeronave”.
Entonces, fundamentó la promoción de acción penal en una pericia oficial que demostró que la antena con cuyo tensor chocó el avión Pipper era antirreglamentaria, ya que invadía la superficie de despeje, no estaba balizada con luces, no era frangible (no cedía con facilidad, para evitar accidentes) e incumplía recomendaciones internacionales que indican que las áreas de cabecera de pistas deben estar despejadas de obstáculos.
Además de la antena, la investigación detectó otra serie de falencias en el funcionamiento del aeropuerto, especialmente en el área relativa a la estación meteorológica y al informe oportuno de sus reportes. Vale señalar que la noche del accidente del avión Pipper, las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente, al punto que se decidió cerrar el aeropuerto. Sin embargo, el informe no alcanzó a llegarle al piloto.
Ahora, tras evaluar distintos planteos de las partes, el fiscal solicitó los procesamientos del comodoro Hugo Eduardo Argañaraz, como jefe del aeropuerto de Córdoba; del observador meteorológico Edgardo Gabriel Mazzieri; del director de Tránsito Aéreo, José Antonio Álvarez y del gerente de Planificación Federal y Seguridad Aeroportuaria, comodoro Hugo César Chunco. A los tres primeros les endilgaron las supuestas negligencias que provocaron la tragedia y a Chunco, el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.
Oposición. La resolución fue remitida al juez Ricardo Bustos Fierro, quien ya tiene un planteo para analizar, dado que desde la representación legal de varias de las familias víctimas del accidente se opusieron al pedido de sobreseimiento del administrador de Aeropuertos Argentina 2000, por entender que sí tuvo responsabilidad penal en el caso. Tras resolver este y otros planteos que pudieran elevarle las partes, y de no ordenar nuevas medidas, el juez Ricardo Bustos Fierro podría elevar la causa a juicio.
Fuente: La Voz del Interior
En una resolución reciente, el fiscal federal N° 1 de la cuidad de Córdoba, Enrique José Senestrari, solicitó el procesamiento de cuatro directivos del Aeropuerto Córdoba por una tragedia aérea.
Se trata de Hugo Eduardo Argañaraz, Edgardo Gabriel Mazzieri, José Antonio Álvarez y Hugo César Chunco, a los que consideró responsables de los hechos que desencadenaron la tragedia del avión Pipper, en la que murieron seis personas vinculadas al equipo de competición de Toyota. El suceso ocurrió la noche del 8 de mayo de 2005, cuando la aeronave se precipitó a tierra instantes antes de aterrizar.
En la misma resolución, el fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo de Adolfo Aspesseche, quien al momento del suceso se desempeñaba como administrador de Aeropuertos Argentina 2000. En este punto, el fiscal coincidió con los argumentos de la defensa de Aspesseche, en cuanto a que la firma debía garantizar la seguridad de los servicios concesionados, pero la seguridad de las operaciones aeronáuticas propiamente dichas quedaban reservadas a la Fuerza Aérea. Por ello, solicitó que se lo sobresea definitivamente del delito de homicidio culposo. Los querellantes se opusieron a esta medida.
Para el fiscal Senestrari, la causa de la tragedia aérea fue la incorrecta e irregular instalación de una antena de la Fuerza Aérea, que constituía un obstáculo en las fases críticas de vuelo, como lo son el despegue y aterrizaje. Justamente, tras colisionar un ala con un tensor de esa antena, el avión, que según la investigación venía volando a altura reglamentaria, perdió estabilidad y se precipitó a tierra a metros de ingresar en la cabecera de pista.
A raíz del suceso, perdieron la vida seis personas, entre ellas de un niño de siete años de edad, David, hijo de Gustavo Ramonda (42), el director deportivo del equipo Toyota, quien también falleció.
Además, murieron el piloto automovilístico salteño Nicolás Vuyovich, de 23 años, quien ese día había ganado su primera carrera en San Juan; Hugo Suárez (socio de Ramonda) y Daniel Reynoso y Mario Corti, piloto y copiloto, respectivamente, del Pipper Navajo Chiftain, matrícula LV-LXO, siniestrado esa noche. La tragedia tuvo tres sobrevivientes.
Pedido al juez. El noviembre de 2007 y en mayo de este año, al promover las imputaciones y ampliar los requerimientos, el fiscal relativizó el informe de la Junta de Investigación de Accidentes (Jiacc), por considerarlo parcial y sesgado, ya que “se ha limitado a señalar responsabilidades atribuibles a la tripulación de la aeronave”.
Entonces, fundamentó la promoción de acción penal en una pericia oficial que demostró que la antena con cuyo tensor chocó el avión Pipper era antirreglamentaria, ya que invadía la superficie de despeje, no estaba balizada con luces, no era frangible (no cedía con facilidad, para evitar accidentes) e incumplía recomendaciones internacionales que indican que las áreas de cabecera de pistas deben estar despejadas de obstáculos.
Además de la antena, la investigación detectó otra serie de falencias en el funcionamiento del aeropuerto, especialmente en el área relativa a la estación meteorológica y al informe oportuno de sus reportes. Vale señalar que la noche del accidente del avión Pipper, las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente, al punto que se decidió cerrar el aeropuerto. Sin embargo, el informe no alcanzó a llegarle al piloto.
Ahora, tras evaluar distintos planteos de las partes, el fiscal solicitó los procesamientos del comodoro Hugo Eduardo Argañaraz, como jefe del aeropuerto de Córdoba; del observador meteorológico Edgardo Gabriel Mazzieri; del director de Tránsito Aéreo, José Antonio Álvarez y del gerente de Planificación Federal y Seguridad Aeroportuaria, comodoro Hugo César Chunco. A los tres primeros les endilgaron las supuestas negligencias que provocaron la tragedia y a Chunco, el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.
Oposición. La resolución fue remitida al juez Ricardo Bustos Fierro, quien ya tiene un planteo para analizar, dado que desde la representación legal de varias de las familias víctimas del accidente se opusieron al pedido de sobreseimiento del administrador de Aeropuertos Argentina 2000, por entender que sí tuvo responsabilidad penal en el caso. Tras resolver este y otros planteos que pudieran elevarle las partes, y de no ordenar nuevas medidas, el juez Ricardo Bustos Fierro podría elevar la causa a juicio.
Fuente: La Voz del Interior
