INFANTES DE MARINA ASESINADOS
Más de 150 soldados desertaron en 2019; hay quienes tras el cese se alistan en otra fuerza
El homicida de los tres infantes de marina era un desertor. En tanto, de los asesinados uno había salido del Ejército, otro había sido relevado por mala conducta y otro tenía antecedentes penales.
carlos tapia
domingo, 07 junio 2020 04:00
Defensa revisará ceses y deserciones tras el asesinato de los infantes. Foto: Fernando Ponzetto.
Ninguno de ellos tendría que haber estado ahí. Ni el homicida, ni los tres infantes de marina asesinados.
El primero había sido dado de baja por desertor, y los otros tres no debieron ser aceptados en la fuerza.
El trágico caso puso en evidencia los problemas de las Fuerzas Armadas para reclutar personal, la falta de controles sobre quiénes son los que entran, y el hecho de que la deserción es un “delito” para nada inusual. Y resalta una dificultad conocida pero a veces olvidada: los salarios sumergidos y la exposición a lo peor.
De los jóvenes asesinados, uno de ellos también era desertor. Había sido expulsado del Ejército luego de faltar más de 144 horas a trabajar. Otro había sido dado de baja, también del Ejército, pero por notoria mala conducta. Y el otro tenía antecedentes por hurto. Con estas historias tras sus espaldas, a ninguno de ellos se le debería haber permitido el ingreso a la Armada. Pero el sistema falló, y todo indica que no se trató de una situación excepcional.
El año pasado hubo un récord de deserciones en las Fuerzas Armadas. De los 156 soldados o marineros procesados y dados de baja por delitos, 151 fueron expulsados por ese motivo. De estos, 130 perdieron sus cargos por no presentarse a trabajar por un lapso de 144 horas (es decir, por seis días), y otros 21 se escaparon, en la mayoría de los casos mientras estaban cumpliendo un arresto.
Desde 2014 los desertores fueron 775. No se sabe donde están, no se les hace un seguimiento, no deberían estar trabajando en otra fuerza distinta de la que fueron expulsados, pero de eso no hay certezas.
Las reglas
“La deserción es uno de los delitos más comunes en los años tempranos de la vida militar”, dice el coronel retirado Gustavo Figueredo, encargado de recursos humanos de las Fuerzas Armadas.
Todo aspirante a soldado o marinero debe realizar el curso dictado por el Centro de Instrucción de Reclutas (CUR), que tiene una duración de tres meses. Figueredo advierte que hay muchos que lo dejan por la mitad, pero no se considera que eso sea una deserción porque “el individuo no conoce la ley, no sabe cuál es la reglamentación”. En consecuencia, en esos casos se lo saca de la lista, y aunque se le prohíbe su reingreso a las Fuerzas Armadas no se lo pasa a la Justicia Militar. En tanto, los que sí terminan esa instrucción pasan a ser son pasibles de convertirse en desertores.
“Una vez que el personal es egresado de esa instrucción, si falta más de seis días al servicio se lo da de baja y se pasan los antecedentes a la Justicia Penal Militar, que es el que en última instancia dice si se produjo o no una deserción. A veces pueden probar que en realidad les pasó algo, que no faltaron por gusto, que tuvieron algún problema”, señala Figueredo.
En cada unidad militar hay un juez sumariante, un oficial con un rango que va de alférez hasta capitán. Es quien inicia un presumario en caso de que amerite, se encarga de hacer una breve investigación y luego le entrega esta información a su jefe, que la revisa y se la da al juez militar. Este es el que luego decide si hubo o no una deserción y cuál será la pena, que en el caso de los desertores suele ir de cuatro a seis meses de prisión.
Muchos no se presentan a cumplir la sentencia, que en un año prescribe. Pese a esto el desertor no solo queda inhibido de entrar en esa u otra fuerza, sino que tampoco puede convertirse en empleado público.
En 2016 hubo 156 procesados en las Fuerzas Armadas, mientras que los presumariados fueron 241. Es decir que 85 pudieron probar su inocencia (ver en pieza aparte el detalle de cifras año por año).
¿Por qué se van?
“Quien deserta es una persona que no pensó, porque pide la baja y se le da de baja. No es para nada conveniente desertar, es raro incluso, es difícil de entender que en vez de pedir la baja no vengan más. Es rarísimo, pero pasa”, insiste Figueredo.
El encargado de recursos humanos de las Fuerzas Armadas, sin embargo, advierte que “la mayor causa de deserción” es la necesidad de los trabajadores de conseguir más dinero. En este caso lo que pasa es que obtienen un trabajo afuera y como el trámite para darlos de baja demora unos días, lo que hacen es ya no presentarse a trabajar.
Una vez que una persona entra a una de las fuerzas se lo hace firmar un contrato por dos años, que luego se le renueva año a año, y pasada una década se sigue renovando pero automáticamente. Figueredo, de todos modos, advierte que por lo general lo que sucede es que las bajas se otorgan a fin de mes, con lo cual si un soldado pide irse el 15 de julio, para el 1° de agosto ya estará afuera. “Pero eso depende del jefe, porque en los hechos debería cumplir su contrato de un año”, agrega.
Las deserciones se suelen dar en el personal subalterno y no con oficiales. Esto puede tener varias explicaciones, pero seguramente una de ellas sea el salario. Alcanza con ver algunos ejemplos de sueldos nominales en la Armada: un marinero de primera gana $ 18.278; un cabo de segunda, $ 19.117; y un cabo de primera, $ 22.224.
Más allá de lo económico, en la fuerza del agua se da otra dificultad, y es que es difícil conseguir personal debido a las exigencias del entrenamiento. “Al que se presenta prácticamente lo evalúan y queda, porque cubrir las vacantes es difícil. Son muchas horas de instrucción, de estar lejos de su casa, lejos de su familia, y encima los sueldos son bajos”, explica Figueredo.
Sin seguimiento
Las Fuerzas Armadas no hacen un seguimiento de los desertores, y tampoco de aquellos que son dados de baja por mala conducta. De hecho, el cruzamiento de datos de una a la otra depende, hasta ahora, de cada jefe. Es este el que debería consultar a las otras fuerzas si sus aspirantes han sido dados de baja de otro lado.
“Seguimiento no se hace; el individuo está desvinculado de la fuerza y no se lo sigue más. En el caso del domingo lo cierto es que ninguno de los tres marineros que estaban allí debió estar activo en la Armada, porque tenían antecedentes que no les permitían el ingreso o el reingreso. O sea, lo que sí hay que hacer es cruzar la información cuando entra una persona nueva”, advierte Figueredo.
El ministro de Defensa, Javier García, señaló a El País que se está trabajando en una ordenanza para ejercer un mayor control en cuanto a que desertores o personas dadas de baja por mala conducta no puedan volver a las Fuerzas Armadas a través de otra fuerza. El plan es que la cartera centralice la información que los jefes de cada unidad deberán enviarle en un plazo no mayor a un mes desde que se lleve adelante el reclutamiento de un nuevo soldado.
En cuanto al infante de marina asesinado que tenía antecedentes penales, Defensa se encuentra investigando cómo fue que esa persona entró, puesto que los antecedentes judiciales sí deberían ser siempre revisados.
La cartera se apresta a hacer en este mes un chequeo de todas las bases de datos para detectar si existen más desertores o personas con mala conducta que fueron dadas de baja en una fuerza y se alistaron en otra. En caso de descubrir a alguno, se lo dará de baja. “No descarto que haya más desertores trabajando. Es una presunción, pero presumo que alguno más debe haber”, concluye Figueredo.
La Armada es la que suma más desertores
Si bien la cifra es baja, la Armada es la que el año pasado tuvo el mayor porcentaje de desertores. De los 4.851 marinos que había el año pasado, desertaron 51, equivalentes a poco más del 1%.
En cuanto al Ejército, que es la fuerza con mayor cantidad de funcionarios, este porcentaje es del 0,6%. Se trata de 103 desertores, en un total de 15.739 soldados.
En cuanto a la Fuerza Aérea, que en 2019 tenía 2.701 trabajadores, los desertores fueron dos.
Las Fuerzas Armadas cuantifican su cantidad de efectivos en 26.804, lo que incluye a 3.513 funcionarios que desempeñan tareas en la unidades de Sanidad, Servicio de Retiros, Tutela, Justicia Militar y la sede ministerial.